Aunque parte del sector patronal se alinea con los liberales en la aceptación del intervencionismo que propugnaba el gobierno como un mal menor ante el peligro revolucionario, la mayoría se postula abiertamente anti-intervencionista. El industrial español, ante la escasez de capital y la debilidad del mercado, se aferra a la defensa del proteccionismo que, entre otros argumentos, utilizará para posponer la intervención del estado en la regulación del trabajo. El aumento de los costes de los productos españoles por la escasez de maquinaria y tecnología era compensado con la reducción de salarios que permitía la utilización de mujeres y niños en la producción.
De entre los diversos razonamientos patronales que justifican su postura a la no intervención en las relaciones de trabajo, podemos destacar los siguientes:
-El perjuicio que plantearía a la organización del trabajo y de la producción en la fábrica la introducción de condiciones especiales de trabajo (reducción del horario, descanso, etc.) para las mujeres y los niños. Son significativas de este argumento las palabras de Sallarés y Plà, presidente del Gremio de fabricantes de Sabadell, para oponerse al Proyecto de Ley sobre el Trabajo de la mujer presentado al Senado en 1891: "En caso de verse el industrial obligado a encarecer mas la mano de obra, por el aumento de salarios que supone la sustitución del personal femenino inferior a 16 años por otro de edad superior, la diferencia del costo del algodón hilado en España con el de Inglaterra,(...) crecería aun más."
-Las condiciones de trabajo en la fábrica no son perjudiciales para la mujer. Frente a los numerosos informes y estudios que denunciaban las deficiencias en higiene, seguridad, salarios, ect. con que la mujer realizaba su trabajo, los sectores patronales se defienden negando esta realidad mediante contra-informes poco científicos cuyas conclusiones destacaban el valor moral del trabajo asalariado frente a la prostitución.
-Otros argumentos de carácter social destacaban la necesidad de muchas mujeres al trabajo asalariado dado que su aportación era básica para la complementariedad del presupuesto familiar. Este tipo de razonamiento perpetuaba la menor retribución femenina al considerar que realizaba una aportación complementaria a la economía familiar y mantenía el salario masculino bajo dada la competencia femenina y la teoría del salario familiar.