La labor legislativa de la II República introdujo cambios significativos respecto a la posición legal de la mujer. El primer paso fue la introducción en la Constitución de 1931 del artículo 25, que establecía por vez primera la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante la ley, y los artículos 41 y 43 sobre el reconocimiento del matrimonio civil y la igualdad entre los cónyuges, respectivamente.

En 1932 se aprobó la Ley de Matrimonio Civil y la Ley del Divorcio, en ese momento la más progresista de Europa, ya que reconocía el divorcio por mutuo acuerdo (art. 4) y el derecho de la mujer a tener la patria potestad de los hijos (art. 17).

Dadas las circunstancias históricas en que se desarrolló la República, no pudo emprenderse una reforma del texto del Código Civil. Sin embargo, se creó jurisprudencia civil mediante la reforma o elaboración de otras leyes como el Código Penal, la Constitución o la ley de divorcio, mediante las que se eliminaron la mayoría de desigualdades por razón de sexo como el adulterio, la patria potestad, el acceso a cargos públicos, a la herencia, etc.