José Ignacio Muro Morales
Departament d’Història i Geografia
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Ingenieros militares en España en el siglo XIX. Del arte de la guerra en general a la profesión del ingeniero en particular (Resumen)

Esta comunicación tiene por objeto mostrar las diferentes opciones profesionales del Cuerpo de Ingenieros Militares español durante el siglo XIX. Una corporación técnica y facultativa que desde principios del ochocientos perdió algunas competencias del campo de la ingeniería civil. En este trabajo señalaremos la adaptación de los mecanismos de selección de estos ingenieros y las reivindicaciones que realizaron para equipararse a otros técnicos al servicio del Estado, así como las distintas opciones utilizadas para ejercer la profesión fuera del ejército y de las instituciones públicas.

Palabras clave: ingenieros militares, ingeniería civil, obras públicas

Spanish Corps of Military Engineer in the XIXth century (Abstract)

This paper shows a different professional options of Spanish Corps of Military Engineer in the nineteenth century. In this period, this technical corporation lost some competences for the organization of different corps of civil engineering. We emphasize the claim for to put on the same level of the other engineers in government service, and the legal options for work out the active service.

Key words: military engineers, civil engineering, public works

En esta comunicación destacamos las actividades profesionales de los jefes y oficiales de ingenieros españoles durante el siglo XIX, fuera del marco corporativo propio. En otro lugar hemos dado cuenta de la labor y la aportación de los ingenieros del ejército en tareas de corte civil, como las cartográficas (MURO, 1992). Existe una amplia historiografía que ha puesto de relieve el importante papel de estos técnicos en ámbitos diversos durante el período de construcción del Estado moderno. No son tan frecuentes estudios y reflexiones que den cuenta de la relación entre los ingenieros de plazas de guerra y fortificaciones con otras corporaciones y profesionales de la ingeniería o de la arquitectura, ámbitos próximos a la formación y a los conocimientos técnicos de los ingenieros del ejército. En el primer apartado esbozamos el perfil del ingeniero militar desde la reforma de 1803 y que tuvo numerosas dificultades al hilo de los convulsos períodos del siglo. A continuación mostramos la fluida relación entre la condición de militar y la ingeniería en la primera mitad del siglo a partir de los huecos originados por la tardía organización de cuerpos civiles en España. Finalmente presentamos algunos ejemplos del ejercicio privado de la profesión por una parte de los miembros del escalafón de la ingeniería militar española.
 

Un cuerpo distinguido por su instrucción y sus constantes y buenos servicios

Durante la segunda mitad del siglo XVII fue perfilándose una estructura organizativa de la ingeniería, con el objetivo de que la monarquía dispusiera de técnicos y profesionales al servicio del arte la guerra y de la modernización de los propios estados. La contratación de ingenieros extranjeros constituyó una solución inicial, pronto superada por la organización de las primeras corporaciones de ingenieros (Capel, Sánchez, Moncada, 1988). A principios del siglo XVIII quedaba organizado el Cuerpo de Ingenieros Militares y, poco después, los centros asociados a su formación específica. Fueron los primeros pasos en la constitución de una corporación profesional jerarquizada que valoraba el mérito y la capacidad para el ascenso. Sus integrantes tuvieron un destacado papel en la plasmación territorial de políticas reformistas a través de sus proyectos de diversas tipologías de obras públicas o de la mejora y ampliación de la red de comunicaciones. Tras casi un siglo en el que el debate interno sobre la especialización de las tareas fue profundizándose, a finales del setecientos se producía la unión de los tres ramos de la ingeniería militar –plazas y fortificaciones del reino; academias militares; y caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y navegación- bajo el mando del Ingeniero General.

Las reformas iniciadas a finales del setecientos suponían la adaptación a las nuevas exigencias militares del momento y la constatación de un proceso de especialización progresiva en la ingeniería española. El Cuerpo de Ingenieros de la Marina nacía en 1770 con competencias sobre los proyectos y obras en los arsenales. En la década de 1790 iban a añadirse otros ingenieros, como los Cosmógrafos en 1796 o los de Caminos y Canales en 1799, con claras características civiles y con sus propios centros educativos (Rumeu de Armas, 1980; Capel, 1982). Estas amenazas cuestionaban no sólo las competencias profesionales, también el número de efectivos de ingenieros militares necesarios, que no alcanzaba los dos centenares. En cualquier caso, este escenario tardaría en concretarse debido a los convulsos años entre el final del XVIII y la primera mitad del XIX.

