Ley de 21 de octubre de 1931: Defensa de la República.

 

1. Son actos de agresión á la República y quedan sometidos á la presente ley:

 

I. La incitación á resistir o á desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad.

 

II. La incitación á la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los organismos civiles.

 

III. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público.

 

IV. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación á cometerlos.

 

V. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado.

 

VI. La apología de¡ régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias 6 distintivos alusivos á uno ú otras.

 

VII. La tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas.

 

VIII. La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante.

 

IX. Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan á un procedimiento de arbitraje o conciliación.

 

X. La alteración injustificada del precio de las cosas.

 

XI. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.

 

2. Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números I al X del artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número XI serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones.

 

Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley á una persona individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas.

 

Cuando se trate de la sanción impuesta á una persona colectiva, podrá reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros, en el plazo de cinco días.

 

3. El Ministro de la Gobernación queda facultado:

 

I. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública.

 

II. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan á la realización de actos comprendidos en el art. 1.º de esta ley.

 

III. Para intervenir la contabilidad é investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la ley de Asociaciones; y

 

IV. Para decretar la incautación de toda clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.

 

4. Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley. Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción alcance á dos o más provincias. Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.

 

5. Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales.

 

6. Esta ley empezará á regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta.