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Cristóbal Urbano
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)
Elliott, Tracey (dir.) (2022). Combatting predatory academic journals and conferences. Working Group: Abdullah Shams Bin Tariq, Susan Veldsman, Asfawossen Asrat Kassaye, Enrico M. Bucci, Ana María Cetto, Victorien Dougnon, Stefan Eriksson, Lai-Meng Looi, Shaher Momani, Diane Negra, Rabab Ahmed Rashwan, Marcos Regis da Silva. [Washington, DC]: InterAcademy Partnership (IAP). 125 p. ISBN 978-1-7330379-3-8. Disponible en: <https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English>. [Resumen en español en: https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-summary-Spanish]. [Consulta: 15/09/2022].
Tras muchos años de falta de protagonismo de las organizaciones internacionales de gobernanza de la ciencia (Unesco, International Science Council [ISC], Committee on Publication Ethics [COPE], etc.) en el debate y el combate de las publicaciones depredadoras, desde 2019 se observa una mayor preocupación por dar un enfoque más sistémico como respuesta al problema de las revistas y congresos depredadores, en los que se puede publicar casi cualquier cosa a cambio del pago correspondiente. Un ejemplo de ello sería el COPE discussion document: predatory publishing (2019), que pone de manifiesto esta implicación, al tiempo que visualiza el retraso con el que se abordó este enfoque más institucional. Desde que en 2010 Jeffrey Beall1 acuñó el término predatory open-access publishers la comunidad académica y los investigadores dedicados al estudio de la comunicación científica han prestado mucha más atención que las organizaciones internacionales a un tema que ha sido, y sigue siendo, conflictivo en el contexto de debate sobre el futuro del acceso abierto.
Por ello nos hemos de felicitar que la InterAcademy Partnership (IAP), organización que opera como red mundial de más de 140 academias de ciencias, ingeniería y medicina, haya tomado cartas en el asunto. En 2020 la IAP puso en marcha este estudio de dos años de duración cuyos objetivos eran mejorar la comprensión de las revistas y los congresos depredadores, su prevalencia e impacto, los factores que los alimentan y las formas eficaces de combatirlos. Esto es, identificar intervenciones practicables y eficaces que pudieran frenar y ayudar a combatir el preocupante aumento de las revistas y los congresos depredadores, así como ofrecer recomendaciones a las principales comunidades interesadas a tal efecto. Se trata de un estudio encargado por la IAP, cuyas recomendaciones se consideran opiniones del equipo de trabajo y que, de momento, no han derivado en la aprobación de ningún statement oficial de la IAP para fijar su posición.
Si bien en el título del informe podemos ver que se pretende luchar contra las revistas y congresos académicos depredadores, una de sus principales aportaciones es la constatación de la necesidad de superar el cliché que representa el adjetivo «depredador/a» aplicado a editoriales, revistas o congresos, y reflexionar sobre el concepto y alcance de dicho término. A lo largo de todo el trabajo, se percibe claramente la necesidad de abrir el foco del análisis para reflejar un abanico de disfunciones y malas prácticas editoriales, o de organización de reuniones científicas, que superan los límites del término predatory en el sentido inicial que lo acuñó Beall.
Hemos de recordar que se trata de un calificativo de éxito con el que Beall logró poner el foco sobre los predatory open-access publishers, en referencia a editoriales open access (OA) de nuevo cuño con un modelo de negocio basado en los APC (article processing charges) y que fueron apareciendo bajo la estela de casos de éxito y solvencia editorial como BioMed Central en el 2002 o PLOS en 2003. Ahora bien, a diferencia de esos casos nacidos en países desarrollados y que se consideraron legítimos, las publicaciones a las que se hacía referencia con el calificativo predatory se caracterizaban por su baja calidad y sus prácticas poco éticas, cuando no fraudulentas. Beall constató un gran crecimiento de nuevos editores, sin tradición alguna, con equipos editoriales sin reconocimiento científico y que no garantizaban una revisión rigurosa por peer-review; editores que bajo el impulso del modelo del gold OA vieron la oportunidad de negocio en los APC. La «presa a cazar» que justificó el uso del calificativo predatory se correspondía con aquellos autores presionados por publicar con rapidez, dispuestos a pagar una cantidad relativamente pequeña, sin tomar en consideración la calidad de las revistas, ya fuera por desconocimiento o por voluntad consciente de publicar a toda costa.
Por contra, el informe de la IAP pone negro sobre blanco que las prácticas fraudulentas que Beall calificó como «depredadoras» –con un sesgo negativo hacia todo el movimiento de acceso abierto que supo a prejuicio (Beall, 2013), todo se ha de decir– son una manifestación más, pero no la única, de los problemas de integridad y eficacia que presenta el sistema de comunicación científica. Se trata de un abanico de problemas agudizados en nuestros días, pero que bajo circunstancias diferentes se remontan como mínimo a los años treinta del siglo XX. Sin ir más lejos, podemos recordar que la «crisis» de las revistas científicas ya era un tema de debate entre los investigadores de esa época, un problema que John Desmond Bernal supo poner de relieve con toda crudeza en su obra The social function of science: «the very bulk of scientific publications is itself delusive. It is of very unequal value; a large proportion of it, possibly as much as three-quarters, does not deserve to be published at all, and is only published for economic considerations which have nothing to do with the real interests of science.» (Bernal, 1939, p. 118).
