¿Planificar los comunes? Autogestión, regulación comunal del suelo y su eclipse en la Inglaterra precapitalista

¿PLANIFICAR LOS COMUNES? AUTOGESTIÓN, REGULACIÓN COMUNAL DEL SUELO Y SU ECLIPSE EN LA INGLATERRA PRECAPITALISTA

Álvaro Sevilla Buitrago
Depto. de Urbanística y Ordenación del Territorio – Universidad Politécnica de Madrid
alvaro.sevilla@upm.es

¿Planificar los comunes? Autogestión, regulación comunal del suelo y su eclipse en la Inglaterra precapitalista (Resumen)

El progresivo adelgazamiento del Estado del Bienestar y la privatización de bienes y servicios públicos han propiciado la aparición de discursos que reclaman la recuperación de los comunes y su autogestión colectiva. En ese contexto las tierras y derechos comunales de la Inglaterra pre-capitalista han dejado de ser un asunto académico, reapareciendo intensamente en los imaginarios socioespaciales del activismo global. Aunque esa reapropiación del pasado parece legítima, dichas narrativas ignoran a menudo la complejidad implícita en la gestión, planificación y evolución de los comunes históricos. Para subsanar estas lagunas estudiamos las instituciones y modos de gobierno que sustentaban el régimen comunal de la tierra en este período, enfatizando su condición de planificación autogestionada de los usos del suelo y las prácticas asociadas al mismo. Este régimen fue sustituido por las leyes de cercamiento, dando paso a una lógica de planificación centralizada e insolidaria: una lógica en la que estaba implícita no sólo la extinción del control comunal y la privatización de la tierra, sino también la desposesión de los trabajadores rurales y su progresiva proletarización.

Planning the commons? Self-management, communal regulation of land and its eclipse in pre-capitalist England (Abstract)

The ongoing eclipse of the Welfare State and the privatisation of public goods and services have triggered the appearance of discourses that claim the recovery of the commons and their collective self-management. In this context historical common lands and rights in pre-capitalist England are no longer a mere academic issue, as they reappear intensely in the sociospatial imaginaries of global activism. This reappropriation of the past seems legitimate, but such narratives often ignore the complexity of the management, planning and evolution of the historical commons. To fill these lacunae I study the institutions and modes of government that underpinned the communal regime in this period, emphasizing its condition of self-managed land use planning. Enclosure acts destroyed this regime, introducing a new logic of centralized, iniquitous planning: a logic which included not only the extinction of communal institutions and privatisation of land, but also the dispossession of rural labourers and their progressive proletarianisation.

Junto a los consabidos impactos económicos y su repercusión en las administraciones públicas, la crisis actual ha puesto en entredicho los modelos dominantes de gobierno. Si el neoliberalismo y la desmedida permisividad política con los mercados han sido considerados por muchos como responsables de los conflictos que llevaron al sistema al colapso y de una gestión posterior aún más miope[1], no es menos cierto que la vuelta al keynesianismo propugnada por cierto sector del pensamiento progresista[2] se antoja un giro complicado, que requeriría un profundo esfuerzo de replanteamiento para evitar las contradicciones que lo resquebrajaron en su momento, y en todo caso sumamente difícil de organizar en un escenario internacional que, al menos en Europa, busca una “salida” de la crisis a través del reforzamiento y desarrollo ulterior de los procesos de neoliberalización[3]. Ante este panorama no resulta extraño el renacimiento e intensificación de las apuestas por formas de gobierno alternativas, autogestionadas[4], siguiendo una lógica cercana a la que alentó llamamientos similares a la autonomía popular como respuesta a la crisis del fordismo y el inicio de la quiebra de los llamados Estados del Bienestar, entre finales de los 60 y los 70 del pasado siglo[5]. Las intervenciones teóricas en esa línea se han inspirado o han encontrado respuesta en casos reales de espacios autónomos, transitorios o permanentes, de las ‘tomas’ de la ciudad por el movimiento antiglobalización en los 90 a las recientes protestas populares en numerosos lugares del mundo, de los municipios autónomos de los zapatistas y los centros sociales autogestionados a las tent cities y campamentos de desposeídos en los países avanzados. Estas acciones materializan en momentos urbanos específicos esa voluntad de construir espacios de esperanza y geografías autónomas que parece recorrer, como un espectro, todo el planeta[6].

La creciente necesidad de atender a la dimensión espacial de estos fenómenos para explicarlos[7] nos recuerda la vieja máxima de Hannah Arendt: que toda política requiere y funda un espacio de aparición, un lugar que «cobra existencia siempre que los hombres se agrupan para el discurso y la acción»[8]. Si los filósofos y filólogos nos han enseñado que la communitas está entretejida por una serie de deudas con otros en un lugar y soportada por una serie de lazos con dicho lugar[9], las prácticas materiales nos muestran ahora que esa espacialidad es, también, un aspecto clave de las luchas[10]. Los comunes —término que en la acepción inglesa que lo ha popularizado (the commons) se refiere tanto a la condición de lo común como a los espacios y recursos específicos para el soporte de la comunidad— se han convertido en el nodo alrededor del cual se condensan toda una serie de estrategias, deseos y aspiraciones más o menos difusas. Sobre esos espacios otros descansa el peso de los nuevos proyectos y prácticas de autonomía. Se trata, en todo caso, de espacios recorridos por una territorialidad alternativa, constituyente, que funda una particular heterotopía:

