Pedro Fraile
Universitat de Lleida
p.fraile@geosoc.udl.cat

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La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la organización del espacio (Resumen)

La interacción de los individuos con su entorno es constante y en ella territorio y colectividad se modifican mutuamente. En esta dinámica, la sensación de seguridad es una pieza clave para entender el uso del espacio público, además de un indicador muy importante de la calidad de vida de las personas.

En estas páginas se estudia la lógica locacional de determinados delitos, como el tráfico de drogas al por menor, en una ciudad europea de tipo intermedio, y cómo ello influye en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

También se analiza cómo todo ello puede ser modificado por ciertos factores, como la presión policial, y la incidencia que tiene, tanto en la reubicación de la actividad, como sobre los temores del conjunto de la población.

Palabras clave: Espacio y delincuencia, delincuencia, seguridad urbana, tráfico de drogas, políticas policiales, ciudades intermedias

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The perception of safety: between the crime, the conflict and the organization of the space (Abstract)

The interaction of individuals with their environment is a constant where territory and collectivity are mutually modified. In this dynamic, the perception of safety is the key to understanding the use of public space, as well as being a very important indicator of people’s quality of life.

In these pages we analyse the locational logic of certain crimes, such as small-scale drug trafficking, in a intermediate European city and how it influences citizens’ perception of safety.

We also analyse how all this can be modified by certain factors like police pressure and its impact both in the relocation of the activity and population’s fears towards it.

Key words: Space and delinquency, delinquency, urban safety, drugs trafficking, police’s policies, intermediate cities

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A menudo no somos demasiado conscientes de la interacción continua que tenemos con el espacio en que se desarrolla nuestra vida cotidiana, que limita o facilita determinadas acciones o relaciones, que nos recuerda a personajes históricos y, en cierta medida, modela nuestra actitud y comportamiento, a la par que nosotros lo modificamos o le damos sentidos y significados con nuestra propia actividad.

En esta compleja dinámica de influencias mutuas la percepción de seguridad desempeña un papel muy importante, ya sea porque determinadas morfologías u ordenaciones espaciales propician unas u otras sensaciones, ya sea porque ciertos usos las cargan de contenidos vinculados con aquella.

Esta relación entre la organización territorial y la configuración de sensaciones y actitudes se manifiesta de diferentes modos. Por un lado estaría la propia imagen del entorno, aspecto del que se ocupó Lynch[2] hace ya bastante tiempo, una de cuyas manifestaciones son los mapas mentales[3], a los cuales recurriremos en algún momento de este trabajo. Esta percepción condiciona en muchos aspectos la actividad cotidiana de los individuos, así como su vinculación con el medio, lo que, como tendremos ocasión de comprobar, puede tener repercusiones importantes sobre la sensación de seguridad experimentada en un determinado entorno, lo que, a su vez, influirá en el uso que de él se hace, generando así una espiral que acaba estigmatizando algunos sitios o estimulando la frecuentación de otros.

La vigilancia, obviamente, es una pieza clave en esta dinámica, además de uno de los rasgos más señalados de la sociedad contemporánea y que, de algún modo, parece irse ampliando y profundizando en la medida en que se consolida y extiende esa sociedad informacional de la economía globalizada[4]. La voluntad de lograr un medio urbano transparente y fácilmente vigilable viene de lejos[5], y va adquiriendo nuevos rasgos en nuestros días, en gran medida por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías[6].

Parece indiscutible que determinados diseños de la trama urbana tienen una conexión directa con tales estrategias. Las avenidas largas y rectas que Haussmann trazó en París pretendían, entre otras cosas, evitar los levantamientos y las barricadas tal como nos explica Engels[7], y no sería difícil encontrar ejemplos de intervenciones en nuestro entorno que obedecen a voluntades parecidas. Pero en la actualidad las videocámaras, por poner un ejemplo harto conocido, contribuyen a dar transparencia al tejido urbano y a resituar actividades muy diversas. En todos estos casos, y en otros que cabría aducir, se puede ver con una claridad meridiana los vínculos existentes entre la organización del espacio y los proyectos de supervisión que se ponen en marcha.

Pero tampoco debemos olvidar la influencia que la propia morfología espacial ejerce sobre los individuos y cómo ello afecta a la percepción de seguridad, al tiempo que crea condiciones para la represión de conflictos y delitos. Es bien conocida  la política de “tolerancia 0” de la que hizo gala el ex-alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani en sus planes para acabar con la delincuencia en la ciudad. Su estrategia se basaba, parcialmente, en lo que se había popularizado como la teoría de las “ventanas rotas” (broken windows)[8] que, de manera muy sucinta, se podría resumir en los siguientes términos: pequeños desperfectos, faltas o alteraciones del orden, como ventanas o faroles rotos, ruidos incontrolados en la calle etc. crean una cierta sensación de ausencia de control que genera una espiral que tiende hacia el desorden y, posteriormente, hacia el quebrantamiento de la norma[9]. Para lograr una intervención eficaz contra la delincuencia hay que comenzar desde la base y, por tanto, combatir todas estas pequeñas alteraciones que fomentan la sensación de una supervisión débil. Un entorno ordenado y transparente hace pensar en una vigilancia eficaz y disuade de la trasgresión.

Una vez más los aspectos espaciales aparecen como una pieza clave de las estrategias que, de una manera u otra, se relacionan con el problema de la seguridad urbana. Aunque quizás sea relativamente tangencial al tema que aquí nos ocupa, convendría señalar que este discurso sobre el vínculo entre la ordenación espacial y el control de la población, no es algo exclusivo de los albores del siglo XXI, sino que viene de lejos[10]. Desde el setecientos, pero nos podríamos remontar a épocas anteriores, hay una reflexión específica sobre la organización urbana, que se ocupaba especialmente de los mecanismos para paliar ciertos conflictos –como los generados por la pobreza, la insalubridad o la marginación- o gestionar de una manera más eficaz el orden público, que, en el ámbito del Mediterráneo, se conoció con el nombre de Ciencia de Policía, y dio lugar a una amplísima y muy influyente producción[11].

