Ley de 30 de enero de 1938.

La Ley de 1 de octubre de 1936 creó, como órganos principales de la Administración Central del Estado, la Junta Técnica con sus Comisiones, el Gobernador General del Estado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado.

Con posterioridad se agregó la Secretaría de Guerra.

En aquella fecha tenía la guerra un carácter exclusivamente nacional que, de haberse mantenido, hubiera terminado rápidamente el empuje victorioso de nuestras armas. Y muy especialmente al servicio de las atenciones de guerra, que absorbían la parte principal en la actividad de nuestra vida pública, fue dirigida aquella organización administrativa.

La rapidez con que hubo de proveerse la organización embrionaria del Estado, imprimió a ésta, de modo necesario, un carácter de provisionalidad. En la actualidad, la insuficiencia de aquella organización es notoria, tanto si se la considera en su constitución cuanto si se atiende a su funcionamiento.

En efecto, a pesar del esfuerzo de los hombres al servicio de aquella organización, exclusivamente administrativa, la normalidad de la vida pública en la parte liberada del solar de la Patria, el volumen y la complejidad creciente de las funciones de gobierno y de gestión, y la necesidad de tener montado de modo completo el sistema administrativo, aconsejan la reorganización de los servicios centrales que sin prejuzgar una definitiva forma del Estado, abra cauce a la realización de una obra de gobierno estable, ordenada y eficaz.

La experiencia de largos años, en que la Administración al mismo tiempo que multiplicaba sus fines perfeccionaba sus medios, no autorizaba prescindir por completo de un sistema de división de trabajo que, teniendo fuerte raigambre en el país, es susceptible de ulteriores perfeccionamientos.

En todo caso, la organización que se lleve a cabo quedará sujeta a la constante influencia del Movimiento Nacional. De su espíritu de origen noble y desinteresado, austera y tenaz, honda y medularmente español, ha de estar impregnada la administración del Estado nuevo.

Implantar esta reforma a fondo es aspiración a cuya realización marchamos desde ahora con voluntad decidida y segura.

En su virtud dispongo:

Art. 1. La Administración Central del Estado se organiza en Departamentos Ministeriales, al frente de los cuales habrá un Ministro asistido de un Subsecretario.

Los Ministros subordinados a la Presidencia, que constituirá un Departamento especial, serán los siguientes:

Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa Nacional, Orden Público, Interior, Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Organización y Acción Sindical.

Art. 2. Cada uno de los expresados Ministerios comprenderá la respectiva Subsecretaría y los Servicios Nacionales que se indican en los artículos que siguen:

Art. 3. Al frente de cada Servicio Nacional habrá un Jefe de Servicio que desempeñará las funciones que antes se hallaban encomendadas a los Directores Generales. Cada Servicio se organizará en las Secciones y Negociados que sean indispensables.

Art. 4. La Presidencia comprenderá:

Servicio de Política General y Coordinación.

Art. 5. El Ministerio de Asuntos Exteriores comprenderá los siguientes servicios:
Política Exterior.
Tratados Internacionales.
Relaciones con la Santa Sede.
Protocolo.

Art. 6. El Ministerio de Justicia comprenderá los siguientes servicios:
Justicia.
Registros y Notariado.
Prisiones.
Asuntos Eclesiásticos.

Art. 7. El Ministerio de Defensa Nacional se organiza así:

Independiente de las facultades del Ministro encargado de la gestión de este Departamento, el Generalísimo conservará el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Con funciones meramente administrativas existirán tres Subsecretarías correspondientes a las tres ramas indicadas.

Los Servicios técnicos de los Ejércitos seguirán encomendados a los Estados Mayores de Tierra, Mar y Aire.

Existirán además los siguientes organismos:
Consejo Superior del Ejército.
Consejo Superior de la Armada.
Consejo Superior del Aire.
Alto Tribunal de Justicia Militar.
Dirección de Industria de Guerra.
Dirección de Armamento.
Dirección de Movilización, Instrucción y Recuperación.