Estas nuevas geografías progresistas sugieren una dinámica equivalente —aunque opuesta en su orientación política— a la reciente fragmentación de los espacios de soberanía de la modernidad, fenómeno que algunos politólogos y geógrafos han denominado Nuevo Medievalismo (New Medievalism)[12]. No se trata, obviamente, de una vuelta a las formas de vida de la Edad Media, sino de la aparición de un nuevo mosaico de soberanías, agencias y territorialidades, un «sistema de autoridades solapadas»[13], más complejo y abigarrado que el derivado del sistema post-Westfalia de Estados-nación. Si este proceso se despliega en la escala supranacional como consecuencia de la globalización y la aparición de nuevos actores regionales y transnacionales que erosionan las otrora afiladas aristas de las agencias estatales, ¿por qué no imaginar un movimiento simétrico que retara localmente, desde la base, la soberanía del Estado en un momento en que éste se retira de sus compromisos básicos, incumpliendo su parte del contrato social en el campo del cuidado, la asistencia, la formación, etc.[14]? En ese escenario alternativo surgen, desde luego, una serie de cuestiones clave. ¿Qué estructuras políticas y comunitarias, qué instituciones son necesarias para soportar este proyecto? ¿De qué forma se articularía a las agencias políticas tradicionales? O, de otro modo y desde la perspectiva de los que trabajamos en la comprensión y ordenación de la ciudad y el territorio ¿cómo organizar esos espacios autogestionados? ¿Cómo encauzar y conducir su superposición al gobierno convencional del espacio, tal y como han venido ejercitándolo hasta ahora las administraciones públicas?

Si bien este proyecto tiene una línea ideológica clara, su porvenir es a fecha de hoy incierto y parece razonable pensar que cualquier logro de cierto calado requerirá una estrategia de comunicación con otras posiciones políticas. En esa perspectiva, la reflexión y la acción sobre el espacio y el territorio, como momentos clave de todo proyecto social, pueden ser una oportunidad para levantar ese tipo de alianzas. Este consenso abierto encontraría sin duda un mínimo denominador común en la necesidad de atender a la organización del espacio de proximidad, que es al mismo tiempo el espacio básico de la reproducción social al nivel de la vida cotidiana y el espacio de aparición de las protestas de base. Ese espacio de proximidad puede ser un lugar de encuentro, un lugar común, con otras posiciones y perspectivas políticas, incluso con ciertas prácticas disciplinares. En este sentido cabe imaginar una senda fructífera en el diálogo con cierto sector progresista de la planificación contemporánea, que plantea desde hace tiempo la necesidad de devolver a las ciudades, a sus barrios y comunidades, grados crecientes de autonomía, tanto en términos funcionales como específicamente políticos, en lo que se plantea como un reto a varios niveles, del ambiental y energético al económico, social y democrático[15].

Este artículo pretende contribuir a ese acercamiento, pero no prefigurando cuáles habrán de ser las coordenadas de ese encuentro por venir, sino, de forma más modesta, rastreando la historia en busca de ejemplos y procesos de planificación socioespacial que sugieran vías posibles de trabajo. La teoría de los comunes, especialmente en el mundo anglosajón, no ha pasado por alto el origen y especificidad históricos del término[16]. Como es sabido, la denominación original se refiere a las tierras y derechos comunales, barridos por el enclosure (cercamiento) en Inglaterra en la transición del feudalismo al capitalismo. Son numerosos los autores que han sugerido que la lógica del enclosure —de la privatización y limitación del acceso a recursos comunales— se extiende más allá de ese período y esa geografía, constituyendo un mecanismo evolutivo que caracteriza al capitalismo en todas sus etapas. Para estos autores, la acumulación de capital se sustenta en una desposesión más o menos sistemática de los recursos y capitales sociales del entorno no capitalista y su posterior integración al espacio de mercado; la reproducción de este ciclo, ampliado extensiva e intensivamente, ha permitido al capital superar no pocas crisis y conflictos históricos[17]. De este modo, si el capitalismo se ha consolidado y desarrollado históricamente “cercando” y privatizando lo común, los nuevos movimientos autonomistas proponen invertir esa dinámica, recuperar y reapropiarse colectivamente de los espacios, recursos y formas de vida perdidos, romper los “cierres” y “vallas” que el neoliberalismo impone al planeta[18]. No es la menor de las contradicciones de este discurso el hecho de que, a menudo, ignore que la historia de las tierras y derechos comunales fue, también, una historia de imposición de límites funcionales y políticos para conservarlos[19], como veremos a continuación.

En este trabajo, por tanto, sugiero que esa aspiración de recuperación de los comunes se beneficiaría sustancialmente de una lectura crítica y detallada de los espacios y formas de organización comunal que precedieron al enclosure histórico, así como de la comprensión de los mecanismos técnicos por los que éste acabó con aquellos espacios sociales. Se trata, por tanto, de mirar al pasado, a los territorios rurales de la transición del feudalismo al capitalismo en Inglaterra, con el fin de explorar cómo una planificación autogestionada y descentralizada de la tierra —una planificación ‘desde abajo’ sujeta a principios generales de economía moral, pero en absoluto ideal o exenta de contradicciones, límites y fronteras— fue reemplazada por otra de carácter desposeedor y centralizado: la planificación ‘desde arriba’ que culminó los procesos de cercamiento de las tierras comunales a través de las enclosure acts. Cómo, en definitiva, un sistema de autoridades y territorialidades solapadas que permitía la coexistencia de agencias nacionales y regionales con espacios de autonomía local, de prácticas privadas con usos y costumbres comunales, fue paulatinamente sustituido por un sistema depurado de dominios excluyentes e insolidarios.

