TELÉFONO PARA TODOS… O CASI. LA SINGULAR EXPERIENCIA DE LA RED DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA, 1914-1925*

Ángel Calvo
Universidad de Barcelona

Teléfono para todos… o casi. La singular experiencia de la red de la Mancomunidad de Cataluña, 1914-1925 (Resumen)

Sin lugar a dudas, la creación de una red telefónica pública es el logro más comentado por quienes, desde ángulos bien diferentes a veces, se acercan al estudio de la obra de la Mancomunidad de Cataluña. Con todo, tales comentarios muchas veces no superan el estadio de la simple alusión a los aspectos más visibles de la red, en especial los kilómetros de líneas, el número de centrales o la cantidad de pueblos puestos en comunicación. Aspectos capitales como la organización, las opciones tecnológicas más allá de la espectacularidad de la primera central automática o, todavía más, la aportación de los pueblos al esfuerzo mancomunal quedan fuera de los análisis. A colmar las lagunas de la bibliografía uy la investigación pretende contribuir este artículo, basado en la elaboración de fuentes inéditas en su mayoría.  

Telephone for everybody... Or almost. The singular experience of the network in the Commonwealth of Catalonia, 1914-1925 (Abstract)

Undoubtedly, the creation of a public telephone network is the achievement most commented on by those, sometimes from different angles, who approach the study of the work of the Mancomunidad de Cataluña (Commonwealth of Catalonia). However, such comments such comments often do not exceed the stadium of simple allusion to the more visible aspects of the network, especially the kilometers of lines, the amount of stations or the number of towns interconnected. Primordial aspects such as organization, technological options beyond of the spectacular first automatic station or, still more, the contribution of villages to the mancomunal effort are beyond analysis. This article, based on mostly unpublished sources, aims to contribute to fill the gaps in the current literature and research.

La creación y andadura de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña cuentan con un informe de autoevaluación excepcional -L’obra feta- y están recogidas sistemáticamente en estudios sobre ese organismo público[1]. Sin embargo, no abundan los trabajos específicos sobre el tema (Ferran Boleda, Nieto, Roca, Calvo...). Este vacío justifica plenamente el intento de indagar a fondo en la problemática desde una aproximación interdisciplinar y una visión comparativa a base de fuentes primarias, objetivos primordiales de este artículo.

Nos enfrentamos a la temática de los servicios públicos, caracterizados por precisar infraestructuras físicas, caer dentro de los posibles monopolios naturales –pueden ser prestados eficientemente por un solo concesionario- y generar externalidades positivas, de forma que la entrada de un nuevo usuario acarrea beneficio para el conjunto[2]. Desde el punto de vista territorial, nos situamos en el ámbito de la extensión de las telecomunicaciones a las áreas rurales o atrasadas, asunto trascendental para cualquier país en el arranque del teléfono y temática que hoy en día tiene un potencial de investigación considerable, debido a la pervivencia de una brecha entre países pobres y ricos[3]. Finalmente, estamos en el ámbito de la dialéctica público-privado en las modalidades de explotación y, por consiguiente, metidos de lleno en los vaivenes de la regulación-desregulación de los servicios públicos[4].

El artículo está estructurado en siete grandes apartados, precedidos por una introducción y cerrados por una conclusión. El primero analiza la intervención pública en la telefonía catalana; el segundo se aproxima a los condicionantes para ceder el paso a la Política económica de la Sección Técnica de Teléfonos y a la consideración de la singularidad de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña. Los tres apartados siguientes abordan sucesivamente los resultados de la intervención pública, la búsqueda de la eficiencia con la innovación tecnológica y el fin de la experiencia con la llegada del monopolio.

La intervención pública en la telefonía catalana: la Mancomunidad de Cataluña

Cataluña tuvo una contribución sobresaliente en la difusión del teléfono en España por su papel clave en la primera transferencia de la nueva tecnología de la telecomunicación y por ser cuna de las compañías operadoras más destacadas, a la vez que el territorio en que la expansión del teléfono alcanzó niveles más altos.

La intervención pública de la Mancomunidad de Cataluña es la culminación de un movimiento de hondo calado que arranca en los albores del siglo XX y en el que confluye el impulso de las organizaciones económicas y del catalanismo político.

En 1904, las dos grandes entidades económicas, representativas de los terratenientes y de los industriales (Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y Fomento del Trabajo Nacional) sumaron sus fuerzas de forma separada para impulsar la ampliación del ferrocarril en Cataluña por encima del punto de vista provincial[5]. La voluntad firme de crear infraestructuras propias para impulsar el desarrollo fue la manifestación del programa de modernización del país de la Liga regionalista. El año 1907 resultó crítico para avanzar en esa dirección. Enric Prat de la Riba promovió desde la presidencia de la Diputación de Barcelona la Comisión Especial de nuevos servicios con ánimo de reorientar la actuación del organismo provincial. El resultado se plasmó en la creación de la Cátedra de automovilismo en la Escuela de Artes y Oficios (con prácticas a la Hispano Suiza) y el Instituto de Estudios Catalanes[6]. A su vez, de la Ponencia sobre los ferrocarriles secundarios derivará el Proyecto de una red de ferrocarriles de vía estrecha para poner en comunicación el conjunto del territorio de Cataluña, con un gran nodo en Barcelona. No deja de sorprender que, en este momento no se hablase de teléfonos.

En el primer Congreso de Economía de 1908, uno de los momentos clave de la afirmación de una nueva mentalidad en pro de los intereses nacionalistas, una de las secciones versó sobre la libertad de municipalizar servicios de carácter general, de nuevo sin mención expresa al teléfono[7].

Sobre este substrato fue fraguando un programa de amplio alcance que abarcaba desde las infraestructuras a la educación. Se sintetizaba, según las expresiones de uno de sus protagonistas, en acabar las carreteras para que el carro llegase a todos los municipios y los teléfonos y en hacer ferrocarriles secundarios sin olvidar los aeródromos[8].

