El 25 de marzo de 1957 se firma en Roma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El tratado firmado por Bélgica, RFA, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda entró en vigor a partir del 1 de enero de 1958.

Después del fracaso del planteamiento de una integración europea sectorial liderada por Jean Monnet, en 1955 Beyen planteará la idea de una unidad económica más amplia que la CECA pero basada en la integración por la vía económica.

Con un contenido económico general, la CEE se convertirá en la más importante de las comunidades y en el eje de todo el sistema comunitario. El tratado de la Comunidad tiene por misión el establecimiento de un mercado común y la aproximación progresiva de las políticas económicas de los estados miembros. Para ello se crea una unión aduanera, con un arancel aduanero común; se establece la libre circulación de mercancías, personas, servicios, capitales y un régimen que garantice la libre competencia. Se prevé, también, el establecimiento de una política comercial común en agricultura y en transportes.

El tratado de la comunidad no renuncia a los fines políticos como meta de integración: "Resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos". Por lo que se refiere a política social se fija "como fin esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos". Esta declaración de principios se amplia de alguna manera en los artículos 117 y 118 donde se plantea la necesidad de promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores" aunque siempre supeditada a la evolución del mercado común. Se adopta, a su vez, la libre circulación de trabajadores por todo el territorio de la CEE.

Podríamos resumir los objetivos generales de las políticas sociales de la CEE como la lenta mejora de las condiciones de vida y de trabajo (...) y su homogeneización en el progreso.