Según la María del Mar Fernández Romo , el estímulo principal y la verdadera razón de las reformas legales iniciadas en 2000 no es otro que los requisitos derivados de la subscripción de España a Schengen, más que la voluntad política de resolver la falta de derechos y los problemas derivados de la legislación (o la falta de ésta) vigente hasta la reforma de 11 de enero de 2000. Esto se demuestra y explica la importancia que en el Reglamento de Aplicación de LO 8/2000 (Real Decreto 864/2000, publicado el 20 de julio de 2001) tienen cuestiones centrales en Schengen: nuevo vigor a la regulación de los controles fronterizos de personas, coordinación de las autoridades implicadas en la concesión de visados y previsión legal de un procedimiento específico para la misma. Aun entre los motivos de la última reforma, de diciembre de 2003, cuenta la necesidad de adecuarse a las directivas del convenio, caso de la materia de expulsiones y de las responsabilidades de las compañías de transporte.

De una visión general de los últimos años, se deduce que en España, desde que se ha convertido en Estado de destino y transición, se ha desarrollado una política de inmigración que prácticamente se ha reducido a legislar y a ejecutar la normativa desde una perspectiva restrictiva. Se ha desatendido:

-El ámbito social: vivienda, educación, sanidad, ocio, familia.

-El ámbito laboral.

-El diálogo intercultural

-La integración.

-El ámbito administrativo.

Este hecho, la desidia política, junto con el restrictivo contenido de la ley, indican cómo desde el poder político se ha concebido y afrontado el fenómeno de la inmigración hasta hoy en día, y el mensaje que se ha querido transmitir respecto a aquella:

Se ha concebido como:

-Un fenómeno peligroso que debe contenerse porque lo entiende como un problema de seguridad y de orden público.

-Una posibilidad de desequilibrio del orden social y político establecido.

· El modelo de Estados-nación puede acelerar su crisis. El consenso conseguido a través de su ideología corre peligro si se equipara a nacionales y extranjeros en derechos y condiciones, de ahí que la ley se funde en la desigualdad.

· El modelo neoliberal, que rige en Occidente, basado en la reducción de los derechos (principalmente sociales) en las tres últimas décadas, corre el riesgo de sobrepasar los límites de lo permitido en el interior de sus estados.

Lo ha afrontado:

-Desde una concepción productivista: se ha valorado tan sólo como una posibilidad de desarrollo económico.

-Como una realidad desvinculada de las relaciones internacionales de dominio y dependencia.

-De ninguna manera se ha afrontado desde una perspectiva de los valores democráticos que tanto predica Europa, desde la igualdad ni desde la justicia o la solidaridad entre los pueblos. No se reconoce el derecho a inmigrar.

Pajares (1999:204) destaca no sólo los problemas que conllevan dichas políticas y leyes de extranjería en cuanto a lo que prescriben, sino también su efecto sobre la opinión pública y la conciencia social por todas las prevenciones que conlleva sobre la inmigración y la imagen que transmite de que es necesario un control policial sobre los inmigrantes extracomunitarios. Es decir, el mismo mensaje social transmitido desde la Administración respecto a la inmigración es negativo y de cerrazón, lo que va en contra de la lucha contra los prejuicios xenófobos y a favor de la integración. La apertura de la sociedad a la inmigración implica reconocer derechos.