Mercedes Arroyo
Universidad de Barcelona

El gas de Madrid y las compañías de crédito extranjeras en España, 1856-1890 (Resumen)

Con la aprobación, en 1856, de la Ley de Sociedades de Crédito, tuvo lugar la entrada de las compañías financieras extranjeras en el sistema económico español. Esta Ley permitía la actuación de capitales foráneos en la economía nacional, lo cual favoreció su intervención en algunas infraestructuras, como las redes de gas, cuyo volumen de negocio exigía disponer de importantes cantidades de capitales

Después de explicar el proceso de implantación y desarrollo de la industria del gas de manera general, nos referiremos esencialmente a Madrid, para mostrar algunas relaciones económicas entre entidades de crédito extranjeras establecidas en España que creemos han sido escasamente exploradas.  Finalmente, se hará un balance de todo lo expuesto en forma de conclusiones.

Palabras clave: gas de hulla, Madrid, compañías de crédito, estrategias empresariales

The gas of Madrid and the foreign credit companies in Spain, 1856-1890 (Abstract)

The pass of Law of Credit Companies in Spain allowed, in 1856, the introduction of foreign financial companies in the Spanish economic system.  This Law enabled the intervention of foreign capitals in the national economy, and favored its actions in some infrastructures, as the gas networks, whose volume of business demanded considerable amounts of capitals.

After explaining some general characteristics of the beginning and the development of coal gas industry, we will refer essentially to Madrid, to indicate some scarcely explored economic relations between different foreign organizations of credit established in  Spain. Finally, we will expose a balance of all explained as conclusions.

Key words: coal gas, Madrid,credit companies, entrepreneurial strategies

El análisis de las diferentes estrategias que siguieron algunas de las compañías de crédito extranjeras que actuaron en España permite ofrecer una reflexión sobre el papel que desempeñaron éstas en el desarrollo de algunas grandes infraestructuras, como las redes ferroviarias o de gas, en un contexto industrial escasamente articulado. El caso de la instalación de la red de gas en Madrid constituye un ejemplo de las dificultades que se tuvieron que afrontar desde sus inicios hasta bien entrado el siglo XX, y cuyo precario desarrollo la diferencia de las redes de gas que se expandieron en otras capitales europeas [1] .  Las condiciones económicas que finalmente permitieron el avance del gas en Madrid son, también, un ejemplo de las dificultades que implica la dependencia respecto de los capitales extranjeros de un sistema económico, como el español, en una situación de ausencia de entidades financieras sólidas y con escasos mecanismos para hacer frente a las fluctuaciones de las bolsas europeas.

Antes de entrar en dicho análisis, creemos necesario realizar algunas precisiones sobre las condiciones técnicas, económicas y sociales que inciden de manera general sobre la expansión de algunas infraestructuras que, en este caso, centraremos en las redes de gas del siglo XIX.
 

Las condiciones esenciales para el desarrollo de las redes de gas en el siglo XIX

El desarrollo de las redes en general y más particularmente el desarrollo de las redes de gas, estuvo supeditado a algunas condiciones de diversa entidad, entre las que destacan el volumen de capitales disponibles para ser empleados en la, en su momento, importante innovación que suponía su instalación y posterior desarrollo, así como el grado de cultura industrial existente en un contexto económico determinado.  De hecho, la industria gasista constituyó uno de los primeros procesos productivos de la Revolución Industrial en el que se integró en una misma actividad económica la producción y distribución de gas, la construcción de redes, el aprovisionamiento de carbones, el transporte de éstos y su posterior reutilización, lo cual implicaba unos conocimientos y unas prácticas económicas más complejas que las habituales hasta entonces.

En España, la instalación de las infraestructuras de producción y de distribución de gas estuvo vinculada, en primer lugar, a las condiciones técnicas, fundamentadas en la utilización de tecnología y de elementos de producción que durante bastante tiempo debieron proceder del extranjero debido al estado de la tecnología española; y en segundo lugar, estuvo supeditada a la clase y calidad de los carbones para fabricar el gas, ya que no todos eran apropiados para esa función. Estas dos cuestiones, la procedencia de la tecnología y la calidad de los carbones, se mostraron como importantes escollos a que tuvieron que enfrentarse las empresas gasistas establecidas en las ciudades españolas.  Los primeros utillajes y la tecnología necesarios para fabricar gas procedieron generalmente de Francia o de Gran Bretaña y, a pesar de que el país contaba con yacimientos de carbón de una cierta entidad, la calidad de éstos no era la más idónea para la fabricación de gas.  Los mejores carbones eran, sin duda, los procedentes de Gran Bretaña, buenos pero caros, lo que junto a los altos precios de los fletes y a los aranceles impuestos por el Estado español, daba como resultado que el precio del gas producido en España adquiriese niveles muy superiores a los de otros países europeos.

Otras condiciones que incidieron en el desarrollo de la industria gasista en general y en la española en particular fueron de carácter económico, y esencialmente fueron dos: el volumen de capitales iniciales y los distintos tipos de demanda.

Respecto a la primera de dichas condiciones, debemos señalar que el desarrollo de las redes dedicadas a la distribución de gas se vio fuertemente marcado por las diferentes  "culturas empresariales" y por el talante económico de los empresarios gasistas; es decir, por su capacidad de asumir riesgos a corto y medio plazo; por su disponibilidad para aportar capitales sin esperar rentabilidades inmediatas, y por su predisposición a reinvertir en un negocio que se distinguió desde sus inicios por su  rapidez en consumir los capitales iniciales, todo lo cual suponía un elevado grado de riesgo económico.

La rentabilidad está relacionada, también, con el volumen de demanda, que se mostró decisiva ya en los primeros tiempos de la producción de gas.  Sólo un elevado volumen de producción y en incremento constante podía ofrecer elevadas tasas de beneficio y, en consecuencia, seguridad al negocio; pero para ello era imprescindible contar con una demanda también en constante incremento, lo cual está en relación con los diferentes tipos de consumo. Por una parte, el consumo procedente del alumbrado público y, por otra, el consumo particular derivado, en su mayor parte hasta bien entrado el siglo XX, de la demanda de la industria y del comercio[2] .

El alumbrado público permitía a los ayuntamientos asimilar el espacio urbano al de las mayores y más importantes ciudades europeas y americanas; por su parte, a la franja de consumo derivado de las industrias el nuevo sistema de iluminación les permitía aumentar la productividad de las actividades económicas que hasta entonces debían suspenderse en las horas nocturnas; y a los comercios, el alumbrado a gas les proporcionaba un vehículo de prestigio y una imagen de lujo y modernidad.

De los dos bloques de consumo -institucional y particular- el que más directamente interesaba a las empresas gasistas era el procedente de éste último, ya que el precio del gas era fijado por las propias empresas gasistas y las relaciones entre empresa y usuarios estaba vinculado al grado de solvencia de éstos; en cambio, el precio del gas para el alumbrado público, además de ser siempre inferior al del consumo particular,  se mantuvo sujeto a los contratos de privilegio o de concesión entre los ayuntamientos y las empresas y fijados por dilatados períodos de tiempo durante los cuales el precio estipulado debía ir en todo caso a la baja, nunca en sentido contrario [3] .  Los empresarios gasistas, pues, se avinieron a instalar el alumbrado público más como resultado de una estrategia para dar a conocer las ventajas del gas que como un verdadero negocio, cuyos beneficios se encontraban en el consumo particular.

No obstante, el hecho de que el gas fuese en sus inicios un artículo caro, no permitió fácilmente la generalización de su consumo de una manera rápida, y si las empresas gasistas pudieron desarrollarse se debió al hecho de estar situadas en ciudades industrializadas.  Al contar con un bloque de demanda sólido y solvente procedente principalmente de la industria y en menor medida del comercio, pudieron subsistir sin demasiadas dificultades; pero sin una estructura industrial en crecimiento, era muy difícil que las empresas gasistas pudiesen desarrollarse.  Es el caso de Madrid donde, al no contar con una estructura industrial sólida, el negocio del gas se debió mantener vinculado a las demandas de los ayuntamientos para el alumbrado público, ya que las escasas  aplicaciones distintas de éste fueron puntuales y de carácter suntuario; y esta cuestión se mostró decisiva en los primeros años de la instalación de las redes de gas, ya que, como se ha dicho, la continuidad del suministro y, en consecuencia, el aumento constante de la producción eran condiciones esenciales para el éxito de las empresas gasistas.

En Madrid, como en la mayoría de ciudades españolas, a la ausencia de estructura industrial se unió el precario estado de las finanzas municipales y por extensión de la Hacienda Pública española, lo cual influyó decisivamente en la situación económica de las empresas gasistas que actuaron en nuestro país, ya que se produjo la situación inversa a la deseable: en lugar de poder dedicar el grueso de su producción al consumo particular, una parte importante de su producción debió dedicarse a satisfacer las demandas de unos ayuntamientos que, debido a su endémico estado de endeudamiento,  no contaban con la solvencia necesaria para hacer frente a los gastos originados por el alumbrado público.

Todas estas circunstancias elevaron considerablemente los riesgos de un negocio ya de por sí aventurado y no favorecieron, salvo excepciones, el desarrollo de la industria gasista española y muy especialmente en la capital, Madrid.
 

Los primeros intentos de instalar el gas en Madrid

Los primeros años de la instalación del gas en Madrid se distinguieron por una situación de precariedad cuya explicación hemos realizado en otro lugar [4] . Baste señalar que hasta los años sesenta del siglo XIX, el total de los elementos de alumbrado por gas, incluyendo el alumbrado público y el consumo particular, se encontraba en una cifra ligeramente inferior a los 13.000 elementos, mientras que en Barcelona, por ejemplo, esa cifra había sido superada con creces ya en 1844, muy poco después de la instalación del gas en la ciudad.  En 1859, en Barcelona el peso del alumbrado público sobre el total del consumo representaba el 7,6 por ciento y -por citar el ejemplo de una capital estatal- en París suponía por el mismo tiempo, el 3 por ciento, lo cual revertía en el desarrollo del negocio gasista. [5]

Las causas de esta situación diferencial de Madrid respecto a las grandes capitales europeas fueron varias, pero entre ellas señalaremos, por una parte, la escasez de capitales iniciales, rápidamente consumidos en las primeras iniciativas, y los sucesivos cambios de titularidad de la empresa, lo cual constituye a nuestro parecer un evidente síntoma de la precariedad del negocio. Entre 1832, fecha en que se instalaron los cuatro faroles que iluminaban la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real -que eran alimentados por una pequeña instalación situada en las inmediaciones de dicho palacio y cuyo combustible, además, era pagado por el ayuntamiento- hasta 1849, fecha de la instalación del primer farol cuyo gas procedía de una red que se extendía por algunas calles del centro de Madrid, las tentativas que se sucedieron para dotar de una infraestructura que abarcase la totalidad del espacio urbano se estrellaron ante la falta de capitales, esencialmente [6] .

