"La UE pretende ser una comunidad de derecho entre cuyos miembros rijan los principios democráticos y lo que a ellos es inherente, el efectivo respeto a los derechos fundamentales. Así se ha venido entendiendo, primero tácitamente, después de modo cada vez más expreso, hasta lo que hoy es el artículo 7 del Tratado de la Unión. Este artículo, en relación con el 6, prevé que en el supuesto de una "violación grave y persistente" por parte de un Estado miembro de "los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho" constatada unánimemente por el Consejo reunido a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, previa audiencia del Estado en cuestión, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá acordar la suspensión de sus derechos, incluido su derecho de voto. Tales disposiciones tienen su correlato en los restantes tratados fundacionales. Éste y no otro es el derecho de la Unión, y cualquier otra presión e interferencia en los asuntos internos de un Estado miembro no sólo carece de cualquier base en el derecho comunitario, sino que atenta a la Carta de las Naciones Unidas y al propio principio de autonomía política e institucional de la Comunidad Europea.

Que Haider sea un camaleón político extremadamente ambicioso que ha aprovechado la ambigüedad populista de su propio partido, el ÖVP, no es precisamente el supuesto contemplado en los tratados citados. Ni Haider es el único político europeo que ha cambiado de ideología como de camisa -no doy ejemplos para no resultar desagradable-, ni su partido el único que gobierna en miembros o aspirantes a ingresar en la Unión que recoge preeminentes figuras reconvertidas (¡felizmente!) del autoritarismo fascista o estalinista. Ni Haider ha atentado como gobernador de Carintia a los derechos fundamentales ni al sistema democrático. Ni en su programa "Ideas 2000" se contiene una sola idea que no esté compartida de una u otra manera por fuerzas incuestionablemente democráticas.

Que personalmente a mí me repugne el ÖVP por razones éticas y estéticas no basta para que su ingreso, perfectamente constitucional, en el Gobierno de un Estado democrático de derecho, hasta hoy impecable, se considere violación de los derechos humanos o quiebra de la democracia. Lo otro es revivir la doctrina Breznev de la soberanía limitada y no al servicio de una ideología, sino de la "corrección política" interpretada en función de las respectivas estrategias electorales."

• EL PAIS. 6 de febrero de 2000.