Tal discurso se ocupaba de la ordenación de las ciudades, que propugnaba cerradas para un control exhaustivo de sus habitantes, dados los escasos medios técnicos del momento, y subdivididas racionalmente, lo que facilitaría la vigilancia minuciosa de unas unidades diseñadas a tal efecto. Se abogaba por un sistema de censos que fijase a la población sobre el territorio, que posibilitase un conocimiento preciso sobre quiénes y cómo eran y dónde estaban los individuos, sobre los que era preciso establecer el control que una nueva gestión del orden público exigía. Desde tal perspectiva, algunos aspectos morfológicos empezaron a adquirir una relevancia que no habían tenido hasta el momento, como el nombramiento de las calles y la numeración de las casas, los sistemas de iluminación y vigilancia, las alineaciones, la supervisión del espacio público, que debería ser cuidadosamente diseñado, y así un largo etcétera. Todo ello serviría para lograra una población más maleable y sumisa y, por tanto, más fácil de gobernar.

No es éste el lugar para detenerse en la evolución de esta disciplina que, ya entonces, vinculaba la percepción de seguridad y orden con aspectos espaciales pero, sin duda, se podría rastrear y encontraríamos un hilo conductor que llega hasta nuestros días.

Nos hallamos, por tanto, frente a una larga tradición, pero hoy parece especialmente importante profundizar en tal reflexión, en la medida en que vivimos en un mundo donde la voluntad de lograr una vigilancia que atraviese todo el tejido social, parece irse imponiendo por doquier. Tal discurso podría abordarse desde diferentes perspectivas. Por un lado, con la intención de optimizar los recursos e incrementar la eficacia de las políticas de control. En tal dirección avanzan, por ejemplo, algunos estudios sobre la cifra oficial de delitos, que sirven para ubicar de la manera más eficiente y disuasoria las videocámaras o para conseguir una intervención más afinada de las patrullas policiales. Lógicamente, estos planteamientos exigen un grado notable de simplificación de la realidad, lo que suele conllevar el establecimiento de tipologías, tanto de delitos como de delincuentes. Ciertamente, cualquier investigación social ha de enfrentarse a tal problema pero, en este caso, el resultado habitual suele ser el recurso a la categoría de “grupos de riesgo”, con el consiguiente peligro de estigmatizar a determinados sectores sociales.

Pero también se podría acometer desde una posición crítica, lo que daría lugar a un doble enfoque. Por un lado cabría analizar un amplio abanico de intervenciones urbanas, que podrían ir desde los sistemas de iluminación a las políticas de rehabilitación en algunos barrios, por poner dos ejemplos, con la voluntad de desvelar las estrategias de control de la población o de gestión del orden público que, a menudo, subyacen tanto en las prácticas como en los discursos y que raramente se manifiestan. Una reflexión de este tipo ayudaría a entender ciertas actuaciones y a relacionarlas con determinados problemas sociales que, a menudo, se pretenden paliar sin obtener grandes resultados. Seguramente, un estudio de este tipo sobre las medidas adoptadas por Giulini en Nueva York, hubiese mostrado su incidencia real sobre la evolución de la delincuencia y hubiese abierto la puerta a políticas más acordes con la realidad y con sus motivaciones más profundas.

Una segunda vertiente, de este enfoque crítico, nos llevaría a hacer un planteamiento más global del problema, partiendo de la hipótesis, que nuestra investigación ha hecho bastante patente, de que las fronteras de conceptos como delito o conflicto son bastante borrosas y es justamente en ese terreno impreciso en el que se pueden encontrar claves para una intervención, no estrictamente represiva, que promueva la convivencia e incremente la sensación de seguridad y de bienestar.

Como se verá más adelante, la confusión entre conflicto y delito es bastante frecuente en la mente de los ciudadanos y en los criterios con los que organizan su cotidianeidad. Desde esta perspectiva, algunas medidas preventivas, o aquellas tendentes a aumentar la cohesión social o el control mutuo de los individuos, pueden desempeñar un papel muy importante a la hora de reducir algunas faltas o delitos leves, así como influir de manera notable en la vivencia de algunos temores.

Aunque se escapará al contenido de estas páginas, tampoco deberíamos olvidar que todo esto se está dando en el marco de una sociedad cada vez más globalizada, lo que tiene repercusiones importantes sobre multitud de aspectos sociales, como los movimientos migratorios, o económicos y, por supuesto, urbanísticos[12].

¿Cómo abordar el problema de la seguridad? Algunos presupuestos metodológicos

Puesto que nuestro objetivo es ofrecer soluciones, aunque sean parciales, algunas de ellas se irán desgranando en el texto para glosarlas y sistematizarlas posteriormente. Dada la complejidad del problema, así como la imprecisión de los límites de algunas de las categorías que utilizamos, parece que una primera cuestión inexcusable sería tratar de precisar las dinámicas que se ponen en marcha para generar la sensación de inseguridad, lo que hemos concretado en un proyecto de investigación que se presenta someramente a continuación. La aplicación de esta metodología, que en este momento se está afinando, a diferentes ámbitos, sería el primer paso para comprender globalmente la situación y poder diseñar estrategias de intervención.

Para entender en profundidad esta reflexión habría que conocer las hipótesis de partida. En primer lugar, nuestro trabajo se refiere a ciudades intermedias[13] en el entorno europeo. No es este el lugar para definir exhaustivamente este concepto, pero hablamos, en este caso, de aglomeraciones de entre 100 y 200.000 habitantes. Partimos del principio de que las dinámicas de delincuencia y conflictividad están relacionadas con el tamaño y los procesos propios de las ciudades, de manera que para otra categoría sería preciso redefinir la metodología de análisis, al menos parcialmente. En estas páginas utilizaremos como ejemplo el caso de Lleida.

En segundo lugar, tal como se dijo, hemos comprobado en la práctica[14] que existe una confusión considerable entre los conceptos de delito y conflicto, con las consiguientes repercusiones en la percepción de la seguridad. Por ejemplo, unos jóvenes hablando en voz alta y fumando hachís o con un comportamiento descarado o, en ocasiones, grupos de inmigrantes o bares con una clientela llamativa y no deseada, son algunos de los casos más aducidos cada vez que se pregunta por la sensación de inseguridad. Este terreno borroso donde se entremezcla lo incívico con la falta, con la molestia o con el delito menor es donde es necesario explorar para diseñar estrategias que tiendan a mejorar la convivencia y la sensación de seguridad.

