Los gitanos están reconocidos como ciudadanos españoles, participando jurídicamente de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad española. La comunidad gitana forma parte del conjunto de distintos pueblos y etnias que integran el Estado español.

"La ley otorga y exige lo mismo a payos y a gitanos, ya desde la mitad del siglo pasado. Pero la situación es de hecho bien distinta. No se trata únicamente de las desigualdades de un sistema con fuerte estratificación como es el de nuestra sociedad de clases.
Los gitanos se resienten de la falta de reconocimientos que sus costumbres, usos e instituciones tienen en la sociedad en la que viven. Hay ciertas tradiciones de mayor o menor peso social (como la celebración de algunos santos patronos) que les están permitidos como derecho propio a distintas comunidades locales. Sin embargo, el hecho de que tales reconocimientos queden encuadrados en territorios determinados, vinculados a las áreas geográficas deja marginado de esta posibilidad a la comunidad étnica gitana que es, sin duda, la que presenta la cultura más autóctona y diferenciada de cuantas conviven en el Estado español. Los gitanos, como el resto de los ciudadanos, están sujetos a las leyes y a la ordenación de la justicia y del orden social en general. Sin embargo, la "ley gitana", como llaman a su conjunto de normas tradicionales, y las instituciones que regulan su aplicación, discurren paralelas a las normas jurídicas que rigen el país. Esta duplicidad crea un dilema al gitano, ya que normas contradictorias que se asientan sobre valores muy diferentes entran en juego forzándole a realizar opciones que implican transgresiones en el código opuesto", como señala Teresa San Román.

Todo esto en definitiva, pone de manifiesto que el Estado pretende la asimilación de este colectivo minoritario. Conlleva el estricto cumplimiento de las normas que lo rigen, aunque ello entre en contradicción con los valores tradicionales gitanos.