En todo ese tiempo, se fueron constituyendo numerosas sociedades con el propósito de instalar la red de gas, cuya característica común fue la de emitir un elevado número de acciones que debían representar, cuando fuesen desembolsadas, un crecido valor económico; pero como ese desembolso no se produjo -fuese por la escasa disposición del empresariado madrileño a invertir en un negocio que ya hemos caracterizado como de elevado grado de riesgo económico, por el desconocimiento de su  alcance real, o por la escasa disponibilidad de capitales para ser invertidos- el negocio del gas se mantuvo de manera harto precaria y con cuantiosas pérdidas hasta la llegada de los capitales extranjeros, en 1856.

En ese escaso desarrollo también influyó de manera negativa la débil implantación de un tejido industrial, que venía en parte determinada por el papel desempeñado por Madrid como centro administrativo y del poder político[7] , a diferencia de otras grandes capitales europeas que, además de sus funciones de capitalidad, desempeñaron el papel de centros industriales y de innovación técnica de sus respectivos países.

No se debe olvidar, tampoco, que la situación de Madrid, en medio de la Península, con un sistema de comunicaciones deficientemente articulado, sin salida al mar y, por tanto, con limitadas posibilidades de comunicarse con el exterior, no favoreció la formación de un tejido industrial sólido como sucedió en Barcelona o en otras ciudades españolas, como Málaga -a pesar de que sus prometedores inicios se vieron truncados prematuramente- o algunas de la cornisa cantábrica, como Bilbao.

Sin un tejido industrial consolidado o en vías de ello, la demanda particular debería proceder del consumo suntuario que, como se ha señalado, obedecía a situaciones puntuales y que, en consecuencia, afectaba poco al volumen total de la producción de gas.

Otra cuestión que afectó también de manera negativa al desarrollo del gas de Madrid fue la de las dificultades de aprovisionamiento de carbón. El gas producido por la primera fábrica que se instaló en Madrid además de caro, era de calidad francamente insuficiente para las exigencias de la producción de gas.  Las fluctuaciones respecto a la cantidad y la calidad del suministro no eran las más idóneas para animar a una demanda particular que, además, no procedía de un tejido industrial sólido. La cuestión de la calidad del gas también está relacionada con la ya indicada situación geográfica de Madrid, sin posibilidades de recibir los carbones más aptos para la fabricación del gas.  En Madrid se tuvo que confiar en los carbones castellanos, de las cuencas de Barruelo y de Valderrueda principalmente, cuya efectividad -a pesar de algunas informaciones, sin duda interesadas, aparecidas en distintos medios de comunicación extranjeros[8]-  nunca cumplió las esperanzas que se habían puesto en ellos.

Todo esto explica que la producción de gas en Madrid se mantuviese en unos bajos niveles que sólo con cuantiosas inversiones de capitales sería posible remontar.  Se debía potenciar la cantidad y la calidad de la producción; pero también la materia prima debía ser de unas características que permitiesen un beneficio, si no el habitual, al menos cercano, lo cual no se vio favorecido por las condiciones de transporte ni por el tipo de carbón utilizado.  Además, se debía mejorar las vías de accesibilidad a la materia prima e incrementar la producción de gas, cuestiones ambas que diferenciaron desde los inicios el gas de Madrid del de otras capitales europeas, entre ellas, la misma Barcelona.

En esa ciudad, la producción de gas procedía de la destilación de carbones ingleses, lo cual garantizaba su calidad, y se mantuvo, además, en constante incremento debido a una demanda particular procedente de la industria también en crecimiento continuado, lo que favorecía una cierta estabilidad del precio del gas y en algunas ocasiones importantes descensos del mismo; por el contrario, la escasa producción de Madrid no permitiría abaratar el precio del gas a cotas asequibles para un elevado número de consumidores, que tampoco mostrarían un excesivo interés por un medio de iluminación que las características de la materia prima hacían poco eficiente, con lo cual se entraría en un círculo vicioso de difícil salida.  Sin embargo, la entrada del capital extranjero en la producción de gas de Madrid enderezaría, al menos por un tiempo, la situación.
 

La entrada en España de los capitales extranjeros

La Ley de Sociedades Anónimas del 28 de enero de 1856, propició la entrada en España de las compañías de crédito extranjeras. Fueron cuatro las grandes sociedades de crédito que se acogieron a dicha ley: la Sociedad de Crédito Mobiliario Español, vinculada a la Banca Péreire; la Compañía General de Crédito en España, dependiente de la banca Prost de París; la Sociedad Catalana General de Crédito entre cuyos accionistas se encontraban Manuel de Compte,  Antonio Brusi y Miguel Clavé [9]; la cuarta fue la Sociedad Española Mercantil e Industrial, entre cuyos accionistas fundadores se encontraban loas socios franceses Weisweiler y Bauer, la familia Urquijo y Antolín de Udaeta. En los años 1920 algunas de dichas familias -Weisweiler y Bauer, Urquijo- volverían a ejercer considerable importancia en el sistema bancario español, pero sobre todo catalán.  El último -Antolín de Udaeta- había estado vinculado anteriormente a la empresa de gas de Madrid mediante un crédito que había concedido a dicha empresa en 1855[10]. La Sociedad Española Mercantil e Industrial -dependiente de la Banca Rotschild- compartía por entonces con el Banco de España cinco de los veintiún miembros del consejo de administración de éste último.  Estos cinco socios eran: el propio Antolín de Udaeta, José Manuel Collado, Fernando Fernández Casariego, Antonio Gaviria y Estanislao de Urquijo[11].

Poco después de ser aprobada la indicada Ley de sociedades anónimas, el Crédit Mobilier Français crearía el Crédito Mobiliario Español para poder operar en nuestro país[12].  Primero, los días 6, 7 y 8 de febrero, se formalizaría la sociedad en París -ante el notario Fould, vinculado a la banca del mismo nombre- con los siguientes socios:  Eugenio Péreire, Eugenio Duclerc[13], Benito Fould en nombre de B.L. Fould y Fould Oppenheim, Carlos Mallet, José Luis Abarca en nombre de la casa J.J.Uribe y compañía, Ernesto Andrée, Hyppolite Biesta, Marc des Arts, Rafael de Ferrari Marqués de Ferrari, el Duque de Galliera, Federico Gissinger en nombre de la casa J.P. Pescatori, Carlos Augusto Luis José Conde de Morny, Florentino Aquiles Barón Silliére, Casimiro Salvador, Augusto Thurneyssen, Enrique Place y Alejandro Bixio en su nombre y en el de Adolfo D'Eichtal.

Todos estos socios franceses e italianos se asociaban con Enrique O'Shea[14], "banquero en esta Corte"[15] por noventa y nueve años para crear el Crédito Mobiliario Español.  El capital de la sociedad se fijó en 456 millones de reales, equivalentes -obsérvese la vocación internacional de la nueva sociedad- a 120 millones de francos franceses (al cambio de 19 reales por cinco francos), o 4.800.000 libras esterlinas (95 reales por libra esterlina), representado por 240.000 acciones de 1.900 reales cada una equivalentes, en consecuencia, a 500 francos franceses o a 20 libras esterlinas.  Ya no se trataba de emitir papel sin contrapartida.  La primera serie, de 80.000 acciones -es decir, un tercio del capital estipulado- sería emitida inmediatamente y el primer dividendo debía cubrir el 30 por ciento del capital social.

A pesar de su longitud, vale la pena transcribir la mayor parte del título segundo de los Estatutos de la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, ya que precisamente hace referencia a las operaciones de la sociedad.  Éstas serían

"Suscribir o contratar empréstitos con el gobierno, corporaciones provinciales o municipales y adquirir acciones y obligaciones de toda clase de empresas, industriales o de crédito [...] suscribir o contratar empréstitos con naciones extranjeras previa necesariamente la autorización del gobierno [...] adquirir fondos públicos a plazo o al contado [...] crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales fábricas, minas, dársenas, alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquiera otras industriales o de utilidad pública [...] tomar a embargo la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles y la emisión de acciones y obligaciones de las mismas [...] administrar, recaudar o arrendar toda clase de contribuciones y empresas de obras públicas y ceder y ejecutar contratos inscritos al efecto con la aprobación del gobierno cuando sea necesario [...] emitir obligaciones de la sociedad por una cantidad igual a la que se halle empleada y exista representada por valores en cartera [...] prestar sobre efectos públicos, acciones u obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques con sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en cuenta corriente recibiendo en garantía efectos de igual clase" [16] .

En esos mismos estatutos fundacionales se consignaba que los préstamos que realizaría el Crédito Mobiliario Español sobre sus propias acciones no sobrepasarían el 10 por ciento del capital efectivo de la sociedad o del 60 por ciento del valor que éstas tuviesen, y tampoco sobrepasarían el término de dos meses, con lo que se aseguraba la circulación del papel y de los capitales. Se debe indicar, también, que de manera prácticamente simultánea a la fundación del Crédito Mobiliario Español, se había renovado a los hermanos Péréire la concesión del gas de París hasta 1905 [17] , lo cual suponía un tiempo lo suficientemente dilatado para que se pudiese no sólo amortizar las inversiones a realizar, sino que fuese rentable invertir cantidades importantes en el negocio gasista de esa ciudad, todo lo cual el Crédito Mobiliario Español procuraría reproducir en Madrid.
 