Un segundo aspecto a considerar sería el de la formación de la imagen colectiva que se tiene de ciertos lugares. También hemos constatado en el desarrollo del trabajo que sitios que son percibidos como seguros, tales como zonas de ocio o estaciones de transporte, por ejemplo, no lo son tanto o, al menos, concentran un alto porcentaje de algunos delitos y, por el contrario, zonas estigmatizadas, como ciertos barrios periféricos, escasamente iluminados y con una población de rentas bajas, son mucho más tranquilos de lo que se supone, al menos en lo tocante al quebrantamiento de la norma.

En gran medida, sin olvidar el alto grado de subjetividad propio de estos asuntos, consideramos que la imagen de determinado sitios se ha ido formando sobre la base de un elevado número de influencias, entre las que cabría destacar las ejercidas por los medios de comunicación[15], que estigmatizan partes de la ciudad, pues aparecen nombradas en relación con ciertos delitos, mientras otras, con un nivel parecido de denuncias o de intervenciones policiales, no son citadas más que muy ocasionalmente. Debemos tener en cuenta que un lugar percibido como peligroso, aunque no lo sea, acaba siéndolo.

Partiendo de estas ideas, parece claro que la reflexión sobre la distribución espacial de delitos y conflictos no se puede sustentar exclusivamente sobre la constatación territorial de denuncias e intervenciones policiales, como se ha hecho en ocasiones[16], sino que es preciso contemplar también la formación de imaginarios colectivos[17] que tiene una repercusión en el uso cotidiano de la ciudad y, en consecuencia, en los niveles de seguridad percibida y de bienestar de sus habitantes.

Con este planteamiento, habría que estudiar el fenómeno desde cuatro puntos de vista diferentes pero interrelacionados. Por un lado habría que intentar detectar los estados de opinión existentes sobre la delincuencia/peligrosidad/conflictividad de determinados enclaves urbanos, que habría que tratar de reflejar en una serie de mapas mentales, que serán por tanto subjetivos, pero servirán para pulsar las opiniones territoriales extendidas. En el modelo de investigación que proponemos este objetivo se ha intentado alcanzar por medio de una serie de entrevistas abiertas a líderes y responsables de entidades cívicas, juveniles, corporativas etc. en las cuales se ha preguntado por el sentimiento de peligrosidad con que es vivido el entorno por los miembros de la asociación.

Más adelante se expondrá un caso a modo de ejemplo, pero convendría señalar ahora dos aspectos que podrían tener una cierta relevancia a la hora de tratar de aportar soluciones. Por un lado, hemos constatado que, lo que podríamos llamar “sensibilidad territorial”, varía sustancialmente según el tipo de asociación entrevistada. Lo que en España se conoce como “Asociaciones de vecinos”, es decir aquellas que se ocupan de los problemas colectivos, propios de los habitantes de un determinado barrio, son las que tienen una visión más clara de estos asuntos. En general estas instituciones reconocen lugares, sus miembros son capaces de cartografiarlos, a partir de imágenes mentales, y relacionar con precisión sitios con problemas. En el punto opuesto se encuentran aquellas entidades más netamente corporativas y con escaso vínculos territoriales, por su propia orientación: la Asociación de Jóvenes emprendedores de Lleida podría ser un buen ejemplo. En el punto intermedio estarían quienes, a pesar de su carácter sectorial, tienen una clara implantación territorial, tales como las agrupaciones de comerciantes de una determinada calle o zona.

Una segunda faceta a considerar, que ya hemos mencionado, es la permeabilidad de los conceptos de delito y conflicto, desde la preocupación por la sensación cotidiana de seguridad. En una mayoría abrumadora de casos, especialmente en aquellas entidades con arraigo territorial, al ser interrogadas sobre estas cuestiones hacen siempre referencia a conflictos y casi nunca a delitos, quizás porque estos últimos son percibidos como algo que afecta individual y no colectivamente. En otras palabras: el pequeño tráfico de drogas, ciertos bares o la concentración de inmigrantes frente a locutorios, suelen ser algunos de los asuntos más citados en relación con la inseguridad.

Aquí empiezan a despuntar también algunas de las líneas estratégicas de intervención, que más adelante sistematizaremos. Por un lado, parece claro que una de las actuaciones pertinentes, por parte de los poderes municipales, sería potenciar el contacto con aquellas entidades que fuesen representativas y tuviesen una clara implantación social y territorial, cuyas competencias en ambos aspectos deberían definirse con la mayor precisión. Desde este punto de vista, uno de los problemas existentes es la indefinición del espacio que les compete a cada una de ellas, lo que podría ser una disfunción con repercusiones significativas. Las tierras de nadie, o de varios, son propicias para la confusión y el conflicto, con las consecuencias que acabamos de constatar.

Habría que lograr, también, pormenorizar los asuntos que afectan a la sensación de seguridad, así como identificar a los actores implicados, para poder sentar las bases de una mediación razonable, que estableciese vías de expresión para todos ellos. Parece probable que, en muchas ocasiones, una simple disminución de la tensión tenga efectos muy beneficiosos sobre su percepción.

Otro tema que no se debe olvidar son las opiniones generalizadas en torno a lugares, barrios o, incluso, respecto a algunos colectivos concretos. Ciertamente, tales imaginarios se forman en procesos complejos en los que intervienen multitud de factores, como los rumores o las influencias de algunas redes informales, pero, sin duda, los medios de comunicación tienen una relevancia considerable, especialmente en las ciudades intermedias, en la medida en que la prensa local presta bastante atención a los fenómenos domésticos como la delincuencia o ciertos conflictos que pueden ocupar un lugar destacado en sus páginas. Ya hace tiempo que, entre los comunicólogos, despunta una cierta preocupación por estos temas[18], que está dando sus frutos. Este debería ser, por tanto, un segundo frente de trabajo, con un doble objetivo: por un lado habría que detectar aquellos lugares y colectivos que, de una manera u otra,  se van estigmatizando en los medios de comunicación, con la voluntad de hacer una cierta cartografía que, posteriormente, se debería comparar con la obtenida, tanto en las entrevistas, como en el análisis de las cifras oficiales (intervenciones policiales y denuncias). Esta primera fase tendría un cierto carácter cuantitativo, puesto que la finalidad es registrar sitios, delitos y conflictos, si es posible buscando algún grado de correlación entre tales categorías. La segunda tarea tendría un sesgo más cualitativo, puesto que se trataría de hacer un análisis de este material, especialmente el que hace referencia a los puntos más problemáticos de la ciudad. Entonces habrá que poner en marcha la metodología que ya tienen bastante afinada los comunicólogos sobre ubicación de la noticia, su disposición en el conjunto, así como en la página etc., lo que nos permitiría valorar cómo son tratados determinados enclaves en los medios, para ponderar en qué medida se crea un estado de opinión respecto a ellos.

