[Fuente: El Mundo]
Regulación inteligente
Una salida es facilitar bancos de prueba regulatorios, más conocidos como regulatory sandboxes. Reino Unido es pionero con un modelo que permite a las empresas probar modelos de negocio, productos o servicios innovadores con consumidores reales, en un espacio abierto supervisado.
Sus defensores aluden a una mayor rapidez de llegada al mercado y a menor coste, a la posibilidad de incorporar en los productos los elementos de protección al consumidor que se hayan detectado o al mejor acceso a la financiación. Sus críticos -como el coordinador del Observatorio Fintech, Ramón Pedreño– alegan que el hecho de que unas entidades tengan unas ventajas frente a otras distorsiona la competencia, favorece la innovación en unos lugares frente a otros y es un elemento de arbitrariedad y conflictos de intereses en la supervisión.
En su documento de consulta «Fintech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador», la Comisión Europea aboga por estos bancos de prueba, incluso para iniciativas con operaciones transfronterizas. En España, la CNMV trabaja en ello. Para Pedreño, «toda España debería ser un sandbox, un territorio donde las start ups financieras puedan acceder al mercado de una forma ágil y eficaz, pero con autorización administrativa y sujeta a supervisión, disciplina de mercado y autorregulación».
Este modelo entronca con el concepto de regulación inteligente. Se trata de garantizar normativas específicas que no vayan más allá de lo necesario. La idea es aplicarlo tanto a la regulación vigente como a la que esté por venir. Es lo que se propone el programa Legislar mejor de la CE. En España, es una de las líneas de acción de GoVup. También del Foro Europa Ciudadana, con su campaña por una legislación «que armonice los derechos de ciudadanos, trabajadores y empresas» frente al exceso de burocracia e hiperregulación.
Comunicación clara
La comunicación es otro ámbito del sector público que pide innovación. Wallace asegura en su novela que la mayoría de las agencias gubernamentales «están infestadas de jerga especial y de palabras en clave». En un pasaje, define a los trabajadores de la Agencia Tributaria de EEUU en los 80 como «hombres anaerobios con trajes grises que hablaban un idioma burocrático carente de verbos -con términos como plantilla de uso estratégico o vector de rentas públicas, en lugar de plan e impuestos».
La absurda complicación del lenguaje administrativo se traduce en un problema cotidiano: entender los documentos, solicitudes, comunicados, etc, de la administración puede convertirse en una tarea ardua. «El lenguaje administrativo está indisolublemente ligado al jurídico, que no solo es el de los tribunales. Es muy arcaico, decimonónico, con gran tradición discursiva, párrafos inacabables, gerundios que lo ligan todo…», explica Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona, donde dirige el grupo de investigación de Estudios del Discurso Académico y Profesional (EDAP).
Montolío es una referencia internacional en clarificación del discurso, que resume como «intentar que la sintaxis no complique más la comprensión del mensaje». Puntualiza que «no es lo mismo que simplificar, porque eso significaría escribir algo inexacto y perder rigor» ni equivale a lo que se conoce como lectura fácil, «más enfocada a niños o a personas con alguna discapacidad».
Mario Tascón -socio fundador y director de Prodigioso Volcán– amplía el término de comunicación clara con herramientas tecnológicas para mejorar la legibilidad de los mensajes, y no solo su lecturabilidad. «Hasta ahora había sido cosa de lingüistas, pero el desarrollo digital y el diseño de interfaces electrónicas lleva de forma natural a un lenguaje claro como parte de la usabilidad, con herramientas como iconografía o infografía».
Tascón y Montolío han elaborado la guía Comunicación clara, donde describen algunos principios básicos a la hora de escribir. Pero hacen falta más que libros, conferencias y buenas intenciones para cambiar las cosas. «Pertenecemos a una tradición hispanohablante que no ha llevado a cabo un cambio democrático en la comunicación que en casi todos los países de nuestro entorno occidental se ha implementado hace décadas», asegura Montolío. La catedrática recuerda la quema de documentos que los ciudadanos no entendían frente al congreso de EEUU. En España ha habido iniciativas como la Comisión Interministerial para la Modernización del Discurso Jurídico, en la que participó Montolío. Esta presentó en 2011 unas propuestas que, con el cambio de Gobierno, no tuvieron continuidad.
