NUESTRA INVESTIGACIÓN
ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
DOCTORADO
Vicenç Aguado Cudolà (IP), Juan Antón Mellón (IP), Tomàs Font Llovet, Miren Jaione Mondragón Ruiz de Lezana, Adela Mesa del Olmo, Mercedes Ortiz Garcia, Xavier Torrens Llambrich, Juan José Mauri Majos, Domènec Sibina Tomàs, Héctor Claudio Silveira Gorski, Liviu Catalin Mara, Alberto de la Peña Varona, Enrique Luján Carbonell
Miriam Anderson (IP), Esther Arroyo Amayuelas (IP), Pedro Maria del Pozo Carrascosa, Laura Teresa Alascio Carrasco
El objetivo consiste en analizar si la directiva 2014/17/UE ha sido eficaz para proteger a los consumidores y en qué medida su revisión debe afrontar problemas no abordados originalmente, desde la perspectiva de distintos Estados miembros. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo de entidades como el Colegio de Notarios de Cataluña, el Decanato Autonómico de Registradores de Cataluña y asociaciones de usuarios de entidades de crédito como ADICAE y AICEC-ADICAE, así como de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Privado Europeo y la Clínica Jurídica de Vivienda y Mediación Residencial, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (España)
Macarena Ares Abalde (IP) , Enrique Hernández
En un contexto de gran fragmentación y polarización política, y con unas democracias que se enfrentan a crecientes retos estructurales, este proyecto se pregunta cuándo los ciudadanos apoyarán el consenso político.
Este proyecto propone diversas innovaciones teóricas y empíricas que harán avanzar nuestra comprensión del apoyo de los ciudadanos al consenso político.
Desde el punto de vista empírico, este proyecto se basará en una encuesta original realizada en cinco países de Europa Occidental. La encuesta incluirá tratamientos experimentales que permitirán identificar los efectos causales de algunos de los factores relevantes identificados (por ejemplo, los partidos que apoyan el consenso). Para caracterizar el contexto político y el discurso de los partidos, el proyecto realizará un esfuerzo de codificación original.
Este proyecto abrirá nuevos caminos en nuestra comprensión de cómo los ciudadanos evalúan un proceso clave en la elaboración de políticas democráticas. Comprender cuándo los ciudadanos apoyarán las concesiones y los pactos políticos, y como esto depende de las posturas de los partidos en este proceso, es especialmente determinante en un contexto de gran fragmentación y polarización de los partidos, y cuando las democracias afrontan retos importantes -como el cambio climático o el crecimiento económico sostenible- que requieren importantes medidas políticas.
Immaculada Barral Viñals (IP), Vicente Perez Daudi (IP), Eduardo Vázquez de Castro (IS), Gemma Garcia-Rostan Calvin (IS), Araya Alicia Estancona Pérez (IS), Loreto Carmen Mate Satue (IS), Nuria Mallandrich Miret (IS), Chantal Moll de Alba Lacuve (IS), Alexandre Peñalver Cabré (IS), Domènec Sibina Tomàs (IS), Isabel Viola Demestre (IS)
Jordi Bonet Pérez (IP), Jose Antonio Estevez Araujo (IP), Marta Ortega Gomez, Antonio Gimenez Merino. Juan Antonio Alujas Ruiz. David Bondia Garcia. Javier Fernandez Pons, Antonio Madrid Perez, Jose Luis Gordillo Ferre, Rosa Ana Alija Fernandez, Pepa Burriel Rodriguez, Maria Julia Barcelo, Elisenda Calvet Martinez
El objeto de este proyecto es estudiar los condicionantes reguladores internacionales y comunitarios que (por sí mismos y/o a partir de sus interacciones) son susceptibles de limitar, el alcance de las decisiones y acciones orientadas a mitigar la pobreza desde el punto de vista de los ODS y del Derecho internacional de los derechos humanos. El referente del análisis propuesto es un Estado miembro de la Unión Europea (España), por su elevada tasa de pobreza y exclusión en relación con los países de la Unión Europea (UE) y por la especial incidencia de la pandemia de COVID-19 sobre ese país; por lo que el examen que se realice de los condicionantes reguladores en España se proyecta sobre un escenario multinivel de gobernanza.
