Los sectores más progresistas de la burguesía (reformistas, krausistas e institucionistas) fueron los auténticos catalizadores del inicio de la reforma social durante la Restauración. La filosofía propia de estos grupos reformistas (reformismo frente a revolución, defensa del orden económico capitalista, concepción armónica de las relaciones entre capital y trabajo, actitud moralizante sobre la clase trabajadora, creencia en la reforma integral del hombre y la sociedad, etc.) fue impregnando la concepción liberal más intransigente, provocando una paulatina aceptación de las concepciones de transformación social desde arriba.

Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, en el contexto de los debates parlamentarios de los proyectos sobre trabajo infantil y de la mujer, el sector reformista mostrará su oposición a la extensión de la protección estatal a todas las mujeres (incluidas las adultas), en la medida en que atentaba a la concepción jurídica restringida que veía en el intervencionismo una tutela únicamente aplicable a los menores.

Este argumento de tipo jurídico se mezclaba con otros de tipo económico y social: las mujeres trabajaban mayoritariamente por necesidad, siendo su jornal complemento necesario para el presupuesto familiar. En este argumento subyacía una concepción distinta de la mujer y de su promoción a la tradicional, en línea con los esfuerzos "feministas" de la ILE para la promoción y educación de la mujer. Desde el pensamiento krausista-reformista el trabajo de la mujer era visto como una posibilidad de promoción y revalorización de ésta dentro de la familia, negando la asociación que establecían los conservadores y algunos liberales entre industrialización y desmoralización.

El sector reformista abogaba, en lugar de por un proyecto específico para la mujer, por la adición de algún artículo dentro del proyecto sobre el trabajo de los niños, y dentro de otro nuevo (general) sobre "higiene y salubridad en las fábricas". La voluntad regeneracionista y armónica de los reformistas sociales se dirigía a la confección de leyes generales aplicables a todos los trabajadores, de ahí su oposición a una intervención que, más que proteger, apartaba a las mujeres del trabajo asalariado.