En los primeros compases del siglo fueron concretándose los perfiles básicos del ingeniero militar español. Por de pronto en el año 1802 quedaba organizado, agregado al cuerpo de ingenieros, el Regimiento de Zapadores y Minadores. Una orientación con clara significación militar. Poco después, en 1803, se publicaba la Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Como afirma el preámbulo, el objetivo era "dar al Cuerpo de Ingenieros toda la consistencia militar que debe tener, y proporcionarle los privilegios y ventajas a que pueda aspirar un cuerpo distinguido por su instrucción y sus constantes y buenos servicios" (Ordenanza, 1803, Tomo I). En esta reforma quedaban patentes la limitación de funciones a las propiamente militares. La atención a estas consideraciones obligaba a definir un nuevo escalafón, bajo una terminología militar y con una escala propia dentro del ejército: "…de ser el pie actual del expresado Real Cuerpo muy diminuto respectivamente al gran número de atenciones que abraza su servicio, así durante las operaciones de la guerra, como en las guarniciones de las plazas y encargos que se le confíen; de ser la organización del mismo cuerpo inadequada para que sus individuos adquieran en general la completa instrucción teórica y práctica que necesitan para el mejor desempeño de sus vastas, complicadas e importantes funciones…" (Ordenanza, 1803, Tomo I).

Para cubrir los destinos en Europa y los Presidios de África la plantilla de ingenieros debía alcanzar los 196 jefes y oficiales, a los que había que añadir el personal destinado en las Indias e Islas Canarias (Real Orden 31 de julio 1802). De estos dos centenares, 60 ingenieros debían destinarse al Regimiento de Zapadores, por lo que restaban 136 para el servicio de "mis exércitos, plazas y fronteras de España, Presidios de África, islas de Mallorca, Menorca e Iviza, y demás encargos que yo tenga a bien confiarles". Un reglamento específico reguló en 1805 los destinos en Indias. Según éste los ingenieros debían permanecer en sus puestos un mínimo de siete años y como máximo diez (Reglamento Adicional, 1805).

¿Cuáles eran las funciones de estos oficiales de ingenieros?. La Ordenanza de Ingenieros de 1803 regulaba su campo de actuación con gran detalle, desgranando funciones y servicios según el escalafón jerárquico de la corporación. Los miembros de esta corporación debían ocuparse de las cuestiones relacionadas con la fortificación y los edificios militares, aspectos que agrupaban un conjunto diverso de habilidades y tareas. Quedaban encargados de inspeccionar las plazas y puestos fortificados, cuestión que obligaba a mantener un archivo de fortificaciones donde conservar los planos, mapas, proyectos, memorias, descripciones geográficas y militares. En relación con ello debían proponer "las obras de fortificación convenientes para aumentar las defensas en las plazas, fronteras, costas, puertos y presidios", así como "el abandono y demolición de las que conceptúe inútiles", y los proyectos de caminos "que juzgue necesarios para la comodidad de las comunicaciones interiores del Reyno". Asimismo corría a cargo de los oficiales de ingenieros la instrucción teórica y práctica del Regimiento de Zapadores. Una función ampliada a la atención docente de otras escuelas y academias militares.

Con todo, aún es posible encontrar en la Ordenanza de 1803 puntos de contacto y referencias al ingeniero militar del setecientos. La norma mencionada consideraba que la profesión del ingeniero "abraza muchos y diversos ramos y que cada uno requiere especiales talentos e inclinación". Por ello los ingenieros directores, encargados de las comandancias o subinspecciones, debían elegir para las comisiones "los ingenieros que consideren más a propósito, alternándoles en las ocasiones, sin relación a la mayor antigüedad o empleo" (Ordenanza, 1803, Tomo I, p. 58).

Una parte fundamental de la labor del ingeniero militar consistía en la obtención y elaboración de información territorial. En cada Dirección-subinspección de Ingenieros debía existir un atlas con la documentación cartográfica y planimétrica pertinente a los objetos señalados, "conviniendo que los oficiales de mi Real Cuerpo de Ingenieros se apliquen particularmente a adquirir mucha exactitud y ligereza en el diseño, en el levantamiento de Planos y Mapas, en todo quanto conduce a proporcionar un conocimiento rápido y seguro del país". De igual forma, cada dirección debía proveer los instrumentos necesarios.

Para la realización de estas tareas los ingenieros disponían de una amplia formación científica y técnica, alcanzada después de años de estudio en la academia. Además, cada año realizaban memorias e informes sobre asuntos relativos a la profesión militar y demás ramos facultativos. Por otro lado, en la vertiente práctica de sus trabajos contaban con encargados de la gestión y realización efectiva. La reforma de 1803 mencionaba expresamente las figuras de los maestros mayores, sobrestantes, aparejadores y celadores, considerados colaboradores efectivos en las tareas de diseño, mantenimiento, construcción y control de los entornos fortificados. En particular, los maestros mayores quedaban destinados en las plazas más importantes. Estos eran profesionales de la construcción, civiles, y no pertenecían orgánicamente al cuerpo de ingenieros. Para el empleo de los maestros mayores, decía la Ordenanza, el ingeniero director estaba facultado para elegir, después de un examen, al "sugeto más sobresaliente en el conocimiento de los principios de las matemáticas, levantamiento de planos, nivelaciones, corte de perfiles, principales partes de la arquitectura, práctica de obras y conocimiento de los materiales del país". De hecho se les reconocía las mismas consideraciones que a los arquitectos de las Academias de San Fernando y San Carlos. Una vez pasaban al servicio del cuerpo de ingenieros adquirían un uniforme acreditativo de esa condición.

