El Máster busca que los alumnos practiquen las mismas dinámicas que se dan en las redacciones de los medios de comunicación. En esta línea, cada año tienen que cubrir un juicio real. Dentro de la asignatura de Periodismo Judicial, y con el profesor Santiago Tarín de La Vanguardia, los estudiantes asisten a un proceso judicial que se desarrolla en los juzgados de Barcelona, lo investigan y tienen que escribir una crónica sobre él.
Éste es uno de los textos más destacados de este año.
Sorteando las rejas
Laura Rodríguez Garcia
Algunas personas imaginan un prostíbulo como un local cuyo cartel luminoso y llamativo invita a los paseantes a entrar. Este no es el caso. El inmueble de dos plantas, situado en la calle Anselm Clavé, 5, de Viladecans, pasa desapercibido como una vivienda más. Nadie podía sospechar que se tratase de una casa de citas hasta que los Mossos d’Esquadra realizaron un registro el 9 de junio de 2010. Siete años después, en la Audiencia Provincial de Barcelona se sentó en el banquillo de los acusados a María Leonor Méndez, Miguel Jiménez y Elisenda Segura, por un delito de prostitución y un delito contra la salud pública.
Vestida con un jersey negro, unos tacones, y unas gafas estampadas, María Leonor Méndez, propietaria del prostíbulo de Viladecans, pasea de un lado a otro de la sala. Se detiene y mira fijamente la puerta cerrada de la Sección 9, a la espera de ser citada a declarar. A su lado, una mujer de una larga melena negra y un hombre vestido con un chándal de camuflaje conversan. Se trata de Elisenda Segura y Miguel Jiménez, quienes realizaban labores de vigilancia de las prostitutas y las intercambiaban con los clientes. Tras la tardanza, la secretaria judicial llama a los tres acusados de nacionalidad española y sin antecedentes previos. La sala está presidida por un tribunal colegiado formado por tres magistrados, el fiscal acompañado de la secretaria judicial, y el abogado de la defensa. Uno de los magistrados anuncia una noticia y la reacción de los presentes es de asombro: se llega a una conformidad. Los acusados Jiménez y Segura serán absueltos y se pide un año y seis meses de prisión para María Leonor Méndez y el pago de una multa de 500 euros. Dicha condena la exime de ir a la cárcel por ser inferior a dos años.
Los rostros de los tres inculpados muestran alivio. Se ha modificado el escrito de acusación efectuado por el Ministerio Fiscal. Se retira el delito de prostitución por el que se pedía una pena de cuatro años de prisión, ya que no se puede demostrar que la testigo protegido ejerciese la actividad de manera involuntaria. No obstante, la Fiscalía mantiene el delito contra la salud pública con una pena rebajada de ocho a un año y medio de prisión para Méndez. Se le acusa de distribuir cocaína y otras sustancias estupefacientes entre las trabajadoras y clientes. Por ello, deberá pagar una multa de 500 euros, en su inicio de 3.500, y en caso de impago, tendrá diez días de privación de libertad.
“¿Usted ha entendido y reconoce los hechos por los que el Fiscal decide acusarla?”, pregunta el magistrado a la imputada, la cuál responde con un rotundo “si”. Se le dicta la sentencia resolutoria de forma oral pero también se le entregará por escrito. Se muestra favorable con la modificación de la calificación del fiscal y no tiene intención de recurrir. El tribunal establece el plazo de suspensión en dos años: la acusada no cumplirá la condena de manera efectiva pero si comete un delito, sea de la naturaleza que sea, en el plazo de dos años, deberá acarrear las consecuencias y por tanto, se revocará la suspensión y cumplirá el año y seis meses de prisión. La secretaria judicial llama a los siete testigos para anunciarles la suspensión del juicio. Con un “visto” el magistrado pone fin a sus palabras. Los inculpados se muestran afortunados : podrán regresar a sus casas sin tener que pasar la noche entre rejas.