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Scripta Nova |
Ana Fani Alessandri Carlos
Profesora Titular del
Departamento de Geografía, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo.
E-mail: anafanic@usp.br
La
utopía de la gestión democrática de la ciudad (Resumen)
El texto tiene como objetivo
elaborar, sintéticamente, una lectura crítica sobre la “gestión democrática de
la ciudad” en un momento en que causa preocupación el “coro de investigadores”
que creen que ésta, sea el camino para la solución de los problemas enfrentados
por las ciudades brasileras. El raciocinio se funda en la simplificación de la
noción de “derecho a la ciudad”, que acaba construyendo un discurso ideológico
que ha impedido la crítica a ese modelo.
Palabras
claves: ciudad, ciudadanía, derecho a la ciudad, gestión, movimientos
sociales.
The utopia of the "democratic management of the
city” (Abstract)
The text objective is to
elaborate a comprehensive, critical perspective about city’s democratic administration,
in a moment the “wanna be” researchers stir general concerns as they believe a
“democratic administration” to be the way to solve the problems in Brazilians
cities. The reasoning behind it is based on a simplified concept of “the right
to the city”, which winds up creating an ideological speech that obstructs any
criticism to that model.
Keywords: city, citizenship,
right to the city, administration, social movements
El debate en torno al
“derecho a la ciudad” está, actualmente, a la orden del día en Brasil, debido a
la creación del Ministerio de la Ciudad (en 2003) y a la realización de las
conferencias sobre la ciudad (realizadas en el transcurso de 2003, tanto en el
ámbito local como nacional). Es impensable negar la importancia de estos
acontecimientos que relativizan la indiferencia delante de las desigualdades
que sustentan las ciudades capitalistas en los países subdesarrollados; así
como, indican para el reconocimiento de los movimientos sociales urbanos que
están en la base de la sociedad brasilera. En este proceso, la ciudad y la
ciudadanía son recolocadas en el centro del debate sobre el entendimiento del
mundo moderno capaz de crear elementos para la construcción de nuevos
horizontes para la sociedad. Sin negar esos avances, desde otra perspectiva, es
preocupante la ideologización del proceso.
Para el desarrollo del tema
son fundamentales dos interrogantes: ¿Hasta que punto la idea de “derecho a la
ciudad” revela sus potencialidades, en un periodo de la historia en que la expansión
del capital, como realización del capitalismo, produjo la ciudad, como una
mercancía y, por esta condición, intensificó la contradicción entre los
espacios integrados al capitalismo (por la intermediación del capital
financiero) y los espacios de la desintegración de las extensas periferias en
donde la privación (trabajo, alimentación, recreación) es la tónica dominante?
¿Hasta que punto el proyecto de “gestión democrática de la ciudad” contempla la
potencialidad de la noción de “derecho a la ciudad” capaz de fundamentar un
pensamiento utópico?
El raciocinio aquí
desarrollado se apoya en la consideración de tres planos: aquel que contempla
la práctica socio-espacial, donde emergen los movimientos sociales; el plano
del Estado que define la planificación espacial a través de las políticas
públicas; y aquel del conocimiento (análisis de estos procesos), a partir de
dos conceptos relacionados: ciudadanía y derecho a la ciudad. Lo que está en
discusión en este texto no es una crítica a la “gestión democrática de la
ciudad”; sino, que al pensamiento a-crítico que hace de éste un proyecto
revolucionario.
Los
movimientos sociales
En primer lugar, es
necesario afirmar que los movimientos sociales urbanos en sus diferentes
contenidos revelan exigencias diferenciadas. Algunos se orientan a la urgencia
(vivienda, empleo, servicios); otros, colocan en jaque la producción de la
ciudad a través del cuestionamiento de las políticas públicas y de la
planificación que aumenta las desigualdades; una tercera categoría, critica la
existencia de la propiedad del suelo urbano. Estos movimientos, en el seno de
la sociedad, indican la inestabilidad y la fragmentación de una producción
espacial que yuxtapone la morfología socio-espacial.
La morfología vivida en la
práctica socio-espacial, ilumina la producción del espacio urbano en su
contradicción fundamental, que es la producción social de la ciudad en
contraposición a su apropiación privada. Es decir, el acceso al suelo urbano,
tanto para vivienda como para ocio, está subyugado a la existencia de la
propiedad privada del suelo que define el lugar de cada uno en la ciudad y en
la distribución de los bienes y servicios urbanos.