El primer apartado de este trabajo describe las estructuras de propiedad y sistemas de cultivo característicos en la Inglaterra de la evolución del feudalismo al capitalismo. Junto a ellos, el segundo apartado pone especial énfasis en el régimen de usos y derechos comunales que se superponía a dichos patrones de ocupación, los modos de reproducción social que estas prácticas hacían posibles y los mecanismos de planificación y gestión colectiva y autogestionada que soportaban todo ese entramado socioespacial. El tercer apartado describe el nuevo régimen de ordenación de las tierras agrícolas que impuso el cercamiento, especialmente en la forma parlamentaria de las enclosure acts, y cómo éstas eclipsaron las formas de autogestión local precedente. Se atiende aquí a los motivos para el cercamiento y sus repercusiones materiales y sociales, desvelando la estrategia de largo alcance con que la gentry intentó movilizar el territorio en esta época: no sólo como un espacio de acumulación de capital, sino también como un espacio de desposesión para culminar los procesos de proletarización en el ámbito rural. En el cuarto apartado reflexionamos acerca de las repercusiones de estos hallazgos para la historiografía de la planificación. En particular, se atenderá al efecto que estos procesos de cambio en las formas de ordenación del espacio social deberían tener sobre las narrativas habituales de la historia del urbanismo. Por un lado es necesario considerar los elementos desposeedores que residen en ciertas lógicas de planificación; por otro, se requiere una ampliación en la escala de comprensión de estos procesos para incardinarlos en un marco histórico-geográfico más amplio en el que recobren todo su espesor. Por último, las conclusiones adelantan alguna de las repercusiones y lecciones que pueden extraerse de esta investigación para los proyectos actuales de autogestión y recuperación de los comunes.

Las tierras comunales en la Inglaterra de la transición del feudalismo al capitalismo

La transición del feudalismo al capitalismo en Inglaterra contempló un período de sumo interés para la planificación espacial que, sin embargo, ha sido sistemáticamente ignorado por la historiografía de la planificación debido a su lejanía de las murallas de las ciudades. Entre el largo declive de la servidumbre —de finales del s. XIV a la segunda mitad del XVI— y la generalización del parliamentary enclosure en el siglo XVIII buena parte de las regiones rurales inglesas vivieron una época de libertades relativas que se veía plasmada en una organización colectiva de los usos, costumbres y formas de vida que rodeaban a la tierra. Esta organización era administrada por instituciones locales y estaba sujeta a una economía moral que con frecuencia contemplaba las necesidades de toda la parroquia, incluidos los que no poseían tierra[20]. Esos patrones de ordenación socioespacial no eran, en realidad, nuevos. Actualmente se acepta que se trataba de vestigios de formas comunales más amplias de origen sajón, que proliferaron en la isla con la llegada de tribus desde el norte de la actual Alemania y el sur de Escandinavia, a partir del siglo VII[21]. La conquista normanda reestructuró esos patrones a partir del s. XI, en un ejercicio inicial de expropiación que vio el trasvase masivo de tierras a los seguidores de Guillermo I e intensificó la servidumbre en toda Inglaterra. Con todo, los villanos y siervos conservaron un régimen de posesión[22] sobre buena parte del suelo —bajo la forma de freehold o copyhold[23]— y éste siguió sometido a la explotación y organización comunal bajo la tutela del señor feudal. Entre los siglos XII y XIII el aumento de población y la consiguiente presión sobre la tierra obligó a los agricultores a adoptar formas más eficientes de cultivo, incrementando la cooperación para mejorar los resultados y perfeccionando, por tanto, el sistema[24].

Las sucesivas superposiciones de modelos y su disgregación territorial dio lugar a un extraordinario mosaico de patrones, agencias, prácticas y paisajes, constelaciones de territorialidad y soberanía que no es sencillo sintetizar en unas pocas páginas. Los interesados en profundizar en la amplísima variedad de casos regionales pueden aún consultar el clásico de Alan R. H. Baker y Robin A. Butlin Studies of field systems in the British Isles[25]. Aquí me limitaré a describir, en primer lugar, las estructuras de ordenación del campo desde el punto de vista del régimen de propiedad y la gestión y organización de los cultivos; después me centraré en los derechos y prácticas comunales adscritos al suelo. Es preciso advertir, en todo caso, que esta breve síntesis traiciona la diversidad y complejidad de las formaciones socioespaciales que estamos estudiando, y esto no sólo por fidelidad a nuestro objeto de análisis sino, sobre todo, para comprender la posterior acción del enclosure, que simplificará sustancialmente estas estructuras, depurándolas de superposiciones y vaguedades para producir territorios más homogéneos y normalizados. Como puede deducirse de la mención a la conquista normanda, el agro medieval no estaba exento de actos de reterritorialización coercitiva; sin embargo, los rasgos comunes que enunciamos a continuación respondían más a regularidades fruto de la evolución intrínseca a las formaciones socioespaciales de las distintas regiones que a un modelo impuesto sistemáticamente desde arriba, como será el caso del parliamentary enclosure.

En lo que respecta al régimen de propiedad podemos identificar una estructura típica para el manor o señorío feudal[26]. Junto a la residencia del señor y la villa, la vida gira alrededor de tres espacios: a) las demesne lands o terræ dominicales, sobre las que el señor tiene un dominio directo y en las que se materializa la serna de los siervos — con frecuencia parte de estos suelos se cedían en copyhold; b) las tenemental lands o terræ tenementales, tierras dadas por el señor en concesiones de distinta naturaleza y sujetas a censo enfitéutico; y c) los distintos tipos de waste land (tierras baldías)[27] — bosques, páramos, caminos y sus márgenes, lagunas y marismas, etc. La crisis feudal propiciará la transición a formas de propiedad protocapitalistas a partir de este modelo. La prestación de servicios será sustituida por rentas monetarias, surgirán formas de contabilidad y explotación modernas y, con la paulatina extinción de la servidumbre, se gestará una nueva estructura social. A un período de relativa prosperidad de la yeomanry —el pequeño campesinado independiente— durante los siglos XV y XVI seguirá el imparable ascenso de la gentry, una nueva aristocracia rural formada a partir del estrato más aventajado de la yeomanry, los grandes comerciantes urbanos retirados al campo y los elementos de la vieja aristocracia que logran adaptarse al nuevo orden. Este bloque social, cuyo denominador común es una territorialidad activa y estratégica[28], concentrará la mitad de la tierra de Inglaterra y se hará hegemónico a partir del XVII y hasta el comienzo del XIX. A pesar de todo ciertas prácticas resisten estos seísmos sociales. Es el caso de los derechos comunales que se ejercían sobre los distintos tipos de tierra y que se transmitieron con las ventas o herencias al estar ligados a la posesión de la misma.

