Más allá de las grandes transformaciones políticas que el proceso de transición de la dictadura a la democracia comportó, últimamente se empieza a poner de manifiesto la importancia de multitud de cambios y procesos que se produjeron en paralelo y que, a pesar de su menor relevancia pública, son fundamentales para contextualizar las destacadas operaciones de cambio institucional. Elementos aparentemente secundarios protagonizados por colectivos y personas ajenas a las portadas de los periódicos y los cabezas de lista de las candidaturas, pero sin la concurrencia activa de los cuales -no sólo dejando hacer y acatando las consignas desde arriba, tal como algunas voces han querido hacer creer- el proceso de transición no se puede acabar de captar en toda su magnitud.
Uno de estos aspectos es la situación penitenciaria. El paso de un régimen dictatorial en que la prisión ocupaba un lugar preeminente como forma represiva, a un régimen democrático en el que esta institución debe servir para la “reeducación y la reinserción social (art. 25.2 CE) así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados” (art. 1 LOGP) fue convulso, traumático y accidentado: rasgos antónimos al consenso, la serenidad pacífica y la moderación que tanto han sido publicitados como elementos claves de la transición española. El estudio sobre el cambio de un modelo a otro, particularmente sobre las formas de resistencia que los presos protagonizaron en demanda de una ruptura con el modelo carcelario franquista que parte de la concesión de una medida de libertad generalizada y una reforma en profundidad del aparato penal y penitenciario, constituye el centro de este trabajo.