Los mecanismos que producen
la vivienda en el espacio, revelan la extrema segregación con el desarrollo de
la propiedad privada, que le devuelve al mercado inmobiliario la intermediación
necesaria para la satisfacción de esta necesidad. Mas, el acto de habitar no se
restringe al espacio privado, él involucra una relación con los espacios
públicos, como lugares de encuentro, reunión, reivindicación y sociabilidad.
Ahí, el individuo se coloca en relación con el otro y con la ciudad y sus
posibilidades. Este es el sentido del uso, vivido por el ciudadano a través de
su cuerpo incorporando todos sus sentidos. Sin embargo, el uso se enfrenta con
las restricciones siempre ampliadas de la propiedad privada que en su
crecimiento suprime las posibilidades de realización de la vida humana. De esa
forma, mudanzas profundas impuestas por la necesidad de reproducción del
capital penetran el plano de la práctica social sometiendo los lugares a su
funcionalización. En este sentido, la casa-mercancía tiene el significado
limitado de la función de morada. La práctica espacial urbana revela así, la
extrema separación/disociación de los elementos de la vida, que fragmentados
crean la separación de los momentos de la vida cotidiana, al separar cada vez
más los locales de residencia de aquellos de trabajo y generando nuevos locales
de entretenimiento (de acceso pago) en la medida en que las calles de los
barrios pierden el sentido de lugares de recreación y puntos de encuentro. Por
otro lado, el precio de la tierra urbana define el lugar donde se reside, por
el acceso impuesto por la renta – definida en el mundo del trabajo. En esta
dimensión, en el plano de lo vivido, el espacio y el tiempo se presentan
entrecortados, en fragmentos, por actividades divididas y circunscritas, y el
habitar en su sentido de acto social va desapareciendo en la medida en que la
vivienda se reduce al abrigo o a la fuga.
Es así como las periferias
se van consolidando como abrigo de una parte significativa de la población
urbana que no tiene acceso a la tierra ni a los bienes y servicios urbanos que
valorizan los lugares. Es así como en la periferia se encuentran las favelas construidas en locales donde la
propiedad privada no prevalece – espacios públicos – loteos irregulares y
ocupaciones provisorias para los que “nada tienen”.
En esta condición, la ciudad
invadida por el valor de cambio – como condición de la existencia y extensión
de la propiedad privada –, al mismo tiempo en que se orienta para las
necesidades de la reproducción siempre ampliada del capital, suprime el uso que
los habitantes harán de la ciudad. La reproducción de la vida entra en
conflicto con las políticas que producen la ciudad en la dirección de la
realización de la reproducción política y económica (no sin conflictos entre
los dos planos) produciendo la ciudad funcionalizada que en el período actual
de transformaciones aceleradas va a producir mudanzas significativas,
transformando los lugares de realización de la vida.
El plano del habitar revela,
de esta manera, en toda su profundidad esta contradicción. El plano de lo
inmediato que da contenido a lo vivido redefine la vida social que se deteriora
en la metrópoli, donde la calle tiende a desaparecer como acto, el cierre del
pequeño comercio disminuye las posibilidades de los contactos cotidianos, la
destrucción de los lugares de encuentro elimina la espontaneidad debido a la
imposibilidad del encuentro; la extensión de la periferia revela el
empobrecimiento de la población “presa” en las favelas y loteos sin infraestructura, mas al mismo tiempo en esa
periferia se agigantan los condominios fortificados destinados a las clases de
alto poder adquisitivo. Segregación, jerarquización de los lugares y ciudadanos
en la ciudad revelan los contenidos de la urbanización.
En este proceso la propiedad
de la tierra se vuelve abstracta bajo la forma privada que fundamenta la
segregación, que delimita las posibilidades de uso de los lugares al mismo
tiempo en que crea las posibilidades de su cuestionamiento, a través de la
acción de los movimientos sociales urbanos en la medida en que se confronta con
el uso (la apropiación como fundamento del conjunto de la vida social) impuesto
por la reproducción económica. Esta contradicción revela embates en torno de la
construcción-reconstrucción de la ciudad.