Maria del Mar Campins Eritja (IP), Francesc Xavier Pons Rafols, Javier Fernandez Pons, Josep Maria de Dios Marcer, Teresa Fajardo del Castillo, Marta Abegón Novella
El proyecto de investigación tiene como objetivo general identificar los retos y oportunidades que la crisis del COVID-19 ha creado en relación con los marcos jurídicos internacionales y europeos aplicables a la conservación y protección internacional de la biodiversidad ya la lucha contra el cambio climático. Pretende también aportar posibles respuestas que fortalezcan la cooperación internacional y la creación de sinergias entre estos ámbitos para influir, a medio y largo plazo, en la salud pública mundial y en el proceso de recuperación post-COVID-19.
El proyecto se centra esencialmente en tres dimensiones:
Sergi Cardenal Montraveta (IP), Silvia Fernandez Bautista (IP), Victor Gómez Martín (IS), Agustín Ruiz Robledo (IS), Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos (IS), Agata Sanz Hermida (IS), Maria del Carmen Tomas-Valiente (IS), Lucía Serrano Sánchez (IS), Alejandro Turienzo Fernandez (IS), Maria Argelia Queralt Jimenez (IS)
Josep Maria Castellà Andreu (IP) y Enriqueta Expósito Gómez (IP)
El subproyecto, que forma parte de un coordinado con la Fundación Manuel Giménez Abad de Zaragoza, pretende contribuir a la mejora de la calidad institucional y democrática (objetivo del proyecto coordinado) a través del reforzamiento de los instrumentos contramayoritarios en la Democracia constitucional. Para ello nos proponemos: 1) la realización de un estudio de los instrumentos de control del gobierno y la mayoría parlamentaria existentes en el sistema constitucional español y los problemas derivados de su concreta regulación y funcionamiento en los tres niveles de gobierno (Estado, comunidades autónomas y municipios). Tales instrumentos de control pueden ser de orden político (en el interior del Parlamento, entre las cámaras y del cuerpo electoral en relación con las instituciones representativas), institucional (órganos independientes y el Defensor del Pueblo u órganos similares) y jurisdiccional (en particular el Tribunal Constitucional). Y 2) la propuesta de reforma normativa de estos instrumentos e instituciones contramajoritarios, ya sea de tipo constitucional o legislativo, para el efectivo cumplimiento de la función de control del poder.
Laura Chaqués Bonafont (IP) , Camilo Andres Cristancho Mantilla (IS)
Este proyecto pretende explicar cómo y por qué los responsables políticos (diputados) dan prioridad a ciertos temas en las redes sociales y las consecuencias que esto tiene para la representación política en las democracias avanzadas. Las redes sociales se han convertido cada vez más en un espacio de poder en el que los representantes compiten por influir en las políticas públicas. A diferencia de las instituciones políticas tradicionales, los medios de comunicación social tienen pocas barreras de entrada, lo que permite a los responsables políticos evitar a los partidos políticos, los medios de comunicación tradicionales y los grupos de interés como instituciones de filtro.
Para algunos autores (por ejemplo Barber 2004, Chadwick 2020), los medios de comunicación social afectan positivamente a la democracia representativa; para otros (p.ej. Schradie 2019, Mirer y Bode 2013), refuerzan la posición privilegiada de quienes ya son poderosos fuera de internet. Por el contrario, otros autores (p. ej. Bimber 1998, Engesser et al. 2017) subrayan que éstos son especialmente adecuados para satisfacer las preferencias comunicativas de los actores populistas. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación social son una herramienta para minar la legitimidad de las instituciones representativas y, en términos más generales, la democracia representativa.
