Un ejemplo muy claro y sintomático de una doctrina contraria a la existencia de la mujer como sujeto político y plenitud de derechos ciudadanos es Rosseau. Es paradójico que este demócrata igualitarista, defendiera que únicamente el sexo masculino tuviera derechos políticos y privara a las mujeres de constituir parte del pueblo, dándoles un papel únicamente en términos de fecundidad. Influenciado por la moral sexual de su época, hacía a las mujeres dependientes de su amo y señor, el marido o padre.

Una doctrina contraria a la anterior y a la sostenida por el común de la burguesía y la iglesia (protestante o católica, aunque en el segundo de los casos con mayor virulencia y sin ningún tipo de disidencia -que en el caso de los protestantismos más radicales sí se dio-), fue la de John Stuart Mill, para el cual la subordinación de las mujeres al sexo masculino era un hecho anacrónico en la segunda mitad del siglo XIX, y totalmente desacorde con las instituciones sociales modernas existentes.

Sin embargo, no solo Mill abogó por esta visión de igualdad de la mujer como ciudadana. Ya en el 1646 el radical inglés John Lilburne (del leveller party - partido igualador-), postulaba la igualdad de poder, dignidad, autoridad y majestad entre todos los hombres y mujeres; justificando esta igualdad "por naturaleza".

Estas dos posiciones anteriores encontraron la oposición de doctrinas o posicionamientos de corte conservador e inmovilista que se fundamentaban en razones de costumbre o tradición para mantener a las mujeres en posiciones de total irrelevancia civil y política, y relegándolas en la mayoría de los casos a las tareas domésticas y reproductoras.