Las principales organizaciones feministas existentes en España durante la República llevaron a cabo pocas actuaciones específicas a favor del trabajo extradoméstico de las mujeres, ya que estuvieron centradas principalmente en las reivindicaciones de carácter político. No obstante esto, se mostraron partidarias del acceso de las mujeres a nuevos trabajos y a nuevas ocupaciones.

La moderada Asociación Nacional de Mujeres Españolas reivindica el derecho de las mujeres a acceder al trabajo y muy especialmente a nuevas ocupaciones, como los cargos públicos o la policía. También defendieron la necesidad de crear guarderías para atender a los niños de las trabajadoras, solución que señalaba el camino de las instituciones sociales para resolver el problema de la doble jornada laboral. Así, en enero de 1934 apareció el manifiesto de la Acción Política Femenina Independiente, propuesto por la ANME, donde se señalaba la necesidad de la intervención del Estado en la creación de casas de niños "para que estos dejen libres durante las horas laborales a la madre que necesite trabajar". La postura de la ANME, sin embargo, respondía más a la pretensión de resolver las consecuencias negativas de la incorporación laboral de la mujer que a una auténtica defensa de su derecho al trabajo.

A pesar de que la ANME formaba parte de la Alianza Internacional para el Sufragio y la Acción Cívica y Política de las Mujeres, quien propugnaba el derecho inalineable de todas las mujeres, al margen de su estado civil, a emplearse en el mercado laboral, encontramos algunas artículos en la revista de la Asociación, Mundo Femenino, en que se defiende la limitación del trabajo de las casadas en situaciones de crisis económica siempre y cuando se pudiese disponer del sueldo del marido.

Otras asociaciones como la Asociación Femenina de Educación Cívica, fundada por Maria Martínez Sierra en 1932, Cruzada de Mujeres Españolas, España Femenina o Lyceum Club, condenaron la restricción del empleo femenino y los perjuicios para la mujer de la doble jornada, aunque tampoco descartaron ciertas limitaciones siempre y cuando la unidad familiar dispusiera de los suficientes recursos para su mantenimiento a través del sueldo del marido.

La URF fue creada por Clara Campoamor en noviembre de 1931 como organización política cuyo objetivo principal era preparar a las mujeres para el ejercicio de sus deberes cívicos y defender sus derechos políticos, jurídicos y sociales. Para Campoamor, la independencia económica era la premisa fundamental para conseguir la dignificación personal de la mujer tanto dentro como fuera del matrimonio. Según ella, la maternidad no eximía de la intervención en el trabajo extradoméstico como tampoco liberaba al hombre, aunque defendía la dedicación de un tiempo por las madres al cuidado de sus hijos, a la vez que reclamaba del Estado una legislación dirigida a la consideración de la maternidad como función de salud pública. Para Campoamor la solución no era la imposición de prohibiciones laborales o en la diferenciación de funciones según el sexo, sino en la existencia de trabajo para todos estableciendo la diminución de la jornada laboral, la fijación del salario mínimo, la consagración de igual retribución al mismo trabajo y la creación de puestos laborales. Concha Peña, abogada afiliada al Partido Radical que participaba con asiduidad en los actos de URF, se mostrba partidaria del establecimiento de una amplia legislación protectora y la puesta en práctica del principio de la misma retribución e igual rendimiento en el trabajo.