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José Antonio Gómez Hernández
Facultad de Comunicación y Documentación
Universidad de Murcia
All-Party Parliamentary Group on Digital Skills (2020). The impact of COVID-19 and lessons learned for improving digital skills in the future. 15 p. Disponible en: <https://connectpa.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Digital-Skills-APPG-report-2020.pdf>. [Consulta: 26/07/2021].
La pandemia nos ha hecho ser más digitales, tanto en tiempo de conexión diaria como en la diversidad de facetas vitales que basamos en la tecnología: teletrabajo, consumo, educación, relaciones personales, ocio y acceso a contenidos. Si la digitalización es estratégica para la sociedad europea, ¿qué están proponiendo las políticas públicas para completar la transformación de la sociedad de forma inclusiva, y qué papel juega en ello la cuestión de las competencias digitales? ¿Qué se puede esperar de estas políticas? ¿Tienen algo que decir las bibliotecas en estos procesos?
Si nos referimos a la Unión Europea, recordemos que el plan de recuperación NextGenerationEU (European Commission, 2020b) considera lo digital un eje clave, y ello se ha trasladado al Plan España Puede (Gobierno de España, 2020), siendo una de sus cuatro líneas estratégicas. Por ello se formulan políticas para completar la digitalización de las empresas, del sistema educativo y de las administraciones públicas, que están empezando a recibir muchos millones de euros. Y para la formación masiva en las competencias digitales, la Unión Europea ha aprobado el Digital Education Action Plan 2021-2027 (European Commission, 2020a) y España el Plan nacional de competencias digitales (Gobierno de España, 2021), dotado con 3.750 millones de euros. En concreto en España, pretende incidir en la competencia digital de a) la comunidad educativa en todos sus niveles, b) la empresa y la población activa tanto del sector público como del privado, c) el fomento de especialistas digitales), y d) «la ciudadanía» en general con énfasis en colectivos en riesgo de exclusión digital y en la brecha digital de género. Con este último objetivo, hay una línea de actuación centrada en la formación en competencias digitales básicas con una dotación en torno a los ochocientos millones de euros, con los que se aspira a llegar a los quince millones de españoles que se estima no las tienen, como explicamos con más detalle en Gómez-Hernández y Vera-Baceta (2021).
¿Qué se piensa y qué se quiere hacer sobre esta cuestión en Gran Bretaña tras el Brexit? Para responder a esta pregunta hemos leído el documento objeto de esta reseña, y que es fruto de una comisión parlamentaria que hizo propuestas para que se valoraran y promovieran las competencias digitales mediante políticas públicas. Se arguye que son vitales para la economía, que es urgente completar estas habilidades ciudadanas para la productividad, la competitividad y la movilidad social del Reino Unido, y que hay que invertir en ellas para la recuperación económica, para mejorar la educación y para apoyar las necesidades de la vida cotidiana de al menos los 11,7 millones de británicos que no cuentan con las capacidades básicas para encontrar información en línea, completar formularios, acceder a la banca o mantenerse conectados.
Cuando estos grupos sociales más estaban demandando formación digital –pues el 82 % de las ofertas laborales exigen estas habilidades– los servicios para enseñarles se cerraron y, ante ello, se activaron diversas iniciativas de entidades en buena parte privadas o del tercer sector, más que gubernamentales. Así, el informe detalla acciones de BT (con su campaña Skills for Tomorrow que ha facilitado recursos gratuitos de formación digital y datos ilimitados a sus usuarios en situación vulnerable), la Fundación EY (con programas de formación en línea para jóvenes con bajos niveles de renta), la fundación Good Things (que abrió todas sus formaciones digitales en línea sin necesidad de registro), la banca Lloyds (que implantó junto a We Are Digital una línea de ayuda telefónica para enseñar servicios digitales básicos como configurar la banca en línea, comprar alimentos o programar citas con el médico de cabecera), la Open Learn de la Open University (que ofreció su plataforma de aprendizaje gratuita con unas mil píldoras formativas breves), la techUK (que implantó un repositorio de contenidos formativos de las competencias digitales incluyendo las cuestiones de seguridad), el Garaje digital de Google (dirigido a formación en marketing y otras competencias digitales para la pequeña empresa), o las campañas Devicesdotnow con las que se facilitaron dispositivos configurados con aplicaciones básicas a más de diez mil británicos sin recursos y el servicio de tutores telefónicos de Heeley trust con el que ayudó a conectarse y usar servicios digitales básicos a personas sin habilidades digitales básicas.
Tras analizar algunas de estas actuaciones y realizar estudios de caso como City and Guilds y TheETA, el informe concluye quince propuestas, que creo que están en la misma línea de las de la Unión Europea. Hablan de la necesidad de una estrategia de economía digital bien financiada y articulada más allá del voluntarismo, de crear una infraestructura digital y una red de recursos de capacitación básica y prestación de dispositivos y conectividad, de centros de aprendizaje permanente gestionados en colaboración con el tercer sector, de programas específicos de formación de los trabajadores y las trabajadoras, de promover la digitalización de las pymes, de concretar criterios de evaluación de las competencias digitales y de fomentar la cooperación con estos fines entre empresas, administraciones y universidades.
