Los orígenes del Estado del Bienestar se sitúan a finales del siglo XIX en la legislación social desarrollada por el canciller Bismarck en Alemania.

Tras la crisis económica del 29 y la segunda guerra mundial la mayoría de los Estados en los países capitalistas desarrollados, siguiendo los postulados del Informe Beveridje (1942) y de la política keynesiana, adoptaron políticas económicas intervencionistas tendentes a corregir los desequilibrios ocasionados por el funcionamiento del liberalismo y a asegurar la estabilidad del sistema económico, social y político. El informe Beveridge planteó la necesidad de paliar las desigualdades sociales a través de prestaciones sociales a los colectivos más desfavorecidos.

Por su parte la política económica keynesiana, pretendía asegurar el crecimiento económico a través de la activación del consumo y de la subida de los niveles de vida de las familias. De modo que el desarrollo de las políticas sociales en la postguerra se basó en la creencia de la complementariedad de los objetivos de crecimiento económico y de justicia social, buscando estabilidad y un nuevo consenso para el Estado Liberal. Dichas políticas fueron apoyadas por todo el espectro político europeo, desde la derecha moderada a la socialdemocracia. A ello coadyuvó el clima de pacto social existente en el período de reconstrucción postbélica entre los gobiernos, las asociaciones de trabajadores y los empresarios. En función de ello las orientaciones de las nuevas políticas sociales fueron: mantenimiento de un alto nivel de ocupación, y provisión pública de servicios sociales (política educativa, sanitaria, de accidentes, cobertura del desempleo y jubilación).

De este modo, las políticas del Estado del Bienestar atienden tanto a intervenir en la regulación del funcionamiento del mercado de trabajo como en el desarrollo de sistemas de seguridad social y de asistencia.