En general, los estudios coinciden en destacar cómo los medios de comunicación social desafían a las instituciones tradicionales de la democracia representativa, pero divergen en su valoración de la dirección en la que estos medios llevan a las democracias representativas.
Este proyecto contribuye a este debate analizando en qué condiciones es más probable que los responsables políticos se movilicen en las redes sociales para evitar los mecanismos de poder de las instituciones políticas tradicionales. El proyecto se basa en investigaciones previas desarrolladas por estudiosos de la representación política (p. ej., Pitkin 1967), la fijación de agendas (p. ej., Baumgartner y Jones 1993) y los estudios sobre medios de comunicación social (p. Ej., Gainous y Wagner 2014, Russell 2021). La estrategia empírica combina métodos cuantitativos (conjuntos de datos) y cualitativos (entrevistas en profundidad con diputados y gestores de medios de comunicación social) en varios países y tiempos.
José Esteve Pardo (IP)
José Esteve Pardo (IP)
Albert Falcó Gimeno (IP), Jordi Muñoz Mendoza, Marc Guinjoan Cesena, Francesc Amat Maltas, Sergi Ferrer Juan, Pau Vall Prat
Nuestras sociedades contemporáneas están expuestas a amenazas globales importantes, que tienen el potencial de afectar profundamente a nuestras condiciones de vida. Podría decirse que dos de las amenazas más relevantes son las pandemias globales como el COVID-19 y el cambio climático. Estas dos amenazas, aunque de naturaleza substancialmente distinta, comparten una serie de similitudes: son exógenas, globales y plantean problemas de política pública muy complejos que requieren la cooperación ciudadana para ser abordados. En un contexto democrático, es fundamental generar soporte ciudadano para las políticas de mitigación y asegurar el cumplimiento de los ciudadanos. Además, la magnitud y la naturaleza de estas amenazas pueden afectar a los sistemas políticos democráticos, provocando un cambio en el equilibrio político preexistente. En este proyecto, nos proponemos estudiar el efecto de estas amenazas en las actitudes y preferencias políticas de los ciudadanos.
Alfredo Galán Galán (IP)
Aina Gallego Dobón (IP)
La informatización, la automatización y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA) están remodelando distintos aspectos de la vida, incluidos los puestos de trabajo y las relaciones laborales.
Este proyecto explora sus implicaciones para el comportamiento político de los trabajadores, centrándose en distintos tipos de cuestiones. En primer lugar, investigamos las experiencias en los puestos de trabajo: ¿Qué tecnologías de IA se están introduciendo en los puestos de trabajo? ¿Cómo perciben los trabajadores la adopción de dichas tecnologías? ¿Le preocupa a los trabajadores verse desplazados por los algoritmos?
A continuación, investigamos los conocimientos y discursos sobre la IA: ¿Cuánto saben los ciudadanos sobre la IA? ¿Atribuyen erróneamente los riesgos relacionados con la IA a otras causas?
Por último, nuestro proyecto examina qué demandas políticas pueden derivarse de los riesgos del mercado laboral relacionados con la IA: ¿Qué tipos de políticas demandan en caso de verse desplazados por las IA? ¿Le gustaría que el gobierno regulara los algoritmos?
Ricardo García Manrique (IP), Maris Köpcke Tinturé (IP), Guillermo Escobar Roca, Víctor Méndez Baiges, Héctor Silveira Gorski, Rocío Medina Martín, Pablo Scotto Benito, Pol Cuadros Aguilera, Marc-Abraham Puig Hernández
La justificación del proyecto parte de una serie de defectos argumentativos en la cimentación de determinadas decisiones de gran trascendencia social y política por parte de operadores jurídicos e instituciones nacionales e internacionales. Son decisiones que apelan al concepto de dignidad humana como estándar normativo con peso relevante o incluso dirimente, en asuntos tan diversos y controvertidos como el aborto, la eutanasia, las nuevas formas de reproducción, la prostitución, el abastecimiento de los derechos de los extranjeros o el establecimiento de un mínimo vital garantizado. Sin embargo, el recurso tan habitual y tan diverso a un concepto supuestamente unívoco de dignidad sufre (así se ha denunciado) de vicios argumentativos tales como la vacuidad, la redundancia o la contradictoriedad, o de ciertos sesgos ideológicos encubiertos. Esto sucede en todos los niveles del discurso público.