Estas eran, a grandes rasgos, las cuestiones que fijaban las atribuciones del ingeniero militar a partir de la reforma de 1803, sin considerar la regulación del servicio de campaña. El conflictivo período que siguió a estos cambios matizó estas consideraciones, así como la propia definición del ingeniero militar español como profesional. Durante la primera mitad del siglo fueron frecuentes las discusiones internas sobre el número de oficiales necesarios para atender "al gran número de atenciones que abarca su servicio", en estrecha relación con los proyectos de presupuesto del Ministerio de la Guerra. La argumentación sobre la necesidad de mantener o aumentar el número de efectivos, y con ello, el presupuesto, recaía en la preparación científica y profesional de los ingenieros. De igual manera permitía reivindicar un papel destacado en tareas no propiamente militares.

Los más de dos centenares de jefes y oficiales de ingenieros propugnados a principios de siglo no se alcanzaron hasta la década de 1840. A finales de siglo, en la década de 1890, se llegaba a la cifra de 400 ingenieros (Estados del Cuerpo, varios años). Durante un largo período, hasta la década de los sesenta, un número importante de estos ingenieros simplemente no tenía destino. El ingreso en la parte inferior del escalafón (tenientes) fue, en ocasiones, complicado. Las diferencias entre el número teórico y el real de la plantilla fueron resueltas a través de los excedentes y los supernumerarios, ingenieros de determinada clase que alcanzaban el grado correspondiente, pero no tenían hueco en el destino.

Las razones que subyacen a esta situación están relacionadas con la Guerra de la Independencia y las dificultades de los años posteriores. El conflicto napoleónico supuso una importante dispersión de los miembros de la corporación en múltiples destinos, además de la desorganización de la academia de ingenieros. Durante el reinado de Fernando VII la política presupuestaria reducía de forma drástica el personal y los recursos. Con todo, los ingenieros del ejército dieron cumplida respuesta a estas amenazas. Por ejemplo, en el año 1818, cuando el Ministerio de la Guerra reducía a la corporación a 136 jefes y oficiales, y dejaba fuera, como supernumerarios, a 67 jefes y oficiales. Para los directores del cuerpo era una decisión incomprensible, dado que el país había quedado devastado por la guerra, con una destrucción sistemática de muchas plazas y fortificaciones. Nada era más lógico que dotar al cuerpo de ingenieros de recursos y personal con el objeto de superar esa situación.

En otro período político diferente, el Trienio Liberal, los ingenieros también argumentaron la necesidad de mayores recursos. Las reformas constitucionales emprendidas defendían la adaptación del fuero militar al nuevo orden político, en un nuevo marco de relaciones con la sociedad civil y donde desaparecían los privilegios (Proyecto, 1820). Los proyectos de reforma militar del Trienio incluían, entre otros aspectos, la organización de un estado mayor permanente, visto con recelos por el cuerpo de ingenieros. Por otro lado, los nuevos planteamientos educativos regulaban las enseñanzas técnicas, entre ellas las ingenierías civiles. En ese contexto, el cuerpo de ingenieros militares calculó sus necesidades sobre tres ejes: los efectivos necesarios en tiempo de guerra, la extensa preparación científica, y una categoría profesional exclusiva. Todo ello les hacía merecedores de atención por parte del Estado (Indicaciones, 1820). Los cálculos ascendían a una cifra próxima a los tres centenares de jefes y oficiales, sin contar a los 70 ingenieros en los territorios americanos.

El largo período absolutista posterior supuso la anulación de los intentos de establecer un régimen liberal. También supuso la disolución del ejército y el inicio de los procesos de purificación política. Hasta el año 1828 no fue posible una mínima reorganización que, por otro lado, partía de un escenario muy restrictivo, dado que exigía una merma del 65 por ciento de los ingenieros militares en servicio. Una medida que estos consideraron "infundada, injusta y perjudicial al servicio del Rey" (Materiales, 1828). Por entonces el número de ingenieros ascendía a 128 jefes y oficiales. Al final del periodo absolutista, 1833, esa cifra ascendía a 157 ingenieros.

Con posterioridad el número de efectivos aumentó debido a dos factores. Por un lado, la estabilidad lograda con la organización y renovación de los estudios en la academia de ingenieros. Por otro, la anulación de la condición de supernumerarios en determinados destinos, como las secretarias del ministerio o las funciones docentes en la academia. Los aumentos subsiguientes guardan relación con la organización de nuevos regimientos y batallones y otras secciones anexas, como la Brigada Topográfica de Ingenieros. Pese a todo las continuas dificultades presupuestarias provocaron que esos aumentos fueran más formales que efectivos. Así, por ejemplo el Estado del Cuerpo de Ingenieros para el año 1846 muestra una plantilla de 80 tenientes, cubierta sólo por 31 de éstos. Una situación que se prolongó hasta la década de 1850, momento en que fueron cubiertas dichas plazas, aunque generaron excedentes y supernumerarios. Una solución parcial fue organizar un curso preparatorio, antes del ingreso en la academia, con el objetivo de retrasar el ingreso de los aspirantes y reducir el nivel de fracaso escolar. La coincidencia de la plantilla teórica con la real, sobre un conjunto ya de 245 jefes y oficiales, no fue posible hasta mediados de la década de los setenta.

