Olga Cruz, de origen malagueño, necesita ayuda diaria para bajar a la calle. No sólo sufre de la rodilla sino que vive en una tercera planta en la calle Guiter de la Barceloneta. Para ella, lo óptimo sería tener ascensor, pero su escalera es tan estrecha que no hay suficiente espacio.

Algunos días, Carme la visita con el objetivo de amenizar las mañanas de soledad y colaborar con sus tareas habituales. No tiene familia y tampoco nadie que pueda cuidar de ella. Su voluntaria es la única pieza afectiva que conforma el puzzle de su vida.

A sus 78 años, se da cuenta del valor que tiene una vida digna dotada de confort y bienestar. “Vivo en un quart de casa, que para mi sola es suficiente”, explica Olga Cruz, “El barrio me encanta, tengo mis amistades y lugares favoritos. Pero subir y bajar escaleras me mata. Una vez o dos por semana viene una voluntaria que me ayuda a hacer recados: la compra, paseamos, etc.”

El suyo no es el único caso. Más del 85% de los edificios de 4 o más plantas carecen de ascensores. Teniendo en cuenta la elevada proporción de personas mayores que se concentran en la Barceloneta, la falta de ascensores en los edificios hace que existan graves problemas de acceso a los domicilios.

En el 2005 nació el Plan de ascensores, una iniciativa para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en edificios cuyas escaleras son tan estrechas que imposibilitan la disposición de un ascensor. “Se trata de unir dos o tres fincas y vaciar toda la perpendicular de un quart de casa de un bloque de pisos para poner el ascensor. Esto implicaría que si es un edificio de cinco plantas, cinco vecinos se tendrían que marchar”, aclara el presidente de la Asociación l’Òstia.

A pesar de ser una iniciativa del Ajuntament de Barcelona y facilitar ayudas económicas, el Plan de ascensores parte de una decisión privada de los propios vecinos: se exige un acuerdo entre locatario y propietario, y debido a su complejidad, todavía no se ha llevado a cabo ninguna propuesta.

Si se decidiera instalar un ascensor en un edificio de un único propietario, las personas de alquiler tendrían que ser desocupadas y realojarse a cargo del Ajuntament de Barcelona. Si por el contrario, fueran varios los propietarios, éstos podrían colocar un ascensor siempre y cuándo hubiera la mitad de dueños más uno quiénes estuvieran a favor.

“El problema es que yo, que soy de alquiler, no tengo voz”, comenta con ira, Fina Pérez, vecina del barrio, “He vivido aquí toda la vida, tengo 82 años y no me quiero mover. Si mi propietario decidiera habilitar un ascensor yo me tendría que ir, y mi opinión no contaría para nada.”

Cada vez es mayor la presión que aflora en estas personas. Los ascensores es uno de los temas más frecuentes entre los propietarios, y los inquilinos aceptan a regañadientes que algún día la Barceloneta dejará de ser su barrio residencial. La indignación presente entre los vecinos ha sido el motivo de nuevas sugerencias y nuevas soluciones, algunas de ellas inviables.

“Que ubiquen los ascensores por fuera, como se hizo en su día en el barrio de la Mina” propone, a flor de piel, Isabel Escudero, vecina del barrio. Pero esto implicaría ampliar las aceras y eliminar la zona verde del aparcamiento de los coches; una solución un tanto utópica.

La especulación a la Barceloneta ha sido y es uno de los problemas trascendentales que está sufriendo actualmente el barrio. El Plan de ascensores sería un contribuyente más al aumento de este fenómeno. “Para muchos propietarios el hecho de poner un ascensor sería una buena excusa para aumentar el precio del alquiler”, añade el presidente de la Asociación de Vecinos l’Òstia.

Con el Plan de ascensores se ha pretendido dar respuesta a un problema existente desde hacía años, pero a la vez, ha ocasionado otros dilemas. En palabras de Isabel Escudero: “Personalmente creo que cuando hicieron este plan no se lo pensaron bien porque han venido arquitectos y otros profesionales a hacer estudios y nadie, en su momento dijo que fuera factible”.

Sin embargo, las personas crecen con el barrio, y una gran parte de la población ya ha superado los 65 años. Muchos de ellos asumen que algún día les tocará abandonar su residencia para dar paso a nuevas infraestructura que favorecerán el domicilio. Otros, todavía albergan la esperanza que sus argumentos serán escuchados por los propietarios.