La etapa francesa del gas de Madrid

Antes de entrar en la descripción de la nueva época de la empresa de gas de Madrid, iniciada en 1856, se debe indicar que su primera denominación había sido hasta 1852, Sociedad Madrileña de Gas.  Ese año, la Sociedad Madrileña había desaparecido debido a los cambios efectuados en la propiedad de la razón social.  A partir de entonces se denominó Compañía Madrileña para el Alumbrado de Gas de Madrid; y en 1865 su nombre volvería a ser modificado por el de Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, con nuevos Estatutos y, aunque oficialmente autónoma, con el privilegio del alumbrado de gas de la ciudad y con los activos transferidos, lo cierto es que la empresa se encontraba bajo el control directo del Crédito Mobiliario Español.  A esa reorganización nos referiremos más tarde.  Ahora hemos de señalar que la estrategia del Crédito Mobiliario Español se orientaría, en un principio, a consolidar el privilegio sobre el gas de Madrid, que debía caducar en 1874; modernizar las instalaciones, intentar atraer clientela particular con un producto mejor y menos caro y por último, hacer desaparecer el déficit de explotación[18].

En la Memoria del Crédito Mobiliario Español correspondiente a 1857, se consignaba que la adquisición de la fábrica del gas de Madrid, y sobre todo, el establecimiento de la línea [férrea] del Norte ponían a la Sociedad en situación de poseer minas de hulla de alguna consideración, que debían de asegurar el consumo "de estas dos empresas [la fábrica de gas de Madrid y la línea férrea hacia el norte] y no quedar expuestas a la falta de combustible, bien por imperfección de las explotaciones particulares bien por la coalición de intereses contrapuestos"[19].

Ya hemos señalado que las empresas gasistas, españolas o extranjeras que actuaron en España, tuvieron que enfrentarse a un grave problema, la carestía de buenos carbones de hulla y la necesidad de abastecerse de los procedentes de Gran Bretaña.  Simultáneamente a la compra de la empresa de gas de Madrid, el Crédito Mobiliario Español había adquirido una cuarentena de campos carboníferos en la provincia de León (Valderruda)  y en la de Valladolid (Barruelo y Orbó) con la esperanza de que dichas compras vendrían a significar el fin de la dependencia de los carbones ingleses.

No obstante, más tarde, en 1863, el Crédito Mobiliario Español instalaría a lo largo de la vía férrea que construiría desde Madrid hacia el norte de la Península, numerosas "fábricas de cal, yeso, ladrillos, tejas y alfarería" [20]para dar salida a los carbones castellanos, que ya debían haber mostrado su escasa utilidad para fabricar gas.

De momento, sin embargo, en la Memoria, de 1858, la Junta del Crédito Mobiliario Español dejaba apuntado que la política iniciada de saneamiento de la empresa de gas había dado ya sus primeros frutos.  Un sistema de fabricación tendente a disminuir el consumo de carbón había sido la base de un muy importante ahorro en comparación con el año anterior.  Las cifras hablaban por sí solas: si en enero de 1857 se habían destilado 19.559 quintales de hulla que habían producido 9.121.203 pies cúbicos de gas, en diciembre del mismo año 18.037 quintales de hulla habían producido 10.054.778 pies cúbicos de gas.  De manera que con 1.522 quintales de menos se había producido 933.575 pies cúbicos más de gas.

Esas cifras muestran el cuidado que ponían los dirigentes del Crédito Mobiliario Español en ahorrar costes de producción, lo que les había supuesto un notable ahorro por ese concepto.  Si el coste de producción de 1.000 pies cúbicos era en la época anterior a la compra por el Crédito Mobiliario Español de 64 reales, a finales de 1857 dicho precio había descendido a los 28 reales y se esperaba que en breve se pudiese rebajar hasta los 24,80 reales por 1.000 pies cúbicos producidos [21].

Después de poner las instalaciones en situación de producir de manera continuada y eficiente, la siguiente cuestión que se plantearon los dirigentes del Crédito Mobiliario Español fue la de elaborar un nuevo proyecto de sociedad para la empresa gasista. Tras numerosas modificaciones, una Real Orden, del 1 de febrero de 1865, aprobaría la reorganización de la empresa y su nuevo nombre: Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, con un capital de 91.200.000 reales dividido en 48.000 acciones de 1.900 reales cada una. Sobre el papel, la Compañía Madrileña sería una nueva empresa a la que el Crédito Mobiliario Español transferiría la concesión del alumbrado de Madrid y el "importante negocio" que representaría la fábrica de gas.

Es significativo el reparto de las acciones que se llevó a cabo en dicha reestructuración. En realidad, el Crédito Mobiliario Español retenía el mayor paquete de acciones a las que garantizaba un beneficio del 8 por ciento durante diez años.   De las 48.000 acciones en que se dividió el capital social, el Crédito Mobiliario Español se reservaba 40.000; el resto, es decir, las 8.000 restantes, se repartirían entre diversos accionistas (cuadro 1).  Además, el Crédito Mobiliario Español se comprometía a "terminar todas las obras de ensanche y canalización en el plazo de un año por un precio alzado de 7.600.000 reales", que equivalían, como se encargaba de consignar la Gaceta de los Caminos de Hierro, a 2.000.000 de francos[22].

Inmediatamente después de recibida la real autorización, se convocó, el 9 de febrero, a la junta general de accionistas y entre las resoluciones adoptadas por ésta se encontraron los nombramientos de los primeros administradores de la compañía. De los veinte miembros que integraban el Consejo de Administración y la Junta de Inspección, ocho eran accionistas de la Madrileña; el resto, lo eran del Crédito Mobiliario Español (cuadro 2).

Obsérvese también, la presencia de Laureano Figuerola -en 1868-69 ministro de Hacienda con Juan Prim como Presidente del Consejo de Ministros- en el puesto de administrador suplente.  Como se verá después, en enero de 1887 Figuerola sería el presidente del consejo de administración de la Compañía Madrileña de alumbrado por gas[23].

Más adelante se explicarán las razones de un estado de crisis generalizada que alcanzaría de manera notable a la Madrileña debido a su dependencia del Crédito Mobiliario Español.  Esa crisis afectaría especialmente a las sociedades de crédito, tanto en Europa como a las establecidas en España y a éstas, con especial virulencia.
 

Por ahora, centraremos nuestra atención en las dificultades entre la empresa y el ayuntamiento por la expansión del gas para el alumbrado público, del único que parece haber algunas cifras, ya que para el alumbrado particular, por tratarse de un negocio privado entre las empresas gasistas y los consumidores, difícilmente ha quedado constancia en los archivos públicos, salvo algunas raras excepciones, que no ha sido el caso de Madrid[24].

En cambio, para el consumo de motores de gas que, por tratarse de instalaciones industriales, debían contar con la intervención y autorización de los servicios municipales correspondientes, se ha podido reconstruir alguna información a partir de la consulta de los archivos municipales.  Lo cual ha permitido conocer, aunque de manera indirecta, algunos aspectos del desarrollo de la industria madrileña, que serán expuestos más adelante en este mismo trabajo.  Antes, no obstante, nos referiremos a la expansión del alumbrado público en la ciudad, ya que, dada la escasa implantación del gas para utilizaciones no suntuarias no permite ofrecer cifras fiables.  Caso diferente será el de la utilización del gas como energía, que trataremos más adelante.
 

El alumbrado público por gas en Madrid

La expansión del gas en las calles de Madrid hasta 1865 muestra que, a pesar de todas las dificultades económicas, el gas se estaba introduciendo en la vida de los habitantes de la ciudad. Mientras que entre 1849 y 1857 la suma total de faroles había sido de 555, en los años 1858 y 1859 se habían instalado 728 luces[25] y en 1865, los faroles sumaban la cifra de 1.740 -cada uno de los cuales ardía 3.474 horas anuales de promedio- contra 624 faroles de aceite[26].

Una cuestión que preocupó tanto a los empresarios del Crédito Mobiliario Español como a los responsables municipales del alumbrado fue el de las condiciones en que se debían manipular las instalaciones, dada la peligrosidad ya reconocida del gas.  Por esta razón, una de las primeras gestiones que realizaría la empresa después de haberse hecho cargo de la fábrica, ya en 1858, fue solicitar al gobernador de la provincia que nombrase aparejadores que colocasen los tubos y contadores de gas para "evitar que manos inexpertas" hiciesen trabajos de los que pudiesen "derivarse malas consecuencias"[27].

Por su parte, las autoridades municipales habían aprendido de anteriores experiencias en las que las sucesivas empresas que se habían hecho cargo del alumbrado a gas habían mostrado su propensión a tratar el alumbrado público como un negocio tan privado como el derivado del consumo particular, y no estaban dispuestos a dejar de intervenir en el desarrollo del alumbrado público.  En consecuencia, el Comisario del Alumbrado público y Serenos opinaría también que era necesario nombrar "un inspector facultativo, un interventor y dos inspectores vigilantes", pues de lo contrario, el ayuntamiento siempre se encontraría "en falso ante la empresa".   Ese mismo informe atribuía la escasa respuesta de la población ante el gas al desconocimiento que observaba, porque "temerosos de contingencias peligrosas, pocos consumidores lo aceptarán hasta que el tiempo les familiarice con su consumo".

El ayuntamiento tardaría en dar una respuesta afirmativa ante la solicitud de la empresa, pero finalmente, en 1861, nombraría un inspector facultativo, Luis Sánchez Molero, un interventor, José Rodríguez y un inspector vigilante, José Celdrán[28].  A partir de entonces, y con la creación de un laboratorio fotométrico en las Casas Consistoriales, en 1865,[29] el ayuntamiento contaba con suficientes elementos de juicio para poner de manifiesto las posibles deficiencias del alumbrado.

Otra cuestión que se observa en numerosas ciudades está vinculada a la casi constante apertura de zanjas para instalar nuevos ramales de la red.  En diciembre de 1864, justamente después de haberse firmado el nuevo contrato entre la empresa y el ayuntamiento, se aprovecharía la circunstancia de que se debía reformar el empedrado de la calle de Alcalá y la Comisión de Policía Urbana propondría la reforma del alumbrado público de esa vía ya que "así se ahorrará el ayuntamiento levantar más tarde el empedrado para dicha reforma y así ahorrar dinero a los fondos municipales y no volver a interceptar el tránsito"[30].  La reforma consistió en el traslado de los faroles de la calle a ambos lados, encarados y a una distancia de 25 metros.  Obsérvese que, como en el resto de grandes ciudades, en Madrid, también, se primaban zonas consideradas de prestigio, a cuyo alumbrado se prestó atención continua, mientras que otras alejadas del centro de la ciudad deberían esperar bastante más a gozar de esas ventajas.