Los problemas presupuestarios y los cambios en la política de la primera mitad del siglo XIX explican las dificultades en el cumplimiento de los objetivos fijados para el cuerpo de ingenieros a principios de siglo. En la etapa liberal, de una mayor continuidad, fueron planteadas reformas en apartados básicos de la ingeniería militar, como el servicio de obras o los estudios académicos. Esta nueva situación permitió la adaptación a un nuevo escenario profesional de la ingeniería española.
 

El ingeniero militar del liberalismo

Tras el régimen absolutista de Fernando VII y acabada la guerra civil fueron planteadas diversas reformas que produjeron cambios en la formación y competencias de los profesionales de la ingeniería, civil y militar. Para el caso de la ingeniería militar fue aprobado en el año 1839 un nuevo plan de estudios, a partir de las propuestas de Fernando García San Pedro. El reglamento de la academia ampliaba los contenidos científicos, con una atención especial al apartado teórico y a la práctica experimental de la física y la química, así como la renovación de los estudios de fortificación. Estas decisiones iniciaban un período de importantes inversiones en la organización de gabinetes, biblioteca, comisiones en el extranjero, nuevos textos científicos y la publicación, desde 1847, de un órgano de difusión que por entonces llevaba por título Memorial de Ingenieros, con un subtítulo bien significativo: ‘Memorias, artículos y noticias interesantes al arte de la guerra en general y a la profesión del ingeniero en particular’. Las condiciones de exigencia académica aumentaron e hicieron más difícil alcanzar el estatuto de oficial de ingenieros. Con algunas dificultades, explicadas en otros trabajos, los estudios de ingeniería militar mantuvieron esos criterios hasta finales de siglo.

En la misma línea, el régimen liberal iniciado en 1833 modificó parcialmente las Ordenanzas de Ingenieros de principios de siglo en los aspectos relacionados con las obras. Los trabajos fueron iniciados en el año 1836 y culminaron con el Reglamento de Obras en 1839. A éste siguió una nueva ordenación del personal subalterno en la península primero y posteriormente en ultramar. Según la nueva norma reguladora de las obras y servicios correspondía "exclusivamente al cuerpo de ingenieros la facultad de calificar, proponer, proyectar, calcular y dirigir todas las obras de fortificación y cuantas puedan ocurrir en los edificios militares, con la única excepción de las fundiciones y fábricas de armas y municiones" (Reglamento, 1839). Este reglamento suprimía las juntas ordinarias de fortificación y concedía a los ingenieros un alto grado de autonomía para plantear estudios de obras defensivas y proponer actuaciones urgentes. Estos profesionales debían entenderse directamente con las autoridades superiores, de la hacienda militar y los agentes locales, tanto en las propuestas y proyectos, como en la parte administrativa y económica. Con escasas modificaciones, este estado de cosas se mantuvo hasta 1873, año en el que las autoridades republicanas plantearon una nueva reforma. El nuevo reglamento de obras resultante, técnicamente muy detallado, intentó poner orden en el deslinde de competencias entre los ingenieros y la administración militar, marginando a los primeros de la gestión del patrimonio arquitectónico militar, cuestión relevante dada la importancia, en ese momento, de los espacios liberados de la condición de territorios polémicos en nuestro país (Reglamento, 1873; Muro, 1990).

Con independencia de estas funciones, un oficial de ingenieros, al salir de la academia, se enfrentaba a una gran movilidad laboral. Los huecos del escalafón, así como los ascensos por antigüedad, no permitían elecciones. Durante la vida militar era frecuente que obtuvieran varios destinos en comisiones, mandos y en localidades distintas. La perspectiva de alternar la condición de facultativo con el mando de tropas dificultó la atención continuada a las obras de fortificación por parte de los oficiales del cuerpo. De ahí que progresivamente las labores de control sobre las zonas polémicas de las plazas, la gestión directa de las obras de fortificación y las reparaciones de mantenimiento, así como el planteamiento y desarrollo de las nuevas pasara a manos del personal subalterno, de carácter civil, que no engrosaba la plantilla de oficiales de ingenieros, aunque sí su presupuesto.