Ahora bien, especialmente desde principios del siglo XXI, se ha producido una aceleración del panorama cambiante de la ciencia, con la aparición de nuevos actores en el ecosistema de comunicación y registro documental del conocimiento, así como nuevas disfunciones propias de una época de crecimiento espectacular del número de investigadores y de publicaciones a nivel mundial. Las declaraciones sobre acceso abierto de Budapest, Bethesda y Berlín de los años 2002 y 2003 se podrían considerar tanto causa como consecuencia de esa aceleración. Dichos cambios son el resultado de la transformación digital que vive la ciencia y que ha provocado que muchas instituciones y empresas editoras clásicas busquen modelos de negocio nuevos para encontrar su lugar en el nuevo escenario del acceso abierto, y que lo hagan en competencia con una gran diversidad de nuevos actores, algunos de los cuales también tienen una descarnada orientación comercial.
Como destaca el informe de la IAP, todas esas transformaciones no están exentas de riesgos para la integridad de la ciencia. La inflación de revistas y reuniones científicas, la insuficiencia de recursos para el correcto funcionamiento de los sistemas de peer-review, la priorización del beneficio económico frente a los valores de la ciencia basados en el bien común, cuando se combinan con sistemas de evaluación de los investigadores que estimulan la cantidad sobre la calidad de las publicaciones, así como el uso descontextualizado y poco responsable de métricas, son, como dice el capítulo 5 del informe, «The systemic drivers of predatory practices». Esto es, son el caldo de cultivo para todo un espectro de prácticas editoriales y de organización de congresos que van de las formal y funcionalmente deficientes hasta las decididamente fraudulentas, pasando por las éticamente cuestionables. De forma reiterada en el informe se afirma que el riesgo de dichas prácticas, en grados y formas diversas, existe tanto entre editores y organizadores nativos de la nueva era digital, como entre aquellos tradicionalmente considerados como establecidos y legítimos.
Por ello, para los autores del informe, se ha de huir de la clasificación binaria (predatory vs. non-predatory) tanto de las revistas como de los congresos y, por esta razón, proponen en el capítulo 2 lo que denominan «A spectrum of predatory practices». Plantean algo que diversos autores habían señalado tiempo atrás: la dificultad de encontrar una definición de consenso sobre este tipo de publicaciones y encuentros, así como la distorsión que genera su uso a la hora de realizar el juicio binario sobre la naturaleza depredadora de los mismos. La originalidad de este enfoque de espectro radica en que usa todo un conjunto exhaustivo y detallado de rúbricas para mostrar a los autores el riesgo que implican los comportamientos problemáticos observables en siete tipos de medios, ya sean revistas o congresos: los fraudulentos, los engañosos, los de baja calidad, los de baja calidad inaceptable, los de baja calidad prometedora, los de calidad cuestionable y los de calidad.
Este abanico de siete posibilidades evita el enfoque dual de blanco o negro que, como hemos dicho, el informe propone abandonar. De todas formas, el capítulo 2 toma en cuenta en buena medida las diversas rúbricas de análisis de revistas, y en menor medida de congresos, dedicadas a identificar binariamente casos que pudieran ser ejemplos de depredación. Entre los ejemplos de rúbricas que el informe toma en consideración, se podrían citar las que usó Beall en su día, o las que usa en la actualidad el directorio Cabell’s en la elaboración de blacklists; también las que, por ejemplo, usa el DOAJ o Latindex en el mantenimiento de sus whitelists.
Junto a las conclusiones y recomendaciones (capítulo 6 ) a las cuales nos referiremos posteriormente, se podría decir que las aportaciones clave del informe se encuentran en los capítulos a los que ya hemos hecho referencia: el capítulo 2, dedicado a realizar propuestas de análisis del espectro de prácticas problemáticas, superando la falta de consenso sobre la definición de revistas y congresos depredadores; y el capítulo 5, en el que se tratan los factores y elementos que crean las condiciones para que esas prácticas problemáticas prosperen.
Una vez ya comentados los dos capítulos que se podrían considerar clave, cabe hacer referencia a otros apartados del informe y su organización. En primer lugar, se puede decir que se trata de un texto largo, en ocasiones repetitivo y algo heterogéneo, que tiene un orden de presentación discutible: por ejemplo, resulta sorprendente que el análisis de los drivers que ayudan a explicar la proliferación del fenómeno aparezca hacia el final (capítulo 5), desligado de lo que se plantea al principio del texto en el capítulo 1 bajo el epígrafe «The growth and prevalence of predatory journals and conferences». Se pueden observar muchos elementos de conexión con lo tratado en el capítulo 5, al ser un apartado en el que se realiza una introducción para contextualizar el fenómeno objeto de estudio mediante una interesante revisión bibliográfica.
