"Las políticas sociales correctamente establecidas son proyectadas como instrumentos privilegiados para reflejar, mantener y fomentar un sentimiento de miembro de la comunidad, definido en términos de un elenco de derechos de los ciudadanos, distribuidos fuera del mercado de acuerdo con un principio de necesidad socialmente reconocida. La satisfacción de estas necesidades socialmente reconocidas es un asunto de justicia y no de humanitarismo. Por tanto, el establecimiento de un derecho a los beneficios de un estado de bienestar es algo que requiere la justicia.

Los principios que incorporan las políticas sociales moralmente aceptables son los que protegen el status de los beneficiarios como miembros plenos de la comunidad defendiéndoles contra el estigma y garantizando, en términos legítimos, el acceso a una forma de vida comunitaria. Además, la existencia de instituciones de bienestar como reconocimiento explícito de la responsabilidad plena final del estado por el bienestar de su pueblo tiene arraigo y ofrece un campo para la expresión de sentimientos altruistas que se consideran como una fuerza integradora dentro de la sociedad y una compensación por el egoísmo fraccionador que alimenta el mercado económico."


David Harris; La Justificación del Estado del Bienestar. La nueva derecha versus la vieja izquierda., Ministerio de Economía y Hacienda, pág. 107-108.