Versión para impresión
Maite Comalat
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)
Arroyo Ortega, Óscar (2021). Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España. Madrid: FESABID. (Informe FESABID). 80 p. ISBN 978-84-939694-4-8. Disponible en: <https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2022/01/informe-fesabid-2021-Universalizar-servicios-bibliotecarios-Espana-Oscar-Arroyo.pdf>. [Consulta: 13/05/22].
El día 7 de abril, las redes sociales de nuestro entorno bibliotecario se hacían eco de la presentación de este informe en el Senado con una alta asistencia de representantes de colectivos y asociaciones profesionales. El vídeo de la presentación puede verse en la Presentación del «Informe FESABID: Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España».
Es una buena noticia que un documento de estas características tenga una audiencia como esta porque algunas de sus conclusiones, resultado de un análisis profundo, ponen en evidencia un desequilibrio territorial en el acceso a los servicios bibliotecarios que es urgente corregir.
Tal y como la propia federación dice en la presentación del informe, Desde FESABID siempre hemos exigido la generación de políticas bibliotecarias estables e igualitarias para la prestación de servicios profesionales y universales de calidad. Se trata de un reto importante en un momento como el actual en que, como el propio informe recoge, Se aprecia una España de varias velocidades; aunque en este caso no siempre tiene que ver con la renta per cápita de los territorios y quizá más bien con las sensibilidades políticas sostenidas en el tiempo frente a la importancia de contar con sólidos sistemas bibliotecarios en los territorios (p. 65).
El documento se estructura en cuatro apartados. El primero presenta un análisis completo y detallado sobre la legislación española y autonómica por lo que respecta a los servicios bibliotecarios que es la base sobre la que se sustentan los tres capítulos siguientes. Para cada comunidad autónoma, se analiza la legislación vigente y el nivel de implantación de los servicios a partir de los datos publicados en Bibliotecas públicas españolas en cifras del año 2018. Este análisis se cierra con un cuadro resumen de la categorización de los servicios según la población.
El siguiente es un capítulo donde se recogen algunos datos que permiten fundamentar la afirmación con que se inicia este apartado: Que los ciudadanos españoles no cuentan con el mismo nivel de calidad de servicio bibliotecario público en todos los territorios (p. 58). La inversión por habitante, la distribución del gasto en bibliotecas según las administraciones y la cobertura territorial de los servicios bibliotecarios son los datos que demuestran este gran desequilibrio entre las comunidades y, también, el inmenso desequilibrio entre las áreas urbanas y las áreas rurales que, una vez más, son las que tienen una más baja cobertura.
A continuación, se presentan las conclusiones. Un apartado breve, y no por evidente menos interesante, que recoge las ideas clave expuestas en los dos apartados anteriores y que permiten una visión amplia de la evolución de la legislación en el ámbito bibliotecario y en las que destaca, por ejemplo, el hecho de que existan leyes autonómicas con más de 30 años que todavía siguen vigentes. Pero, por otra parte, se ha generalizado la creación, y publicación, de mapas de bibliotecas como herramienta de planificación imprescindible para la toma de decisiones.
Imprescindible es el apartado último de propuestas de futuro, realistas pero atrevidas, que deberían favorecer la revisión del marco legal en cada una de las comunidades autónomas. No queremos dejar de destacarlas precisamente por su oportunidad. Las seis conclusiones del informe se refieren a la necesidad de:
- Revisar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para establecer la obligatoriedad de dotar de biblioteca pública a los municipios de más de 2.000 habitantes. Un servicio con el que cuentan muchos de estos municipios, pero que permitiría una financiación más adecuada y la concienciación y la vinculación de estos ayuntamientos con el servicio.
- Definir y establecer el papel de las diputaciones provinciales en la legislación estatal para favorecer su implicación en el apoyo de los servicios bibliotecarios más allá de la gestión del servicio bibliotecario móvil o del impulso de planes de fomento de la lectura que, muchas veces, además, se realizan sin la coordinación necesaria con la comunidad autónoma.
- Revisar y renovar la legislación autonómica, fundamentalmente, para definir claramente la distribución competencial de responsabilidades entre las diferentes administraciones y para establecer las condiciones mínimas de servicio, que el informe concreta en lo relativo a los días mínimos de apertura y la necesidad de un profesional al frente.
- Simplificar las estructuras eliminando el nivel comarcal que, según el informe, se muestra totalmente redundante e ineficaz.
- Redefinir el modelo de servicio bibliotecario móvil que debería pensarse para municipios de 300 a 2.000 habitantes y la necesidad de garantizar su sostenibilidad a través de la financiación coordinada de las diputaciones y del gobierno de la comunidad autónoma.
- Potenciar los servicios virtuales y de extensión bibliotecaria que la crisis sanitaria ha situado en primera línea, y de los cuales ha evidenciado la utilidad y viabilidad. En esta línea, el informe propone servicios de extensión bibliotecaria para municipios de menos de 300 habitantes.
Y, ¿cuál es la situación de Cataluña en este marco? La respuesta, probablemente, no sorprenda a nadie. En primer lugar, Cataluña es una de las comunidades con una ley más antigua que, aunque fue de segunda (o de tercera) generación y muy visionaria en su momento, sería necesario revisar para poder corregir algunos de los problemas que el informe detecta.
Por lo que respecta al nivel de implantación, el documento recoge algunas carencias importantes. En concreto, la ausencia de servicio, a pesar de la obligatoriedad, en municipios como Argentona, Cubelles, Palau-Solità i Plegamans, con más de 10.000 habitantes, o Vilafant y Almacelles, con más de 5.000 habitantes.
Respecto a la inversión, Cataluña es la comunidad autónoma con el gasto total más alto (16,42 €/habitante), donde destaca la inversión de los ayuntamientos (10,52 €/hab) –que solo supera el País Vasco con 13,56 €–, y la más alta por parte de las diputaciones (4,73 €/hab). La inversión por parte del gobierno autonómico es la cuarta por la cola con un 1,16 €/hab. En relación con el papel de apoyo de las diputaciones, el informe menciona específicamente el papel de la Diputació de Barcelona como referente bibliotecario en el Estado español en todos los niveles.
El informe responde perfectamente a su objetivo y debería aprovecharse para continuar el debate, entre el colectivo profesional y con las administraciones, y trabajar para compensar el desequilibrio y las carencias detectadas.