Es, por tanto, imperativo erradicar estos malos usos del concepto de dignidad y reconsiderar el contenido y la función de este estándar normativo. La hipótesis del proyecto es que estos malos usos tienen una causa o una raíz profunda: la exclusión del ámbito de la razón pública de las concepciones sustantivas del bien; y que tan sólo un estudio transversal puede sacar a relucir esta causa y dotarnos de herramientas para revertir la situación.
Jordi Garcia Viña (IP), Carmen Sánchez Trigueros (IS), Luis Franco Sala (IS), Jesús Barceló Fernández (IS), Fermín Gallego Moya (IS), Juan Antonio Alujas Ruiz (IS), María Cuadros Garrido (IS)
Mariló Gramunt Fombuena (IP); Gemma Rubio Gimeno (IP)
La aprobación de las directivas 2019/770 y 2019/771, con un ámbito material coincidente -la regulación de la conformidad en contratos con objetos diversos- es un ejemplo de que la coexistencia de cuerpos normativos que abordan la misma materia desde diferentes prismas pone en riesgo la seguridad jurídica. Analizaremos la opción de aglutinar en un único instrumento normativo la regulación de la conformidad en el contrato. Se valorará la procedencia de la generalización de algunos de los remedios propios del derecho de consumo a las relaciones contractuales entre pares, así como la conveniencia de extender la regulación a los contratos onerosos de adquisición de bienes y servicios más allá de los que constituyen la materia de las directivas. Se determinará la oportunidad de establecer legalmente un supra concepto de conformidad que generalice los remedios propios de esta Institución a otros supuestos de incumplimiento contractual. Por último, se abordará la necesidad de impulsar la mediación y el arbitraje de consumo con el objeto de establecer su obligatoriedad en las controversias de escasa cuantía, desjudicializándolas.
Maria Elena Lauroba Lacasa (IP), Jaume Tarabal Bosch (IP), Juana Marco Molina, Santiago Espiau Espiau, Pedro Robles Latorre, Maria Esperanca Ginebra Molins, Luis Caballol Angelats, Lidia Arnau Raventos, Maria Luisa Zahino Ruiz
En 2050, una de cada seis personas tendrá más de 65 años. Es necesario identificar y analizar instrumentos del derecho privado que contribuyan a su bienestar, atendiendo a sus necesidades, preferencias y deseos. Por eso, el proyecto se estructura en tres ámbitos de investigación interrelacionados:
Por otra parte, los mecanismos que actúan al margen del derecho de sucesiones, los Will sustitutas (p.ej. designaciones de beneficiario en planes de pensiones o seguros de vida).
Jaume Magre Ferran (IP)
El objeto de investigación del proyecto es la transparencia, entendida como relación institucionalizada e interactiva entre sector público y ciudadanía, y la pregunta de investigación que se genera nace de la necesidad de analizar el impacto en dos ámbitos: en términos de intervención en las dinámicas, estructuras y funcionamiento de las organizaciones públicas y en el hipotético incremento del apoyo difuso –legitimidad– de los ciudadanos hacia las instituciones. En este último sentido de la relación, se pretende testar la voluntad de punición como desencadenante de la demanda social de transparencia.
Elisenda Malaret Garcia (IP), Francisco Jose Rodriguez Ponton (IS)
Rafael Cesáreo Martínez Martínez (IP)
Los debates respecto al futuro de las FAS, fruto del nuevo escenario de desorden sistémico, nos sugiere esta pregunta: ¿cómo deberían adaptarse las FAS españolas a la redefinición de las amenazas a la seguridad en las sociedades españolas y europea?