También se presentan los resultados de una encuesta mundial a investigadores (Capítulo 3, «A global survey of researchers») en la que participaron 1.872 investigadores de 112 países; una muestra que se antoja pequeña, pese a que tiene una buena distribución territorial. A los entrevistados no se les ofreció una definición más o menos acotada de lo que el estudio consideraba revista o congreso depredadores, pero se les preguntó por sus efectos, la forma de identificarlos o las razones por las que habían publicado en dichas revistas y congresos, en caso de que lo recordaran. Si bien el muestreo, el cuestionario y la forma de aplicarlo presentan lagunas y aspectos mejorables, los resultados son útiles y relevantes ya que existen muy pocos estudios de amplia cobertura geográfica en los que se pregunte directamente a los investigadores por su relación con el fenómeno predatory publishing. Uno de los datos más impactantes que arroja la encuesta es que un 14 % de los entrevistados manifestó haber publicado en una revista depredadora o haber participado en un congreso depredador. La extrapolación de ese porcentaje a una población mundial de 8,8 millones de investigadores según datos de la Unesco para 2018, apunta a la existencia de un mercado potencial para los medios depredadores de unos 1,2 millones de autores, lo que da una idea de la dimensión del problema.
A continuación, el capítulo 4 «Existing tools and interventions to combat predatory practices» presenta el panorama de los principales actores que se dedican a producir herramientas, directrices y políticas públicas, o materiales de formación y de concienciación, que pueden orientar la toma de decisiones de autores e instituciones. Se mencionan blacklists y whitelists, checklists de verificación, programas formativos y regulaciones institucionales, si bien la visión de conjunto que se percibe de todos estos recursos y herramientas es de dispersión: se concluye que faltan intervenciones globales sólidas, con una mayor implicación de las organizaciones responsables de la gobernanza mundial de la ciencia.
Por último, se formulan ocho conclusiones principales que sirven para agrupar un valioso conjunto de recomendaciones, vinculadas a cada uno de los stakeholders relevantes y temporalizadas para su ejecución de forma inmediata, en los próximos 6-12 meses, o más largo plazo, a dos o tres años vista. Resulta muy útil la presentación de las mismas recomendaciones agrupadas también según dichos stakeholders: 1) comunidad investigadora (autores, supervisores, mentores); 2) instituciones de educación superior, incluidas las universidades; 3) organizaciones multilaterales; 4) academias; 5) financiadores de la investigación y ministerios de investigación; 6) editores; 7) bibliotecas y servicios de indexación; y 8) asociaciones y órganos de congresos.
En síntesis, se trata de un informe necesario y oportuno, pero que llega tarde y que presenta algunos problemas de estructura y de argumentación. Además, resulta sorprendente que al tiempo que supone una enmienda a la totalidad del uso indiscriminado del término predatory, los autores del informe lo siguen usando de forma profusa a lo largo de todo el texto, comenzando por el título del informe y del título de buena parte de los capítulos. Vaya, que nos sigue mencionando el término que se vincula con un aspecto parcial del problema, cuando lo que realmente resulta relevante, como el mismo informe trata de destacar, es la necesidad de analizar la salud del sistema de comunicación y registro de la ciencia en su integridad, con una visión de 360 grados.
1 Hemos trazado el establecimiento del término en el artículo que publicó en el The Charleston advisor bajo el título «’Predatory’ open-access scholarly publishers» (Beall, 2010) y en el que explicaba a qué se refería con esta denominación: «These publishers are predatory because their mission is not to promote, preserve, and make available scholarship; instead, their mission is to exploit the author-pays, Open-Access model for their own profit. They work by spamming scholarly e-mail lists, with calls for papers and invitations to serve on nominal editorial boards. [...]. Also, these publishers typically provide little or no peer-review. In fact, in most cases, their peer review process is a façade.»
Se trata de un término que aparece también en las listas de «potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers» que Beall mantenía dentro de su blog Scholarly open access: critical analysis of scholarly open-access publishing y que estuvo operativo hasta 2017 (Disponible en Internet Archive).
Referencias
Beall, Jeffrey (2010). «’Predatory’ open-access scholarly publishers». The Charleston advisor, vol. 11, no. 4, p. 10-17.
Beall, Jeffrey (2013). «The open-access movement is not really about open access». TripleC: communication, capitalism & critique: open access journal for a global sustainable information society, vol. 11, no. 2, p. 589-597.
Bernal, John Desmond (1939). The social function of science. London: George Routledge & Sons. 429 p. Disponible también en línea.
COPE Council (2019). COPE discussion document: predatory publishing.
© Imagen inicial de Gerd Altmann en Pixabay.