Así, en su origen, la segregación
de la ciudad es consecuencia de la existencia/extensión de la propiedad que al
negar el uso hace surgir la lucha. En este sentido, la ciudad revela los
conflictos de la producción del espacio – la ciudad como concepto expresa un
contenido que revela una realidad concreta. De esta manera, la potencialidad de
los movimientos sociales urbanos radica en que reúnen las contestaciones,
definen el rechazo, colocando el derecho a la ciudad en el centro de la lucha,
demostrando la necesidad de la transformación radical de la ciudad que aparece
y es vivida como pérdida y privación, extrañamiento y caos, en la cual la
velocidad, apreciada como triunfo indiscutible de la técnica, fundamenta la
ideología del progreso que sustenta el “chantaje utilitario” que hace con que
las políticas urbanas que valorizan los espacios destinados a la realización de
la reproducción del capital sean consideradas una necesidad de todos en la
búsqueda del progreso inevitable.
Así, la lucha por el derecho
a la ciudad ocurre cuando éste no existe, surgiendo como necesidad, como
negación de la fragmentación, indicando nuevas contradicciones entre
integración/desintegración/deterioración de los lugares en la ciudad en
relación a la economía globalizada; entre transformación/persistencia en el
plano local de la vida cotidiana (vividos como carencia, percibidos como
extrañamiento) indicando la funcionalización del espacio-tiempo.
La cuestión central es como
se amplían y profundizan en el mundo moderno las contradicciones derivadas de
la reproducción de la sociedad, en un momento de generalización de la
urbanización anunciada por el desarrollo de la ciudad, es decir, con su
“explosión”, revelando una nueva relación Estado-espacio, a través, por
ejemplo, de las políticas públicas.
El
Estatuto de la Ciudad, la Conferencia de la Ciudad
La precariedad de la
vivienda y la pérdida del sentido del acto de morar provocan, a lo largo del
tiempo, una crisis, generando un profundo embate en la sociedad brasilera. Es
así que surgen los movimientos urbanos en conflicto con el Estado. En este
sentido, el movimiento por la reforma urbana acabó dando origen a una
legislación[2] que se centra
en el problema de la propiedad y de la ciudad, apoyada en una nueva base
jurídica para el desarrollo urbano con transformaciones sobre el derecho a la
propiedad, incorporando la noción de derechos urbanos y sustentabilidad. En ese
contexto, se establece la función socio-ambiental de la ciudad y de la
propiedad (artículos 26 y 73/74). Reducida la ciudad a su condición de sujeto[3], explotadora y
consumidora de los recursos naturales, la resolución de los problemas de la
ciudad se reducen a la búsqueda de la sustentabilidad, capaz de reestablecer
una supuesta armonía que evita la diferencia y propone un modelo de inteligibilidad
del mundo que ignora las contradicciones profundas que explican las actuales
relaciones sociales en la ciudad. Esta sistematización involucra serios riesgos
de simplificación de la realidad, inclusive el de vincular los problemas
vividos en las ciudades con el proceso de crecimiento poblacional.
Los documentos producidos,
bajo la coordinación política del Estado, apuntan inequívocamente en la
dirección de que el derecho a la ciudad debe ser entendido como el “derecho a
la vivienda más servicios”, una simplificación que deja de lado el tema del
habitar en su dimensión plena, esto porque el “derecho a la ciudad” está
relacionado con lo que el Estado está dispuesto a ceder para la gestión de la
ciudad, trayendo como consecuencia el entendimiento limitado de la noción.
En esta condición, la
producción de una política para la ciudad, aunque surja de foros de debates con
participación popular, no se libera de la racionalidad del Estado capitalista
en sus alianzas representadas en la democracia representativa. Un ejemplo claro
de esta racionalidad es que en el Estatuto de la Ciudad y en los textos de la
Conferencia de la Ciudad, el derecho a la ciudad aparece a través de la
realización de la “función social de la propiedad” y no de su negación como fundamento
de la ciudad segregada.