Art. 8. El Ministerio de Orden Público comprenderá los siguientes servicios:
Seguridad.
Fronteras.
Inspección de la Guardia Civil.
Correos y Telecomunicación.
Policía de Tráfico.
Se establecerá la adecuada conexión de los Servicios de Seguridad con el Ministerio del Interior a los efectos de secundar la acción política a éste encomendada.

Art. 9. El Ministerio del Interior comprenderá los siguientes servicios:
Política interior.
Administración local.
Prensa.
Propaganda.
Turismo.
Regiones devastadas y reparaciones.
Beneficencia.
Sanidad.

Los Delegados de Orden Público en las provincias en cuanto se refiere a la gestión de los problemas específicos del Orden Público, dependerán directamente de aquel Ministerio pero en todos aquellos asuntos de las provincias respectivas que, aun siendo concernientes al Orden Público, trasciendan a la acción política y demás competencias de los Gobernadores Civiles, dependerán también de éstos.

Si en algún caso el Gobernador Civil de una provincia asumiera las funciones del Delegado de Orden Público, dependerá a estos efectos, del Ministerio de Orden Público.

Art. 10. El Ministerio de Hacienda comprenderá los siguientes servicios:
Intervención.
Tesoro.
Presupuesto.
Propiedad y contribución territorial.
Deuda Pública y Clases pasivas.
Rentas públicas.
Aduanas.
Timbre y Monopolios.
Contencioso del Estado.
Banca, Moneda y Cambio.
Seguros.
Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas.

Art. 11. El Ministerio de Industria y Comercio comprenderá los siguientes servicios:
Industria.
Comercio y Política Arancelaria.
Minas y Combustibles.
Tarifas de transportes.
Comunicaciones marítimas.
Pesca marítima.

Art. 12. El Ministerio de Agricultura comprenderá los siguientes servicios:
Agricultura.
Montes.
Pesca Fluvial.
Ganadería.
Reforma económica y social de la tierra

Art. 13. El Ministerio de Educación Nacional comprenderá los siguientes servicios:
Enseñanza superior y media.
Primera enseñanza.
Enseñanza profesional y técnica.
Bellas Artes.

Art. 14. El Ministerio de Obras Públicas comprenderá los siguientes servicios:
Puertos y señales marítimas.
Obras hidráulicas.
Caminos y Ferrocarriles.

Art. 15. El Ministerio de Organización y Acción Social comprenderá los siguientes servicios:
Sindicatos.
Jurisdicción y armonía del trabajo.
Previsión social.
Emigración.
Estadística.

Art. 16. La Presidencia queda vinculada al Jefe del Estado. Los Ministros, reunidos con él, constituirán el Gobierno de la Nación.

Los Ministros, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de fidelidad al Jefe del Estado y al Régimen Nacional. El Gobierno tendrá un Vicepresidente y un Secretario elegidos entre sus miembros por el Jefe del Estado.

Dependerán de la Vicepresidencia una Subsecretaría, el Instituto Geográfico y Estadístico, el Servicio de Marruecos y Colonias y el Servicio de Abastecimientos y Transportes. Ejercerá, además, todas las funciones que en ella delegue la Presidencia.

Una vez posesionados de sus cargos, los Ministros procederán a organizar sus Departamentos, proponiendo al Jefe del Estado las disposiciones referentes a su constitución y normas internas y normas de funcionamientos.

Art. 17. Al Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general.

Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a propuesta del Ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas Principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos.

En el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, en la realización de las funciones administrativas, las resoluciones y disposiciones de los Ministros revestirán la forma de Ordenes.

Art. transitorio. Constituido el Gobierno, cesarán en sus funciones la Junta Técnica del Estado con sus Comisiones, las Secretarías de Guerra, Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado, y el Gobierno General.

La Presidencia y los demás Ministerios se harán cargo de la documentación procedente de aquellos Centros en las materias que les competan.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.