Conjeturamos lo siguiente: las FA irán evolucionando hacia un actor integrado, gestionado desde un tronco común, aunque diversificado técnicamente. Asimismo, las dinámicas de sinergias europeas supondrán la transformación en un único actor europeo.
Indagaremos en la opinión pública, la clase política, el lobby industrial de defensa y con este material convocaremos un proceso Delphi simultáneo con una quincena de expertos.
Anna Maria Palau Roqué (IP), Luz Muñoz Márquez (IP)
El proyecto está orientado a aumentar nuestra comprensión del proceso legislativo español. En Europa, se considera que los parlamentos tienen muy poca influencia en el proceso de elaboración de políticas. Sin embargo, estas conclusiones se basan excesivamente en el análisis de las normas y estructuras formales. Sabemos muy poco de lo que ocurre en la trastienda de los parlamentos, entre la presentación de proyectos de ley y su promulgación final. El proyecto está orientado a aportar luz al respecto, explorando dos aspectos.
En primer lugar, en qué medida los legisladores españoles tienen la voluntad y capacidad de enmendar las propuestas de los proyectos de ley del ejecutivo. Para ello contamos con nuevas y exhaustivas bases de datos que incluyen información sobre todas las enmiendas propuestas a todos los proyectos de ley del ejecutivo debatidas en el Parlamento español, incluidos los proyectos de ley de presupuestos. Estas bases de datos incluirán información sobre el número total de enmiendas propuestas y, gracias a los recientes avances metodológicos, también sobre si estas enmiendas se incorporan finalmente al texto final de las leyes.
El segundo objetivo del proyecto es explorar sistemáticamente otro aspecto poco investigado del proceso legislativo: si los grupos de interés logran incluir sus preferencias políticas a lo largo del proceso legislativo. ¿Realizan los grupos de interés una función informativa, aumentando la capacidad de resolución de problemas del parlamento, o su participación responde principalmente a estrategias partidistas/legitimadoras?
El proyecto también explorará hasta qué punto los legisladores responden con distinta intensidad a las preferencias políticas de las organizaciones empresariales y de interés público. Para conseguir estos objetivos, también realizaremos una contribución empírica mediante el desarrollo de una nueva base de datos orientada a recoger información sobre las posiciones políticas de los grupos de interés en relación con el contenido de los proyectos de ley del ejecutivo, expresándose en comparecencias parlamentarias
Francisca Pérez Madrid (IP), Ana María Vega Gutiérrez, Carmen Peña García, M. Teresa Areces Piñol, Isabel Martínez Navas, Marcos González Sánchez, Santiago Cañamares Arriba, Maria Mut Bosque, Rafael Palomino Lozano, Silvia Meseguer Velasco, María Jesús Gutiérrez del Moral, Monserrat Gas Aixendri
Julio Ponce Sole (IP), Agusti Cerrillo Martinez (IP), Clara Isabel Velasco Rico, Joost Johannes Joosten, Ramon Lluis Galindo Caldes, Anahi Casadesus de Mingo, Oscar Capdeferro Villagrasa, Javier Miranzo Diaz
La finalidad de este proyecto es definir las garantías de la ciudadanía frente al uso de la inteligencia artificial por la Administración pública en la personalización de servicios.
El proyecto aborda un tema novedoso respecto a investigaciones anteriores, sobre el que existe poca literatura jurídica y que exige un enfoque interdisciplinario, garantizado por la composición del equipo de investigación y del grupo de trabajo.
Se trata de la mejora de los servicios públicos en el marco del proceso de transformación digital de las administraciones públicas a través de la inteligencia artificial. Esta mejora será estudiada desde la perspectiva de la personalización de los servicios públicos y la lucha contra la mala administración, el fraude y la corrupción.