Al régimen de propiedad descrito se superponía, con límites sólo parcialmente coincidentes, un régimen específico de uso social de la tierra, un field system. En los procesos iniciales de transición del feudalismo al capitalismo, la organización de las tierras sufrió transformaciones importantes pero conservó en buena parte de Inglaterra su estructura básica en régimen de explotación común, el open-field o common-field system[29]. Algunas áreas del sureste, el oeste y el noroeste de Inglaterra nunca estuvieron abiertas o fueron cercadas muy tempranamente; en ellas predominaban los asentamientos dispersos y poco poblados y, durante la Edad Media, la ganadería prevalecía sobre el cultivo. Pero en las regiones más fértiles y densamente pobladas en la época —las Midlands, el sur de Inglaterra y, con rasgos muy particulares, East Anglia— el patrón dominante era el del sistema de campo abierto, con predominio del cultivo y los asentamientos concentrados en villas con estrechos lazos sociales que soportaban una gestión comunal del suelo[30].

Este sistema estaba integrado por tres elementos, cada uno con su propio régimen de derecho comunal. En primer lugar encontramos las tierras de cultivo o arable fields, que solían estar divididas en tres áreas o campos para el cultivo de rotación, presentando el característico patrón en lotes de tierra estrechos y alargados, con un régimen de cultivos acordado colectivamente desde la Alta Edad Media. En este sistema cada holder veía su tenencia repartida en varias franjas de suelo dispersas por toda la parroquia, una distribución que, antes de la proliferación de modelos de propiedad consolidada y fija, iba modificándose año tras año. Se han sugerido distintos motivos para la adopción de este sistema de explotación, tanto en relación a su forma como a su modo de gestión[31]: entre otros se sugieren los requisitos del arado mouldboard característico de la época, que exigía unidades de cultivo conformes al modo de trabajo y el acuerdo entre varios agricultores para unir sus bueyes en régimen de co-arado[32]; el reparto equitativo de los recursos y suelos de la parroquia, asegurando que todos los holders dispondrían de suelo de distintas calidades[33]; la disgregación paulatina de las propiedades como consecuencia de la división de la tierra en las herencias[34]; o la búsqueda de una cooperación más intensa como consecuencia de las crecientes demandas de grano en un período de crecimiento demográfico[35]. Con independencia de la causa, los académicos coinciden en atribuir elementos comunales y de democracia económica a dichos orígenes, así como en el carácter planificado y regulado del sistema, apoyado en instituciones socioeconómicas sólidas y duraderas[36]. Los suelos podían cultivarse individualmente, pero debían asumir la regulación local en la rotación de las plantaciones, régimen de arado, tipo de cultivos, etc. Tras la cosecha estas tierras quedaban disponibles para el pastoreo comunal y el ejercicio de otros derechos hasta ocho meses, por lo que también se las denominaba commonable lands (tierras ‘comunalizables’). En el caso de las tierras en barbecho y en aquéllas en las que no se hubiera alcanzado un consenso colectivo para su organización este régimen era aplicable durante todo el año. El resto del suelo era common land (tierra comunal) y se dividía a su vez en dos clases: los common meadows (prados comunales), divididos anualmente de forma similar a los arable fields, distribuidos entre los propietarios y arrendatarios locales para el pasto o el cultivo individual y sometidos también al usufructo colectivo tras la cosecha; y las diversas formas de common pastures (pastos comunales) y waste land, permanentemente abiertos al usufructo comunal bajo una regulación específica[37].

Pero ¿cuál era el alcance real de este modelo? ¿Hasta qué punto puede considerarse característico de la época? ¿Qué peso tenían las common lands en el mismo? El open-field system ocupaba alrededor de tres quintas partes del total de tierras dedicadas al cultivo y el 53% de la superficie total de Inglaterra hacia 1600; en las regiones mencionadas era dominante y perduró durante siglos —lo que ha sido interpretado como prueba de su eficiencia— ocupando frecuentemente la totalidad de la parroquia[38]. La proporción de common land era variable. A partir de 1235 el Statute of Merton permitió a los señores feudales apropiarse de tierra común si el remanente era suficiente para satisfacer las necesidades de los commoners, los habitantes con derechos comunales. Sin embargo en la mayor parte de las regiones las tierras comunes eran entidades independientes que alcanzaban los 8.000-10.000 acres en parroquias de varias decenas o centenares de habitantes, a menudo mucho mayores que las tierras cultivadas y, en ocasiones, abarcando el total de la parroquia[39]. A principios del siglo XVII más de la mitad de la tierra era comunal en los 12 condados de las Midlands que más tarde sufrieron la mayor intensidad de leyes de cercamiento; en Middlesex, por ejemplo, la superficie de tierra comunal equivalía a un 85% de las tierras arables abiertas y a un 74% del total de la tierra cultivada aún en 1798[40]. En conjunto, la proporción de waste land era del orden de un cuarto del total de la superficie de Inglaterra y Gales a finales del siglo XVII[41].

