El siglo XVIII presenció continuas guerras comerciales entre los países europeos, que en el siglo XIX vendrían a decantarse en favor de Inglaterra especialmente. Estas luchas comerciales continuas se reflejaban en crisis periódicas vividas con particular fuerza en el mundo colonial español. Estas crisis se producían por el corte de suministros de cargamentos negros/as y de producciones provenientes del continente europeo. Aquellos sectores cuyo desarrollo dependía fundamentalmente de la utilización de mano de obra esclava eran los que más se resentían. España entró en una guerra comercial con Inglaterra en 1739, ya que pretendía frenar la presencia que ésta última estaba tomando en el Imperio Español. Fue así como España rompió el pacto con Inglaterra de exclusividad en el comercio negrero y procedió a hacer algunos contratos con particulares.

Casi todos los virreyes del siglo XVIII solicitaron al Rey la facultad de poder hacer importaciones de negros esclavos a través del sistema de licencias otorgadas a particulares y aún a través del establecimiento de créditos para dichas importaciones.

A finales del siglo XVIII la metrópoli plantea una mayor demanda de productos de sus colonias, lo que a su vez tenía que traducirse en una mayor demanda de mano de obra en las mismas. Hay que recordar que la política de los Borbones en España, desde comienzos de siglo, fue precisamente la de convertir a las colonias en productoras de materias primas, esperando con esto que España pudiera rivalizar industrialmente con Inglaterra y con otros países europeos.

La demanda generalizada fue uno de los motivos que favoreció que en 1789 España reglamentara la libertad de comercio esclavo.

La liberación del comercio negrero constituía una parte de la política general de liberación del Comercio que llevó a la práctica Carlos III y cuyo fin primordial era el de facilitar las vías de incremento de la producción colonial en beneficio de la propia economía nacional española.