No sólo el prestigio, sino la cuestión de la seguridad de algunas calles fue observada con atención por las autoridades municipales. En febrero del siguiente año, se proyectaría "ampliar el alumbrado de la Ronda de Toledo con los elementos que sean necesarios para la seguridad de los transeúntes y vecinos que pernoctan"[31]en dicha zona, y se determinó que se colocasen 37 nuevos faroles que se vendrían a añadir a los 14 por aceite existentes en el lugar.  En agosto del mismo año, se realizaría la inspección conjunta por parte de miembros de la Comisión de Policía Urbana y el ingeniero de la empresa para determinar los lugares exactos en que deberían instalarse los nuevos faroles, y las distancias entre ellos, que serían entre 25 y 50 metros, según las zonas.

En 1866, un ambicioso proyecto del ayuntamiento de Madrid permitiría alumbrar con gas 100 calles de primer orden, 255 de segundo y 148 de tercer orden, con un total de 3.107 faroles a gas con lo cual se cubría la práctica totalidad del territorio urbano[32].

Como en el resto de ciudades europeas, la atención al prestigio y el incremento de la seguridad urbana fue constante, y fuese por aceite o por gas, el ayuntamiento de Madrid procuró extender el alumbrado público según las posibilidades económicas del momento. En algunas solicitudes y en las correspondientes contestaciones por parte del ayuntamiento se pueden observar dos cuestiones relacionadas: la perspectiva de la llegada de los días cortos y la sensación de inseguridad de los habitantes de zonas alejadas del centro, común a todas las ciudades que, en algún caso, debería haberse agudizado por algún hecho delictivo reciente.

Por ejemplo, los propietarios de casas y terrenos de la zona de la Aduana Vieja y los terrenos del Salitre solicitaron, el 9 de septiembre de 1865 cuatro faroles "para que no tengan que cerrar las puertas de las casas al anochecer y al efecto que no se reproduzcan desgracias".  Estos vecinos sabían que en el almacén municipal se encontraban varios faroles sin utilizar y solicitaban que se les permitiese usarlos.  La comisión de Policía Urbana consideró "la justicia que asiste a los solicitantes" y recomendó que se les facilitasen, "así como su alimentación y sostenimiento"[33] -que muy probablemente sería por aceite, ya que no se alude a la construcción de canalizaciones- además de dos serenos que velasen por la seguridad del barrio.

Una importante cuestión que mantuvo enfrentados a los empresarios y a los ayuntamientos fue la de la intervención municipal en las condiciones -calidad y cantidad- en que el gas llegaba a los elementos del alumbrado público. Dentro de las atribuciones que se habían estipulado en el contrato entre el ayuntamiento y la empresa de gas, el primero tenía derecho a instalar manómetros en diversos lugares de la ciudad para conocer la presión del suministro en las canalizaciones, cuestión de la mayor importancia, ya que permitiría a las autoridades municipales contar con elementos de juicio ante posibles abusos de la empresa.

De manera que el ayuntamiento decidió situar dichos manómetros en lugares estratégicos de la ciudad, como las puertas de Atocha y de Alcalá, en las calles de Recoletos ante la Casa de la Moneda, en la calle de Santa Bárbara, en la de San Bernardino, ante el Hospital Militar, en la calle de San Vicente y en las plazas de los Carros, del Progreso, de Lavapiés y del Ángel.  También se colocarían manómetros frente al Teatro de la Zarzuela, en la calle Jovellanos, en la plaza de las Salesas y en la de San Ildefonso, en la calle Ancha, delante del Ministerio de la Gobernación, en la plaza de Santo Domingo y frente al Teatro Real, en la plaza de Isabel II.  Por último, en las Casas Consistoriales se instalaría un indicador permanente de presión[34].

Tanto el ayuntamiento como otras autoridades políticas estaban decididos a terminar en lo posible con las arbitrariedades de la empresa.  A este respecto se debe subrayar el contenido del oficio que el Gobernador Civil envió al ayuntamiento en diciembre de 1866.  En éste se indicaba que las oscilaciones y debilidades del alumbrado en el interior del Teatro Real que "desde hace mucho tiempo viene incordiando al público y perjudicando la brillantez de los espectáculos" debían terminar.

En ese oficio, el gobernador sugería que el ayuntamiento tomase "las providencias que conceptúe necesarias para corregir de una vez con mano fuerte cualquier abuso que pueda existir por parte de la empresa de alumbrado público".  Las "órdenes verbales" del ayuntamiento al conservador del Real, Andrés Coello, debieron surtir efecto, ya que éste seguidamente, envió una carta al ayuntamiento en la que decía que "la empresa, con un celo y una diligencia digna de todo elogio, ha mandado numerosas cuadrillas de operarios para solventar los problemas del alumbrado"[35].  Si la cuestión de las condiciones de suministro se iría solventando en poco tiempo, el otro problema, el de las deudas municipales, no lo sería hasta mucho más tarde.
 

La situación económica del ayuntamiento

Ya se ha indicado que la situación económica de la Madrileña se vería influida por el monto de los déficit en que endémicamente se encontró el ayuntamiento. Los recortes en las horas continuarían; y las peticiones de regularizar el pago del gas se fueron repitiendo por parte de la empresa.  Por entonces, el ayuntamiento continuaba pagando el suministro de gas por medio de cantidades fijas mensuales, como desde hacía ya bastante tiempo se había convertido en práctica habitual en numerosos ayuntamientos españoles.  Ya las empresas gasistas habían comprendido que las dificultades de pago por parte de los ayuntamientos podían solventarse mínimamente si el consumo se mantenía en cotas asequibles y no se retrasaban excesivamente en el pago del suministro, con lo que no se podían acumular grandes cifras negativas.

Sin embargo, en 1870, la compañía de gas reclamaría al ayuntamiento la cantidad de "1.214.752 reales que se le adeuda por el servicio de gas"; y a finales del mismo año, la Sociedad de Crédito Mobiliario solicitaba al ayuntamiento que "se tramiten quince cuentas importantes por 107.528 reales" que el ayuntamiento había dejado de remitir como consecuencia del cambio del contrato entre la Madrileña y el ayuntamiento, en 1864[36].  En 1873, la compañía de gas reclamaba al ayuntamiento que le continuase abonando 10.000 pesetas semanales a cuenta del crédito de "más de 2.600.000 reales que tiene contra el ayuntamiento" y el año siguiente enviaba un oficio al gobernador quejándose de que el ayuntamiento no satisfacía las cantidades que adeudaba[37].

Uno de los conflictos que se reprodujeron casi constantemente en esa época entre el ayuntamiento y la empresa se debió a que los afinados cálculos del ayuntamiento para los presupuestos anuales se podían desviar muy fácilmente si quedaban más faroles de la cuenta encendidos hasta la madrugada en lugar de hasta la una de la noche. A finales de 1881, el ayuntamiento volvía a estar en déficit y se preveía que hasta el final del ejercicio, el 30 de junio del siguiente año, el gasto por suministro y entretenimiento ascendería a 801.557 pesetas, que con las 250.147 del primer trimestre hacían un total de 1.051.704 pesetas, de lo cual resultaba que el ayuntamiento se encontraría con un déficit de 109.014 pesetas, ya que el presupuesto municipal había fijado el gasto para el siguiente ejercicio en 941.690 pesetas.

En noviembre de ese año, el comisario municipal para el alumbrado público presentaría un proyecto para reducir las horas del alumbrado de 900 faroles, reducción que hasta entonces afectaba sólo a 500.  Se trataba de que esos 900 faroles dejasen de funcionar a la una de la madrugada en lugar de que continuasen funcionando hasta el amanecer, ya que con esta medida el gasto anual se podría reducir en 50.025 pesetas.  Esta medida, sin embargo, no fue llevada a cabo, sino que por el contrario se aumentó el número de faroles por encima de lo previsto, "pues el aumento de la población por una parte y por otra, la apertura de nuevas calles en el Ensanche obligan a atender las reclamaciones de los propietarios que con justicia piden el establecimiento de un servicio que como el alumbrado público no puede ser desatendido sin perjuicio de los intereses del vecindario"[38].

Para favorecer el consumo de gas, ya desde el 14 de junio de 1880, la empresa había llegado a ofrecer al ayuntamiento que si el consumo anual por concepto de alumbrado público sobrepasaba los tres millones de metros cúbicos, permitiría una rebaja de precios de acuerdo con una escala gradual.  En lugar de pagar el gas a 1,245 reales, que era el precio que pagaba ya por entonces como resultado de las progresivas reducciones que había brindado la empresa en el contrato de 1875, el ayuntamiento pagaría 1,046 reales/m³, o lo que es igual, 0,2615 pesetas/m³, con lo que el déficit municipal se acortaría y sería sólo de 71.914 pesetas[39].

Se debe indicar que precisamente en noviembre de 1881 el número total de faroles de gas, incluyendo los de temporada, era de 6.562, pero ya se había introducido el alumbrado eléctrico en la Puerta del Sol.  En esta zona y en la adyacente de la calle de Sevilla, se estaba a punto de instalar 46 farolas que se preveía luciesen hasta la una de la noche.  Es de suponer que los empresarios gasistas temiesen que el nuevo sistema de alumbrado les tomase el terreno tan duramente ganado -y les desbaratase las inversiones- por lo que dieron las mayores facilidades al ayuntamiento. Podía suceder que el alumbrado público fuese, de nuevo, un elemento propagandístico inmejorable, y en consecuencia, la competencia de la electricidad sólo haría que poner de manifiesto las carencias del gas.

Paralelamente, la compañía Madrileña de Gas había emitido una serie de 12.000 obligaciones conjuntamente con el Crédito Mobiliario Español y el Crédit Lyonnais al precio de 487,5 francos que debían devengar un interés anual de 25 pesetas.  Esas obligaciones deberían ser reembolsadas en 37 años, que finalizarían precisamente en 1914, ocho años más tarde del cumplimiento de la concesión municipal.  Ante la perspectiva de que la fábrica del gas de Madrid pudiese pasar en 1914 a ser propiedad municipal, el Delegado de Propios del Ayuntamiento alertó en el sentido de que quedarían obligaciones sin amortizar que podrían ser "objeto de reclamación" una vez transferida la empresa a la ciudad.

León Litschfousse, director ya por entonces de la fábrica de Madrid, se apresuró a tranquilizar al ayuntamiento sobre la solvencia de la empresa manifestando que "el servicio de estas obligaciones está asegurado por el producto de la explotación del conjunto de las concesiones que posee la compañía en la península y por su capital social"[40].