Aquí comienzan a insinuarse, una vez más, algunas líneas estratégicas útiles para hacer frente a los problemas. En el momento en que se detecte la estigmatización de algunos lugares habría que cotejar tal dinámica con la realidad del espacio señalado. Puesto que en muchos casos habrá discrepancias entre ambas, habría que realizar campañas eficaces para mostrar la situación existente y rehabilitar algunos puntos que, por motivos diversos, se han cargado con un contenido que no obedece a lo que está sucediendo. En otras ocasiones lo difundido vendrá a corroborar la sensación de los usuarios de tales espacios, en cuyo caso, deberían contemplarse dentro del conjunto de medidas que más adelante trataremos de sistematizar.

Un tercer frente que, en cierto sentido, es complementario del anterior pues también intenta pulsar la opinión de la colectividad, es la realización de una encuesta de victimización. Ésta es una herramienta ampliamente utilizada por los poderes públicos en Cataluña, puesto que tales aproximaciones se realizan periódicamente y a diferentes escalas territoriales ya que, por un lado, la acomete la Generalitat (el gobierno autonómico) para el conjunto del territorio de la comunidad autónoma y, por otro, hay dispositivos de carácter más local, como la encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona con una voluntad parecida.

El problema que presentan ambos instrumentos es que, por diferentes razones que no tendría sentido desmenuzar aquí, apenas aparece en ellos la preocupación territorial. En otras palabras, son poco útiles para detectar aquellos lugares en los que son frecuentes los delitos o se perciben como peligrosos o inseguros. Una investigación como la que aquí se propone, conducente a articular estrategias para una intervención territorial y social que mejore la sensación de seguridad en el tejido urbano, deberá partir de una encuesta que preste especial atención a los aspectos espaciales que, además, puede ser muy relevante y rica en información al tratarse de ciudades intermedias.

Por último, evidentemente, habría que recoger lo que podríamos considerar la cifra oficial de delitos, es decir, la formada a partir de las intervenciones policiales y las denuncias realizadas. Por supuesto, hay que ser muy cauto en el uso de estos datos ya que hay una cierta tendencia a confundirlos con la cantidad objetiva de delitos y, obviamente, esto no es así. Hay que entenderlo, por tanto, como un indicador que adquiere sentido en relación con todo el resto de la información que hemos venido describiendo en las páginas anteriores. Más adelante veremos el tipo de cartografía que hemos realizado de estos datos.

En resumen, para poder diseñar las líneas estratégicas que guíen las intervenciones conducentes a mejorar las condiciones y la percepción de la seguridad en el ámbito urbano, dada la complejidad del fenómeno, es preciso aproximarse a él desde diferentes perspectivas. En estas páginas se han enumerado lo que podríamos considerar los cuatro pilares básicos de tal trabajo.

Delito, territorio y conflicto: el ejemplo de Lleida

Tras explicar cuáles deberían ser las líneas maestras de una investigación que pudiese arrojar alguna luz sobre esta problemática y, al tiempo, servir para proponer actuaciones, pasaremos a analizar un caso del que cabe extraer algunas conclusiones.

Tal como dijimos al principio, a lo largo de estas páginas se irán planteando dificultades y esbozando soluciones que, al final, trataremos de sistematizar. Pues bien, ahora nos encontramos frente a una situación de este tipo. Vamos a estudiar la lógica locacional de los delitos contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas, en este caso al por menor, en la ciudad de Lleida. Nos aproximaremos también a las medidas adoptadas, así como a sus repercusiones sociales y territoriales.

Nos hemos remitido a esta contravención por varias razones. En primer lugar por la alarma social que crea, en parte debida a la existencia de unas pautas territoriales muy marcadas, que dan lugar a un emplazamiento bastante preciso[19] que, en una ciudad intermedia, lo hace especialmente notorio. Otra de las razones por la que hemos escogido este delito es el hecho de que, precisamente por el motivo anterior, suele provocar reacciones claras y contundentes por parte de las autoridades, ya sean policiales, municipales etc., por lo que podremos también analizarlas y sacar conclusiones sobre sus efectos en la seguridad y en la percepción de la misma.

Por otro lado, como en general sucedería con cualquier otro delito, estas actuaciones generan una respuesta que, a su vez, tendrá consecuencias, tanto territoriales como de otros tipos, que modificarán el equilibrio preexistente. El estudio de este proceso puede arrojar muchas luces sobre el tipo de intervención que cada momento exige.

Finalmente, podríamos decir que el tráfico de drogas es un ejemplo muy bueno, por razones que veremos al adentrarnos en el caso, de esa relación entre conflicto y delito, a la que hemos hecho referencia en páginas anteriores, y que está en la base  de algunas de las soluciones del problema de la inseguridad aunque, por supuesto, no sea la única.

En lo venidero acometeremos el análisis a partir de los datos de cifra oficial referida al periodo 2000-2002. He aquí otro problema que ya nos comienza a sugerir por dónde deberían ir algunas soluciones. Una de las dificultades más reiterada para realizar estudios independientes, rigurosos y multidisciplinares, que posibilitarían mejoras notables en las condiciones de vida de los ciudadanos, es lo que podríamos denominar “secretismo policial”, ya que la institución a menudo funciona como dice el refrán: como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Es decir, no lleva a cabo las investigaciones pertinentes pero, con frecuencia, frena el uso o la divulgación de determinados datos, haciendo torpe un trabajo cuya eficacia estribaría, precisamente, en la agilidad. Por otro lado, ciertas propuestas, que son las que aquí nos interesan, deberían venir de estudios realizados por personal independiente de la propia policía, por razones obvias que no es preciso desmenuzar. A pesar de disponer, de una manera relativa, de la información referida al 2006, no podemos hacer uso público de la misma, aunque sí nos referiremos a la situación actual. Volveremos sobre este asunto al glosar las soluciones al final de estas páginas.

