La Alianza contra la pobreza energética es una red de entidades y colectivos que se unen en 2014 para luchar contra la pobreza energética. En el marco de las reuniones por la campaña por un cambio de modelo energético, de la “Xarxa per la sobirania energètica”, algunos profesionales y activistas relacionados con el ámbito (provenientes de las ONGs Aiga Es Vida y Engyeneria Sense Fronteres), deciden hacer frente a un problema social y energético que hasta el momento no estaba obteniendo respuesta institucional o ciudadana. Para ello se ponen en contacto con la PAH, cerciorándose de la gravedad del asunto e incorporando la fuerza social y experiencia organizativa de este colectivo, y junto a ella y la Xarxa Per la Sobirania Energètica, ponen en marcha la Alianza contra la Pobreza Energética. Posteriormente, otras organizaciones de la sociedad civil deciden incorporarse al proyecto: asociaciones de vecinos como la FAVB, FAV Baix Llobregat, CONFAVC y Front Civic, la Asamblea de Parados de Barcelona y el Observatori del Deute en la Globalizació). Sus objetivos fundamentals son: a) presionar a las administraciones para que asuman los servicios básicos (agua, luz y gas) como derechos sociales que tienen que ser cubiertos y b) ayudar a organizar a los afectados por estos cortes a través de mecanismos de asesoramiento colectivo.
Para llevar a cabo este doble objetivo, la Alianza se organiza en asambleas locales en las que participan los propios afectados por los cortes de suministros, siguiendo el modelo empleado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. A través de este mecanismo, la APE desarrolla procesos de acompañamiento para que los afectados puedan acogerse a las protecciones existentes. A la vez, como red de entidades, la alianza presiona a las administraciones tanto a nivel municipal como autonómico y estatal para fomentar cambios legislativos que permitan el reconocimiento de los suministros básicos como un derecho y obligar a las empresas suministradoras de esos servicios a garantizar esos servicios para las personas en riesgo de exclusión. Desde este punto de vista, la alianza puso en marcha junto con la PAH una iniciativa Legislativa Popular en el parlamento catalán para cambiar la Ley, acción que dio lugar a la ley 24/2015 (parcialmente recurrida por el tribunal constitucional). Desde la aprobación de esta ley, que prevé que las compañías no pueden cortar los suministros a las familias en riesgo de exclusión, la Alianza ha orientado sus esfuerzos a velar por el cumplimiento de la ley. Dado que la ley da un papel central a la administración local, que tiene que acreditar si las familias están o no en riesgo de exclusión, la Alianza ha presionado a las administraciones locales para que facilite y agilice los trámites de acreditación de situación de exclusión y ha denunciado a las empresas suministradoras que han incumplido la ley.
Con su organización en asambleas locales y como red de entidades la Alianza contra la Pobreza Energética, la APE ha demostrado ser una respuesta ciudadana de gran alcance ante uno de los mayores retos sociales actuals, redefiniendo la cuestión de la pobreza energética, concibiéndola en el pleno de los derechos sociales básicos y ligándola al debate sobre el modelo de provisión de energía y recursos en España.
