El
desmantelamiento de la obra educativa republicana.
Desde los primeros años del alzamiento militar franquista, se fueron tomando
una serie de medidas educativas con el objetivo de eliminar todas las reformas
emprendidas durante la República, especialmente aquellas que hacían referencia
a la coeducación y el laicismo.
Una Orden de 4 de septiembre de 1936 suprimía la coeducación en los centros
de enseñanza secundaria, obligando a dividir a la población escolar según
el sexo en diversos institutos, y en los casos en que tan sólo existiera
un instituto se realizaría una división horaria para evitar que coincidieran
en el centro al mismo tiempo. El 23 de septiembre del mismo año, se extendían
las medidas anteriores para las Escuelas Normales y las de Comercio.
Tanto la Ley para la
Reforma de la Segunda Enseñanza de 1938 como la de la Enseñanza primaria
de 1945 establecieron la segregación sexual de la educación. La coeducación
se prohibirá por considerarse antimoral y antipedagógica y se recomendará
que en las escuelas de niñas brille la feminidad más rotunda, insistiendo
en la importancia de su educación como madres del mañana y educadoras de
sus hijos.
Distintas órdenes en los años posteriores seguirán insistiendo en la separación
de los sexos, hasta que se admitieron algunas excepciones en la Ley de Reforma
de la Enseñanza Primaria de 21 de diciembre de 1965 y en el decreto de 30
de enero de 1969. Estas excepciones se limitaban a los casos en que el alumnado
no alcanzara a 30 niños y 30 niñas, aclarando que se volvería a la separación
cuando ya no concurrieran las circunstancias mencionadas.
La segregación escolar formaba parte de todo un conjunto de medidas tendentes
a la depuración de todo indicio de republicanismo. El control sobre los
libros de texto se irá intensificando a medida que el régimen se consolide.
La depuración de las bibliotecas escolares se dispone en la orden ministerial
de 4 de septiembre de 1936, la cual estipulaba que sólo deberían subsistir
aquellos libros que respondan a los principios de la religión y la moral
cristiana, y aquellos que exalten el patriotismo.
La atención fundamental de las nuevas autoridades se dirigió a la depuración
del personal docente, especialmente de los estudios de magisterio que tanto
había promocionado la II República, depuración que se realiza a partir de
la promulgación de las Ördenes de 8 de noviembre y de 7 de diciembre de
1936. En dichas órdenes se crean dos comisiones de ámbito nacional para
la depuración del profesorado de la Universidad y de las Escuelas Técnicas
Superiores, y diversas comisiones provinciales para la depuración de profesores
de grado medio, bachillerato y enseñanza primaria. Terminada la guerra civil,
todos los profesores que pudieron probar su hostilidad a la República tuvieron,
sin embargo, que sufrir unos exámenes y seguir unos cursos de orientación
profesional con el objetivo de asumir el contenido religioso y patriótico
que informaban al nuevo régimen. A todas estas medidas hay que añadir la
Ley de Responsabilidades políticas de febrero de 1939 y la de Represión
de la Masonería y Comunismo de marzo de 1940.
En lo que se refiere a la preparación de maestras, la Orden de 9 de octubre
de 1945 establecía la obligatoriedad de que el profesorado debía ser del
mismo sexo que el alumnado.
La Ley de 20 de septiembre de 1938 reformó el bachillerato desde una perspectiva
elitista contraria a la tradición liberal que lo consideraba un elemento
fundamental para la formación del ciudadano responsable. La escasez de recursos
produjo un notable descenso durante los años cuarenta de la enseñanza secundaria
estatal y un florecimiento de la privada, principalmente de la impartida
por las órdenes religiosas, pasando del 28,9% de 1931 al 70,7% de 1943.
La Ley de 29 de julio
de 1943 reordenaba la Universidad española, y entre sus principios rectores
están su carácter confesional y político. Por primera vez, después de muchos
años de laicismo, se restableció la cultura superior religiosa. Respecto
al carácter político, se exige de la Universidad el fiel servicio a los
ideales de la Falange. El ideal nacionalista comportará un control férreo
de la iniciativa política desde un centralismo autoritario. Se estipuló
que el rector debería ser miembro de FET y de las JONS; los profesores necesitaban
de una certificación de la Secretaría Central del Movimiento en que constara
su adhesión a los principios del Estado; el Claustro de profesores sólo
tendría atribuciones accesorias y los órganos de gobierno serían designados
por la jerarquía de mando. Tanto su sentido como su contenido pervivirán
hasta la ley general de Educación de 1970.
La Ley de Bases de la Enseñanza Media y profesional promulgada el 16 de
julio de 1949 representó la creación de un bachillerato laboral, distinto
del denominado bachillerato universitario. Se trataba de unos estudios de
carácter técnico con un año de formación general y cuatro años de especialización
profesional. Las especializaciones impartidas eran: agrícola y ganadera,
industrial, minera, marítima y profesiones femeninas. Este bachillerato
nunca tuvo una gran aceptación, con una media de alumnos por centro que
no superaría los 142.
Respecto a la enseñanza primaria, la Ley de 17 de julio de 1945 recogerá
todos los grandes temas propios del nacional-catolicismo. Los grandes principios
en que había de basarse la enseñanza primaria eran, en primer lugar y más
fundamental, el religioso, recogiéndose la potestad de la Iglesia para la
fundación de centros docentes de cualquier grado.