Desde la perspectiva que nos ocupa, el mapa de actuaciones policiales correspondiente a 2000 (Figura 1)[20] es bastante elocuente aunque, antes de detenernos en los aspectos territoriales, convendría hacer algunas consideraciones. Globalmente, lo que aquí se recoge es el fruto de la intervención policial cotidiana y, por lo general, son acciones frente al pequeño comercio final, es decir al consumidor y, sólo en raras ocasiones, se realizan en estas zonas decomisos de alijos de alguna consideración.

Figura 1
Delitos contra la salud pública en Lleida. 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Comisaría de Lleida de los Mossos d’Esquadra.

También habría que constatar una relativa especialización de los grupos sociales que suelen cometer este tipo de delitos aunque, lógicamente, no se trata de fronteras precisas, sino de unos contornos más o menos borrosos, que permiten la identificación de ciertos colectivos[21] aunque, lógicamente, es imprescindible ser sumamente prudente al tratar esta información, ante el peligro de ir configurando lo que podríamos denominar “grupos de riesgo”, con el consiguiente problema de la estigmatización de algunos sectores sociales. En términos generales, los negros subsaharianos controlan la mayor parte del mercado de la heroína y comparten con los latinoamericanos, especialmente de países andinos, el de la cocaína. Los magrebíes están especializados en el comercio del hachís y los jóvenes autóctonos suelen distribuir drogas de diseño y, en proporciones pequeñas, algo de cocaína[22].

Las pautas territoriales en 2000 son claras, y perduran en el tiempo, pues aparecen nítidamente dos puntos calientes, uno al norte y el otro en el casco antiguo de la ciudad, por lo que convendría examinar brevemente ambos lugares[23]. Por un lado encontramos un núcleo muy localizado (que aparece como A en el mapa de 2002) en la parte noroeste de la ciudad, que se mantiene invariable a lo largo de los tres años. Su explicación es bastante sencilla, se trata de las inmediaciones de Centre Penitenciari de Ponent[24] que, por sí mismo, explica este comercio, que se realiza de manera constante por motivos, que, por obvios, no es necesario explicar aquí. Por otro lado, en tanto que delito que se puede perseguir de oficio, y cuya existencia es sobradamente conocida por las fuerzas del orden, la presión policial es constante, de forma que una parte importante de tal actividad aflora en las estadísticas.

Figura2
Delitos contra la salud pública en Lleida. 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Comisaría de Lleida de los Mossos d’Esquadra.

No debemos olvidar que, en general, aunque una determinada actuación delictiva se mantenga en el tiempo, hay épocas en las que, por un motivo u otro, aumenta la presión policial, lo cual, lógicamente, se traduce en un incremento estadístico que no obedece a un cambio en los patrones de contravención. En este caso sucede algo parecido, puesto que la voluntad de controlar este tráfico en las inmediaciones del establecimiento se manifiesta en la aparición permanente de este punto caliente en la ciudad. Hemos comenzado por aquí precisamente por su notoriedad pero, obviamente, no es este el lugar más relevante desde este punto de vista. Mucho menos importantes son los núcleos que se encuentran dispersos por la parte noreste de la ciudad (B, en el mapa de 2002) que, aunque poco significativos, empiezan a mostrar una cierta tendencia a la concentración y al crecimiento. Los aspectos morfológicos son, en este caso, poco importantes y la explicación la tendríamos que buscar en las alteraciones de tipo social que está experimentando esta zona, pues, desde finales del siglo pasado, se está convirtiendo en unos de los asentamientos de la población inmigrante, debido a la calidad media de las viviendas y a un precio no excesivamente elevado de los alquileres. Estos nuevos habitantes tienen una incidencia creciente en el cambio de carácter del barrio y, probablemente, son parcialmente responsables del incremento de este comercio (o de su reflejo estadístico), tendencia que parece mantenerse en los últimos años.

         Figura 3
Delitos contra la salud pública en Lleida. 2002

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Comisaría de Lleida de los Mossos d’Esquadra.

Pero el área realmente significativa, que concentra la mayoría abrumadora de esta actividad, es el casco antiguo (C en el mapa de 2002) y, ciertamente, son varios los factores que intervienen en esta lógica locacional, todos ellos bastante interconectados y es en su análisis, precisamente, donde podríamos empezar a encontrar algunas de las líneas estratégicas de intervención. No es éste el lugar para hacer un repaso histórico y morfológico minucioso, pero sí convendría recordar algunos aspectos que nos ayudarán a comprender esta distribución. Prácticamente desde la época de la ciudad amurallada se podría distinguir, en este tejido, dos zonas diferenciadas: la parte alta, con calles más empinadas, más próxima al castillo que corona la ciudad, con viviendas de dudosa calidad y el área más cercana al río, que acogía gran parte de la actividad comercial y donde residían los sectores sociales con mayor poder adquisitivo y, por tanto, con una morfología y unas edificaciones mejores.

Desde finales del siglo XIX, con la formación de los sucesivos ensanches, el centro histórico fue sufriendo un proceso de degradación, lógicamente más acusado en aquella primera área, de situación más precaria, a la que hemos hecho referencia. Pensemos que aproximadamente una cuarta parte de las unidades de su parcelario eran inferiores a 60 m² y más de la mitad de las mismas estaba por debajo de los 100. A mediados de los noventa más del 50 por ciento de los edificios eran anteriores a 1920, lo que configura un caserío bastante viejo[25]. De la misma manera, los propios materiales eran de escasa calidad lo que contribuyó al rápido deterioro de las construcciones. Por el contrario, la parte baja se ha mantenido mucho mejor y hoy todavía alberga un porcentaje importante de la actividad comercial de la ciudad

Pues bien, aquella primera zona, tal como se ha dicho, ha ido sufriendo un declive que comenzó ya a finales del ochocientos, con el consiguiente envejecimiento de la población, así como un predominio creciente de los sectores sociales más desfavorecidos y, con un asentamiento progresivo de la marginación  y la pobreza de la ciudad, lo que conllevó la paulatina desaparición de las funciones comerciales que pudiesen haber perdurado, en calles como Cavallers o La Palma, dinámica que, como si funcionase el efecto dominó, se aceleró en los años noventa del pasado siglo.