Hemos hecho mención que la Ordenanza de Ingenieros de 1803 establecía que en las plazas importantes existiera un maestro mayor, con conocimientos relativos a obras y materiales "pues ha de ser el principal zelador, y resposable de todo lo irregular y contrario a la mejor consistencia y método que se note por el ingeniero en la construcción". Los cambios relacionados con el servicio del cuerpo de ingenieros afectaron a los empleados subalternos. Estos quedaron organizados de forma jerárquica, en relación con la responsabilidad de actuación. El reglamento publicado en 1840 establecía un escalafón de 17 maestros mayores de fortificación, 35 maestros de obras, 35 celadores de fortificación y 60 conserjes de edificios militares y cuarteles (Reglamento, 1840). Los puestos de maestros mayores y de obras eran ocupados por arquitectos y maestros de obras que simultaneaban sus obligaciones de celadores de las plazas con tareas privadas donde prestaban sus servicios. Unos años después quedaron regulados los empleados subalternos del cuerpo de ingenieros en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con similares consideraciones y una diferencia en cuanto a las retribuciones: iguales sueldos ‘si fuesen europeos’ y la mitad en el caso de ser ‘indios’ (Reglamento, 1847). Los cambios introducidos en el servicio de obras del Sexenio Democrático afectaron a las categorías de estos empleados. El nuevo reglamento simplificaba las categorías de maestros, reduciéndolos a una de maestros de obras militares, ampliaba las gratificaciones por días trabajados y los asimilaba a las categorías de capitanes, tenientes y alféreces del ejército (Reglamento, 1873).

El objeto profesional de los ingenieros del ejército a partir de principios del siglo XIX tuvo dos vertientes, ambas de claras resonancias militares: el cuidado del sistema defensivo del país y la organización de las tropas al servicio de los trabajos de fortificación de campaña (Capel, 1988; Cano Revora, 1994). A pesar de ello los ingenieros reivindicaron el papel que podían ejercer como facultativos, con conocimientos útiles para el servicio del Estado. La participación activa que ejercitaron en tareas fuera del marco de la corporación constituyó, asimismo, un recurso para los excedentes de plantilla o para superar las dificultades de promoción individual.
 

Militares y profesionales de la ingeniería

Tanto las características organizativas del cuerpo de ingenieros a lo largo del siglo XIX, como la tradición de técnicos y especialistas de la arquitectura y la ingeniería militar fueron, con frecuencia, unidas. Es conocida participación de miembros de condición militar en empresas civiles, al servicio del Estado. Menos conocidas son las formas de reivindicación y formulación concreta de esa participación e, incluso, el abandono temporal o completo de la condición militar para llevar a cabo, a título privado, tareas relacionadas con ámbitos diversos de la ingeniería. Hasta el siglo XIX el grueso de ingenieros procedían del ejército y algunos de éstos acabaron en las nuevas corporaciones civiles de ingenieros. Muy probablemente el stock de ingenieros civiles en diversos países durante el período liberal no fue suficiente para cubrir todas las demandas, públicas y privadas. Ello permite explicar el recurso a la contratación de especialistas foráneos y a la progresiva y creciente especialización profesional.

La existencia de excedentes sobre la plantilla teórica o reglamentaria en el escalafón del cuerpo de ingenieros militares constituía un gasto adicional en el presupuesto. Una de las soluciones arbitradas fue recurrir a la condición de supernumerario, ampliamente utilizada desde principios de siglo. Ya en una memoria sobre el arreglo del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 1817 se admitía la existencia de esa figura. En ella se reconoce la existencia de "oficiales empleados en comisiones" (propiamente considerados como supernumerarios) y de otros ingenieros, con diferente calificación, que se ocupaban de asunto inconexos a los propios del instituto de ingenieros, y "aun algunos dependen de ramos no militares" (Memoria, 1817).

La condición de supernumerario coincidía con la de oficiales empleados en comisiones o asuntos no relacionados con la corporación, aunque mantenían una dependencia orgánica de otros ramos de la administración. Una situación que normalmente era temporal y que finalizaba en función de los ascensos o del término de las tareas encomendadas. En opinión de los gestores de la corporación a principios de siglo, los ingenieros que realizaban trabajos ligados al ramo militar, pero alejados de las tareas propias del cuerpo, aumentaban el presupuesto de la corporación de ingenieros. Por el contrario, los que realizaban servicios para instancias de carácter civil, generalmente recibían los honorarios de éstas.

Después de la Guerra de la Independencia, los ingenieros militares en comisiones extraordinarias superaban la quincena, en destinos como la Junta de Navegación del Guadalquivir, canales y caminos de Valencia y Granada, obras hidráulicas en la provincia de Almería, en labores docentes en el Colegio General Militar, o en administrativas del archivo de la Secretaria de Guerra (Memoria, 1817). La falta de vacantes en la plantilla del cuerpo de ingenieros estaba en la base de estos destinos no propios. Igualmente, las dificultades para organizar un cuerpo de ingenieros civiles entre 1814 y 1829, debido al exilio o la depuración política de personas como Betancourt o Bauzá, permitió que ingenieros militares estuvieran al frente del ramo de obras públicas y de determinados proyectos (Sáenz Ridruejo, 1989, p. 83).