La instalación de manera puntual de alumbrado eléctrico se realizó, como se ha dicho, en algunas zonas representativas de la ciudad por su papel central, como la Puerta del Sol, o por cercanía a ésta, como las de Sevilla y la de Alcalá; pero, de todas formas, y tal como sucedió en Barcelona, el ayuntamiento de Madrid sólo podía autorizar instalaciones parciales de alumbrado eléctrico, ya que en el contrato de 1864 se había incluido una cláusula según la cual ayuntamiento y empresa habían pactado que, en caso de ensayarse otro sistema diferente del gas, el ayuntamiento debería pagar a la empresa una cantidad que la resarciese de manera equivalente por la disminución de dicho tipo de alumbrado.  En 1887, León Litschfousse reclamaría al ayuntamiento por este concepto -la sustitución del gas por la electricidad- "la cantidad de 24.826 pesetas por el alumbrado de verano de la calle de Alcalá, cuyo crédito no ha podido incluirse en el presupuesto de 1887 a 1888 por la necesidad de hacer economías"[41].

En 1888, el ayuntamiento se encontraba endeudado por diferentes cuentas acumuladas desde 1880-81 y el ingeniero de la empresa, Barle, presentaría una factura por 334.309 pesetas.  Barle solicitaba al secretario del ayuntamiento, Rafael Solaya[42], que le expidiese una certificación que reconociese esas deudas. La factura detallada de los gastos sería enviada el 20 de enero de 1896, lo que indica algo bien conocido por las empresas o profesionales que deben tratar con las administraciones públicas, los largos términos que deben esperar para que se liquiden sus servicios o suministros[43]

En 1891 el director de la Madrileña, el ya citado León Lichtfousse, reclamaría el pago de las cantidades "a que es acreedora la compañía y que, como es natural, son indispensables para el cumplimiento de sus compromisos".  La oficina de Contaduría del ayuntamiento respondía a una pregunta del alcalde consignando que, efectivamente, el municipio estaba en deuda por ocho meses consecutivos por ocho libramientos de 22.000 pesetas con un total de 176.000 pesetas, y que lo que se adeuda por resultas de años anteriores "asciende a la cantidad de 291.285 pesetas".  Pocos días más tarde, Lichtfousse volvería a reclamar y el ayuntamiento resolvió pagar "según lo permitan las atenciones de la caja"[44].

En sucesivos años, las deudas del ayuntamiento se volvieron a acumular.  La empresa enviaba con dos o tres años de retraso las facturas y el ayuntamiento pagaba cuando buenamente podía.  En diferentes expedientes se pueden encontrar dispersas multitud de muestras de esa situación (cuadro 3).
 

Para solventar sus circunstancias económicas, el ayuntamiento decidiría que la compañía presentase en cuentas separadas lo que correspondía al consumo y lo que se debía al mantenimiento de los elementos de iluminación y que, por supuesto, se comprobase con todo rigor y periódicamente la calidad e intensidad de la luz con informes emitidos por el jefe de alumbrado y por el jefe de vías públicas sobre el número de horas en servicio, número de faroles diarios, altas, bajas y, en fin, todo lo que pudiese hacer notar que el consumo de gas era el que efectivamente indicaba la empresa.

Litschfousse, ante estas disposiciones que endurecerían sin duda la intervención municipal sobre la fabricación de gas, escribió al ayuntamiento señalando que "todas las cuentas de suministro están perfectamente intervenidas por la dirección de alumbrado (dependiente del ayuntamiento) sería de lamentar que hallándose en descubierto el Excmo. Ayuntamiento hacia la compañía por cantidades muy considerables ya, se retrasaran más aún los pagos";.  No creía justo Litschfousse que "si el ayuntamiento desea variar la forma de intervención se perjudique a la compañía por el impago de suministros hechos y comprobados"[45].  Más de un año y medio más tarde de efectuados los suministros, la comisión de alumbrado consideraría que se podían pagar las facturas correspondientes a 1895.

En otra línea de actuación para enjuagar el permanente déficit en que se encontraba, el ayuntamiento se acogió a dos nuevos arbitrios que había creado el Gobierno: uno sobre el uso de tuberías de hierro y otro sobre el consumo de gas[46]  que incluiría en los presupuestos municipales de 1890 y de 1891 como ingresos extraordinarios. El arbitrio sobre el consumo era de 2 céntimos de peseta por metro cúbico de gas consumido por los particulares, y el ayuntamiento propondría a la empresa que primero pagase los dos céntimos al ayuntamiento y que luego lo cobrase a los consumidores particulares junto con el consumo de gas.

Inmediatamente, León Litschfousse enviaría su protesta más decidida sobre los dos arbitrios.  Para el primero, se basaría en el artículo 12º del contrato de 1864 que dejaba bien claro que la empresa continuaría estando exenta de los recargos municipales y demás que debieran percibir los fondos municipales "sobre las materias precisas a la fabricación y purificación del gas".  Si el ayuntamiento persistía en sus intenciones de fijar un arbitrio sobre las tuberías de hierro que se extendían en el subsuelo de la ciudad, la empresa "no tendrá más remedio que subir el precio del gas, tanto público como particular".

En vista de que, efectivamente, el ayuntamiento resolvería cobrar este arbitrio, Litschfousse recurriría en alzada ante el gobierno de la provincia, ante la Comisión Provincial y ante la Diputación.  El ayuntamiento, por su parte, recurriría, también, al Gobierno Civil "porque no puede sostenerse que las tuberías de hierro se consideren como materias precisas a la fabricación y purificación del gas", pues, seguía el recurso del ayuntamiento, "el objeto de esas tuberías era la conducción del fluido", lo cual era muy distinto[47].

Aunque en el expediente consultado no conste la resolución del gobierno civil, todo hace pensar que, finalmente, el arbitrio sobre las tuberías de hierro sería aplicado, como en el caso del consumo de gas; y que, a pesar de las protestas de Litschfousse, se puede suponer que se aplicó en l891, 1892 y en el ejercicio 1893-94, ya que durante todos esos años se fue reproduciendo la misma situación: el ayuntamiento iba enviando un recurso idéntico cada año ante el gobierno civil cambiando únicamente la fecha del presupuesto a aprobar, que precisamente era lo que debía efectuar esta instancia provincial.  Y Litschfousse "respetuosa, pero firmemente", año tras año renovaba su recurso ante el ayuntamiento "ante la cercana aprobación de los presupuestos municipales".

Léon Litschfousse argumentaba año tras año que con la sola diferencia de precios para el gas entre público y particular  -el gas para el alumbrado público se pagaba a 0,26125 pta (es decir, 1,045 reales) y el suministro a los particulares a 0,4 pta (o sea, 1,6 reales)-  la empresa pagaba al ayuntamiento "una contribución enorme"; pero, además, si el ayuntamiento intentaba cobrar a la empresa y a los consumidores particulares, éstos últimos aún deberían ver incrementada la diferencia de precio respecto al alumbrado público.

El ayuntamiento desestimaría la demanda de la empresa y se explicaría ante el Gobierno Civil señalando que, hasta entonces, el gas, como artículo de consumo, había estado exento de los arbitrios que gravaban todos los otros productos de consumo, con el consiguiente privilegio, "más de notar cuanto que todos los artículos utilizables para el alumbrado (aceite, petróleo, cera, etc) vienen de largo tiempo ha con derechos al consumo que recargan notablemente su comercio".  La misma venta del carbón de coque, proseguía el ayuntamiento, producido por los residuos del proceso de destilación de la hulla para producir gas, se encontraba gravada con un arbitrio por la sola razón de ser un artículo de consumo para los particulares.  Finalmente, el 7 de enero de 1892, el Gobierno Civil resolvería dar la razón al ayuntamiento, con lo que es de suponer que se penalizaría al consumo particular con dicho arbitrio.

Todo esto muestra en nuestra opinión, que el alumbrado público de Madrid, como en la mayor parte de ciudades españolas, resultó una carga difícil de soportar para las empresas gasistas hasta que el consumo particular se consolidó, ya que para entonces éstas podían compensar las deudas de los ayuntamientos con un bloque particular numeroso y solvente.  Aunque lejos de otras ciudades industriales europeas, las escasas cifras que tenemos sobre el consumo particular, indican que hacia los años ochenta del siglo XIX, el proceso de industrialización también se estaba desarrollando en Madrid.  Algunas cifras referidas a la instalación de motores de gas así lo demuestran.  Antes, explicaremos algunas generalidades sobre ese nuevo tipo de ingenios que constituirían un estadio intermedio entre las calderas de vapor y los motores eléctricos.   En Madrid, como en la mayoría de ciudades europeas, la industria debía ceder paulatinamente espacio a la población en crecimiento y, en consecuencia, cualquier ingenio que retrasase la salida de industrias de la ciudad sería bienvenido.
 

Los motores de gas en Madrid

Los primeros motores a gas se remontan al año 1833, con el ingenio del inglés Lemuel Wellman Wright.  Se trataba de una máquina en cuyo interior se producía la explosión de una mezcla de gases combustibles y aire inflamados por la llama del gas procedente de la destilación del carbón de hulla.  El invento no tuvo éxito, pero a partir de éste, se multiplicaron los ensayos.

Cabe citar, también, algunos motores como el del francés Hugon[48], de 1858, que también partía de la utilización del gas de hulla y del que se esperaban grandes beneficios para la expansión de la propia industria gasista, y el de Lenoir, de 1860.  La mezcla, puesta en contacto con la chispa producida por una pila Bunsen, se inflamaba.  El aire calentado se dilataba y una parte del oxígeno contenido encendía el carbono del gas para formar ácido carbónico.  Toda esa masa gasiforme operaba una presión sobre la superficie del pistón que se transformaba en fuerza.

En 1864, en París se contabilizaban 130 motores que funcionaban con gas del alumbrado según el sistema de Lenoir, usados en industrias de pequeño y mediano tamaño, como talleres de imprenta, fábricas de chocolate, perfumería, panaderías, fábricas de zapatos o empresas constructoras.

Coetáneamente, el alemán Nikolaus August Otto (1832-1891) desarrolló el motor de cuatro tiempos -aspiración, compresión, explosión y escape- imaginado por Beau de Rochas en 1862. En 1863, Otto construyó en Colonia el ingenio que, con algunas modificaciones, se consideraría la primera alternativa práctica a la máquina de vapor; y en 1867, asociado con el industrial Eugen Langen, también de Colonia, presentó su motor a la Exposición de París de ese año.

