El modelo británico.


Gran Bretaña constituye el ejemplo por antonomasia del desarrollo de una "ciudadanía liberal", es decir, con una concepción pasiva de la ciudadanía que ha puesto el énfasis en el desarrollo de los derechos civiles y políticos frente a los derechos sociales. La tradición liberal del Estado británico de no intervención en la familia ha perjudicado notablemente a las mujeres: a su integración laboral y política y a su acceso a los derechos sociales. Sin embargo, la noción de responsabilidad estatal en la provisión del bienestar se ha desarrollado mucho más en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, que en otros países como Estados Unidos o los Países bajos.

El desarrollo del estado del bienestar británico después de la guerra arranca del llamado Informe Beveridge que proponía el desarrollo de un nuevo sistema de derechos sociales: prestación por desempleo, enfermedad y retiro y asistencia sanitaria. Sus propuestas fueron implementadas a lo largo de los años ochenta junto a la institucionalización de un sistema de educación secundaria y un sistema nacional de salud. El proyecto Beveridge representa el paradigma dominante sobre el Estado del bienestar, presentando al estado como principal responsable del mismo en coordinación con fuentes no estatales: sistema de mercado y voluntariado. Sin embargo, respondiendo a los principios del liberalismo social, dicho sistema debía ser sufragado por trabajadores y empleados, accesible sólo a los contribuyentes y universalizable únicamente en función del logro de un sistema de pleno empleo. El estado debería proveer unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos-contribuyentes. Un planteamiento criticado desde las posiciones de izquierda por el convencimiento de que la tolerancia de la intervención privada en la prestación de la asistencia sanitaria y de la educación puede introducir deficiencias en la prestación de los servicios y desigualdades sociales. El debate entre social-liberales y corrientes de izquierda, considerando ambos la importancia de la sociedad civil en el desarrollo y mantenimiento del bienestar de los ciudadanos, pasaron sin embargo por alto la centralidad del trabajo realizado por las mujeres en la familia.

Gran Bretaña, como Irlanda, Alemania e incluso los países escandinavos antes de 1960, tenían fuertemente arraigado el modelo del cabeza de familia como ganador de pan. De modo que el Estado del Bienestar británico ha venido marcado por el peso de un modelo fuerte de salario familiar, un nivel relativamente elevado de esposas dependientes económicamente del marido y una tasa de actividad femenina débil. Las políticas sociales protegían a las mujeres como esposas y madres, y evitaban erosionar el papel del hombre como responsable del mantenimiento de la familia. De ahí que sólo en situaciones muy especiales las mujeres tuvieran acceso a los sistemas nacionales de salud o al seguro de desempleo como trabajadoras. Y tampoco tuvieron acceso a los sistemas de protección a las madres trabajadoras, como eran los permisos por maternidad establecidos por numerosos países europeos. Durante toda la primera mitad de siglo el objetivo fue desanimar la entrada de mujeres en el mercado de trabajo, lo que obtuvo un apoyo masivo de los sindicatos.

La legislación de igualdad de oportunidades emprendida a partir de la década de los setenta inició una desestabilización de este modelo. El incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se produjo paralelamente al desarrollo de políticas antidiscriminatorias (Sex Discrimination Act, 1975) y de igualdad (Salarial Equal Pay Act, 1990), pero sin un mayor desarrollo de la asistencia a los hijos, creación de guarderías ni aumento de las excedencias por maternidad. De hecho, las menores tasas de actividad femenina respecto a otros países europeos pueden ser atribuibles a la carencia de servicios públicos de atención a la infancia, que se redujeron además muy notablemente después de la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, las políticas neoliberales han socavado derechos de ciudadanía ya establecidos, lo que, junto a la creciente desocupación, ha incrementado los problemas de marginación y pobreza de muchas familias. Las mujeres han perdido también derechos de maternidad anteriores, de tal modo que sólo las mujeres que han trabajado de forma continua durante dos años tienen derecho a permisos por maternidad.

En los últimos años se ha extendido enormemente la maternidad de las mujeres solteras y el acceso de éstas a diversas prestaciones sociales asociadas al nivel de ingresos así como un acceso mayor a las viviendas de promoción oficial. De hecho, la presión de las madres solas a trabajar para el mercado es mucho mayor en Estados Unidos o en Alemania donde la precariedad de las ayudas estatales les obliga a incorporarse al mercado de trabajo, a pesar de que en uno y otro caso el nivel de asistencia al cuidado de la infancia es mínimo. El liberalismo conservador británico ha tenido una posición muy ambivalente respecto a la conveniencia de forzar o no a las madres solas a trabajar. En relación a ello, algunos han propuesto, frente a la tendencia finisecular de considerar los sistemas de ayuda social como derechos de ciudadanía, la vuelta a los conceptos en que se apoyaban las antiguas Leyes de Pobres que comportaban además la pérdida de la ciudadanía política. Otras corrientes han puesto el énfasis en el empleo como forma de moralización de la gente pobre, instando al estado a reforzar la relación entre el acceso a los derechos sociales y el desempeño de un trabajo remunerado. Una tercera corriente conservadora, en oposición a las dos anteriores, ha propuesto reforzar la intervención del estado en la obligatoriedad del padre de asegurar el mantenimiento de los hijos (Child Support Act, 1991).

Por otra parte, las políticas relativas al cuidado de las personas ancianas han puesto el énfasis en la responsabilidad de las mujeres en la familia, no del Estado, considerando que son las propias familias quienes mejor pueden comprender las necesidades de los ancianos. El modelo británico no muestra una mejora en el desarrollo de la ciudadanía política ni social de las mujeres en los últimos años.