Si bien esta mejora está vinculada al relevante derecho a una buena administración, no cabe duda de que presenta varios riesgos que serán objeto de consideración. Por una parte, las posibilidades y límites del ejercicio de potestades administrativas discrecionales de forma totalmente automatizada. Por otro, los posibles errores de software que afecten al buen funcionamiento de los servicios públicos en el marco de la Inteligencia Artificial. En tercer lugar, los sesgos tanto cognitivos de los programadores como los generados por el aprendizaje automático. En cuarto lugar, la posible manipulación de los ciudadanos generada por la unión de las aportaciones de las ciencias conductuales y la inteligencia artificial (hypernudging). Por último, una excesiva dependencia tecnológica pública del sector privado podría suponer la transferencia subrepticia a éste de funciones públicas.
El proyecto analizará la mejora de los servicios públicos, mediante las dos vías aludidas, y sus riesgos, proponiendo mecanismos para prevenir y mitigar estos (uso de nudges, diseños organizativos y procedimentales, papel de las cartas de derechos digitales... ).
Mariona Tomàs Fornés (IP)
España tiene una sociedad urbana en un territorio predominantemente rural: las zonas urbanas densamente pobladas en la costa y en Madrid contrastan con un patrón de desarrollo de menor densidad en las zonas centrales. Pese a la evidencia de un proceso de metropolitanización, el sistema político español no respondió a este fenómeno. Existe un decalaje entre el proceso de urbanización y el marco institucional, ya que sólo existe un gobierno metropolitano (Barcelona). El objetivo de este proyecto es evaluar la construcción institucional de la gobernanza metropolitana en España. En comparación con otros países europeos, el desarrollo de las instituciones metropolitanas en España ha sido prácticamente inexistente. Esto es particularmente interesante por dos razones principales. Primero, ejemplifica uno de los problemas de la gobernanza metropolitana: el permanente decalaje entre las instituciones y el proceso de metropolitanización. En segundo lugar, en España existe una diversidad de modelos de gobernanza metropolitana, lo que es útil para analizar los motivos de esta variación. METROGOV busca proporcionar un marco analítico integral para explicar ese fenómeno.
Helena Torroja Mateu (IP), Jessica María Almqvist, Rafael Arenas García, Juan María Bilbao Ubillos, José Fernando Lozano Contreras, Araceli Mangas Martín
Joan Josep Vallbé Fernández (IP), Lluís Medir Tejado
El control jurídico es uno de los elementos clave de la relación entre los sistemas políticos federales y los tribunales. Mediante el ejercicio de la revisión judicial, los tribunales pueden dar forma a los sistemas federales a través de sus interpretaciones de las normas constitucionales. Estas normas se refieren principalmente a la distribución de poderes entre la federación y los estados que la componen, pero también suelen referirse a interpretaciones de las características estructurales del sistema federal, como la representación de los estados constituyentes en las instituciones políticas de la federación.
La principal pregunta de investigación de este proyecto es cómo concilian los tribunales constitucionales de los sistemas federales los objetivos divergentes de maximizar la legitimidad y la eficiencia. Este proyecto pretende responder a esta pregunta mediante el estudio del Tribunal Constitucional español (TC) como actor clave de la configuración del Estado de las Autonomías. Lo haremos a través de una doble estrategia de investigación: (1) midiendo la fuerza de las decisiones del tribunal sobre la legislación autonómica, y (2) identificando los factores explicativos de la fuerza del TC a través del tiempo y el espacio, explorando así el impacto de las características de los jueces del TC sobre sus decisiones sobre la legislación autonómica.
España es un caso especialmente relevante para estudiar el papel de los “arbitros federales” para que los litigios constitucionales configuran en gran medida la profundidad del modelo territorial español, al menos de tres formas. En primer lugar, las disposiciones constitucionales “federales españolas son ambiguas e inacabadas por diseño. En segundo lugar, en este contexto institucional, el TC tiene un estatus especial dentro del sistema jurídico y político español y su principal función es actuar como único actor del sistema político español con poder para actuar como “legislador negativo”. En tercer lugar, los datos oficiales muestran que el TC español es un tribunal muy activo en el contexto europeo, lo que nos proporciona suficiente variación (a lo largo del tiempo y entre regiones) para establecer una fructífera estrategia empírica.