Ante esa realidad, en los inicios del Trienio Liberal y con motivo de la discusión de los presupuestos del ministerio, los ingenieros militares plantearon abiertamente la posibilidad de intervenir en tareas civiles. Estos utilizaron como argumento el ahorro económico para el erario público que supondría la utilización de personal militar. Unos militares con carácter facultativo y unos ingenieros al servicio del Estado (Indicaciones, 1820). Como ya hemos señalado, la comisión de ingenieros del ejército organizada en 1820 para dar respuesta al proyecto de presupuestos defendió un aumento muy significativo de miembros, cercano a los 300, y advertía que en ese cálculo "no se ha contado más que con los oficiales puramente necesarios para el servicio del cuerpo, y que de ninguna manera bastará el número asignado si se distraen algunos a comisiones que no son peculiares a él". De igual forma aquella comisión consideraba la situación de los excedentes y supernumerarios: "actualmente, por ejemplo, hay 24 oficiales de ingenieros en varios destinos que ninguna relación tienen con el cuerpo. Desde luego salta a la vista que estos no se cuentan en el número anterior. Es cierto también que el servicio que les correspondería es hecho por otros oficiales, a quienes se perjudica especialmente en los destinos de América: resulta asimismo que varios de ellos tienen sueldos por dos cosas, y que no sirven más que una" (Indicaciones, 1820, p. 18-19).

La solución para los excedentes pasaba por no abandonar el control militar sobre éstos, aunque realizaran tareas para el Estado: "si el estado quiere sacar partido de los conocimientos y de los gastos que ha invertido en la educación de estos hombres, lo puede hacer con singular provecho; (...) no habría dificultad en que se les volviese a encargar las empresas de esta clase que costease el Gobierno; pero debe observarse que cualquiera comisión se ha de entender con el cuerpo y no con individuos sueltos, al menos para las obras de utilidad común costeadas por la Nación" (Indicaciones, 1820, p. 36-37). Los peligros de abrir en demasía la permisividad profesional o, si se quiere, de desligar a los ingenieros militares de la institución parecen evidentes.

El análisis de los Estados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército hasta finales de siglo nos indica que la figura de supernumerario fue empleada en diversas ocupaciones profesionales, dentro y fuera del ejército. Algo que también fue frecuente entre los ingenieros de caminos o de minas. La situación de supernumerarios permitía el ejercicio de una licencia, en una línea muy indefinida entre el Estado y la economía privada, y que ampliaba el abanico de posibilidades del mercado de trabajo de la ingeniería (Villacorta, 1989, p. 47). En el caso de los ingenieros civiles tenían la obligación de volver al servicio del Estado, a llamamiento del ministro de Fomento, cuando las necesidades lo requiriesen. Este hecho se produjo unicamente en el año 1883, "como consecuencia de la falta de personal, al haber dejado el cuerpo numerosos ingenieros para ocuparse de empresas privadas". En 1894 más del 15 por ciento de los activos del cuerpo de ingenieros de minas eran supernumerarios. Con el tiempo se establecieron condiciones más rígidas de compatibilidad en el servicio oficial y los trabajos particulares, así como las garantías de salvaguardia del interés del Estado ante el entrecruzamiento de negocios (Villacorta, 1989, p. 48).

Entre los ingenieros militares y en la primera parte del siglo XIX, un período con tendencia a la reducción de la plantilla, quedaron como supernumerarios los profesores de la academia de ingenieros y de otros centros educativos militares. También existían ingenieros en comisiones extraordinarias en levantamientos de planos de la zona fronteriza de los Pirineos, y, como queda dicho, en tareas de obras públicas. En los años treinta y debido a la guerra civil varios ingenieros formaban parte del Estado Mayor y del Depósito de la Guerra. En la década de 1840 aumentaron las comisiones extraordinarias en varios ámbitos: las relacionadas con las formas y estructuras defensivas utilizadas en diversos países europeos, con los estudios de la academia, con las indagaciones sobre la ocupación francesa en el Norte de África, con los trabajos topográficos de Barcelona, Menorca y la frontera, con el levantamiento del Mapa de España, con la conducción de aguas a Madrid, entre otras.

En los años cincuenta aparece la actividad privada profesional asociada a la condición de supernumerarios, especialmente en el diseño, construcción y gestión de ferrocarriles. La labor de los ingenieros en estas tareas, como supernumerarios, se prolongó durante dos décadas y alcanzó el número máximo de personas implicadas a partir de 1858, con una cifra próxima a la quincena. A partir de la década de los sesenta aparecían, de forma aislada, jefes y oficiales encargados de obras públicas de carácter civil, hidrográficas y de vías de comunicación.