¿Qué es lo que el discurso
esconde bajo un grosero manto ideológico? En primer lugar, que el proceso,
comandado por el Estado, no ocurre sin la cooptación de los movimientos
urbanos, lo que trae como consecuencia la sumisión de sus intereses a los
intereses del Estado. En segundo lugar, que la producción del espacio bajo el
amparo del Estado gana un carácter estratégico, o sea el Estado regulador
impone las relaciones de producción a la sociedad a través de la dominación del
espacio, relacionando espacios dominados/dominantes para asegurar la
reproducción general de la sociedad. Así, la búsqueda de cohesión/coherencia y
equilibrio basada en la eficacia de lo que se denomina “desarrollo
sustentable”, al eliminar conflictos y contradicciones, se transforma en
ideología. Y de esta manera, la crítica al Estado se reduce al problema de la
definición administrativa de la ciudad y de su capacidad productiva que se
extiende por todo el espacio. De igual manera, las políticas van a crear la
posibilidad de crecimiento porque el espacio es el lugar de la planificación de
una lógica de crecimiento comandada por el Estado.
Con mucha facilidad el
“derecho a la ciudad” se transforma también en el acceso por una “mejor calidad
de vida”, lo que presupone una vida organizada bajo el comando de un modelo
manipulado en torno del bienestar, que produce la satisfacción del individuo
involucrado en el consumo, del individuo en su condición limitada de usuario de
bienes de consumo/calidad ambiental.
En esta dirección, lo que
asigna contenido actualmente para el término ciudadano es su condición de
consumidor, sea de mercancías – su casa perdió el sentido del habitar cuando se
transforma ella misma en mercancía mientras áreas enteras de la ciudad se transforman
en reservas de valor–, sea de servicios públicos –su acceso
valoriza/desvaloriza los lugares de la ciudad aumentando el precio del m2
de suelo urbano. En esta dinámica, el derecho a la ciudad no podría escapar a
la subyugación del mercado, que aparece como portador de racionalidad,
sustentado institucionalmente por la existencia de la propiedad privada de la
tierra urbana– que al fragmentar el espacio urbano instaura el acceso
diferenciado a la tierra urbana como condición inicial.
Es en este contexto que se
produce la idea de la “función social de la propiedad” que presenta una
contradicción en los términos, ya que la propiedad asume, en el mundo moderno,
varias funciones. Una función económica que se impone sobre el habitar y sobre
todos los lugares y momentos de la vida cotidiana en la ciudad, proyectando el
espacio homogéneo (debido a su condición de mercancía) y fragmentado (venda de
pedazos del espacio definido los usos). De este modo, los mecanismos que
producen la vivienda revelan la extrema segregación impuesta – por la
existencia de la propiedad privada del suelo urbano – por la necesidad de la
reproducción del capital, revelando en el plano de la práctica socio-espacial
la fragmentación de los lugares sometidos a la funcionalización. Una función
social – a preservación de la desigualdad – fundamento de la producción de la
ciudad capitalista. En esta condición, la función “social” oscurece su sentido
segregador apoyado en la idea de la existencia de un “interés común” de la
sociedad sobre el interés individual, lo que impone a todos los habitantes la
producción del espacio como realización de la lógica del Estado y de sus
alianzas – situación que se revela claramente en las Operaciones Urbanas
realizadas en Sao Paulo en los últimos años[4].
Los debates en el seno del
Estado demuestran, también, la necesidad de superación de lo que se llama de
“falta de planificación de una ‘gestión autoritaria’ que llevó al crecimiento
agresivo para el medio ambiente”, cuando en realidad el punto central es el del
cuestionamiento al sentido de la planificación del espacio por la mediación del
Estado fundado en alianzas políticas contradictorias, producidas y
administradas en el contexto de la institución que produce la funcionalización
del espacio de la vida, fragmentándolo y excluyendo una parte significativa de
la población en la medida en que todo el espacio se vuelve productivo para el
capital.
En realidad nos enfrentamos
hoy en día con nuevas condiciones de raridades – el agua, el aire –, no
obstante se ignora que estas raridades deben ser entendidas como momentos de un
único proceso histórico, como momento crítico en el cual el desarrollo del
proceso de producción capitalista transformó abundancia en raridad, como
producto de un modelo de crecimiento de la economía capitalista que es ocultado
por los análisis que buscan el camino del desarrollo sustentable como proyecto
alternativo para la sociedad.
