El modelo italiano.


La política del Estado fascista tendió a la vez a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía civil y política (dependencia de las mujeres respecto al marido, exclusión del mundo laboral y discriminación salarial ) -Opera Nacionale Maternità Infancia, 1925- y a la protección social de las mujeres como madres. Heredero de esta tradición, el desarrollo del Estado del bienestar en la postguerra italiana estuvo basado siguiendo la doctrina cristianodemócrata en el modelo de familia tradicional. Respeto a las mujeres, se incentivaron los permisos por maternidad haciendo a las madres responsables directas de los cuidados de los hijos y remitiendo a los empresarios la necesidad de instaurar guarderías para los hijos de las madres trabajadoras.

A lo largo de los años cincuenta, diversas medidas instauraron una política salarial igualitarista: firma del convenio internacional de la OIT (1954), acuerdos de la Primera Conferencia Nacional de las Trabajadoras organizada por el PCI, acuerdos sobre la paridad salarial en 1960 y 1963. En los mismos años se desarrolla también una política de protección de las madres trabajadoras: prohibición de los despidos por matrimonio o maternidad; permisos por maternidad sin pérdida de los derechos laborales y asistenciales; instauración de 5 meses de permiso con el 80% del salario y tres más con el 30%; atención médica gratuita en el parto y otras facilidades para la atención de los hijos pequeños. Los años sesenta son el punto de arranque del aumento de las tasas de actividad femenina fundamentadas en el aumento del trabajo de las mujeres casadas. El declive de la natalidad y el incremento de la educación son los dos factores que explican este aumento. Este crecimiento ha sido mayor en el empleo a tiempo completo. A finales de los ochenta, sólo un 10% aproximadamente de las mujeres trabajaban a tiempo parcial. Lo que puede explicarse por el elevado grado de desarrollo de la atención preescolar que tuvo lugar durante los años setenta (de hecho casi el 90% de los niños entre tres y cinco años estaban escolarizados) y el bajo costo de dichos servicios en su mayoría estatales y gratuitos o a muy bajo costo en caso privado. Sin embargo, la escolarización antes de los tres años es muy restringida, siendo suplida esta carencia por la activa participación de las abuelas en el cuidado de los nietos.

Los servicios sociales implementados por los primeros gobiernos socialistas en la década de los sesenta iniciaron un modelo de desarrollo universal de los derechos sociales de carácter socialdemócrata: enseñanza básica gratuita, sistema nacional de salud, pensiones por maternidad, accidente, enfermedad, invalidez y desempleo. Los años setenta desarrollaron así mismo nuevos derechos civiles: derecho al Divorcio, 1970 y 1974; igualdad dentro de la familia por la Ley de Familia de 1975, leyes de planificación familiar de 1975 y Ley del aborto de 1978. Y una serie de leyes sobre el cuidado de la infancia y la tutela de la maternidad de las trabajadoras: Ley de las escuelas maternales estatales, 1968; Ley sobre las guarderías comunales de 1971, y ley de tutela de las trabajadoras madres de 1977. Uno de los mayores logros de las leyes sobre la familia reconocían el valor del trabajo doméstico en la vida de las familias y en la producción del patrimonio familiar. Los años setenta desarrollaron un cuerpo legislativo concreto para establecer la paridad en el trabajo aboliendo las diferentes normas discriminatorias entre las que destaca la Ley de la paridad de género en las condiciones de trabajo de 1977, aunque su aplicación ha sido muy limitada, hasta tal punto que en 1991 se aprueba de nuevo a iniciativa comunista una ley de Acción positiva para la realización de la paridad de hombres y mujeres en el trabajo, fomentando la creación de centros para la realización de la paridad a nivel local y nacional y con la estimulación financiera del estado para que las empresas desarrollen acciones positivas efectivas.

Uno de los rasgos específicos de las políticas sociales italianas es la continua oscilación entre la defensa de la familia y del individuo. Desde la perspectiva de las mujeres, su acceso a la esfera pública ha tenido en las relaciones de solidaridad entre las distintas generaciones de mujeres en la familia uno de los soportes fundamentales. La crisis abierta a principios de los años ochenta ha vuelto a plantear la centralidad de la familia y del trabajo de las mujeres para el mantenimiento de los niveles de bienestar de los individuos y las familias. Incluso desde los partidos y organizaciones de izquierda se admite hoy que el mantenimiento del Estado del bienestar pasa por un sistema mixto apoyado en las familias, el trabajo de voluntariado, el estado y el mercado.