En lo tocante al teléfono, la Mancomunidad de Cataluña partía en sus planteamientos de la constatación de no pocas deficiencias en el servicio prestado a los ciudadanos. La escasa extensión del servicio evidenciaba a las claras lo inapropiado del método seguido por el Estado y la incompatibilidad entre intereses privados -la Compañía Peninsular de Teléfonos- y públicos, especialmente en los pueblos cortos en recursos que requerían instalaciones caras. La Mancomunidad aspiraba a una universalización sui generis del servicio, entendida como necesidad ineludible de ampliar las instalaciones y equipar con el teléfono a todos los pueblos de Cataluña “sin faltar ni uno”. El segundo pilar era la red única, es decir, la interconexión de todas las líneas “con la que, pagando simplemente el abono, todo el mundo pudiese hablar con cualquier número de cualquier teléfono de cualquier pueblo de Cataluña”. En tercer lugar iba mejorar las redes urbanas, especialmente la de Barcelona, con fuertes deficiencias técnicas y listas de espera debido a la desinversión. Cerraba esta lista un doble objetivo de carácter técnico: soterrar las líneas para evitar la telaraña de hilos que “llegan a tapar la claridad” y decir adiós a la telefonía manual con la automatización de las centrales, “última palabra de la telefonía”[9]. En breve, se trataba de adoptar los principios del sistema Bell y colocar la telefonía de Cataluña a la avanzadilla de los países con mejor servicio[10].

Los condicionantes

Pese a su empeño, la Mancomunidad no pudo cumplir la totalidad de sus objetivos por causas diversas. En sus planes se atravesó una serie de condicionantes, en parte comunes a su actuación en otros ámbitos y en parte específicos. El primero de ellos fue el escaso margen de tiempo con que contó para desplegar sus proyectos. Una década suponía una duración realmente corta para alcanzar los objetivos marcados. También fue compartida la coyuntura especial creada por la Primera Guerra mundial, un imponderable shock externo que provocó dificultades de abastecimiento y escasez, con sus secuelas de carestía de materiales y equipo, alzas en los costes salariales y subidas en los transportes[11]. La importación de material eléctrico, partida en la que estaba incluido el equipo telefónico, se redujo de 3.419 tn en 1913 a 1.079 en 1917. La escasez alteraba la cantidad de oferta pero también hacía inciertos los plazos de entrega, con nuevas repercusiones en el precio de la construcción[12]. Los equipos necesarios eran sometidos a licitaciones internacionales, que aparecían en los órganos especializados[13].

No de poca enjundia fueron los condicionantes financieros, que se concretaron en la escasez de medios debido, en buena medida, a la nula transferencia del Estado. Por consiguiente, la Mancomunidad se inclinaba por financiar la expansión vía ingresos de sus líneas a la vez que se vio obligada a aplicar criterios de forma tajante. En este sentido, penalizaba las poblaciones que no estaban al corriente de pagos, como sucedió en Villves y Collfret, Ulldecona y la Parroquia de Ortó.

Si hemos dedicado espacio a los condicionantes generales, cómo renunciar a hacer lo propio con los específicos. La Mancomunidad se vio fuertemente condicionada por varias circunstancias. Las previsibles se referían a la temprana caducidad de la exclusiva para construir líneas interurbanas en Cataluña.

Parte de ellos cobraron un cariz político y se originaron en la oposición de las autoridades de algunos pueblos, que obstaculizaron el despliegue de las redes, como ocurrió en Cadaqués. No faltaron obstáculos administrativos, entre ellos la falta de permisos (línea Figuerola Orcau en Isona) o retrasos en la provisión de postes (Pruit, Vandellós y Tivisa), que ocasionaron retrasos a la instalación del teléfono en no pocos pueblos[14]. Las externalidades de red tuvieron en ocasiones efectos negativos ya que la falta de interés por parte de algunos Ayuntamientos de los pueblos (Llavorsí, Cabó, Sta. Bárbara) paralizaba las solicitudes de otros (Ribera Cardós, LLadorre, Tahús).

Cuadro 1.
Redes urbanas en Cataluña hacia 1914

Sin lugar a dudas, el condicionante primordial fue la estructura de mercado existente y, con mayor precisión, la concesión de la CPT. Esta empresa tenía el dominio de la red de larga distancia, de las áreas más pobladas y rentables de Cataluña, estratégicas para garantizar un nivel aceptable de ingresos y la expansión de la red. Pero su principal bastión radicaba en el dominio del gran centro industrial y comercial de Barcelona. En realidad había tenido lugar un proceso de concentración, de forma que algunas redes locales inicialmente explotadas por compañías o particulares habían engrosado el grupo de CPT (Figura 1). Por si fuera poco, ésta cubría los principales segmentos del mercado, es decir, en la época, los servicios de voz y mensajería. Fuera de su ámbito, subsistían varias concesiones, auténticos monopolios locales (Cuadro 1). A. Graells a partir de su primera implantación en Manresa y ya bajo la denominación de J. Balet y Graells acabaría haciéndose con la red urbana de Lérida y la red comarcal con centro en Berga. Telefonía del Vallés conseguiría extenderse por el norte hasta la frontera pirenaica y por el este hacia el mar, una zona que resultaría clave para cualquier plan de expansión.

Así, pues, la Mancomunidad de Cataluña debía sacarse la ‘espina’ de Barcelona, que como corazón industrial y comercial de Cataluña, era la gran aspiración y el punto en que pretendía concentrar buena parte de su actuación, con un plan de automatización y ampliación hasta alcanzar los 80.000 abonados[15]. Conseguir la red de Barcelona suponía racionalizar el servicio y aliviar las cargas financieras de la Sección de teléfonos, puesto que el escaso superávit era previsible solo en áreas urbanas[16].

