La red social KOOPERA aúna iniciativas dedicadas a distintas modalidades de reciclaje. Como cooperativa de segundo grado, combina la participación de diferentes Cooperativas de Iniciativa Social y Empresas de Inserción, en muchos casos impulsadas por Càritas. En 2016 la iniciativa celebró 25 años desde que se creó Rezikleta, la primera cooperativa bilbaína que combinó el reciclaje con la inserción sociolaboral, y que asentó los orígenes de la actual red social. Rezikleta nació del impulso de un grupo de jóvenes que trabajaban en el ámbito de la juventud y el tiempo libre en el distrito V de Bilbao (Bilbao La Vieja, San Francisco) que pusieron en marcha una iniciativa de recogida de muebles y voluminosos, que adoptó la forma de cooperativa finalista.
Entre sus proyectos más destacables la entidad ha patentado un modelo de contenedores (2011), o ha puesto en funcionamiento en 2012 el Koopera Reusing Center, la primera planta a nivel estatal de clasificación de objetos mediante el reconocimiento de voz. Al margen del papel innovador en la gestión de los recursos textiles de Cáritas, Koopera sobresale por su filosofía ligada al cooperativismo, la economía solidaria y la inclusión sociolaboral. La incorporación de personas insertadas como socios cooperativistas copropietarias de las empresas de inserción en cuestión es uno de los aspectos más socialmente innovadores de la iniciativa. En 2016 se reportan en la web de la entidad 243 empleos de inserción, 433 personas trabajando, 61,643 miembros del club Koopera y 6819 atenciones a personas necesitadas.
Las entidades que forman la red social KOOPERA comparten servicios y se orientan de manera conjunta a la reflexión estratégica y a la inversión, si es necesario, en nuevos proyectos. Esto ha permitido promover apuestas ambiciosas como la atención a la innovación tecnológica aplicada al sector del reciclaje. A lo largo de su historia la red ha tendido al crecimiento, en 2016 la red agrupa nueve cooperativas, diez empresas de inserción y treinta tiendas situadas en once territorios distintos del estado español. La estructura cooperativa en red permite la consolidación de proyectos innovadores como Koopera Merkatua, un mercado ecológico y solidario, que además de productos recuperados ofrece productos de comercio justo y alimentación biológica. También es importante señalar que como entidad cuenta con la colaboración voluntaria de más de 500 personas de los diferentes núcleos de Càritas Diocesanas en los diferentes territorios en los que tiene presencia.
El nivel de autofinanciación de la iniciativa es muy alto, alrededor del 91%, de estos 48% de los ingresos provenían de servicios ofrecidos al sector público, un 15% de empresas privadas y un 28% de particulares. Desde la entidad se busca la independencia económica respecto a las subvenciones y las ayudas públicas a fondo perdido pero a la vez se reivindica el papel de los poderes públicos en la potenciación del sector.
La gestión de residuos es la principal actividad mediante la cual la entidad establece relaciones de gobernanza con los poderes locales. Su impacto directo en la gobernanza está muy ligado a la introducción de sistemas de gestión de residuos en el ámbito local. De modo paralelo, procura impactar en la consideración institucional de la contratación pública, las cláusulas sociales y los mercados tutelados. En este aspecto se destaca el trabajo en red desarrollado por el propio sector que ha hecho avanzar la normativa pública[1]. En el caso de la Red Social Koopera si la vertiente propositiva específica en temas vinculados al medioambiente se canaliza mediante de las propias entidades, la función de presión política, de denuncia y control de la legislación por parte del sector social, se lleva a término de modo coordinado por redes como REAS, GIZATEA, la recientemente constituida SAREEN SAREA. De modo complementario Koopera organiza con frecuencia actividades de sensibilización con diferentes aspectos, de tipo ambiental, sobre economía sostenible o demás temas afines.
[1] La Ley 31/2015 de ámbito estatal, de contratos del sector público no sólo permite sino que obliga a cada administración a fijar anualmente un porcentaje de contratos reservados, reconociendo las empresas de inserción como de interés general.
