El caso Francés.

La ciudadanía definida por el "ius solis" En Francia por el contrario, pertenencia a nación y pertenencia al Estado están históricamente unidas, casi fusionadas. La concepción dominante de la nación francesa es también hija de una historia singular, que ha situado el fundamento de la cohesión de la nación, en la idea de una comunidad de ciudadanos libres e iguales.

La constitución de 1791 confirmó y codificó el criterio de que los hijos de padres franceses, los nacidos en Francia de padres extranjeros, y los extranjeros con más de 5 años de residencia eran considerados franceses. La atribución de la ciudadanía por parte del estado se seguía haciendo a traves del "ius soli". Posteriormente cuando se plantea esta cuestión con el Código Civil Napoleónico se matizará esta cuestión, y los hijos de emigrantes solo alcanzaran la nacionalidad al alcanzar la mayoría de edad si confirman su voluntad de ser franceses. Esta extensión del "ius solis", pretende una vinculación a la nación entendida como lealtad a la Republica, y una presunción de asimilación a través de la escuela y la residencia prolongada. En 1851 se establece que los hijos de extranjeros, cuyos padres ya habían nacido en Francia (3ª generación) serían declarados franceses desde su nacimiento, aunque podrían renunciar a la nacionalidad al llegar a la mayoría de edad.

La nueva ley de 1889 supuso una extensión del "ius soli", al atribuir la nacionalidad francesa a las personas nacidas en Francia de padre extranjero, lo que extendía la atribución ya vigente de la nacionalidad a la tercera generación, a la segunda. Esta atribución estaba encaminada a convertir formalmente en franceses a los "pretendidos extranjeros", que ya lo eran de hecho.

Finalizada la segunda Guerra, la necesidades de mano de obra extranjera, suponiendo una situación de pleno empleo, son estimadas en 1.500.000 inmigrantes, cuya llegada se repartirá a lo largo de 5 años. Se establece una selección étnica por cuotas, que sigue el viejo modelo americano de cuotas étnicas, que excluía a los grupos considerados inasimilables.

En 1974, cuando la inmigración legal se cierra, Francia cuenta con 3.500.000 de extranjeros, de los cuales 700.000 son argelinos y otros tantos portugueses. Pero este resultado no fue fruto de la política de inmigración, que fracaso en su intento de atraer a inmigrantes del norte que se consideraban más asimilables.

Desde 1968 la cuestión de la inmigración se convierte en un asunto público y político. Las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes, se convierten en un espacio importante de confrontación política, y ante la presión social, el Gobierno decide abordar el conjunto de problemas de la política de inmigración. En 1972 autoriza la ley que permite la participación de los extranjeros como electores y elegibles para los comités de empresa y delegados del personal, y otra que tipifica el racismo como delito.

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