En un mundo unido por unas densas redes de medios de transporte y de comunicación, pero dividido por desigualdades económicas, políticas y demográficas, cada vez más fuertes, centenares de millones de personas están decididos a buscar trabajo, seguridad y prosperidad en otros países más prósperos. El derecho de todas las personas a salir de un determinado país está consagrado en la legislación internacional desde los acuerdos de Helsinki. Su limitación por parte de los gobiernos del bloque soviético, de la URSS hasta Cuba, se juzgaba inaceptable desde el prisma de los derechos humanos. Pero el derecho a emigrar de las personas se ve cuestionado radicalmente por la potestad discrecional de los posibles Estados receptores para admitir o rechazar inmigrantes. Así pues la emigración es un derecho humano universal, que no va acompañado del necesario deber correlativo de los posibles Estados receptores, a aceptar a estos emigrantes, excepción hecha del derecho de asilo.