Planificación autogestionada y organización institucional del derecho comunal

Si los patrones de propiedad, cultivo y uso de la tierra eran por sí mismos complejos y regionalmente variados, las formas culturales superpuestas y ligadas a ellos podían alcanzar una extraordinaria heterogeneidad y especificidad local. Como umbral entre ambos niveles, las formas jurídicas —y especialmente el derecho comunal— mostraban esa tensión, dando lugar a un universo de prácticas y costumbres extraordinariamente diversificado y de lectura mucho más difícil. En este sentido, Stephen Rippon ha establecido dos planos de análisis en su ejercicio de caracterización de los paisajes históricos. Por un lado, el de las configuraciones parcelarias, la organización de los campos, los tipos y técnicas de cultivo, las estructuras de propiedad, etc.; datos empíricamente verificables, cuantificables y relativamente estables. Por otro, el de las costumbres, regulaciones y usos locales, el de los topónimos, el de las narraciones y representaciones asociadas al (y productoras del) lugar… fenómenos más volátiles y mutables, para los que Rippon propone un acercamiento de tipo cualitativo, casi literario[42]. Si la realidad de estas formaciones socioespaciales resulta compleja para los científicos actuales, armados de un arsenal de documentos, evidencias y técnicas, podemos imaginar hasta qué punto podía desconcertar a los contemporáneos ajenos al devenir y evolución de las prácticas locales. Esta dificultad para penetrar y operar en territorios local y regionalmente variables será, de hecho, uno de los motivos para la gran reterritorialización desplegada posteriormente por las leyes de cercamiento.

Edward P. Thompson ha descrito agudamente los vericuetos legales y espaciales a los que podía dar lugar la costumbre; como lex loci, su carácter dependía del itinerario seguido en su producción a lo largo del tiempo, quedando ligada a la evolución histórica de cada parroquia y a su materialización en el territorio. La costumbre no presentaba una espacialidad estática o normalizada; más bien estaba articulada por todo tipo de prácticas sociales en permanente proceso de transformación. El resultado era una topología compleja, abigarrada, irreducible a una distribución escalar regular, tejida a base de superposiciones sutiles y recorrida por territorialidades desdobladas y, con frecuencia, contradictorias: «La tierra en la que se apoyaba la costumbre podía ser un manor, una parroquia, una extensión de río, ostreros en un estuario, un parque, pastos montañeses o una unidad administrativa mayor como, por ejemplo, un bosque»[43].

Esos territorios fragmentados, variables en su escala material y administrativa, sometidos a una yuxtaposición de autoridades y formas de gobierno, eran característicos del espacio medieval y encontraban en el ámbito local una expresión directa que daba pie a una política agonista[44]. Al nivel de la vida cotidiana la costumbre, como forma jurídica, no era tanto un espacio de consenso espontáneo como un espacio de fricción y disputa permanente, que requería una regulación dinámica. El derecho comunal estaba sometido a ella y era por tanto objeto de una negociación constante que exigía una buena disposición para el acuerdo de los individuos e instituciones locales: al fin y al cabo la falta de pactos podía dejar sin aprovechamiento buena parte de los terrenos durante toda una temporada.

Las formas de derecho comunal más frecuentes incluían derechos de pastoreo (common appendant, common appurtenant, common of pasturage, common of pannage, common of shack), espigueo (common of gleaning), y recogida de combustible y otros materiales (common of turbary, of stovers, common in the soil)[45]. Cada uno de estos derechos era un universo en sí mismo y, desde luego, su configuración variaba de parroquia a parroquia. Por ejemplo, el derecho de pastoreo podía presentar al menos cinco formas, asociadas a una determinada propiedad (tierra o cabaña), a un individuo o a una familia, y condicionadas por el status del beneficiario (en función de su posición como freeholder, copyholder, residente en la parroquia sin tierra, residente sin posesión de ningún tipo, etc.). El alcance de los derechos era también sumamente variable. El pastoreo podía permitirse sólo en el waste land, extenderse a todas las commonable lands o adoptar un régimen intermedio; entre los commonable animals —los animales susceptibles de realizar el derecho de pastoreo— podían incluirse uno, varios o todos los grupos de ganado, abarcando desde las reses registradas de los propietarios de tierra arable a cualquier animal de cualquier residente en la parroquia[46].

El resto de derechos presentaban patrones igualmente heterogéneos; por ejemplo, la recogida de material podía limitarse a la leña de ramas caídas de los árboles y la turba (firebote), o extenderse a la madera para herramientas de labranza (plowbote), vallas (hedgebote) e incluso a la tala de árboles para la construcción de cabañas (housebote), etc. A estas formas básicas se añadían con frecuencia derechos de caza y pesca. Tras la implantación de las leyes de pobres de 1597 y 1601 —redactadas en respuesta a las revueltas anti-enclosure coetáneas[47]— se extendieron los derechos a un sector más amplio de la población —especialmente entre los no propietarios— y se añadieron otros usos para los suelos comunales, incluyendo la posibilidad de construir viviendas para los pobres[48]. Con todo, el acceso estaba siempre limitado a los miembros de la comunidad; a efectos de regulación y hasta la alteración del orden tradicional y el re-escalamiento de la lucha de clase por el enclosure y otras dinámicas territoriales, la parroquia operaba normalmente como un universo cerrado y excluyente.

De especial interés para mi propósito en este artículo es destacar el régimen institutional y gestor que sustentaba y desarrollaba esta compleja matriz jurídica y práctica. La regulación de los usos de la tierra y el derecho comunal era desarrollada por una asamblea local en el manorial court, el tribunal encargado de administrar los asuntos de la parroquia. En él se celebraban reuniones periódicas —habitualmente cada tres semanas— de freeholders y copyholders para la gestión cotidiana de los campos y otros asuntos, y reuniones generales —una o, más frecuentemente, dos al año— a las que debían asistir todos los miembros de la parroquia. Aquí se acordaban y redactaban las field orders y village byelaws, las órdenes u ordenanzas de los campos, documentos que regulaban el régimen comunal de uso de la tierra para todas las familias[49]. Se trataba, por tanto, de un sistema de planificación de los usos del suelo autogestionado colectivamente y sumamente cuidadoso. La distribución y uso de tierras y derechos «no era fruto de … desarrollos al azar, sino … el resultado de un plan consciente, tanto en términos de su organización como en su configuración física»[50]. «La unidad de cultivo era la aldea en su totalidad, no cada una de sus fincas. El agricultor no cultivaba según su propia elección, sino de acuerdo al método establecido para él por acuerdo comunal guiado por la costumbre»[51]. La parroquia se pensaba a sí misma y se otorgaba una norma colectiva que fijaba, al menos, las siguientes determinaciones:

En suma, una codificación del espacio, una territorialización cotidiana sumamente avanzada, concebida colectivamente con la participación directa o indirecta de todos los habitantes. Al finalizar las sesiones se bebía para celebrarlo, se pregonaba la resolución por la aldea y una copia de la ordenanza era clavada en la puerta de la iglesia para conocimiento de todos[52].