La organización de los diversos cuerpos de ingeniería civil motivó la defensa de intereses corporativos. Es conocida la polémica entre arquitectos e ingenieros. Los primeros, al sentirse agraviados en los encargos de las obras públicas por parte del Estado, alegaron los derechos otorgados por la Real Academia de Bellas Artes. Estas fueron unas discusiones que tuvieron que ser dirimidas con la definición de competencias; para los ingenieros, las obras de equipamiento e infraestructuras públicas, incluidos los ensanches urbanos; para los arquitectos, la construcción de edificios públicos y privados, incluidos los de arquitectura industrial (Bonet Correa, 1985 y 1999). Los reflejos de la polémica todavía perduraban a finales de siglo. Entre las conclusiones del Segundo Congreso Nacional de Arquitectos (1888) figuraba la creación de un Cuerpo de Arquitectos del Estado, con 130 miembros, para compensar, afirmaban los portavoces, los 260 ingenieros de caminos ocupados en tareas oficiales (Segundo Congreso, 1889).

Las relaciones de proximidad profesional de los ingenieros militares con la construcción civil facilitaron una participación activa de éstos en estas tareas. Este es el caso de Mariano Albó, ingeniero militar exiliado desde 1823 y que trabajó como arquitecto, primero en Gibraltar y, a partir de 1833, en Madrid. Para hacerlo, la Real Academia de San Fernando le eximió de los ejercicios reglamentarios. Con dicho reconocimiento, Albó realizó una propuesta de mejora de la policía urbana de la capital del Estado, desde donde reivindicó el importante papel de los arquitectos municipales en el ensanche de la ciudad (Albó, 1846).

En ámbitos territoriales, como los de Ultramar, los ingenieros del ejército desempeñaron tareas relacionadas con la arquitectura civil, la ingeniería civil y el servicio de obras públicas. En el año 1859 llegaba al Ingeniero General una solicitud de permiso dirigida por el capitán de Ingenieros Juan Bautista Orduña, con el objeto de ser nombrado arquitecto municipal de La Habana. En busca de antecedentes, la Dirección de Ingenieros adujo que los programas de estudio "abrazan todos los conocimientos fundamentales de la ciencia del ingeniero (...) y además todos los de aplicación para las diversas clases de construcciones civiles y militares", por lo que "es evidente que los oficiales de ingenieros poseen conocimientos más vastos que los que son necesarios parea desempeñar las plazas de arquitectos municipales..."(Circular 28 de abril de 1859. Antonio Ramón Zarco del Valle).

En las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los ingenieros militares tuvieron amplias competencias en el ramo de obras públicas hasta el año 1866, en la realización de proyectos y obras como la red de abastecimiento urbano de la ciudad de La Habana o la red de comunicaciones en Filipinas (MARVÁ, 1899). En Cuba y ante la escasez de ingenieros civiles voluntarios, efectuaron tareas civiles hasta finales de la década de los setenta. A principios de 1880 alcanzaron la consideración de ingenieros jefes del cuerpo de caminos. En otros territorios coloniales, como Guinea, el puesto de jefe de obras públicas estuvo ocupado por un ingeniero militar, nombrado por el Ministerio de Estado.
 

El ejercicio privado de la profesión

Fuera del marco del ejército o en otros ámbitos del Estado el ejercicio privado de la profesión también fue motivo de trabas y problemas de competencias. Una cierta paralización en los ingresos en el cuerpo de ingenieros del ejército, la experiencia acumulada por algunos oficiales en tareas civiles y las oportunidades abiertas para técnicos e ingenieros en distintas instancias de la administración dieron lugar a solicitudes de baja en la corporación. En una fecha tan temprana como el año 1866 un grupo de ingenieros militares fue autorizado a crear una empresa relacionada con el sector de la construcción. La tardía regulación de las competencias en áreas indefinidas -entre la ingeniería y la arquitectura- produjo fricciones y defensas corporativas en el último tramo del siglo.

La superación de estas dificultades y la identificación de los protagonistas fueron objeto de un trabajo del ingeniero militar Eduardo Gallego, publicado en 1909. La pretensión de su artículo era mostrar la desigualdad de trato que sufrían los ingenieros del ejército, por el mero hecho de serlo, en el ámbito de la esfera privada (Gallego, 1909a). Según su argumentación, a mediados de la década de 1890, el establecimiento de los títulos oficiales de ingenieros limitaba el ejercicio de la carrera en trabajos particulares sin estar en posesión de dicha titulación, civil o militar. Disposiciones posteriores fortalecían el derecho de los ingenieros militares a ejercer la profesión en trabajos particulares. En ese contexto es posible explicar la organización empresas privadas por parte de los ingenieros militares. En esto, éstos no hacían sino seguir los pasos de los ingenieros civiles, siempre que poseyeran el título, no desempeñaran destino en servicio oficial y pagaran la contribución industrial.