Otto también dio nombre al ciclo por el que se conocía el sistema de cuatro tiempos: el gas se introducía en el cilindro, se comprimía, la presión resultante actuaba sobre dos pistones que explosionando alternativamente, producían la fuerza necesaria para imprimir el movimiento a una rueda.  En España, sería el fabricante de la Barceloneta, Miguel Escuder, uno de los principales fabricantes de motores de gas por ese sistema.  Esos motores eran de pequeña cilindrada y muy aptos para actividades industriales de mediana escala, como pastelerías, tipografías, tahonas y similares.

El hecho de que la instalación de los motores de gas necesitasen un permiso de actividades que debían otorgar los respectivos ayuntamientos permite conocer con exactitud el número de motores con que contaba la industria madrileña.  A partir de la consulta de los respectivos expedientes, se sabe, pues, que en 1885, se contabilizaban en Madrid 53 motores de gas cuya fuerza sumaba 248 caballos de vapor, lo cual significa un promedio de 4,7 caballos de vapor por motor.  Las actividades que lo habían adoptado fueron 2 fábricas de cepillar y aserrar madera, 16 tahonas, 7 fábricas de chocolate, 17 imprentas y dos más cuya utilización no se especificaba[49].  Entre 1887 y 1888, a ese número vinieron a añadirse 33 motores más repartidos de la forma que se muestra en el cuadro 4.
 
 

A través de la consulta de esos expedientes, también se ha podido saber que la firma Bloss fabricó motores Otto en Barcelona y que Miguel Escuder tuvo en esa época una fábrica de motores -o, al menos, algún tipo de almacén- en Madrid, en la calle San Fernando, número 52, lo cual indica que, en general, la cuestión de las patentes de fabricación era escasamente respetada.  En otro lugar ya hemos explicado las circunstancias en que se fabricaron en España los motores Otto[50].

De la lectura del cuadro 4 también se desprenden otras cuestiones.  Respecto a las cifras de 1885, la potencia media de los motores había disminuido de 4,7 CV/motor a 3,2 CV/motor, lo cual parece indicar que habrían sido las empresas de mayor necesidad de energía -y a las que se les puede suponer una mayor envergadura- las que primero habrían adoptado el motor de gas a las que habrían seguido las industrias de menor tamaño.

Así como el consumo doméstico tardaría bastante en arraigar, en el campo industrial existían algunas aplicaciones poco explotadas.  Se puede observar que las actividades que precisaban utilizar motores de gas en los años 1887-88 fueron prácticamente las mismas que hasta entonces; el cambio sustancial se produciría con la entrada en la escena económica de la electricidad.

La otra gran aplicación de los motores de gas, la fabricación de electricidad, se añadiría a las utilizaciones del gas, lo cual indica también que, como en otras ciudades europeas, la aparición una energía que podía presentar una competencia importante al gas obligaría a los empresarios gasistas a buscar utilizaciones alternativas a su producto.  De hecho, sin embargo, hasta la entrada en el mercado de los motores de gas pobre -a principios de la década de los noventa- la fabricación de electricidad por medio de los pequeños motores Otto no correspondería a las esperanzas en ella depositadas[51].

Sólo muy lentamente el gas dejaría su lugar preeminente como fuente de luz y de fuerza a la electricidad, pero en los años finales del siglo XIX, todavía tenía un amplio campo por recorrer. Primero, se debían explotar todas las condiciones favorables que todavía ofrecía la industria, entre ellas, la posibilidad de unir inicialmente las diferentes factorías en una sola empresa y en segundo, unificar la red a escala nacional[52].

El primer paso en los años sesenta del siglo XIX debería ser, en consecuencia, la incorporación a Gas Madrid de otras empresas que ya formaban parte del patrimonio gasista del Crédito Mobiliario Español.  Esas empresas habían sido creadas por otra sociedad de crédito importante establecida en España, la Compañía General de Crédito en España que, a pesar de unos prometedores inicios, o precisamente por una expansión poco controlada, se encontraría muy pronto en dificultades.  A esa empresa, desde su fundación hasta la incorporación de sus fábricas al patrimonio de la Madrileña, dedicaremos el resto de esta aportación.
 

La Compañía General de Crédito y sus vínculos con los capitales gasistas en España

Ya se ha indicado en páginas anteriores que una de las cuatro sociedades de crédito que se constituyeron en España en 1856, fue la Compañía General de Crédito en España.  Esta sociedad ejerció una influencia decisiva en el sector gasista, principalmente en la instalación de nuevas redes en algunas ciudades españolas. Como las otras grandes sociedades la Compañía General de Crédito se fundó con un volumen elevado de capital social, 399 millones de reales, repartido en 210.000 acciones de 1.900 reales cada una, aunque nunca desembolsaría más de un tercio de esa cantidad[53].  Como en el caso del Crédito Mobiliario Español, también su capital social tendría su correspondiente equivalencia en Francia y en Gran Bretaña.  Los 399 millones de reales equivaldrían, pues, a 105 millones de francos o a 4.200.000 libras esterlinas.  Más adelante, se preveía efectuar la emisión de acciones en bolsas extranjeras; pero por el momento se ponía en circulación una primera serie de 70.000 acciones en España de las que se debía desembolsar un 30 por ciento inicial y el resto en dividendos.  En caso de que éstos no fuesen satisfechos en las épocas previstas las acciones se considerarían caducadas "sin necesidad de ninguna declaración, ni de la intervención de ningún juez ni autoridad".

Los estatutos de la sociedad[54], también como en el caso del Crédito Mobiliario Español, mostraban la misma voluntad de intervenir en las grandes infraestructuras que se debían realizar en España para que el país, finalmente, se situase al nivel de otras naciones europeas.  También como en la fundación del Crédito Mobiliario Español, tras de la Compañía General de Crédito se encontraba una entidad de crédito francesa, en este caso, la Compañía General de las Cajas de Descuentos, establecida en París.  La nueva compañía de crédito se formaría con siete socios iniciales, José Antonio Alfredo Prost, Edmundo conde d'Alton Shee, Leoncio Amadeo Piquere de la Boulloy, Manuel de Acuña marques de Bedmar, Enrique Erkine Frazer, Luis Gustavo Jounart y Santiago Baltasar marques de Clapiers y se fijó la duración de la misma en 99 años.

El 30 de mayo de 1856, la sociedad celebraría su primera junta general, que sería presidida por el gobernador de la provincia de Madrid para darle la mayor solemnidad, con el único objetivo de  nombrar el consejo de administración. Éste quedaría formado por los siguientes individuos, entre los que, como se puede observar, abundaban los vínculos con la nobleza por parte española mientras que entre los franceses serían mayoría los banqueros[55]  (cuadro 5).
 

Los cuatro grandes grupos de negocios en que intervendría la Compañía General de Crédito en España durante los años 1856-1863 fueron esencialmente ferrocarriles -las líneas de Sevilla a Jerez, que más tarde se ampliaría con otro tramo de Puerto Real a Cádiz y la línea de Montblanc a Reus- fábricas de gas, cuya trayectoria será tratada a continuación, seguros y minas.

Respecto a las fábricas de gas, se debe indicar que ya que desde el inicio de sus actividades en España, en 1856, la sociedad había obtenido las concesiones de diversas ciudades españolas, las de Jerez, Cartagena, Alicante, Valladolid, Burgos y Pamplona.  En 1859, formalizaría las compras de las fábricas de Valladolid y de Jerez, cuyo funcionamiento en aquella época dejaba mucho que desear, y en mayo de ese año las obras de las fábricas de Alicante, Cartagena y Pamplona se hallaban, según la Memoria de ese año[56], "muy adelantadas". Esas primeras impresiones permitían confiar en que la Compañía General de Crédito en España podría ocuparse de "la organización de una sociedad especial que centralice todos estos negocios de gas", en una estrategia similar a la del Crédito Mobiliario Español y que indica la tendencia de las infraestructuras que actúan por medio de redes a la ocupación total del territorio.

En 1860, la fábrica de Valladolid alimentaba ya más de 2.000 luces entre alumbrado público y consumo particular, con un beneficio de cerca de 200.000 reales[57], mientras que las de Jerez, Alicante, Cartagena y Pamplona, aunque ya en funcionamiento, no habían empezado a generar beneficios, y se confiaba en que empezasen a producirlos en el siguiente ejercicio.  A todas esas fábricas se vendría a añadir la fábrica de Burgos, cuya puesta en funcionamiento se retrasaría, por diversas circunstancias, hasta finales de julio de 1862, precisamente cuando se iniciarían las dificultades de la sociedad.   Ésa sería la última gran obra gasista de la Compañía General de Crédito en España, ya que su trayectoria empresarial sería cortada muy pronto debido, en parte, a su propia orientación y en parte al estado de las finanzas europeas.

Gabriel Tortella afirma que la Compañía General de Crédito en España fue la más activa de las sociedades de crédito establecidas en nuestro país; y, en su opinión, fue precisamente ese elevado grado de actividad lo que le habría hecho sobrepasar sus fuerzas, asumir riesgos por encima de sus posibilidades reales y, finalmente,  la habría abocado a la suspensión de pagos, lo cual indica, sea dicho entre paréntesis, que una cierta predisposición a asumir riesgos es necesaria; pero contando siempre con las posibilidades reales de negocio.  Los ambiciosos proyectos de la Compañía General de Crédito, esencialmente su proyecto de articulación de líneas férreas en Andalucía, había constituido un pozo sin fondo.  La línea Sevilla-Jerez, que sería ampliada a Cádiz, y más tarde, la ampliación de capitales necesarios para enlazar la línea de Sevilla a Cádiz con otra línea que debía unir Madrid con Mérida, había supuesto una concentración de riesgos excesiva que habría terminado, como se ha dicho, con los recursos disponibles y en consecuencia, con la quiebra de la sociedad[58].

De manera que la Compañía General de Crédito en España se encontró en serias dificultades entre mediados de 1862 y finales de 1863, aunque las iría sorteando.  La prensa internacional se haría eco puntual de los rumores adversos que circulaban sobre la situación financiera de la Compañía General de Crédito y aún complicaría más las cosas, puesto que los comentarios de la prensa enrarecerían más el ambiente financiero internacional a ese respecto.  En septiembre de 1864, efectivamente, la sociedad tendría que declararse en quiebra. No obstante, antes de ésta, intentaría solventar su situación económica con una emisión de obligaciones sobre sus fábricas de gas.