Es preciso, en todo caso, evitar una idealización simplista de estos procesos y experiencias. El consenso era, a menudo, difícil de alcanzar; la frecuencia de las asambleas periódicas debe entenderse precisamente en el sentido del necesario ejercicio de tutela y seguimiento que debía mantenerse para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas. Era necesario restablecer o confirmar los límites de las áreas sujetas a usufructos comunales porque las prácticas cotidianas solían interpretarlos muy generosamente[53] — incluso en ausencia de irregularidades, se trataba de un sistema sustentado en la delimitación y cierre dinámico del espacio y los recursos que ofrecía. Por otra parte hay que tener en cuenta que, a pesar de la participación de la comunidad en la regulación, con frecuencia el voto en las decisiones estaba limitado a los propietarios y arrendatarios de tierra, por lo que no podemos atribuir estrictamente a estas instituciones el calificativo de democráticas sin formular ciertas cautelas. A pesar de todo la naturaleza colectiva y pública de los procesos y su desarrollo autónomo a nivel local tenían un impacto obvio sobre las decisiones alcanzadas. Como ha indicado Sara Birtles «la manorial community estaba inextricablemente entretejida por la red de deberes y responsabilidades cívicas» de la parroquia[54]. Cuando ese sentimiento de responsabilidad hacia los que no tenían tierra fallaba, el miedo a las represalias que pudieran tomar sus vecinos mantenía a los holders más ambiciosos dentro de los márgenes de la costumbre heredada. Edward P. Thompson recuerda otros motivos pragmáticos para conservar el viejo régimen comunal:

[Había] muy buenas razones para proporcionar libertad de movimiento en los derechos comunales menores. Es mejor que una fuerza laboral siga residiendo y esté disponible cuando se la llame para el heno y la recogida de la cosecha, así como para las llamadas fortuitas pidiendo mano de obra incluido el servicio extensivo de las mujeres en el salón, la casa de labranza y la lechería. Proporcionar a los pobres derechos de subsistencia, incluidas leña y una vaca para leche, era al mismo tiempo un medio de impedir la subida de los impuestos para socorrer a los pobres.[55]

Con la paulatina descomposición del feudalismo y especialmente tras la extinción de la servidumbre —y ante la consiguiente necesidad de los señores de mantener la población de sus territorios a través de cesiones económicas— estas regulaciones se vieron cada vez más sujetas a una economía moral. Este término, sugerido por el propio E. P. Thompson en su estudio de la resistencia que los pobres presentaron a las transformaciones del mercado inglés en el s. XVIII, puede ser también empleado para referirnos a la regulación comunal. Este autor indica que existía:

un consenso popular de lo que eran prácticas legítimas e ilegítimas en el comercio, la molienda, la producción de pan, etc. Este consenso se apoyaba a su vez en una sólida concepción tradicional de las normas y deberes sociales, de las funciones correspondientes a cada actor dentro de la comunidad, aspectos que, considerados en su conjunto, puede decirse constituían una economía moral de los pobres. Cualquier atentado contra estos principios morales … era motivo para la acción directa.[56]

De nuevo es Thompson el que nos recuerda algunas de las realidades que sostenían esta práctica moral:

Pero ¿hasta qué punto resultaba esa economía moral significativa en la vida local? De otro modo, ¿qué beneficios conferían los derechos comunales a los commoners, especialmente los que no poseían tierra? ¿De qué modo afectaban esos factores a los patrones de reproducción social en estas comunidades? Este aspecto ha sido objeto de una larga (y agitada) disputa en el mundo académico, un debate que está lejos de haberse cerrado y al cual siguen sumándose nuevas contribuciones[58]. Los derechos comunales y su usufructo rara vez hacían a las familias autosuficientes, pero proporcionaban ingresos informales que se convirtieron en un elemento clave en las economías domésticas de los grupos menos favorecidos de la población rural — los pequeños freeholders, artesanos y, sobre todo, los jornaleros agrícolas y los trabajadores en la emergente manufactura doméstica de la época. Gracias a dichos beneficios estas familias podían satisfacer buena parte de sus necesidades básicas al margen del mercado y resistir la dependencia exclusiva del trabajo asalariado, que en este período era visto por los pobres como sinónimo de sumisión e intentaba evitarse a toda costa[59]. En 1726 un corresponsal del Northampton Mercury hablaba de la existencia de:

Casi un siglo más tarde, en 1810, uno de los surveyors del Board of Agriculture[61] anotaba en su informe sobre Hampshire:

Los productos y ganancias que podían obtenerse en los comunes no eran desdeñables[63]. Espigando, una mujer podía conseguir grano de valor equivalente al salario de siete semanas de un varón adulto o en cantidad suficiente para preparar pan durante todo el año; el combustible recogido podía equivaler a otras seis semanas de salario y otros beneficios asociados al derecho comunal podían reportar ganancias anuales similares a las obtenidas por las mujeres empleadas por cuenta ajena[64]. El usufructo más valioso provenía de los productos animales obtenidos gracias al pasto: las ganancias derivadas de la posesión de una vaca equivalían a entre una cuarta parte y el total de las ganancias anuales de un varón adulto y a ellas había que añadir las derivadas de la tenencia de cerdos, gansos, ovejas y otras bestias[65]. Por tanto los beneficios comunales permitían a los más necesitados resistir los procesos de proletarización gracias a una planificación socioespacial autogestionada que sustentaba modos de reproducción social parcialmente autónomos.

