Los estados liberal-democráticos han negado durante mucho tiempo la ciudadanía a las mujeres y, una vez reconocida, no la han realizado totalmente, de modo que las mujeres siguen siendo ciudadanos de segunda clase. En parte porque cuando han accedido al voto no han llegado a estar adecuadamente representadas en los órganos legislativos y de gobierno. Y de otra porque la paridad en la ciudadanía civil, aun en aquellos casos en que ha logrado instituirse de modo formal, no ha resuelto las discriminaciones existentes. Y en cuanto a los derechos sociales porque en la medida en que éstos se han desarrollado como derechos del trabajo para el mercado, no reconociéndose a las mujeres el trabajo de cuidados como fuente de derechos y estatus de ciudadanía, han servido para reproducir la dependencia de las mujeres de sus maridos o del estado.

El núcleo de la crítica feminista al modelo liberal afecta al universalismo que fundamenta dicho modelo porque bajo la pretensión universalista el modelo liberal de ciudadanía esconde en realidad la diferencia de género y excluye de hecho lo que no corresponde a lo masculino. La neutralidad liberal no es genuinamente neutral porque a algunos ciudadanos (blancos, varones, cristianos...) el acceso a la ciudadanía no les supone poner entre paréntesis su específica identidad. Para las mujeres el reconocimiento de la ciudadanía ha supuesto la cancelación de la diferencia de género en la esfera pública.