¿Hasta dónde llegarán estas propuestas, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea? Hemos de ser, una vez más, optimistas, aunque treinta años de acciones y políticas inconexas para llevar al conjunto de la ciudadanía lo que antes se llamaba «sociedad de la información» podría suscitar escepticismo. A favor, ahora hay factores como la aceleración digital causada por la pandemia, la conciencia política sobre la gravedad de la desigualdad digital, el que la incertidumbre esté llevando a la población activa a dedicar más tiempo que nunca a formarse en tecnologías, y la enormidad de recursos económicos que se van a dedicar. Por eso, conseguir la adquisición de competencias digitales básicas en un nivel B1 –en el que ya se actúa con autonomía en las distintas dimensiones de la competencia según el Digcomp (Carretero, Vuorikari, y Punie, 2017)– puede ser ahora viable, siempre trabajando en colaboración entre servicios públicos como las bibliotecas y el sector educativo, los centros de personas adultas, el tercer sector que trabaja con colectivos en exclusión digital y también el sector privado.
Ahora bien, hay algunas dificultades que no se suelen tener en cuenta, y que tienen que ver con la propia visión que tienen las personas sobre qué es ser competente digitalmente, lo que las lleva a desear o no formarse y actuar de forma más reflexiva, crítica e intencional en el contexto de las tecnologías y las redes. Creo que a veces hay una visión muy instrumental –y en ese sentido simplista– de la competencia digital, y de modo consciente o no eso puede estar haciendo creer a la ciudadanía ya usuaria que tiene todas las capacidades que necesita, y que no requiere más. Esta sensación es muy aventurada y casi siempre errónea, pero creo que es una cuestión sobre la que muchos «no quieren saber» o reconocer que deberían tener una competencia digital más crítica, más diversa, más orientada a lo colaborativo y a los usos creativos, más consciente de los riesgos y más reivindicativa de los propios derechos digitales.
Entiendo la competencia digital como una capacidad evolutiva, que debe ejercerse de forma empoderadora, que debe redundar en construir mejores comunidades, en la participación democrática, en la creatividad, el aprendizaje y la innovación social. En mi visión, es un error creerse ya digitalmente competente por saber hacer videollamadas, comprar por Internet, usar la banca electrónica, tener perfil en unas cuantas redes sociales y usar constantemente plataformas de mensajería. Es necesario también saber autorregular el uso, prevenir la dependencia digital, ser consciente del riesgo de abuso de los datos privados y saber protegerse, estar alerta frente a la desinformación y a los discursos de odio, desarrollar prácticas eficientes de evaluación de la información, saber compartir y crear contenidos de forma responsable, ser capaz de desconectar para prácticas de vida, pensamiento y relación enriquecedoras, y conocer los derechos digitales. Aunque los ignoremos, la conciencia sobre los riesgos digitales forma parte de la competencia digital. Y no tenerla nos está llevando a problemas que pueden ir desde las adicciones digitales, a la procrastinación, la pérdida o robo de datos económicos, la vulnerabilidad a la delincuencia digital o el empobrecimiento de nuestra información, encerrada en nuestros grupos afines.
Las bibliotecas deberíamos ser espacios formativos que integraran la visión instrumental y la visión cooperativa, innovadora y crítica de lo digital. Y tenemos que luchar por ello, por más que los planes publicados hasta ahora no nos tengan muy en cuenta. Nos va en ello una oportunidad de disponer de fondos para hacer nuestra propia renovación y transformación digital, y ser útiles en un ámbito crucial para la ciudadanía en los próximos años. Por ello planteamos la creación en las bibliotecas públicas españolas de Espacios de ciudadanía digital (Vera-Baceta y Gómez-Hernández, 2021). Ni en el Reino Unido ni en Europa las bibliotecas pueden quedar al margen del reto personal y colectivo de formarnos como ciudadanos competentes en la sociedad en que ya estamos inmersos.
Carretero, Stephanie; Vuorikari, Riina; Punie, Yves (2017). DigComp 2.1: the digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [48 p.]
European Commission (2020a). Digital Education Action Plan 2021-2027: resetting education and training for the digital age. 19 p. [Brussels]: European Commission.
European Commission (2020b). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a recovery and resilience facility. Brussels: European Commission. 46 p.
Gobierno de España (2020). España Puede: plan de recuperación, transformación y resiliencia. Madrid: Presidencia del Gobierno. 57 p.
Gobierno de España. (2021). Plan nacional de competencias digitales. 70 p.
Gómez-Hernández, José-Antonio; Vera-Baceta, Miguel-Ángel (2021). «Las bibliotecas públicas españolas ante los fondos europeos de recuperación y el Plan nacional de competencias digitales». Anuario ThinkEPI, vol. 15. 24 p.
Vera-Baceta, Miguel-Ángel; Gómez-Hernández, José-Antonio (2021). «"Espacios de ciudadanía digital" en las bibliotecas públicas: una propuesta para su integración en el marco del Plan nacional de competencias digitales». Anuario ThinkEPI, vol. 15. 16 p.