El enclosure parlamentario: una nueva forma de planificación del espacio social rural

Este régimen de autogestión de la tierra sería poco a poco suprimido a medida que las tierras comunales desaparecieron al empuje del cercamiento (enclosure)[66]. El enclosure era el proceso por el cual las tierras eran cerradas con vallas, cercas, setos u otros elementos, liberadas del régimen comunal y sometidas a un ejercicio de dominio exclusivo por parte de sus propietarios privados[67]. Podemos hacernos una idea rápida de las transformaciones a las que se enfrentaron estos territorios sociales considerando el siguiente pasaje. Pertenece a la intervención que Thomas Wilkinson —cuáquero, aficionado a la escritura y el diseño de jardines, amigo de William Wordsworth— dirige a sus vecinos de las parroquias cercanas a Eamont Bridge y Yanwath, en Cumbria, con motivo de la iniciativa de cercamiento del Yanwath Moor. Wilkinson está en contra del cercamiento e intenta convencer a sus vecinos del escaso beneficio que se obtendrá; enumera los motivos argüidos para cerrar los campos uno a uno y concluye con un pasaje que merece la pena citarse en su integridad:

La historiografía convencional atribuye al enclosure dos fines fundamentales, ambos relacionados con el desencadenamiento de la revolución agrícola: la consolidación de la propiedad[69] y la liberación de la sujeción de la tierra a la regulación y derechos comunales. En realidad los objetivos económicos podían ser mucho más amplios: explotaciones mineras o madereras o incluso, una vez llegado el siglo XIX, el desarrollo urbanístico[70]. La acumulación y consolidación de propiedades era el modo natural de obtener ganancias para los terratenientes rentistas; en un contexto de ciclos acelerados de especulación inmobiliaria tras la revolución del XVII, el enclosure se convirtió en la clave para penetrar las tierras comunales, jugosos nichos de mercado de otra forma inalcanzables. Por otra parte, los objetivos del cercamiento no siempre tenían un carácter exclusiva y puramente económico. El incremento de propiedades suponía, por supuesto, un incremento de poder político y reconocimiento social. La gentry rural deseaba alcanzar cotas más altas de control en sus regiones y las nuevas élites de comerciantes e industriales urbanos buscaban elevar su status accediendo a las preciadas country houses e incorporándose a la vida en la campiña. De hecho la tierra adquirida gracias a los cercamientos no era, a menudo, puesta en explotación, sino destinada a la creación de parques de ocio y jardines paisajistas en torno a las casas solariegas.

Pero, como acabamos de ver en la cita de Wilkinson, el enclosure no siempre respondía a fines directos, fueran o no económicos. Entendemos por fines directos aquellos en los que la tierra era un fin en sí misma, por cualquiera de los aspectos señalados. Junto a ellos la tierra, el territorio, podían ser empleados como medios para la consecución de estrategias de mayor calado, para alcanzar objetivos sociales más profundos. Aquí, por supuesto, es pertinente referirse a la noción de territorialidad tal y como ha sido sugerida por los geógrafos Claude Raffestin[71] y Robert D. Sack[72][73] — como un mecanismo de triangulación para el ejercicio del poder de unos agentes sociales sobre otros (Raffestin), como una estrategia social activa que desplaza el dominio a instrumentos espaciales (Sack). En el caso del enclosure —especialmente en la época álgida de las leyes de cercamiento en los siglos XVIII y XIX— a la tradicional voluntad de acaparar fuentes de recursos se superpuso la de gobernar y transformar las formas de vida asociadas a la vieja distribución y gestión de la tierra. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de suprimir la regulación colectiva de los comunes y los derechos comunales, con la consiguiente extinción de instituciones democráticas, la erosión de las economías domésticas e informales y la eliminación de la independencia relativa de los más pobres respecto al trabajo asalariado. El enclosure, se afirmaba, sería «el medio para producir un número adicional de manos útiles para el empleo agrícola, al sesgar y aniquilar gradualmente ese nido y criadero de vagancia, pereza y miseria que podemos contemplar sistemáticamente en las cercanías de todos los comunes, tierras baldías y bosques»[74]. En suma, junto a la acumulación de tierra y poder, los cercamientos debían producir la desaparición de las formas de reproducción social al margen del mercado y la proletarización de un amplio sector de la población.

En esta estrategia los intereses de los grandes agricultores y los terratenientes coincidían con los de los productores-comerciantes y los comerciantes-productores[75], figuras responsables del despliegue de las redes de manufactura doméstica que se extienden por toda Inglaterra, primero en torno a las grandes ciudades y, cada vez más, en las regiones rurales. Este sistema de producción doméstica, conocido como putting-out system, se beneficiaría también de la desposesión del pequeño yeoman y de la creciente dependencia de los trabajadores del trabajo por cuenta ajena, fruto de la eliminación de los ingresos informales derivados del derecho comunal. Los textos de la época dan testimonio explícito de esta comunión de intereses:

La articulación entre el enclosure y una estrategia de producción de mano de obra solícita era clara: «El cercamiento es … un remedio para el vagabundeo, pues los pobres serán empleados en un trabajo continuo»[77]. Pero el nuevo régimen de territorialidad estaba también dirigido contra las viejas instituciones comunitarias, contra los capitales sociales insertos en la trama de relaciones, negociaciones y consensos de la aldea: «Cuando sean expulsados del común por el enclosure […] los trabajadores tendrán que vivir en cabañas pertenecientes a granjas, a una distancia considerable de la corrupta solidaridad de la aldea»[78].