La ocasión propicia se presentó cuando el servicio hasta el momento en manos de la Sociedad General de Teléfonos revirtió al Estado. Merece la pena detenerse un tanto en los pormenores, dado el alcance y proyección actual del asunto. El traspaso de la red urbana a la Mancomunidad contaba con apoyos políticos en instituciones que podían resultar decisivos. A comienzos de 1922, el Ayuntamiento de Barcelona acordó solicitar al Gobierno que entregara a la Mancomunidad de Cataluña la explotación del servicio telefónico. Meses después, el Consistorio protagonizó un vivo debate, cebado por el funcionamiento defectuoso del servicio telefónico urbano, diagnóstico ampliamente compartido, junto con la conversión en servicio público. No obstante, los grupos políticos discrepaban en la fórmula en que debía concretarse la medida. M. Matons i Bofill proponía que el Ayuntamiento se hiciera eco de las protestas del público y buscara un remedio traspasándolo a la Mancomunidad. Desde las filas radicales, el abogado y exalcalde de la ciudad J. José Rocha se desmarcaba de la petición del traspaso. Por su parte, E. Maynés i Gaspar, jefe de la minoría regionalista, trató de encauzar el debate por una vía más pragmática. Tras refrescar la memoria de los asistentes con el acuerdo favorable al traspaso del servicio telefónico a la Mancomunidad recién señalado, insistió en contraponer la gestión que la entidad estaba realizando en las redes a su cargo con las deficiencias del servicio barcelonés en manos de una compañía privada. Desde las mismas posiciones regionalistas, Ll. Massot i Balaguer puso la nota más estrictamente política, al apostar por el traspaso del servicio telefónico a la Mancomunidad "como debían pasar todos los servicios correspondientes a un verdadero estado", según sus propias palabras. En este punto, el radical Rocha abrió una vía de salida diferente al abogar por la municipalización del servicio frente a la mancomunación. Una "riqueza de la ciudad" no podía sino ser municipal. Para mostrar que su propuesta iba más allá de la pura palabrería, se mostró decidido a pedir un dictamen a los letrados del Ayuntamiento. Sin embargo, quedó aislado. Finalmente, se aprobó la proposición de traspaso a la Mancomunidad. En el turno de defensa de la posición favorable, Maynés señaló las razones del rechazo de la municipalización. En esencia, venía a reconocer la prioridad concedida a razones técnicas más que políticas. Según su opinión, por su especial organización, el Ayuntamiento no podía asumir el servicio telefónico urbano porque la explotación del mismo requería una gestión de carácter industrial, inexistente en la Corporación municipal. Además, la opción de la Mancomunidad impulsaba la interconexión de las redes, es decir ampliaba las llamadas externalidades de red. Por el contrario, si el Ayuntamiento se hacía cargo del servicio asumiría enormes gastos y un considerable esfuerzo de organización técnica. Para acabar, pedir el traspaso al Ayuntamiento supondría interferir en los planes de la Mancomunidad y ofrecer un pretexto al Gobierno para obstaculizarlos. Consciente de su aislamiento, Rocha propuso una fórmula de transacción consistente en protestar por la situación del servicio y olvidar la petición de traslado a la Mancomunidad. Pero las otras fuerzas políticas le recriminaron su incoherencia: el acuerdo de enero había sido tomado con los votos favorables de los radicales, el partido de Rocha. Éste alegó que las circunstancias habían cambiado ya que se contaba con un director de servicios por el que el Ayuntamiento pagaba un alto precio. Sin embargo, entre los radicales se abrió una pequeña brecha. Matizando la postura de su correligionario, Marial expresaba su preferencia de que los teléfonos pasaran a la Mancomunidad antes que al Estado pero abogaba por la municipalización. Con el turno del jaimista Bordas, se cerró el debate que dio el triunfo a la tesis del traspaso a la Mancomunidad y la derrota de las posiciones radicales[17].

La singularidad de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña

Suele repetirse con harta frecuencia que el teléfono se expandió por todo el mundo gracias a la doble modalidad -leasing y licencing- de la cesión del uso de los aparatos[18]. En su condición de servicio público, cayó en la esfera del Estado, que reguló su concesión y régimen de explotación. La acción del Estado dio como resultado la existencia de redes con la doble modalidad de públicas y privadas. A su vez, las públicas fueron estatales y no estatales –municipales, mancomunadas-, mientras que las privadas adoptaron el ropaje de compañías o fueron promovidas de forma individual. Las redes municipales encontraron terreno abonado en la tradición escandinava de servicios públicos[19]. De gran interés fue el fenómeno de las cooperativas, la primera de las cuales fue creada en 1887 en Buenos Aires por el comerciante argentino e hijo de inmigrantes David Atwell, seis años antes que la primera de EEUU. Pequeño tamaño y predilección por las áreas rurales fueron las características más destacadas de estas formas organizativas[20].           

Vayamos a la singularidad del caso de la Mancomunidad en el contexto español. En el Reglamento de 1914, el Gobierno mantenía para si el establecimiento y explotación del servicio telefónico mediante la utilización del Cuerpo de Telégrafos. Al tiempo, se reservaba el derecho a otorgar líneas y redes a las Corporaciones provinciales, municipales y a entidades privadas. En cierto modo, el Reglamento reconocía la viabilidad de la explotación provincial del servicio y, más en concreto, el éxito de la Diputación de Guipúzcoa, que se convirtió en abanderada de las aspiraciones de entidades públicas no estatales a contar con un servicio extenso y de calidad[21].

Otras corporaciones siguieron el camino emprendido por la Diputación de Guipúzcoa. Utilizando fórmulas diferentes, las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Jaén, Valencia, Albacete y Pontevedra, entre otras, concedieron subvenciones al Estado para la construcción de redes provinciales. La cuantía de la subvención variaba con la riqueza de la corporación, situándose entre un 25 y un 30 % del importe de la obra. Un caso excepcional fue el de Vizcaya, que, al donar al Estado el alambre, aparatos, locales, peonadas y retribuciones al personal técnico, cubrió hasta la mitad del coste[22]. En breve, dos de las provincias de régimen foral construyeron y gestionaron redes telefónicas públicas, actuación que también se hizo realidad en las infraestructuras de transporte[23].