Ciudadanía
y “Derecho a la Ciudad”
La reproducción de la
sociedad capitalista se realiza en varios planos, entre los cuales es necesario
considerar la importancia del saber técnico que genera las bases para la
realización de la dominación del Estado, que en un primer momento transforma la
ciudad en un cuadro físico, representada en un mapa y, por esta condición,
posible de ser rediseñada en función de las acciones políticas. Una visión que
niega la idea de que la ciudad es una obra humana producto de la historia. En
un segundo momento, produce la banalización del sentido del “derecho a la
ciudad”. Esta producción ideológica – realizada bajo el patrocinio del Estado –
niega la posibilidad de realización de un derecho pleno en la medida en que el
discurso sobre la ciudad, producido por las ciencias fragmentadas, ha esquivado
un análisis crítico de ese proceso, produciendo, en último término, la
reducción del “derecho a la ciudad” como “derecho al paisaje”. De este modo, la
producción ideológica elabora el conocimiento sobre el cual va a fundarse el
discurso político que refuerza la capacidad de acción del Estado de
intervención y gestión, y apoyando como revolucionaria la política de
establecimiento de la función social de la propiedad, muchos análisis oscurecen
el sentido segregador y desigual con que el proceso de producción de la ciudad
se realiza – esto se revela en las Operaciones Urbanas realizadas en Sao Paulo
en los últimos años.
Actualmente, muchos
presuponen que el Estado brasilero (presidido por un presidente de izquierda) es
otro y que tiene otra lógica y, en esa perspectiva, se eximen de la crítica al
Estado y a su lógica espacial. Así, sin la construcción de una crítica al
Estado se perpetúa el Estado. Por ello, la identificación precaria de algunos
gobiernos de izquierda con los intereses de la sociedad como un todo.
Daí a identificação precária de alguns governos de
esquerda com os interesses da sociedade como um todo. Así, alejados de la elaboración de un
análisis crítico sobre la actuación y las alianzas del Estado se refuerza la
institución con la imposición del triunfo identitario, del discurso político
homogenizador, que inaugura la tendencia al desaparecimiento de la reflexión
crítica.
El problema radica en que al
llevar el debate para el seno del Estado, bajo su coordinación, incluso a
partir de los movimientos sociales, éstos adquieren una nueva racionalidad: la
racionalidad del Estado y de la planificación del Estado, que tiene en el
espacio la condición de su dominación. Es así que el debate se establece dentro
del Estado y esta situación no está desproveída de importancia, pues elimina el
sentido eminentemente social de los movimientos urbanos para llevarlos al plano
de lo político y en él posibilitar la manipulación.
Una interrogante inevitable:
¿Cómo analizar las diferencias que afloraron en el espacio a través de los
movimientos sociales que colocan concretamente la vida en la ciudad a partir
del acto de habitar?
El “derecho a la ciudad”
como categoría de análisis permite la desmitificación de los discursos
posibilitando la elaboración de un proyecto que tenga sustentación real como
repuesta a las carencias. De este modo, se puede entender que la lucha por la
vivienda no es la lucha por “un techo más servicios”, sino que la lucha por la
vida y contra las formas de apropiación privada fundamentadas en las
necesidades de la realización económica. En este sentido, se trata de pensar
transformaciones que permitan la existencia humana, que camina en la dirección
contraria al mercado y a los intereses de los segmentos que sustentan el
Estado.
Así, los movimientos
considerados como “fuerzas sociales nuevas” producen la conciencia de una
sociedad y amplían las posibilidades de acción relacionadas al espacio en su
estado crítico y que no surgen en el seno del Estado, ni pueden dejar cooptarse
por él. Por lo tanto, la solución a los desafíos sólo ocurre cuando consiguen
afirmar sus diferencias, o sea fuera del Estado.
Al final, como escribe Marx,
en “A Questão Judaica”, la
transformación radical de la sociedad niega la política, puesto que ésta reduce
el hombre a la condición de miembro de una sociedad civil que lo reduce la
egoísmo y lo somete a la propiedad privada. Además, lo político no escapa de
las manifestaciones del control burocrático, ni del control democrático, ni de
las exigencias del partido político y de sus alianzas, produciendo de esta
manera un espacio político caracterizado por su funcionalización e
instrumentalización. En este proceso, lo urbano, entendido como una estrategia,
acentúa la degradación y disemina la norma que invade la vida cotidiana en toda
su extensión.
En segundo lugar, los
debates en torno del “derecho a la ciudad” lo identifican como la realización
de una ciudadanía caracterizada por el acceso a la vivienda y a servicios, adicionados
del “derecho a la movilidad, en un ambiente urbano sustentable”.