La otra razón de las dificultades de la Compañía General de Crédito en España se encuentra en la fuerte crisis que se desencadenó en las bolsas europeas en 1866, que afectaría a diversos capitales que operaban en España, entre ellos al del Crédito Mobiliario Español que, a partir de dicha crisis, debería contar con sus propios medios económicos.  El hundimiento y desaparición del Crédit Mobilier Français, no arrastraría al Crédito Mobiliario Español, pero éste debería seguir otro tipo de política y frenar sus proyectos expansionistas.  Sus gestores se vieron en la necesidad de limitar muchas de sus inversiones a largo plazo, como la proyectada red de ferrocarriles, y de concentrarse en las infraestructuras ya en funcionamiento, como la fábrica de gas de Madrid.

Entretanto, los problemas económicos de la Compañía General de Crédito serían utilizados por el Crédito Mobiliario Español.
 

La transferencia de patrimonios gasistas a la Madrileña

En octubre de 1863, y poco tiempo antes de la suspensión de pagos definitiva, en vista de las dificultades a que se encontraba abocada la Compañía General de Crédito en España y para buscar una salida que económicamente permitiese remontar los problemas de la sociedad, su director, Luis Guilhou, realizaría un crédito hipotecario por 19 millones de reales repartidos en 50.000 obligaciones a 380 reales cada una[59]contra las seis fábricas de gas.  Esas obligaciones deberían rendir un interés del 5 por ciento anual hasta su total amortización.  Hemos podido saber que, el 29 de mayo de 1880, el Crédito Mobiliario Español poseía un paquete de 42.000 obligaciones hipotecarias contra la Compañía General de Crédito, es decir, que era acreedor de ésta por una suma total de 15.960.000 reales[60].

Por otra parte la Memoria del Crédito Mobiliario Español, correspondiente al ejercicio de 1879, consignaba "una operación directa anterior" en la que se había emitido precisamente "19 millones de reales en obligaciones reembolsables en diez anualidades".  La coincidencia de ambas cifras permite suponer que esas obligaciones podían ser las mismas, emitidas por la Compañía General de Crédito en España, aceptadas por el Crédito Mobiliario Español y vueltas a emitir por éste.

Todo parece indicar, pues, que el Crédito Mobiliario Español, ya en 1863, y ante la quiebra de la Compañía General de Crédito en España, había considerado interesante hacerse con el capital gasista de ésta. La valoración de dichas fábricas se realizó como sigue (cuadro 6). Obsérvese que la reserva efectuada sobre la fábrica de gas Burgos indicaba que, a pesar de las noticias aparecidas en diferentes publicaciones respecto a su inauguración, como se ha dicho, a mediados de 1862, se encontraba todavía o bien en estado experimental o bien con un bajo nivel de prestación.
 

Encontrándose ya en liquidación, la Compañía General de Crédito en España promovería la subasta de las seis fábricas para mediados de marzo de 1865.  A dicha subasta concurrirían las cinco proposiciones siguientes: una de un vecino de Pamplona que había ofrecido 1.200.000 reales por la fábrica de esa ciudad; la  de "un capitalista de Madrid" que había ofrecido 2.800.000 por las fábricas de Cartagena y Alicante; otra "de una Compañía inglesa" que ofrecería 6.840.000 reales por las de Jerez, Cartagena y Alicante; una más "de una compañía francesa" que ofrecería 13.000.000 por las seis fábricas y la última de "una compañía inglesa" cuya oferta había sido de 12.540.000 reales también por las seis fábricas[61].

Según la Gaceta de los Caminos de Hierro, aún se presentaría a la subasta "una sociedad de crédito de Madrid" que, después de efectuar el depósito correspondiente para participar en ella, manifestó que deseaba optar por las seis fábricas pero que deseaba conocer si la empresa vendedora estaba "dispuesta a variar las condiciones de pago"[62].  Teniendo en cuenta que en ningún momento se consignaba el nombre de la sociedad de crédito y por todo lo que se lleva dicho hasta aquí, no es aventurado suponer que dicha sociedad pudiese muy bien ser el mismo Crédito Mobiliario Español que deseaba asegurar la compra del patrimonio gasista de la Compañía General de Crédito.  Las informaciones que se han podido recoger sobre esta tentativa parecen confirmar que, efectivamente, el Crédito Mobiliario estuvo de manera indirecta detrás de la transferencia que se efectuaría de esas fábricas de gas.

Sin embargo, y de momento, el 11 de septiembre de 1865, la propiedad de las seis fábricas pasaría a una recién formada "Sociedad Holandesa para la Explotación de las Fábricas de gas en España" en cuya fundación también intervino el grupo holandés Stockman, fabricante de material para fábricas de gas y que disponía ya de concesiones en algunas ciudades holandesas, como La Haya[63].  En el grupo Stockman intervenían dos bancos de Rotterdam, J. Meers and Sohn y la Banca Hipotecaria Holandesa.  Como es bien conocido, los caminos de los capitales financieros eran ya por entonces escasamente transparentes.  Por el momento, no es posible afirmar de manera taxativa que en el grupo Stockman no hubiese entrado también capital del Crédito Mobiliario Español, pero no sería aventurado por lo que explicaremos a continuación.
 

La Sociedad Holandesa para la Explotación de las fábricas de gas en España

La Sociedad Holandesa para la Explotación de las Fábricas de gas en España, se creó justamente antes de la adjudicación del patrimonio gasista de la Compañía General de Crédito en España, a principios de septiembre de 1865 y, como constaba en su escritura fundacional, su objetivo expreso era el de explotar las fábricas de "Alicante, Cartagena, Valladolid, Jerez, Pamplona y Burgos".  En consecuencia, dicha sociedad se fundó con el capital necesario para ese objetivo:  3.500.000 florines, equivalentes a 7.560.000 francos o 28.728.000 reales repartidos en 14.000 acciones de 250 florines, equivalentes a 540 francos o a 2.052 reales[64].  El 11 del mismo mes, las seis fábricas de gas creadas por la Compañía General de Crédito en España pasarían a depender de la Sociedad Holandesa y con ellas, el crédito hipotecario de las obligaciones emitidas por esta empresa  en 1863 del que se haría responsable.

Sería el agente francés, Carlos Blanchet Blondel quien actuaría como comprador de dichas fábricas junto a las respectivas concesiones, terrenos, utillajes y redes (cuadro 7) y quien en las correspondientes escrituras indicaría su expresa voluntad de transferirlas inmediatamente a la Holandesa.  De hecho, Blanchet llevó a la escritura de compra-venta como testigos a Félix Polack Hirsch[65] , "banquero de La Haya" y a Samuel Raphael Stokwis Polux, "negociante de Rotterdam"[66], que no cabe duda eran los dos socios mayoritarios de la Holandesa o, al menos, los representantes de los bancos holandeses arriba indicados.  De esa venta la Gaceta de los Caminos de Hierro se haría eco inmediatamente al tiempo que aprovechaba la oportunidad para "felicitar a la Compañía General de Crédito en España por haber llevado a cabo esta importante negociación"[67].
 

Las considerables diferencias de precio entre las distintas fábricas se debieron esencialmente a las posibilidades de negocio que ofrecían.  Así, se observa que la fábrica de Valladolid, que en 1858 ya se hallaba en plena explotación y cuyo número de luces a las que suministraba gas era ese año de 1.485, se había ampliado con una fábrica de ladrillos y cal -la fabricación de ladrillos daba salida al superávit de gas; y la cal era necesaria en el proceso de purificación del gas- en la zona de la Cistuérniga[68]y la fábrica de Jerez, cuya contrata de 1857 con el ayuntamiento de dicha ciudad, ya había dado lugar a la instalación de 125 faroles en ese año.  Esas dos fábricas fueron, pues, las mejor valoradas, ya que obedecían a realidades en un proceso que podía ofrecer expectativas de crecimiento; mientras que las otras -Pamplona, Alicante y Cartagena- se encontraban mucho más retrasadas.  La de Burgos, por otra parte, se encontraba recién inaugurada y no había podido, en consecuencia, mostrar su rentabilidad.

Es evidente que la gestión de esas fábricas no correspondería a las esperanzas en ellas depositadas y, en 1880, la Holandesa se encontraba en deuda precisamente con el Crédito Mobiliario Español por 10.045.889 reales, es decir, 2.511.472 pesetas, correspondientes al impago de los dividendos del crédito hipotecario realizado por la Compañía General de Crédito en España en 1863 de que se ha hecho mención, y que, como también se ha dicho, la Holandesa se había subrogado  en 1865 juntamente con la compra de las fábricas de gas.  Se sabe que por entonces la fábrica de Jerez había ya salido del grupo y por entonces se difundieron algunas informaciones que la vinculaban con La Catalana de Barcelona, mientras que las otras cinco permanecían bajo el control de la Sociedad Holandesa.

Por otra parte, desde 1872, la situación de Gas de Madrid había ido mejorando gracias a una política realista que implicaba la optimización de los sistemas de producción y la ampliación controlada de la red de distribución, de manera que, poco después, con la situación de Gas de Madrid consolidada, los directivos del Crédito Mobiliario Español decidieron que había llegado el momento de transferir a la empresa del gas de Madrid el capital hipotecario que representaban las cinco fábricas de la Sociedad Holandesa.  El 29 de mayo de 1880, el Crédito Mobiliario Español promovería demanda de embargo contra la Sociedad Holandesa y el 29 de noviembre del mismo año, se celebró la subasta y posterior venta judicial de su patrimonio cuyo único postor fue la Madrileña, que se adjudicaría las cinco fábricas por la cifra de 555.100 pesetas -2.220.400 reales-, que representaban el remanente de los 19 millones de reales que habían constituido el total del crédito hipotecario de 1863 que no se había amortizado y que no estaban en poder del Crédito Mobiliario Español[69].

Esta es la razón de que en la Memoria de 1880 del Crédito Mobiliario Español -referente al ejercicio del año anterior- se consignase que la explotación del alumbrado por gas de la villa de Madrid va mejorando día a día y se simplificará a tal punto que la compañía extenderá su acción a las principales ciudades de España, conforme a lo previsto en sus Estatutos. Su experiencia y excelente método de administración le permitirán reportar nuevos beneficios de la extensión de la industria.  La favorable situación del gas de Madrid en comparación con el escaso éxito de las actuaciones en la red ferroviaria española, había decidido a los directivos del Crédito Mobiliario Español a aprovechar el potencial mercado que suponía el patrimonio gasista, al que se le podía derivar el excedente de los carbones de sus minas en explotación.

