Finlandia es uno de los países nórdicos y, gracias fundamentalmente a sus vínculos históricos con los mismos, mantiene estrechas relaciones con todos ellos (Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia).

Hasta mediados de los años 70 el gasto de Finlandia en bienestar social era bastante modesto, pero el desarrollo de los regímenes de jubilación y las mejoras en los servicios de asistencia sanitaria y de bienestar social acercaron a Finlandia a la media de la Europa Occidental en este ámbito hacia 1990.

El sistema ha conseguido hacer que el bienestar de la población sea muy independiente de las estructuras familiares y de las condiciones predominantes en el mercado. También ha resultado relativamente útil a la hora de reducir desigualdades en materia de rentas.
Como en los demás países escandinavos, es característico del sistema finlandés que la protección social cubra a todos los ciudadanos por derecho y que todos tengan derecho al mismo importe de base. Además, los asalariados reciben prestaciones adicionales en función de los sueldos. Únicamente el seguro contra el desempleo es independiente del sistema integrado por el Estado y es más bien voluntario.

En Finlandia, el gasto total en protección social con respecto al PIB es considerablemente superior a la media de la UE de doce miembros. Y la tasa de participación laboral de las mujeres finlandesas también es relativamente elevada en comparación con otros muchos Estados miembros de la UE.

Por lo que respecta a las medidas adoptadas recientemente en materia de desempleo femenino, se ha intensificado la cooperación entre las autoridades de trabajo y educación con objeto de reducirlo. Se han establecido redes regionales de cooperación para introducir innovaciones en el ámbito del empleo femenino y se hace hincapié en la creación de empresas y en el establecimiento por cuenta propia.

La prohibición de la discriminación directa o indirecta por razones de sexo está contemplada en la Ley de Igualdad de 1986, que se modificó por primera vez en 1992, al prohibirse la discriminación por razones de embarazo o maternidad/ paternidad, y que volvió a modificarse en 1995. El objetivo de esta ley es la igualdad de los sexos y evitar la discriminación mejorando la posición de las mujeres en la vida laboral.

El sistema ha conseguido hacer que el bienestar de la población sea muy independiente de las estructuras familiares y de las condiciones predominantes en el mercado. También ha resultado relativamente útil a la hora de reducir las desigualdades en materia de rentas.
Con arreglo al régimen reglamentario de pensiones de empleo, las prestaciones incluyen la pensión de vejez, la pensión de vejez anticipada y diferida, la pensión por tiempo parcial, la pensión por incapacidad anticipada, la pensión por invalidez total, la pensión por invalidez parcial, la pensión de desempleo y la pensión de supervivencia.

Las pensiones son ingresos sujetos a impuestos. No obstante, si los únicos ingresos del pensionista son la pensión nacional total, ésta está exenta de impuestos.