En ámbitos concretos de ocupación profesional la situación era más compleja. Ya sabemos que miembros del cuerpo de ingenieros militares ocuparon cargos de ingenieros municipales, como directores de vías públicas, de fontanería o alcantarillas, en la península y en ultramar. Una muestra de estas dificultades y polémicas corporativas quedó patente en la oposición, por parte de arquitectos e ingenieros de caminos, al nombramiento del ingeniero militar Juan Gil Clemente para el puesto de ingeniero municipal de Madrid, encargado de lo que por entonces se conocía como ingeniería sanitaria de la ciudad (fontanería y alcantarillas). Los arquitectos consideraban que no era un puesto que pudiera cubrir un ingeniero y defendían su propia competencia legal. Los ingenieros de caminos, por su parte, también se sumaron a la protesta a través de la prensa corporativa. Tanto la Gaceta de Obras Públicas, como el Memorial de Ingenieros del Ejército mostraron las posiciones respectivas. La redacción de esta última respondió recordando que varios ingenieros militares habían diseñado redes de alcantarillado y de distribución de aguas. Esta clase de trabajos en España, decía, no había estado "a merced de uno solo de los varios grupos de profesionales que tienen competencia y aptitud para desempeñarlos (Para la Gaceta de Obras Públicas, 1908).

En otros casos, como en las infraestructuras portuarias, por su carácter de obras públicas, la firma de los proyectos y la dirección de los trabajos era competencia exclusiva del cuerpo de caminos, canales y puertos. En estas ocasiones, los ingenieros militares actuaban como ingenieros de la contrata de obras. De igual forma, bajo esa fórmula intervinieron en la construcción de edificios, tanto públicos como privados, dadas las competencias de los arquitectos en ese campo. Una sentencia del Consejo de Estado de 1902 confirmaba la exclusiva competencia legal de los arquitectos en este ámbito, negándoselo a ingenieros civiles y militares, lo que permite especular sobre las presiones de esos colectivos profesionales. El ingeniero militar Eduardo Gallego se lamentaba de esa decisión pues consideraba un agravio comparativo "que tal protección no se realice por medios distintos de los indicados, pues no parece lógico, que a los arquitectos civiles se les conceda además de la exclusiva para los edificios públicos y particulares, autorización para proyectar y dirigir caminos, puentes, canales, conducciones y distribución de aguas para el saneamiento de poblaciones, trabajos de fontanería y topográficos, aprovechamientos de agua para usos industriales y se llegue hasta nombrarlos ingenieros geógrafos, verificadores de contadores de agua y concederles firma en proyectos de instalaciones eléctricas" (Gallego, 1909a, p. 315-316).

En estas condiciones, además de adoptar el sistema de contrata de obras, los ingenieros del ejército organizaron sociedades anónimas de ingeniería y arquitectura. Es el caso del propio Eduardo Gallego y Ramos, director, además, de una publicación relacionada con la construcción e implicado directamente en la ingeniería sanitaria y el saneamiento de poblaciones (Gallego, 1909b).
 

Conclusiones

Las oportunidades de promoción profesional de los jefes y oficiales de ingenieros fueron ampliadas a lo largo del ochocientos, en competencia con otras corporaciones profesionales. Quedan por estudiar las diferentes suertes que corrieron los ingenieros que compatibilizaron su trabajo en la estructura militar con labores de corte civil, donde era más complejo separar las funciones. Los casos de algunos miembros significados de la corporación ilustran los problemas de la generalización. Las biografías personales y profesionales de Francisco Coello y Carlos Ibáñez muestran diferencias notables. El primero, en una etapa inicial, compatibilizó su condición de ingeniero militar con las tareas cartográficas y editoriales, hasta que, finalmente se dio de baja en la corporación. El segundo ejerció de ingeniero militar en los primeros años de su carrera y ascendió en el escalafón militar a través de los méritos alcanzados en el desarrollo de las tareas geodésicas y la organización de instituciones geográficas de carácter civil. Probablemente estos no son los ejemplos típicos del trabajo de los ingenieros militares decimonónicos, mucho más relacionados con las tareas propias de las comandancias. En cualquier caso, las funciones asignadas al cuerpo de ingenieros del ejército por las Ordenanzas de 1803 quedaron claramente superadas a lo largo del siglo.

La culminación de ese proceso queda patente en una conferencia leída por el general de ingenieros José Marvá y Mayer en el Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias en 1909. El tema escogido fue la función técnico-social del ingeniero y su contenido reconoce el importante papel del ingeniero como intermediario entre el capital y el trabajo, en un régimen de libre competencia, con reflexiones y evidencias empíricas sobre las condiciones laborales derivadas del maquinismo (Marvá, 1909). Es el discurso de un general, como Marvá, formado en la Academia de Ingenieros del Ejército, profesor de la misma, miembro de la Academia de Ciencias y del Instituto de Reformas Sociales, en consonancia con el grado de especialización y aplicación de la ingeniería española a principios del siglo XX.
 

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Ficha bibliográfica

MURO MORALES, J.I.Ingenieros militares en España en el siglo XIX. Del arte de la guerra en general a la profesión del ingeniero en particular.  Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (93), 2002. [ISSN: 1138-9788]  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-93.htm

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