Dos factores más pueden acabar de esclarecer el panorama de este territorio. Como ha sucedido en multitud de centros históricos con un proceso de degradación, que no se ha paliado fomentando usos o funciones que pudiesen detenerlo o hacerlo más lento, una parte importante de la marginación se fue asentando allí y con ella una de las actividades que le suele acompañar: la prostitución.

Por otro lado, dadas todas las circunstancias que acabamos de enumerar, un porcentaje considerable de los inmigrantes que fueron llegando a la ciudad a finales del siglo XX se dirigió hacia esta zona, puesto que era el único lugar donde encontrar viviendas asequibles. El fenómeno no es nuevo, más bien al contrario, es bastante característico de áreas urbanas de este tipo y en Lleida se muestra con una claridad notable. Se genera así una espiral de degradación del tejido urbano y de crecimiento de la marginalidad social que se retroalimenta y se acelera, dando lugar a una dinámica cada vez con mayor inercia y, por tanto, más difícil de detener o corregir. Parece obvio que cuanto antes se intervenga sobre ello menores serán las dificultades o menos irreversible el proceso.

Es este conjunto de circunstancias el que explica tal concentración del tráfico de drogas y su análisis nos permitirá comenzar a extraer algunas consecuencias sobre las posibles actuaciones conducentes a modificar una tendencia tan perversa.

Parece obvio que nada se puede hacer de modo unidireccional y que, por el contrario, es necesario emprender acciones de conjunto que acometan globalmente asuntos que están estrechamente interrelacionados. Cabría, por tanto, comenzar a señalar algunos planes que, a medio plazo, tendrían efectos sobre la distribución de la delincuencia en la trama urbana y, por tanto, sobre la percepción de seguridad.

Aunque, sin duda, algunas soluciones quedarán en el tintero, a la luz de lo hasta aquí expuesto, parece que es factible hacer algunas propuestas. Es innegable que los procesos de degradación física y social del tejido urbano están estrechamente relacionados y habría que articular planes para evitarlos, disminuir su progreso o dificultar los “efectos dominó”. Lógicamente, cuando se ha llegado a niveles importantes de deterioro es imprescindible poner en marcha proyectos de dignificación, tanto social como territorial, de los barrios afectados. Ciertamente, hay que ser conscientes de que las intervenciones de este tipo no tendrán repercusiones inmediatas, pero son inexcusables para el buen funcionamiento del conjunto de las medidas. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Lleida ya está trabajando para la rehabilitación y esponjamiento del centro histórico, lo que, sin duda, irá produciendo progresivamente los efectos deseados, pero también hay que ser cuidadoso con las potenciales consecuencias negativas, como la creación de espacios baldíos, semi ocultos y mal iluminados que permanecen en tal estado durante periodos demasiado largos, convirtiéndose en focos de peligrosidad e inseguridad.

En la misma dirección deberían ir las políticas conducentes a contrarrestar o evitar los guetos de inmigrantes, lo que comporta la adopción de una compleja serie de medidas que resulta imposible desarrollar en estas páginas, pero que es acuciante acometer en breve. Lógicamente, ello debería ir unido  a proyectos a largo plazo de creación de vivienda social, en relación con los planes estratégicos de organización de la ciudad. En este sentido habría que prestar especial atención para salvaguardar las redes informales de apoyo mutuo ya existentes y no dificultar, mediante la dispersión territorial, la formación de otras nuevas.

En tercer lugar convendría propiciar la implantación de asociaciones o entidades de la más diversa índole que promuevan el desarrollo de una vida social lo más intensa posible y que, a su vez, tiendan a estimular un uso comunitario del espacio público. En definitiva se trata de fomentar aquel tipo de organizaciones que, además de fortalecer los lazos interpersonales, sirven para devolver a la población el uso  de un espacio del que, con frecuencia, se ven privados por la hipertrofia de determinadas funciones.

Parece que, por obvio, no es necesario explicar el papel tan importante que en todo ello pueden desempeñar los planes urbanísticos. No requiere mucha reflexión percatarse de las consecuencias tan diferentes que tienen para la vida comunitaria la creación de un aparcamiento o de una plaza correctamente diseñada.

Finalmente, los ayuntamientos, utilizando las herramientas legales de que disponen, deberían evitar una excesiva especialización funcional, obstaculizando una proliferación desmesurada de cierto tipo de establecimientos, como podrían ser bares, discotecas etc. Sin duda, el debate sobre el tratamiento de la prostitución, por su complejidad, desborda ampliamente el margen de estas páginas, pero lo que resulta innegable es que su concentración, como en el caso que nos ocupa, necesariamente tiene consecuencias negativas.

Aunque cabría desmenuzar  lo que aquí se ha enumerado de manera genérica, también parece claro que, a la vista de los datos analizados, ya es posible esbozar líneas de intervención, partiendo de la idea de que siempre se ha de hacer de modo global, articulando medidas interrelacionadas tendentes a frenar la espiral de degradación a que ya hemos hecho referencia.

Evidentemente, desde este punto de vista, cualquier acción que pretenda abordar un aspecto parcial de la problemática, está fatalmente condenada al fracaso, como la solución estrictamente policial que se explica a continuación.

Localización, presión policial y percepción de seguridad

Nadie discute la necesidad del aparato policial para el control y represión de la delincuencia y, lógicamente, no se trata de meditar en estas páginas sobre su organización o cometido. Pero también es cierto que algunas actuaciones podrían producir, en ocasiones, efectos no deseados. Una de las razones por las que se ha escogido el tráfico de drogas, como caso sobre el que reflexionar, es porque también nos aporta ideas en este sentido.