El objetivo general de este proyecto es lograr una mejor comprensión de cómo y por qué el Tribunal Constitucional español ejerce su poder sobre las legislaciones regionales. Nuestra variable dependiente es la fuerza que ejerce el TC sobre las legislaciones regionales españolas, que se medirá utilizando una metodología innovadora. Nuestro conjunto de variables independientes identificará y medirá a los determinantes del comportamiento del TC a lo largo del tiempo, e incluirá variables internas del tribunal, como los perfiles políticos de los jueces del TC y la forma en que se organiza el tribunal, así como variables relativas a las políticas de las relaciones entre las regiones y los gobiernos centrales.
El objetivo de este proyecto es proponer soluciones que contribuyan a prevenir y resolver conflictos societarios. Esta problemática se aborda con una metodología multidisciplinar combinando cuatro perspectivas complementarias: mercantil, procesal, económico-financiera e internacional. En los últimos años, los conflictos societarios se han incrementado en número e intensidad, generando una creciente litigiosidad. La trascendental Ley de reforma societaria para la mejora del gobierno corporativo (Ley 31/2014) ha expoliado esta conflictividad. Entre otras cosas, porque ha intensificado los deberes de los administradores sociales y ha tipificado el abuso de la mayoría como causa de impugnación de acuerdos sociales, lo que a su vez ha generado un corpus jurisprudencial que ha vigorizado a los litigios societarios. Nuestro sistema jurídico no da una respuesta satisfactoria a los conflictos societarios. La legislación ofrece parámetros genéricos que no resuelven el variado casuismo y los juzgados dirimen disputas puntuales, pero a menudo no resuelven definitivamente el conflicto que constituye el problema de fondo. El proyecto propondrá soluciones basadas en el acuerdo entre las partes en conflicto (autocomposición), por ser las partes (no el legislador ni los tribunales) quienes están en mejor disposición de encontrar la solución más satisfactoria.
Marc Vilalta Reixach (IP), Ricardo Gracia Retortillo (IP), Tomás Font y Llovet, Joaquín Tornos Mas, Alfredo Galán Galán, Ana María Sanz León, Natalia Caicedo Camacho, Carmen Sibina Vidal, Cristina de Gispert Brossa, Maite Vilalta Ferrer
El proyecto de investigación tiene por objeto analizar los problemas relativos al sistema de reparto competencial, de gestión y financiación de los servicios de atención a las personas en las grandes áreas urbanas. En concreto, el proyecto se estructura en torno a cuatro grandes ejes temáticos. En primer lugar, la delimitación conceptual y jurídica de los servicios de cuidado a las personas y del papel que juegan las grandes áreas urbanas en el momento actual. En segundo lugar, el estudio del sistema normativo o de fuentes aplicable a dichos servicios, por cuanto el marco regulador de esta materia se encuentra hoy en día condicionado por el Derecho de la Unión Europea y por la coexistencia de varios niveles de gobierno territorial con competencias normativas. Precisamente, esta coexistencia es también la que justifica el tercer gran objetivo del proyecto, que busca clarificar las funciones que en materia de servicios a las personas realizan las diferentes administraciones públicas, identificando qué criterios deben ser tenidos en cuenta para la atribución de competencias en cada una de ellas, así como para su financiación. Y, por último, el proyecto aborda también el estudio de las formas de gestión de dichos servicios, con el objetivo de ofrecer criterios a los operadores jurídicos a la hora de elegir dichas formas gestoras. Y es que, de nuevo, la incidencia del Derecho europeo en esta materia, muy especialmente del derecho de contratación pública, ha supuesto un cuestionamiento de algunas de las fórmulas tradicionales de prestación de dichos servicios.
3 Proyectos de investigación europeos
31 Proyectos de investigación estatales
29 Tesis leídas el curso 2022-2023
14 Grupos de investigación consolidados
