Estados Unidos.


El 7 de marzo de 1996, la Corte Novena del Circuito de Apelaciones declaró anticonstitucional una ley del estado de Washington que criminalizaba al médico que ayudara a morir a pacientes terminales. La Corte declaró que esta ley infringía el derecho a la libertad, garantizado por el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos y dijo que "ningún estado hará o impondrá leyes que abrevien los privilegio o inmunidades de los ciudadanos", y "cuando los pacientes ya no pueden perseguir la libertad o la felicidad y no desean vivir, el deber del Estado para mantenerlos vivos es menos obligatorio...., el adulto enfermo terminal, que habiendo vivido aproximadamente toda su vida, tiene la libertad de elegir una muerte digna, en vez de ser reducido al estado de un niño". La sentencia fue criticada por la Asociación Médica de Estadounidense, la Iglesia Católica Romana, mientras que los movimientos del SIDA la recibieron con entusiasmo.

El 3 de abril de 1996 la Corte Segunda del Circuito de Apelaciones, en otra sentencia de similares características, también declaró anticonstitucional una ley del estado de Nueva York que criminalizaba al médico que ayudara al suicidio a pacientes terminales.

El estado de Oregón fue el primero que aprobó el 16 de noviembre de 1994 una medida que legalizaba el suicidio asistido, en determinadas condiciones. El "National Right to Life Committee" (Comité por el Derecho Nacional a la Vida) consiguió que se retrasara su aplicación, pero finalmente, se aplica desde noviembre de 1997, esta ley había sido respaldada por el 60% del electorado. La ley admite el suicidio asistido y autoriza a los médicos a prescribir drogas letales a los pacientes en fase terminal que lo soliciten, establece que esos pacientes deben de tener menos de seis meses de esperanza de vida y añade que los médicos pueden recetar la dosis mortal, pero no administrarla.