Las promotoras incumplieron la ley por el derecho a la vivienda sancionada en el 2018 que establece que, cuando se hacen pisos nuevos o reformas, se debe destinar el 30% de los mismos a protección oficial.
Montse Gironès
El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las tres primeras multas de más de 500.000 euros a las promotoras que presentaron licencias de obras menores y escondieron que en realidad se trataban de grandes reformas. Su objetivo era esquivar la ley que los obliga a ceder el 30% de los pisos a protección oficial. “Ponemos fin a esta gran estafa: recuperando y restituyendo”, declara Janet Sanz, teniente de la alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. Además de las sanciones económicas, los infractores han quedado inhabilitados para desarrollar proyectos dentro de las zonas de viviendas protegidas, como la Sagrera o el 22@.
En julio de 2022 el Servicio de Inspección Central anunció que se habían detectado 17 incumplimientos de este tipo. Las tres promociones sancionadas hasta ahora se ubican en el distrito del Eixample. La primera está situada en la calle Compte Borrell y se trata de un edificio de 12 viviendas. La segunda se encuentra en la calle Castillejos y cuenta con 15 viviendas. La tercera, con un total de 13 viviendas, se ubica en la calle Muntaner. En total, de haber cumplido la norma estos tres edificios deberían haber acogido 10 viviendas de protección oficial.
“El 30% funciona, es una medida necesaria y que ha venido para quedarse”, afirma Janet Sanz. El principal objetivo de esta ley es garantizar un acceso igualitario a la vivienda en distritos como el Eixample, donde los precios de mercado son cada vez más altos. Según Lucía Martín, regidora de Vivienda y Rehabilitación, una vivienda de 90m2 en el barrio de Eixample tiene un valor de mercado de unos 620.000 euros aproximadamente. Al aplicar esta norma los ciudadanos pueden acceder al mismo piso por 220.000 euros.