A título ilustrativo, se debe indicar que el director gerente y representante oficial de la Holandesa era el embajador de España en París, José Luis Albareda, que tenía fijada su residencia en esa ciudad. Poco o nada podía intervenir en los negocios de las distintas fábricas de gas, cuya característica principal era la de constituir un negocio que, como ya se ha indicado, exigía una atención constante y un espíritu empresarial muy concreto, lo cual contribuye a sugerir que dicha empresa tenía un carácter puramente instrumental según los intereses del Crédito Mobiliario Español.

El 24 de marzo de 1881, con la transferencia de la propiedad de las cinco fábricas de gas, se liquidaría la deuda de la Holandesa respecto al Crédito Mobiliario Español.  Esta sociedad  había realizado unos meses antes una tasación de las cinco fábricas que había arrojado un total de 16.681.913 reales, equivalentes a 4.170.478 pesetas y unos meses más tarde, el 1 de diciembre de 1881, la Madrileña solicitaría que se otorgase a su favor escritura de compra-venta de dichas fábricas.

El traspaso efectivo de poderes no podría realizarse hasta seis años más tarde -el 27 de enero de 1887- debido a que José Luis Albareda continuaba residiendo en París y no encontraba el momento de volver a España para formalizar el traspaso de propiedad.  Entretanto, a finales de 1886, el por entonces director gerente de la Madrileña del Gas, Laureano Figuerola, aceptaría y daría su enterado en nombre de la junta directiva a la incorporación de las cinco fábricas al patrimonio de la Madrileña[70]. Sin embargo, y a pesar de esa compra y de los buenos informes de las sucesivas Memorias, no parece que la situación financiera de la Madrileña saliese de un precario equilibrio.  Como se ha mostrado en páginas anteriores, las deudas del ayuntamiento y la entrada en la ciudad de la electricidad no permitirían una expansión plena de la red de gas.

En la década de los ochenta, la electricidad irrumpiría con fuerza en el panorama energético español[71], y Madrid, por la precariedad de su industria gasista y las dificultades derivadas de la escasa disponibilidad de materias primas entre otras razones, incorporaría pronto esa nueva innovación tecnológica.  No obstante, las compañías eléctricas que intentaron instalarse en Madrid se encontraron con la barrera prácticamente infranqueable que representaba, vía concesiones, el monopolio que sobre el subsuelo de la ciudad tenía derecho a ejercer la compañía de gas hasta 1914.

La fuerza de las concesiones se mostraría inexpugnable y sólo a partir de la creación de la Compañía Madrileña de Electricidad, en 1889 -participada precisamente por Gas de Madrid y por la Sociedad General de Electricidad, de Berlín, vinculada a la alemana AEG- sería posible que la electricidad se extendiese en Madrid, tema que, por razones obvias, dejamos fuera de este trabajo.  Debemos señalar, no obstante, que el capital inicial de la nueva empresa eléctrica sería fijado en tres millones de pesetas, de los que 1.200.000 serían aportados por Gas de Madrid y el resto -1.800.000 pesetas- por la Sociedad General de Electricidad[72].

Esta estrategia, emprendida por algunas empresas gasistas consistente en entrar en el negocio de la electricidad y mantener, así, la trayectoria eléctrica en límites convenientes para la expansión de las redes de gas, sería seguida más tarde por las dos empresas gasistas que actuaban en Barcelona, La Catalana y la Compagnie Centrale. La fundación, en 1894, de la Central Catalana de Electricidad, precisamente por las dos empresas gasistas que habían mantenido un conflicto continuado sobre el territorio de Barcelona indica, en nuestra opinión, la necesidad de las empresas gasistas de mantener el control sobre el territorio, canalizado o por canalizar, y cortar así el paso a futuras expansiones de otras energías, como la electricidad, puesto que su objetivo principal era la expansión del gas.

Respecto a la transferencia de las fábricas de gas procedentes de la Compañía General de Crédito, se debe indicar que, más tarde, la Madrileña también se debería desprender de la fábrica de Cartagena en 1890 y la de Pamplona en 1891, cuyo funcionamiento se encontraba en mediocres condiciones[73].  Como afirma Sudrià respecto a la Madrileña, "la empresa desde 1895 no repartió dividendo alguno e, incluso, los obligacionistas vieron suspendido el cobro de sus cupones"[74].

Aunque las circunstancias de la empresa no invitan a ir más allá del cambio de siglo, se debe señalar que las condiciones de suministro de gas, junto a otras de carácter ideológico hicieron que las autoridades municipales iniciasen la vía de la municipalización -que en algunos casos llevó a un complicado proceso de incautación- de algunos servicios esenciales, como el del gas. Es conocido ya el proceso de incautación de la fábrica por parte del ayuntamiento, entre 1917 y 1921, como un episodio más de los diferentes criterios que mantuvieron los gestores municipales y los empresarios gasistas.  Ante la crisis de carbón desencadenada por la primera guerra mundial se volverían a manifestar esas diferencias. El hecho de que el contrato entre la Madrileña y el ayuntamiento caducase precisamente en 1914 hizo reflexionar a las autoridades municipales.

Un error de cálculo llevaría a éstas a suponer que podrían articular las distintas variables de la producción de gas y abaratar su precio.  Influidas, sin duda, por la corriente municipalizadora que tomaba cuerpo en numerosos países europeos según la cual, al menos teóricamente, los ayuntamientos, asumiendo la gestión directa del servicio de gas, podían renunciar a la tasa de beneficio industrial a favor de un abaratamiento del mismo, creyeron que al socializar la producción de gas, los beneficios derivados de la renuncia municipal sobre las ganancias revertirían sobre la población[75]. De hecho, las dificultades de fabricación del gas eran mínimas si se comparaban con las derivadas del abastecimiento del carbón necesario o con los complicados mecanismos de gestión de una infraestructura que ya por entonces ocupaba la práctica totalidad del territorio urbano.

Los años entre el final de la Primera Guerra Mundial y la promulgación del Estatuto Municipal, en 1924, verían reproducirse las mismas circunstancias en varias ciudades españolas. Antes, en 1909, el ayuntamiento de Valencia municipalizó el gas, y el de Barcelona, como el de Madrid, en 1917.  Todos elaborarían complicados proyectos para gestionar directamente las fábricas de gas en un esfuerzo por municipalizar un servicio público que aún no contaba con una definición como tal.

Ninguno de esos proyectos prosperó y se debió esperar al Estatuto Municipal de 1924 para que los ayuntamientos tuviesen, al menos sobre el papel, la posibilidad de intervenir de manera directa en el suministro de gas a las poblaciones y que éste fuese legalmente reconocido como un servicio público.  Como hemos mostrado en otro lugar[76], el único impedimento para que los ayuntamientos españoles pudiesen intervenir en el servicio público radicaba precisamente en su falta de capacidad de decisión económica y, en consecuencia, debieron volver a dejar en manos de los empresarios particulares la fabricación y distribución del gas por medio de concesiones, herederas directas de los antiguos privilegios.
 

Conclusiones

En este trabajo se ha visto que la red de gas de Madrid debió superar numerosas dificultades vinculadas, sobre todo, a una primera etapa de escasa disponibilidad de capitales y a su dependencia, más tarde, del capital extranjero.  Durante mucho tiempo, la demanda particular, que debía ser el segmento principal de demanda y que constituía la fuente principal de beneficios de las empresas gasistas, se retrajo debido al elevado precio del gas.  A todo esto, se uniría una débil estructura bancaria que implicaba que las escasas empresas que intentaron introducirse en el negocio chocasen con la inexistencia de los capitales necesarios para instalar una innovación tecnológica que suponía la compra de tecnología y utillajes al extranjero y que tenía como principal característica un carácter expansivo sobre el territorio, lo cual suponía la necesidad de ampliar constantemente las redes y la producción, lo que se traducía en la necesidad de contar con cantidades siempre crecientes de capitales.

De manera inversa a lo sucedido en la mayoría de grandes ciudades europeas en que se instaló la industria del gas y en las que dicha industria potenció su crecimiento industrial, el carácter de centro administrativo y de Corte de Madrid excluiría durante bastante tiempo ciertas actividades económicas, precisamente las que debían servir de base para la formación de un tejido consolidado de demanda particular.

La situación en que el Crédito Mobiliario Español se hizo cargo de la fábrica de gas de Madrid requirió sin duda un enorme esfuerzo económico para ampliar las instalaciones y mejorar la calidad del gas, mérito mayor por partir, además, de la utilización de carbones españoles, cuya calidad no cumplió las perspectivas de los gestores de dicha sociedad de crédito.  Esto, junto a los difíciles momentos por los que atravesaban las finanzas europeas y el desplome en 1866 del Crédit Mobilier, unido a una baja proporción de consumo particular, complicaría la trayectoria de Gas de Madrid.  Las duras circunstancias que atravesaría la economía europea y, por su papel subordinado, la economía española, no permitirían que el desarrollo iniciado experimentase una tendencia más acusada hacia la expansión.

El complicado proceso de transferencia de las fábricas de gas de la Compañía General de Crédito a la Sociedad Holandesa, creada con el exclusivo objeto de explotar las fábricas de España, junto a la creación de un préstamo hipotecario en 1863, justamente cuando se produciría la quiebra de la Compañía General de Crédito; el paso de dicho patrimonio gasista desde la Sociedad Holandesa al Crédito Mobiliario Español y de éste a Gas de Madrid, constituyen  sin duda aportaciones inéditas de este trabajo.

Por otra parte, subrayamos, también, que el hecho de que fuese precisamente el Crédito Mobiliario Español la entidad que absorbió la mayor parte del crédito de la Compañía General de Crédito constituye un claro indicador del  grado de relación -poco o nada conocido- entre sociedades que aparentemente se encontraban en competencia, cuestión ésta que ya se puso de relieve en su momento para mostrar los vínculos establecidos en 1854 entre las dos compañías gasistas que actuaban respectivamente en Barcelona y Gràcia, La Catalana y La Propagadora[77].  Evidentemente, los intrincados caminos que siguieron muchas veces los capitales se mantuvieron al margen de los conflictos que aparentemente sostenían las empresas.
 

Notas