A partir de 1914, el ritmo de crecimiento de la red española se intensifica. Mientras al comienzo de siglo había tardado nueve años en duplicarse, en los años 20 consigue hacerlo en seis. Si se tiene en cuenta el número de teléfonos por mil habitantes, por otro lado indicador del nivel tecnológico de un país, España pasa de 1,16 a 2,71 y 9,01, respectivamente en 1910, 1920 y 1930. La intensificación del proceso de urbanización jugaba a favor. Según Pérez Moreda, las capitales de provincia pasaron de concentrar 3.087.658 h. en 1900 a 5.114.223, en 1930[24]. Determinados teóricos piensan que más que el carácter rural de muchas áreas lo que jugaba en contra de la difusión del teléfono era su inaccesibilidad y alejamiento de las zonas aglomeradas[25].

Toca ahora referirnos a la singularidad en el ámbito internacional. En este sentido, un antecedente lejano de la experiencia de la Mancomunidad lo encontramos en Canadá, país en que las provincias tuvieron un papel decisivo en la expansión del teléfono. Vale la pena subrayar que la estructura de mercado a la que se enfrentaban era similar, puesto que existía una operadora dominante, Bell Telephone Co. Sin embargo, las divergencias respecto al caso catalán fueron notables. A comienzos del siglo XX y en plena carrera electoral, el gobierno de Manitoba entró en liza con una central en Winnipeg en la misma área que la privada Bell Telephone Co. (BTC), que emprendió una política de expansión de la red. Finalmente, convencidas de que era más adecuado comprar que construir, las autoridades de la provincia compraron toda la planta de BTC en la región. La explotación se encomendó a una Comisión del teléfono de tres miembros, en principio independiente pero sometida de hecho al organismo especializado del gobierno provincial[26]. Pero las enormes sumas comprometidas acarrearon un déficit importante en la explotación del servicio, a diferencia de lo que sucedió, salvando distancias y considerandos, en Cataluña. La provincia de Alberta también apostó por un servicio público al comprobar el desinterés de la dominante BTC en propagar el teléfono en las zonas rurales y a partir de 1909 se embarcó en un programa de construcciones de infraestructuras de transporte y comunicación. Tras unos inicios brillantes en cuanto a resultados financieros, las autoridades se vieron forzadas a aumentar las tarifas. Así, pues, la Mancomunidad tenía un buen espejo en que mirarse y un ejemplo para corregir deficiencias[27].

Parece legítimo preguntarse si la Mancomunidad siguió algún modelo existente para la creación y desarrollo de su red telefónica. Algunos indicios apuntan a una respuesta afirmativa. Si los técnicos estaban al corriente de los adelantos científicos, si la sección tenía capacidad para enviar misiones de estudio previas a la adopción de innovaciones, cómo no admitir que conocían casos extranjeros que pudieran servirles de norte. A este nivel de decisión política, hay un indicio revelador, por más que no permita ir más allá de la conjetura. La dirección de la Sección técnica conocía los encomiados estudios sobre telefonía rural en Europa llevados a cabo por el ya mencionado Odell y los utilizaba en la elaboración de sus argumentos y de su política[28].

Política económica de la Sección Técnica de Teléfonos

En Cataluña, el panorama de la telefonía cambió cuando, al amparo de la política de descentralización puramente administrativa del Gobierno Dato, las cuatro Diputaciones provinciales de Cataluña crearon un organismo mancomunado, que propugnó una política intervencionista en obras públicas, con insistencia prioritaria en la conservación de carreteras y caminos[29].

Un R. D. de 9 de septiembre de 1915, facultaba a la Mancomunidad para establecer en las zonas de Cataluña sin servicio telefónico los grupos urbanos que considerase oportunos, con la exclusiva de construcción por espacio de cinco años y de cuarenta en la explotación. Como era habitual, se fijaba un canon idéntico al de los demás concesionarios pero a pagar de forma diferente. La lista de competencias incluía la fijación de los pliegos de condiciones con los requisitos para atravesar vías de comunicación, entre otras.

 Desde su creación en 1914, uno de los aspectos en que centró su preocupación fue la ampliación de las comunicaciones telefónicas en su triple vertiente de urbanas, rurales e interurbanas a todas las poblaciones de Cataluña "de tal suerte que sea posible desde cualquiera de ellas comunicarse directamente con las demás y con las de toda la Península en donde exista estación interurbana"[30]. Para desarrollar tal orientación, creó la Sección técnica de teléfonos al frente de la cual puso al ingeniero E. Terradas, que fue secundado por técnicos cualificados, ente ellos, M. Nieto y M. Marín Bonell, desde sus cargos de subdirector y jefe de explotación (Figura 2). Las oficinas se organizaron a últimos de marzo de 1916 y a primeros del mes siguiente ya empezaron las construcciones. La Sección se dividió en tres demarcaciones –norte, central y oeste-, formadas las dos primeras por las provincias de Gerona y Barcelona y algo de la de Lérida y la última por las de Tarragona y Lérida[31]. A título de hipótesis se puede afirmar que la extensión de la red telefónica se apoyó en la existencia del Laboratori General d'Assaigs, instrumento necesario para efectuar comprobaciones y desarrollos en elementos diversos de baja tensión[32].

La pugna por conservar atribuciones corporativas, protagonizada desde hacía tiempo por Telégrafos, encontró su vertiente particular frente a la política de la Mancomunidad. Varios pueblos de Aragón, lindantes con Cataluña, pretendieron enlazar con las líneas de la Mancomunidad. Las autoridades de uno de ellos, sin duda a requerimiento de representantes de intereses agrícolas y mineros, solicitaron permiso a la Dirección General de Correos y Telégrafos para establecer comunicación directa con Almatret y Lérida. El organismo estatal se opuso a la incorporación de Fraga, Castillonroy (Huesca) y Mequinenza y Fayón (Zaragoza) a la red de la Mancomunidad por quedar fuera del territorio de la competencia de ésta. Los habitantes de los pueblos mencionados iniciaron una campaña contra el proceder de la Administración. Por su parte, la Mancomunidad, molesta por la "extraordinaria inercia y apatía... ese no hacer ni dejar hacer" se embarcó en numerosas gestiones para anteponer los criterios de racionalidad a las razones burocráticas. En efecto, la Administración pretendía comunicar "las dos orillas del Ebro en Fayón dando la vuelta por Caspe, Zaragoza y Lérida"[33].