Si observamos con detenimiento los mapas correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 se pueden apreciar algunas regularidades significativas. Por un lado el punto correspondiente a los aledaños del Centre Penitenciari de Ponent se repite, de manera casi invariable, a lo largo del tiempo, igual que la nube del casco antiguo. Del mismo modo, la zona, de menor importancia, del noreste de la ciudad también se mantiene, tal como los otros enclaves, más dispersos, que tienen pequeñas variaciones.

En general, esto nos permitiría afirmar que una vigilancia más estricta o continuada, probablemente dificulta la realización de determinados hechos delictivos, pero tiene escasas repercusiones sobre su desaparición o disminución, aunque sí varía la lógica locacional a corto plazo.

Pero lo realmente relevante es, tal como se puede observar a lo largo de los tres años cartografiados, cómo el fenómeno que en principio estaba muy concentrado en el centro histórico, se va extendiendo siguiendo un eje muy preciso[26] (D en el mapa de 2002). En 2000 se desplegaron los Mossos d’Esquadra  en Lleida, sustituyendo a la Policía Nacional, y uno de los asuntos que tuvieron que afrontar fue, precisamente, el de la “limpieza” de esta parte de la ciudad, puesto que se trataba de un problema endémico y conocido. La solución adoptada fue la de la presión policial, es decir, medidas unilaterales que encaraban en apariencia el conflicto y cuyas consecuencias aparecen con toda claridad en los mapas que se presentan.

El resultado no fue, en absoluto, un descenso de la actividad  sino, desde el punto de vista estadístico, precisamente lo contrario: un aumento. Probablemente lo que realmente sucedió es que se mantuvo bastante estable, pero al tratarse de un delito que se puede perseguir de oficio, el resultado fue la formalización de más denuncias a tenor de esta política de persecución.

Pero, tal como se puede ver, sí produjo un efecto notorio, que es la dispersión. Una parte importante de este tráfico se fue desplazando al eje que ya hemos mencionado que era, desde muchos puntos de vista, el camino que presumiblemente había de seguir, aunque sólo fuese por su proximidad territorial. Además, a pesar de formar parte del primer ensanche, se trata de un tejido relativamente degradado. Joan Baget es una calle estrecha en la que se mezclan edificios de diferentes alturas y con unas construcciones de una calidad media, más bien baja, con locales variopintos que iban desde bares a pequeños establecimientos, como talleres. Dados sus rasgos morfológicos y sociales, y considerando las características de las zonas aledañas, era fácil prever que, si las circunstancias lo exigían, este sería un primer cordón de expansión de las actividades que habían estado constreñidas al casco antiguo.

Desde 2001 hasta la actualidad ha habido una ocupación progresiva de este espacio que se ha materializado, por un lado, en la aparición de una serie de establecimientos, como bares y algunos locutorios, que funcionan como lugar de reunión de una población que es percibida por el vecindario como foránea y peligrosa y, por otro, en el uso, especialmente vespertino o nocturno,  de las calles y del espacio público en general. En definitiva, lo que ha sucedido es que la presión policial, en lugar de combatir el delito, lo que ha provocado es una expansión territorial, sin que ello se traduzca en una disminución significativa de la densidad del fenómeno.

Pero la situación es más compleja de lo que podría hacer suponer esta primera constatación. Los mapas que aquí se presentan abarcan hasta 2002, pero la dinámica ha continuado incrementándose hasta hoy. Tal como dijimos al principio de estas páginas, en la fase actual de la investigación hemos entrevistado a los responsables de un elevado número de asociaciones o entidades cívicas y el resultado es el presumible.

Los representantes de la A. V. de Universidad, nos hablan de esta zona[27] como problemática, explican que es vivida con una profunda sensación de inseguridad y se percibe como la causante de dinámicas de desestructuración del barrio. De manera muy resumida, las entrevistas arrojan las siguientes ideas. Por un lado, tal como avanzábamos páginas atrás, hay una confusión notable entre los conceptos de delito y conflicto, puesto que, en realidad apenas se habla del tráfico de drogas, en cambio se hace continua referencia a la presencia de inmigrantes, al temor que crea la clientela de algunos bares o a la misma sensación provocada por las concentraciones frente a los locutorios, la suciedad en su entorno etc. Una primera evidencia es que esta expansión territorial del fenómeno ha aumentado considerablemente la sensación de inseguridad, entre ciudadanos que antes se hallaban tranquilos, no tanto por el hecho delictivo en sí mismo, sino por el ambiente, la gente o los locales que lo acompañan indefectiblemente.

Un segundo aspecto que se señala en las entrevistas es que se trata de una zona con  una población relativamente envejecida, lo que la hace especialmente sensible a este tipo de cambios, por la sensación de indefensión con que perciben su situación. Obviamente, esto crea un efecto multiplicador que amplifica los miedos y la inseguridad.

Debemos tener presente que estamos hablando de percepciones, más que de realidades y, desde esta perspectiva, habría que subrayar otra de las ideas que las entidades afectadas manifiestan: tienen la convicción de que esta nueva situación está provocando el cierre de establecimientos tradicionales del barrio, así como la huida de algunos de sus antiguos habitantes, lo que contribuye a la degradación de la vida en el mismo y a profundizar la sensación de abandono.

Todo ello redunda en la aparición, aunque de una manera muy limitada, de una cierta xenofobia, ya que se responsabiliza al otro, al foráneo, de todos los males que desde hace pocos años les aquejan.

La situación que acabamos de describir, junto a la aparición de lo que los responsables de la Asociación de Vecinos  llaman los “ojeadores”, es decir individuos que, fundamentalmente a lo largo del eje de J. Baget, vigilan la entrada tanto de potenciales clientes como de la policía, ha redundado en un deterioro progresivo del uso de la calle y, en general, del espacio público.

Finalmente, a todo ello habría que añadirle algunas torpezas institucionales que han contribuido a agravar la situación, como por ejemplo el proyecto de instalar en la zona un albergue para los “sin techo” de la ciudad. Tal iniciativa, con el ambiente de crispación que iba creciendo en el barrio, fue muy mal recibida y enérgicamente contestada, hasta el punto que se logró paralizar el plan.

