El crecimiento económico, junto a las bajas tasas de natalidad, ha obligado a los países industriales de occidente a abrir sus puertas a la inmigración. El acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía ha estado tratado de forma diferente según los países, pero en cualquiera de los casos los países receptores han establecido el estatuto de residentes, por el cual los inmigrantes adquieren el derecho al trabajo en condiciones de legalidad y determinados derechos civiles y sociales, pero quedan excluidos del resto de los derechos de ciudadanía. Ningún Estado considera anómala la exclusión del derecho de voto en las elecciones generales de la persona "residente" que no tiene la condición de ciudadana. La restricción al derecho de ciudadanía se había dado con anterioridad en los "estados modernos" de ella fueron excluidos los asalariados y las mujeres, pero el retroceso de esta frontera interior no ha dejado de existir y hoy demarca la exclusión de la ciudadanía de los residentes extranjeros.