En conclusión, podríamos decir que la singularidad en el ámbito español se plasmó en la creación de un organismo regulador y gestor supraprovincial en el que las diputaciones delegaban parcialmente sus funciones.

Podemos seguir la organización del servicio en los pueblos a través del ejemplo de Cabanas. La Mancomunidad gozaba de la prerrogativa de conceder la explotación de la central telefónica a particulares, proponer la instalación del servicio, fijar tarifas y horarios y rescindir el contrato por mal servicio o quejas de los abonados. Por su parte, sobre el concesionario recaían una serie de obligaciones de carácter personal y económico. En efecto, la concesión llevaba aparejada la obligación de prestar el servicio, proporcionar alumbrado durante el horario de trabajo, cobrar telefonemas o avisos de conferencia (10/20/50 cts) y, finalmente, contribuir a los gastos por un importe de 27,5 ptas anuales[34].

Incurriríamos en grave omisión si olvidásemos el papel desempeñado por los Ayuntamientos de los pueblos, en realidad el auténtico armazón del sistema. Las autoridades municipales solían efectuar la solicitud de instalación del servicio y, a la vez, conservaban el derecho a aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, no podían negarse a prestar servicio a vecinos de otras localidades. Las atribuciones incluían la de retener los ingresos de telefonemas y conferencias y como obligaciones el pago de cuotas de abono mensual a la Mancomunidad -poblaciones hasta 500 habitantes: 15 ptas; entre 500-1.000: 25 y más de 1.000: 30 ptas). A modo de incentivo para captar nuevos clientes, los Ayuntamientos descontaban de esta cuota 3 ptas/abonado nuevo dado de alta.

El ejemplo de Ribelles proporciona datos fehacientes del considerable esfuerzo realizado por las entidades locales. Antes que nada, la Mancomunidad les exigía estar al corriente de pago tanto a la provincia como a ella misma. Además, podía exigir aportar materiales, efectivo (225 ptas), local, personal. La lista de obligaciones seguía con el pago de cantidades por abonado -15 ptas mes-, por transporte de materiales, por posible aumento de precios de materiales y equipo (100 ptas), por gastos de traslado y por tramitar permisos. Las duras exigencias se completaban con la cesión del material a la Mancomunidad [35].

El decidido empeño en universalizar la red en Cataluña en circunstancias poco favorables condujo a considerar la conveniencia de solicitar al Gobierno la prórroga de la exclusiva para construir líneas interurbanas. Además, parecía descabellado emprender determinados compromisos sin asegurarse de que las redes urbanas, adquiridas o en vías de serlo, y las concesiones caducadas revirtieran directamente a la Mancomunidad[36]. Una de las piezas clave en los planes de expansión fue, pues, la adquisición de algunos centros y grupos urbanos existentes, con unos criterios claros de redistribución, sin negar razones de clientelismo político, tesis esbozada por P. Aragonés.

Razones topológicas y políticas se aunaron para comprar el grupo del Vallés, operación realizada en 1916. El principio programático de no marginar ningún centro, por distante y apartado que estuviera, condujo a adquirir en 1919 el centro telefónico de Puigcerdà, concedido cinco años antes a J. Casadó Mas[37].

En la adquisición de las redes de Lérida y Figueras, las motivaciones de política territorial pesaron con más fuerza. En el primer caso, se pensó en un trazado radial que uniese Lérida con los pueblos de la comarca. Para ello resultaba imprescindible contar con la red urbana de Lérida, corazón del sistema circulatorio de la región "que va del Monsech a Las Garrigas y al lugar en que el Ebro deja a Aragón y entra en Cataluña"[38]. En el segundo caso, hacerse con la red de Figueras suponía dotarse de una base para crear a continuación un grupo telefónico en el Empordà, comarca claramente infradotada y marginada por la Compañía Peninsular de Teléfonos[39].

Como queda dicho más arriba, la voluntad de la Mancomunidad se estrelló en ocasiones contra las autoridades locales, que obstaculizaron el despliegue de las redes. En ocasiones, como sucedió en 1917 en Cadaqués, el rechazo a una oferta para instalar el teléfono hecha por la Mancomunidad coincidió con la inmediata ejecución de proyectos privados, que, ala postre, exigieron la intervención pública para salvar el servicio[40]. Transcurrido un tiempo, en 1920, el Ayuntamiento de la localidad ampurdanesa solicitó a la Mancomunidad la instalación de una central telefónica en la ciudad, con el aval de 238 firmas de industriales, comerciantes y profesionales. Se pedía una estación telefónica atendida por alguien de confianza para sustituir el locutorio servido por una persona "que trafiqueija amb diferents indústries...". Los firmantes se comprometían a comenzar a funcionar con 6 abonados y a pagar las cuotas de los 24 abonados que faltaban para completar la cantidad de 30 fijada por la Mancomunidad. Finalmente, la tramitación quedó en suspenso[41].

