Ya hemos comentado que la comunidad gitana, al menos en teoría, tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad española. Sin embargo, como grupo étnico minoritario inserto en una sociedad más amplia, en este caso el Estado español, está en situación de inferioridad a la hora de acceder a recursos básicos de subsistencia Ello coloca a la comunidad gitana como minoría marginada en la pluralidad cultural del Estado español.

Derechos básicos como el de un trabajo y una vivienda dignas, o el derecho a la educación y a la sanidad gratuitas le son negadas sistemáticamente o le son concedidos en unas condiciones pésimas. El prejuicio, el estereotipo, funcionan como motivamente en numerosas ocasiones de esta situación: el gitano es ladrón, sucio y holgazán; un ser incapaz de adaptarse a las normas vigentes.

Muchos gitanos viven en núcleos chabolistas, donde se concentran en espacios reducidos grupos de unas nueve personas o más. Los materiales son de pésima calidad y están carentes de los mínimos equipamientos imprescindibles como el agua, la luz y servicios higiénicos. Son asentamientos alejados del casco urbano y sus servicios sociales y culturales son mínimos.

La Administración en muchas ocasiones ha creado asentamientos gitanos sin tener en cuenta una premisa básica, que hemos comentado anteriormente: ha situado a linajes gitanos enfrentados entre si en un mismo asentamiento, provocando conflictos entre éstos, alertando a sus vecinos payos y creando un clima de extrema tensión. No se ha tenido en cuenta la tradición gitana de evitar el encuentro de linajes enemigos. En el terreno de la educación, ya hemos comentado anteriormente el problema que se suscita entre los valores gitanos y los valores que se pretende inculcar en las escuelas institucionales.

En ocasiones los gitanos no han podido acceder a sus derechos reconocidos por el Estado al carecer de los requisitos básicos que administrativamente se exigen. A la falta de un domicilio con existencia administrativa y de un trabajo reconocido, se añade la irregularidad de los documentos personales.

Todo lo que hemos descrito en este punto refleja el conflicto existente entra las normas que rigen al Estado y los valores tradicionales de la sociedad gitana. Los gitanos, repetimos, tienen los mismos derechos que el resto de los españoles, pero para ello han de aceptar los parámetros que marca el Estado, aunque entre en clara contradicción con sus valores culturales. Es una sociedad que les reconoce, teóricamente, la igualdad con el resto de los ciudadanos hispanos, pero que no respeta su identidad cultural: no acepta la diferencia.