Aunque en el programa de la CEDA se reconocía el "derecho al trabajo igual para el hombre que para la mujer", también especificaba que "debe tenderse a que la mujer casada no se vea precisada a trabajar". Para conseguirlo se pedía el establecimiento de un salario familiar y el "fomento de las industrias domésticas".

El Debate, órgano doctrinario de Acción Popular, definía a las mujeres en función de su papel como guardianas del hogar y de la familia. Proponía la implantación de un subsidio familiar y la dote matrimonial dirigidos a conseguir el cumplimiento "de la misión natural de las mujeres". Argumentaba en contra de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, ya que con ello se aumentaba el desempleo masculino que "en definitiva, eral el llamado a sostener la familia." Se planteaba que las mujeres eran responsables de salvaguardar el orden moral y de cumplir las complejas tareas de madre, esposa y educadora de los hijos, deberes que no podían suplirse si estas se ausentaban de la casa.

El II Congreso de Sindicatos Obreros Profesionales se muestra partidario de la elaboración de una legislación que impida el empleo de mujeres y menores de 18 años en las industrias, exceptuando a viudas y huérfanos, como remedio contra el paro. En el Congreso del Frente Nacional del Trabajo también se demandaba la intervención estatal para frenar el paro mediante la prohibición de trabajar en oficinas y fábricas a las mujeres.

Los partidos promonárquicos, Renovación Española y Comunión Tradicionalista, coincidían en que había que salvaguardar la posición paterna en el seno de la familia, y a la mujer le estaba encomendada la defensa de los valores del hogar.

En este mismo sentido se pronunciará la Sección Femenina de Falange Española. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, matizaba que la forma de respetar a la mujer no era "sustraerla a su magnifico destino y entregarla a acciones varoniles" sino en "rodear cada vez de mayor dignidad humana y social las funciones femeninas".