La Mancomunidad se vio obligada, igualmente, a negociar con las compañías privadas, en especial con la que controlaba la telefonía interurbana, es decir la Compañía Peninsular de Teléfonos (CPT). En julio de 1915, ambas entidades suscribieron un acuerdo para regular su actuación en el terreno de la telefonía catalana. Dichas bases permitían a la Mancomunidad "construir por su cuenta y riesgo las líneas telefónicas que crea convenientes" y abrir estaciones de abonados particulares en los pueblos del Principado desprovistos de líneas o centrales urbanas o interurbanas de la otra parte.A su vez, CPT se comprometía a acatar el privilegio de la Mancomunidad en las poblaciones con servicio de la misma, reservándose el derecho a tener abonados enlazados directamente con línea individual a alguna de las centrales interurbanas propias. Para garantizar la necesaria interconexión, la Mancomunidad construiría los circuitos de enlace intercentrales, quedando a cargo de la Peninsular el empalme entre el poste de entrada a la central y los cuadros de conmutación. Sobre la Mancomunidad recaía la aportación del material necesario para colgar nuevos circuitos cuando al utilizar las líneas de la Peninsular originara sobrecargas o insuficiencias. Por su condición de centro neurálgico, la Mancomunidad podría establecer en Lérida una central propia, conectada con la de la Peninsular. Al establecerse la red mancomunal, podrían enlazarse por línea indirecta núcleos que ya lo estaban mediante la Peninsular. Toda superposición de líneas en territorio de la ésta supondría abonar la recaudación íntegra a la Compañía. La recaudación por conferencias telefónicas realizadas en instalaciones de la CPT y de la Mancomunidad se percibiría en las estaciones de partida y de acuerdo con las tarifas vigentes, como si se tratara de una red única[42].

Por más que estuvieran claros, los pactos no evitaron una serie de problemas. Al poco tiempo de hacerse cargo del grupo de La Garriga, la Mancomunidad decidió segregar veintisiete pueblos pertenecientes al mismo en el momento de la adquisición de forma que las comunicaciones con las estaciones de la red interurbana se cursaran por sus propias líneas. La CPT consideró la medida contraria a los pactos y lesiva para sus intereses[43]. Por otra parte, la Peninsular transgredió una de las bases del acuerdo, al reclamar a los abonados de redes urbanas no pertenecientes a la Compañía o a las propias redes urbanas un depósito para poder expedir telefonemas o realizar conferencias desde sus domicilios, actitud denunciada por la Mancomunidad ante la opinión pública.

Ahora bien, es perfectamente detectable que el reparto del esfuerzo resultó desigual en las distintas provincias, como muestra el Cuadro 2, fiel reflejo de las Obligaciones de la Mancomunidad de Cataluña en circulación al expirar ésta. Si comparamos la aportación financiera que denota el montante de la deuda de la entidad, fuente de financiación de la red mancomunal, con la expansión de la red por provincias constatamos una profunda discrepancia ya que Lérida, la provincia favorecida en la construcción de infraestructuras aportó cantidades similares a Gerona, peor dotada[44].

Cuadro 2.
Financiación: reparto del esfuerzo entre las provincias

Los resultados de la intervención pública: la extensión de la red telefónica

En cualquier caso, la Mancomunidad reunió una red a partir de orígenes y trayectorias diversas. En el momento de su liquidación se extendía a lo largo de 5.932,2 km y contaba con 3.189 abonados[45]. De la longitud total de líneas señalada más de los dos tercios habían sido construidos entre abril de 1916 y junio de 1920. Sin embargo, el período más intenso en actividad había sido el inicial. En la distribución de las centrales y estaciones, la palma se la llevaba la provincia de Lérida, con 100, seguida de Barcelona con 61 y, a mayor distancia, por Gerona y Tarragona[46]. Si consideramos otros elementos, durante el quinquenio 1920-1924, los grupos telefónicos habían pasado de 15 a 21, mientras el número de abonados se había multiplicado por 1,6. No todas las zonas habían experimentado idéntico crecimiento. Áreas rurales como Artesa-Pons-Calaf se habían beneficiado más intensamente de la innovación que otras más urbanizadas. De esta manera, habían tenido lugar cambios en la distribución de los abonados. Por ejemplo, Lérida, que en 1920 tenía más de la tercera parte pasó a tener el 27,8 % en 1924, aun habiendo aumentado en cifras absolutas[47].

La valoración de las realizaciones debería rebasar el plano puramente físico. En el aspecto positivo, la red prestó diversos servicios científico-técnicos, entre ellos el meteorológico[48]. En la vertiente negativa, la cesión de competencias a la Mancomunidad de Cataluña pudo paralizar algunas concesiones en marcha, como sucedió con la segunda subasta del Centro telefónico urbano de Guardiola[49].

Bajo el duopolio de CPT y la Mancomunitat en la comunicación interurbana también se practicó la discriminación de tarifas. Esta segunda cargaba en los abonos a comerciantes e industriales un 15 % más que a los particulares, un 29,6 más a los establecimientos de hostelería y un 49,9 % más a las sociedades. Las cuotas mensuales cobradas a los grandes hoteles, por un lado, y a teatros, estaciones, y teléfonos públicos, por otro, se situaban 71,6 y 116,6 %, respectivamente, por encima de los aplicados a particulares[50].

Por lo demás, queda claro que los planes de la Mancomunidad se vieron truncados por la brusca eliminación de la entidad. La Figura 8 deja bien patente que existía un proyecto de ampliación de la red urbana de Barcelona, especialmente centrado en la construcción de canalización subterránea y en la extensión del servicio a nuevos abonados.

La búsqueda de la eficiencia: la innovación tecnológica

En auténtica acción de Estado, la Mancomunidad fijaba el tipo de material (centrales, descargadores, bobinas térmicas, fusibles, aparatos) pero la tecnología preexistente condicionaba la adopción en las nuevas instalaciones a través de las piezas de recambio o la asistencia técnica[51].

La Mancomunidad adoptó hasta cinco tipos de centrales diferentes, por más que el predominio de las Ericsson resulta claro. De esta tecnología era el tipo corriente de teléfonos de batería local, así como las centrales manuales y semiautomáticas[52]. En cuanto a las tipologías de los cuadros de las centrales (Cuadro 3), las Ericsson fueron utilizadas en todas las dimensiones de la red, las Pony y Ader se instalaron en centros de pequeña capacidad (5-10 abonados) mientras que las Stromberg lo hicieron en centros de media-grande capacidad (100 abonados). La Sección de Teléfonos logró cierta homogeneización de los equipos instalados, sin ser absoluta por la diversidad de procedencia de las redes.

