Francia.

Cuando el caso de Vincent Humbert saltó por primera vez a los titulares, en diciembre de 2002, una encuesta reveló que un 88% de los franceses aprobaba el permitir que los médicos pusieran fin a la vida de personas afectadas por enfermedades insoportables e incurables, si así lo pedían ellas. Pero ni el presidente Jacques Chirac ni su Gobierno conservador quisieron entrar en el debate sobre el desfase entre la realidad social y el marco legal, que prohíbe toda eutanasia y la asistencia al suicidio.

La muerte de Vincent, a la que Francia ha asistido casi en directo, ha sido un aldabonazo en las conciencias. Diputados de izquierda y derecha han respaldado la creación de una comisión de información, y han conseguido que al menos se hable del fin de la vida en el Parlamento.

La más alta instancia francesa sobre cuestiones éticas, el Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y de la Salud ya había emitido un informe, en el que se aconseja que en ciertas circunstancias excepcionales, como los casos en que no se controla el dolor a pesar de los medios disponibles, pueda practicarse la eutanasia. El informe se elaboró tras 18 meses de consultas con juristas, médicos y enfermeros de varios países europeos.