La noción de ciudadanía que
fundamenta la propuesta de “gestión democrática de la ciudad” se ha apoyado en
la definición de Marshall[5], para quien la
ciudadanía tendría como contenido la realización de los derechos civiles,
políticos y sociales. Entretanto, Murilo de Carvalho[6] llama la
atención para el hecho de que puede haber ciudadanía sin que esos tres derechos
estén presentes en una determinada sociedad; inclusive resalta que la existencia
simultánea de los tres constituiría lo que denomina de “ciudadanía plena”, como
ideal puesto como horizonte para la sociedad occidental, mas que es
inalcanzable, pues la garantía de vigencia de esos derechos dependería de la
existencia de una eficiente máquina administrativa del poder ejecutivo capaz de
permitir, a la sociedad políticamente organizada, la reducción de los excesos
de la desigualdad producida por el capitalismo, garantizando el bienestar para
todos con justicia social.
Por lo tanto, esta
ciudadanía sólo puede ser realizada dentro del estado capitalista, como su
expresión lógica. De este modo, la potencialidad de la noción de ciudadanía se
limitaría a la existencia de la sociedad civil surgida con el desarrollo del
capitalismo y, lo que es más importante, para su preservación. Entonces, la
conquista de la ciudadanía sería esencial para la realización de la sociedad
capitalista. Es así que el proyecto de una “gestión democrática de la ciudad”
surge en la actualidad como condición de la reproducción capitalista en su
nueva etapa de desarrollo. Es lo que muestran, por ejemplo, los análisis de
Annick Osmont[7] indicando que
el concepto de governancia – que
fundamenta la “gestión democrática” – fue retomado por el Banco Mundial, a
fines de los años 1980, para operacionalizar la construcción de un modelo de
acción cuyo objetivo es permitir el “ajuste” de las economías de los países en
vías de desarrollo a las necesidades de expansión del neoliberalismo. En este
sentido, la nueva gestión urbana produciría un ambiente propicio para la
reproducción de la lógica neoliberal comandada por el Banco Mundial.
Como señala Décio Saes[8], la
instrumentalización de la condición general indispensable a la concretización
de la participación política de la mayoría de la sociedad, implica la
superación del modelo capitalista de sociedad, es decir entiende que la
realización de una ciudadanía plena e ilimitada “se sitúa más allá del
horizonte de la sociedad capitalista y de sus instituciones políticas” [9].
Este es el sentido de los
análisis de Agnes Heller en su libro “A
filosofia radical”, en el cual escribe que el capitalismo produce una serie
de carencias, entre ellas lo que denomina de “carencias radicales”, “que se forman
en las sociedades fundadas en relaciones de subordinación y de dominio, pero
que no pueden ser satisfechas cuando se permanece en el interior de ellas. Son
carencias cuya satisfacción sólo es posible con la superación de esta sociedad” [10]. De este modo,
el derecho a la ciudad asumiría el sentido que Heller designa como “carencia
radical”, una necesidad que surge en la contracorriente de la historia que
transforma la propiedad comunal en potencia abstracta en la sociedad
capitalista. Tendría como contenido el mismo sentido que Don Thomaz Balduíno[11] indica en su
análisis sobre los movimientos sociales en el campo brasilero, que se movilizan
por el “derecho a la tierra”: “dignidad, distribución, fiesta, poesía, alegría
de vivir” que es el sentido último de la idea de “derecho a la ciudad” expuesto
por Henri Lefebvre.
[4] Esta temática fue analizada en la investigación presentada em el libro “Espaço-tempo na metrópole”, Sao Paulo: Contexto, 2001.
[8] “las libertades civiles se configuraron como fenómeno esencial y necesario para la reproducción del capital, pues el poder político continúa en las manos de los grandes bancos y de las instituciones o sociedades financieras, por eso los gobiernos de izquierda siempre tuvieron que adaptarse al poder de la clase capitalista dirigiendo la economía dentro de los límites fijados por los intereses económicos y políticos de la clase social”. (Saes, 2003: 25-26)
[11] Presidente de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT), en exposición en el II Simposio Nacional de
Geografía Agraria, realizado en el Departamento de Geografía de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en
septiembre de 2003.
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Ficha bibliográfica:
ALESSANDRI, A. La utopía
de la gestión democrática de
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