Cuadro 3.
Distribución geográfica de las centrales de la Mancomunidad de
Cataluña por tipos de tecnología, 1925

En medio de una constante escasez de medios, la dirección técnica buscó economías de funcionamiento. Conviene recordar que, a diferencia de las instalaciones de luz y fuerza, el teléfono necesita una línea independiente para cada abonada, entre su estación particular y la central. El coste elevado de la línea individual reclamaba procedimientos para reducir el gasto y elevar el rendimiento; pues bien, en esa dirección se movió la Mancomunidad[53].

La primera gran etapa de la difusión del teléfono en Cataluña, que se cierra en 1924, coincide con la convivencia de redes pertenecientes a compañías privadas y a organismos públicos, es decir el Estado, los Municipios y la Mancomunitat de Catalunya. Otra característica esencial del periodo tiene que ver con el predominio aplastante de la tecnología manual, característica común no sólo a Cataluña sino a España y a Europa en su conjunto.

Una relativa normalización dentro de las dificultades permitió emprender planes de transformación tecnológica de cierta envergadura. Con la autorización del Consejo Permanente de la Mancomunidad, E. Terradas, Director de la Sección de Teléfonos, firmó un contrato en Madrid con la casa Siemens-Halske[54]. El contenido del contrato no era otro que la adquisición de una central automática con capacidad para mil abonados y destinada a la central de Balaguer. Las cláusulas fijaban el precio convenido (85.936 ptas. con transporte y derechos de aduanas incluidos), plazos de pago (un tercio en el momento del contrato; una sexta parte coincidiendo con la fecha de aviso de expedición de la parte más importante del equipo; una cantidad equivalente tras la instalación y puesta a punto, de funcionar, y el resto a los seis meses del vencimiento del plazo anterior); derechos de demora o perturbación; entrega y garantías de calidad por un año[55]. Aun siendo emblemática, la automatización de la central de Balaguer queda como un episodio aislado y sin continuidad porque la historia iría por otros derroteros.

La espectacularidad de algunos logros, con la pionera automatización a la cabeza, ha difuminado otros avances importantes. La Sección técnica tenía fuertemente interiorizado que la única forma de desarrollar el teléfono en el campo pasaba por un despliegue paralelo al desarrollo del servicio urbano, a fin de compensar el déficit del uno con el ingreso del otro. La estructura de mercado existente en Cataluña ponía trabas a los planes de la Mancomunidad, que debía asumir los ingentes costes de las instalaciones rurales sin beneficiarse de las pingües ganancias que obtienen los concesionarios de los grandes centros urbanos, “saneadas fuentes de riqueza”. La solución abocaba casi inexorablemente a primar la eficiencia en la gestión, es decir, en suma, a un servicio público gestionado con pautas propias de la iniciativa privada. Ello implicó adoptar los avances técnicos para aho­rrar líneas y operarios, introduciendo los sistemas de llamadas selectivas, centrales automáticas y telefonía múltiple por líneas combinadas[56]. Para evitar un tamaño excesivo de los tem­pletes, se recurrió a cables aéreos de envoltura de plomo y aislamiento de papel y aire, de 10 a 100 circuitos con cajas terminales Ericsson y americanas. Para construir las líneas, mayoritariamente con cru­cetas, se optó por el pino creosotado y sulfatado, hilo de cobre electrolítico y de hierro galvanizado de 4, 3 y 2 mm de diámetro extrabestbest. En las líneas se extremó el cuidado del aislamiento y la acertada disposición de cambios y transposiciones. Esmero especial merecieron los ensayos de resistencia y aislamiento, de gran utilidad para conocer a fondo las líneas, prever las averías y localizarlas. El segundo eje de la política radicaba en derivar hacia los Ayuntamientos una porción importante de los costes fijos y de operación - asunto que nos ocupa en otro apartado.

De esa forma, la Sección técnica consiguió mantener un alto índice de utilización de las líneas telefónicas y reducir al límite los gastos de explotación, sin menoscabo de un buen servicio.

El fin de la experiencia: el monopolio

 En 1924, la telefonía española experimentó un giro decisivo y de largo alcance, cuando el gobierno de Primo de Rivera decidió entregar a una sola entidad el servicio[57]. Las redes de las compañías catalanas que habían impulsado el desarrollo del teléfono en España durante la primera etapa fueron absorbidas por la nueva operadora -Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)-, creada por la norteamericana International Telephone and Telegraph Co. (ITT)[58]. El desembarco de ITT en el sector telefónico, ya añejo en otros, preparaba el terreno a la ulterior absorción.

La red de la Mancomunidad ocupaba un lugar importante en los planes de ITT, obligada por contrato a unificar, ampliar y modernizar el sistema[59]. De acuerdo con éstos, la Mancomunidad realizaría el traspaso de la red libre de cargas y obligaciones y de los derechos en materia telefónica a una entidad española, que asumiría las obligaciones con el Estado emanadas del contrato. Para empezar, ITT Co. abandonaba su rigor anterior y admitía la validez del sistema de la Mancomunidad. Sin embargo, las instalaciones recibidas serían saneadas en la vertiente del servicio antes de integrarlas en la red general.

La Mancomunidad, a la vista de las características de su red, contemplaba dos caminos posibles para explotarla. Uno desembocaba en la incautación por la CTNE de las concesiones a medida que fueran caducando. El otro conducía a un entendimiento sobre el conjunto de la red. Pero la práctica internacional y nacional desaconsejaban la opción monopolizadora. En efecto, a juicio de la entidad, en las naciones más avanzadas, los teléfonos eran explotados por compañías privadas o mixtas, como en los casos de EEUU y Holanda, o Dinamarca, respectivamente. Aparte de las consideraciones políticas, cálculos económicos llevaban a la Mancomunidad a mantener como ventajosa la continuidad en la administración de la red hasta 1955. La fórmula propuesta consistía en alcanzar un acuerdo con el Estado y CTNE para explotar la red propia a cambio de un canon anual de un 4 % del producto para el Estado y una indemnización del 50 % para la compañía[60]. Como ha quedado dicho, fue el Gobierno quien zanjó la cuestión con la concesión del monopolio a CTNE.