A partir de los hechos expuestos parece factible empezar a pergeñar  algunas líneas de intervención. Por un  lado, la realización de estudios de este tipo podría contribuir a hacer previsiones razonables de los efectos de determinadas políticas represivas. La extensión del comercio de drogas al por menor por el eje J. Baget-Ciutat de Fraga era fácilmente predecible lo que, en caso de no renunciar a la vía represiva, podría haber servido para articular medidas preventivas y paliativas, con un sesgo parecido a las que ya hemos enunciado en el apartado anterior. Se debería limitar la aparición de determinados establecimientos, fortalecer políticas urbanísticas tendentes a hacer el espacio más transparente, como la iluminación, la regulación del aparcamiento, el control de los locales vacíos etc. Al tiempo, habría que haber puesto en marcha una campaña de información en el barrio que explicase lo que estaba sucediendo y sirviese para tranquilizar a la ciudadanía.

No es necesario derrochar imaginación para proponer alternativas a un albergue para los indigentes. Una vez más habría que hacer referencia a la creación o fomento  de entidades que fortalezcan los lazos sociales y promuevan el uso comunitario del espacio público, que se conviertan en un lugar de encuentro y sirvan para dar confianza a quienes se sienten más desprotegidos, propiciando la ocupación de la calle con actos lúdicos, de cohesión social etc.

Tales actuaciones, puestas en marcha en el momento oportuno, gracias a que se ha hecho una previsión razonable de lo que podría pasar, habrían contrarrestado de manera muy eficaz los efectos negativos de una dispersión territorial de este tipo, mejorando notablemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Conclusiones

Puesto que nuestro objetivo es sugerir soluciones, vamos a tratar de recapitular, de una manera muy sucinta, las que se encuentran dispersas a lo largo de estas páginas y, para una exposición sistemática, cabría agruparlas en tres grandes bloques.

El primero sería el correspondiente a las medidas de carácter general que sintetizamos a continuación:

1. Dada la complejidad de las dinámicas implicadas en la percepción de la seguridad, y considerando la imprecisión de la frontera mental entre delito y conflicto, parece imprescindible la realización de estudios, por organismos independientes, que atiendan a los casos concretos y propongan líneas de intervención.

2. Puesto que una de las trabas para hacerlos es lo que hemos denominado ”secretismo policial”, parece necesario generar la normativa que permita el uso de tal información por las entidades pertinentes.

3. Hay que crear el marco legal necesario para poder reconocer, y definir con precisión, los actores que intervienen en la formación de opinión, en la defensa de los intereses colectivos o en el fortalecimiento de los lazos sociales. Desde este punto de vista es especialmente relevante prestar atención a aquellas agrupaciones cívicas, como las Asociaciones de Vecinos, por ejemplo, que desempeñan tales tareas.

4. Dada la importancia que los conflictos (no necesariamente delictivos) tiene en la percepción de seguridad, se deberían crear los mecanismos para establecer puentes de mediación, lo que exige voluntades políticas y legislaciones adecuadas.

Otro bloque estaría formado por las estrategias de intervención que podríamos calificar de políticas y que no hacen referencia a aspectos morfológicos o urbanísticos concretos, aunque pueden, y suelen, estar estrechamente vinculadas con ellos.

1. Habría que tender hacia una cultura política que desconfíe de las intervenciones unidireccionales, centradas en aspectos concretos, como suelen ser las de carácter represivo. Las consecuencias no deseadas de la presión policial, que acabamos de ver, pueden servir de ejemplo.

2. Puesto que, entre las soluciones de carácter general, hemos mencionado la conveniencia de realizar estudios independientes, ahora deberíamos insistir en la necesidad de que sirvan para hacer previsiones, tanto de tipo territorial como de la orientación de los conflictos latentes.

3. Hay que potenciar una sensibilidad política que se ocupe, por un lado, de los mecanismos útiles para reforzar los lazos de cohesión social, lo que es especialmente relevante en la sociedad del siglo XXI en la que cada vez se muestran con mayor fuerza las tendencias que llevan hacia el aislamiento y el individualismo. Por otro, y profundizando en la misma dirección, hay que fomentar un uso amplio, creativo y socializador del espacio público, con todas sus repercusiones sobre multitud de aspectos, que van desde los estrictamente morfológicos o urbanísticos hasta la gestión del transporte, por ejemplo.

4. Lógicamente, las propuestas precedentes no funcionan por separado, sino en conjunto. La situación del eje de expansión delincuencial, al que hemos hecho referencia, sería hoy totalmente distinta si hubiese habido un mínimo de previsión (lo que resultaba extremadamente fácil) y se hubiesen puesto en marcha entidades y usos del espacio tendentes a evitar o paliar lo que estaba por venir.

Finalmente, cabría pensar en las actuaciones más estrictamente espaciales.

1. A partir de todo lo explicado parece obvio que no hay soluciones universales, sino que habría que estudiar cada caso y cada conflicto pormenorizadamente, cada percepción de inseguridad, atendiendo a toda su complejidad y ver, en las situaciones concretas, las implicaciones territoriales, a partir de las que diseñar las intervenciones pertinentes.

2. La degradación, los guetos o la uniformidad funcional, son fenómenos muy interrelacionados y causa de problemas del tipo del que hemos estudiado. La rehabilitación del espacio público, el control sobre las actividades lúdicas o comerciales, la política de vivienda social o la distribución racional de determinados servicios sociales, son algunas de las medidas que pueden contribuir a reforzar la sensación de seguridad.

3. No sólo es importante qué se hace, sino también cómo se hace, lo cual da lugar a dos reflexiones. Por un lado, las políticas participativas, en problemas como los que nos ocupan, tiene bastantes más probabilidades de éxito, que las decisiones tomadas unilateralmente desde el poder municipal. Por otro, la eficiencia en la intervención es decisiva en estos asuntos. Por ejemplo, al tratar de dignificar ciertos barrios se pueden demoler edificios en mal estado, pongamos que para hacer una plaza, el proyecto parece acertado, pero si se convierte en un espacio que espera baldío y semi vallado durante dos años estará sirviendo para lo contrario de lo que se pretendía.

Sin duda quedarán soluciones en el tintero pero también parece indiscutible que, los trabajos que analizan la problemática de la seguridad desde una perspectiva amplia, reconociendo y atendiendo a la complejidad del fenómeno, pueden ofrecer líneas estratégicas de actuación, muchas de las cuales tienen claras implicaciones territoriales.