Por Real decreto de 25 de agosto de 1924, el Estado se incautaba de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña para traspasarla a una entidad no estatal. A juicio de la Corporación afectada, se trataba de una novación del contrato establecido en el R. D. de 15 de septiembre de 1915 o, más exactamente, de una expropiación que requería indemnizar a la Mancomunidad. Por otra parte, el mencionado R. D. de 25 de agosto autorizaba a la CTNE a asumir las redes paulatinamente, lo que equivalía a desarticular el servicio. Para evitarlo, la Mancomunidad proponía que, llegado el caso, la compañía concesionaria, se hiciera cargo simultáneamente de toda la red.

La absorción de la red de la Mancomunidad por CTNE no estuvo exenta de cierta complejidad[61]. A finales de noviembre de 1924, al día siguiente de que el presidente anunciara un viaje a Madrid para tratar cuestiones relacionadas con ferrocarriles y teléfonos, dimite el subdirector del Servicio de Teléfonos[62]. En el seno del Servicio de Teléfonos se levantan voces antimonopolio. El consejero del ramo, sin esconder nombres y apellidos, acusa a la CPT, que controlaba las líneas interurbanas, de obstaculizar el desarrollo del sector y de cargar de forma excesiva sobre las poblaciones los gastos de establecimiento del teléfono. En contrapartida, destaca la capacidad mostrada por la Mancomunidad de establecer una red rural no deficitaria pese a no contar con las redes urbanas más rentables. Era el canto del cisne. Poco después entraba en acción la Comisión Gestora interina de los servicios coordinados[63]. Dicho organismo adjudicó a las cuatro diputaciones en común y pro indiviso el material y líneas de la red telefónica de la Mancomunidad y el activo de la Caja de Crédito Comunal con carácter de simple tanteo.

Suprimida la Mancomunidad, el servicio telefónico fue vendido a la Compañía Telefónica Nacional en 1925[64]. Las discrepancias en la valoración ya se habían puesto de manifiesto en la fase de gestiones. ITT Co. fijaba el precio de la red de la Mancomunidad en 2,05 millones de pesetas frente a los 4 millones de ésta. En el momento de la venta, se reprodujeron y ampliaron las diferencias, ahora entre los peritos militares designados por la Comisión Gestora Interina y los de la CTNE[65]

Conclusión

El carácter singular del caso de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña en perspectiva comparada, tanto a escala nacional como internacional, parece una realidad ajena a discusión. Rasgos fundamentales del caso estudiado son la notable envergadura de la obra realizada, los numerosos proyectos sin realizar por causas y condicionamientos varios y la profunda huella en las instituciones que llevaron a cabo el programa y en los usuarios. Esa herencia se extiende también al propio sector del teléfono puesto que CTNE hará suyos espíritu y letra del programa de la Mancomunidad, es decir, la ampliación, la unificación y la modernización del sistema telefónico español. Este detalle nunca, que se sepa, ha sido puesto de relieve hasta el momento y apunta a la posibilidad de influencias de primera hora de la dirección de la Sección de Teléfonos en el proceso de gestación de CTNE. Pero quizás el mérito fundamental del artículo es haber proporcionado evidencias claras del enorme papel desempeñado por los Ayuntamientos en la formación de la red y en los resultados. En otras palabras, esa gran ‘obra realizada’ tantas veces esgrimida no hubiese sido posible sin los recursos materiales, financieros y personales aportados por Ayuntamientos.

APÉNDICE 1. GRUPOS TELEFÓNICOS URBANOS CREADOS EN CATALUÑA

EXPLOTADOS POR EL ESTADO

   Mora y Granollers

EXPLOTADOS POR LA CíA. PENINSULAR DE TELÉFONOS

   Barcelona, Mataró, Sabadell,                 

   Martorell-Igualada,  

   Vilafranca, Manresa, Tarragona,

   Reus, Valls y Palamós.

 EXPLOTADOS POR LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA

   Lérida, La Garriga-Vic, Figueras y Puigcerdà

 PARTICULARES

   Berga, Guardiola, Tortosa, Borjas d'Urgell, Cervera, Gerona y Olot

TELEFONIA INTERURBANA (privilegio de la Cía Peninsular de Teléfonos)

  Líneas

  Barcelona-Manresa-Tárrega-Lérida

  Barcelona-La Garriga (acuerdo con grupo La Garriga-Vic)

  Barcelona-Gerona-Figueras-Portbou (colgada parcialmente sobre línea anterior hasta la

  salida de Granollers)

  Barcelona-Mataró

  Barcelona-Martorell-Vilafranca

  Barcelona-Tarragona-Tortosa

  Barcelona-Sabadell

  Tarragona-Reus-Valls-Montblanc-Borjas Blancas-Lérida

  Olot-Gerona-Palamós

APÉNDICE 2. GRUPOS TELEFÓNICOS EN CATALUÑA

Notas

[65] Comisión Gestora Interina de los Servicios Coordinados, 1926, p. 172; Roca y Sánchez Ron, 1990, p. 114; también se creó un Comisión mixta de representantes del Estado, y de la Mancomunidad de Cataluña, para la coordinación de servicios de obras públicas entre ambas entidades: FC-RESID_GOB_PRIMO_DE_RIVERA, 224-3, Exp.1.117, 1924-1925.

 

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© Copyright Ángel Calvo, 2014. 
© Copyright Scripta Nova, 2014. 

 

Edición electrónica a cargo de Gerard Jori.  

 

Ficha bibliográfica:

CALVO, Ángel. Teléfono para todos… o casi. La singular experiencia de la red de la Mancomunidad de Cataluña, 1914-1925. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de julio de 2014, vol. XVIII, nº 481. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-481.htm>. ISSN: 1138-9788.

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