Como hemos visto, el cercamiento regulado se remontaba al Statute of Merton del año 1235. Tras las guerras civiles del XVII asistimos, sin embargo, a una nueva etapa en su evolución. Hasta ese momento el alcance del enclosure era limitado y solía llevarse a cabo a través del cierre individual de las parcelas de los propietarios privados o, de forma más amplia, mediante acuerdos (enclosure by agreement) por los cuales un grupo de propietarios decidía unir sus tierras para redistribuirlas, reparcelarlas y cercarlas. Con frecuencia estos acuerdos eran parciales y no incluían a todos los propietarios de la parroquia; en todo caso lo habitual era que no afectaran en absoluto a las tierras comunales, restringiéndose a los arable fields[79]. El cercamiento en forma de leyes parlamentarias se puso en marcha en el siglo XVII y se hizo especialmente intenso en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en las regiones o las parroquias donde existían más dificultades para el enclosure by agreement por la presencia de propietarios que se oponían a la operación, la magnitud de la tierra comunal u otros motivos[80]. El potencial sistemático del parliamentary enclosure no deja dudas. A principios del XVII el 47% de la superficie de Inglaterra estaba sujeta a un régimen de propiedad exclusiva, bien porque nunca había sido común, bien por cercamientos en las mencionadas formas pre-parlamentarias. Entre las primeras leyes de cercamiento y 1914, año en que se suprimió el enclosure parlamentario, se cerró un 48,4% adicional, dejando apenas un 4,6% de tierras comunales[81].

El procedimiento para la tramitación y gestión de las leyes parlamentarias era completamente ajeno a las formas de autogobierno local hasta entonces habituales[82]. El parliamentary enclosure produjo una erosión irreversible de las instituciones comunales. A nivel procesual, las negociaciones se trasladaron al parlamento, lejos de la agitada vida de la aldea, con su intrincada red de relaciones, alianzas y resistencias. Los grandes propietarios tenían la voz cantante al condicionarse las iniciativas al porcentaje de tierra de la parroquia envuelto en el proceso y no al porcentaje de propietarios; desde luego, ellos contaban además con asesores y la capacidad de desplazarse a Londres para seguir la tramitación —algo que raramente podían hacer otros habitantes de la parroquia—, participar en las vistas o incluso formar parte de las comisiones parlamentarias[83]. Una vez aprobada la ley, el proceso volvía a la parroquia para la ejecución del cercamiento bajo la dirección de dichas comisiones. Éstas gozaban de poderes coercitivos para imponer a los propietarios que se opusieran las obras de reparcelación, apertura de nuevos caminos y canales y levantamiento de cierres, cargándoles posteriormente los correspondientes costes de construcción. El régimen resultante era, de nuevo, contrario a las instituciones y gobierno comunales. La desaparición de la regulación colectiva de la tierra dio paso a un ejercicio individual del dominio exclusivo por los propietarios privados que despojaba a la asamblea local de competencias específicas en el manorial court[84]. Hacia la primera mitad del XIX este organismo era ya una triste sombra de lo que había sido.

Implicaciones para la historiografía de la planificación: desposesión y cambios de escala en la concepción de los procesos territoriales

Esta sustitución en los modos de gobierno del espacio social mediante un desvío jurídico y administrativo invita a reflexionar sobre la naturaleza de los sistemas de planificación modernos. Habitualmente se atribuye al reformismo del siglo XIX la responsabilidad en el nacimiento de la planificación del espacio. Pero, si suspendemos momentáneamente la atención al objeto de la planificación en ese momento —la ciudad— y nos detenemos a estudiar sus mecanismos, encontraremos en ellos similitudes sustanciales con los que caracterizan a las leyes de cercamiento que acabamos de analizar. En particular, la forma parlamentaria de cercamiento adelanta algunos de los rasgos centrales de la planificación, tal y como llegará a institucionalizarse hacia principios del siglo XX:

Merece la pena rastrear estas experiencias históricas y los distintos vectores que apuntan para alcanzar una comprensión más profunda de nuestra disciplina. La genealogía de la planificación podría ser bastante más compleja y menos directa de lo que las historiografías convencionales han hecho creer. En particular, existen toda una serie de indicios que sugieren que la geografía y evolución temporal de esas nuevas formas de gobierno del espacio social podrían ser intrincadas y heterogéneas; muy lejanas, en todo caso, al nexo urbano-industrial que ha alimentando la identificación de los orígenes de la planificación en el cambio del siglo XIX al XX. Si esta hipótesis fuera válida sería preciso revisar las narrativas y discursos que han presentado la planificación como un conjunto de técnicas benefactoras y progresistas[85]. En efecto, si consideramos el enclosure parlamentario y otros modos de ordenación del territorio alejados de la ciudad como formas efectivas de planificación espacial previas a la aparición del reformismo decimonónico, entonces estamos obligados a enfrentarnos al carácter desposeedor que podría residir en el origen de la planificación. En particular, debemos dilucidar la dialéctica por la cual esas nuevas formas de planificación reglada desde arriba se imponen a y desintegran los mecanismos de planificación colectiva de base local que les precedieron.

Pero ¿cómo justificar ese salto narrativo, ese quiebro temporal y espacial/escalar en el discurso convencional de la historiografía? Hay dos importantes sustentos teóricos para fundamentar este acercamiento alternativo. El primero confirma la pertinencia del cambio temporal que planteamos: ¿por qué buscar el origen de la planificación espacial antes del XIX? Si, como estoy sugiriendo, prestamos más atención a las formas de gobierno y menos a su objeto, encontraremos valiosos indicios de que este retroceso es necesario en los cursos que Michel Foucault impartiera en el Collège de France, especialmente los correspondientes a los años 1977-8 (Seguridad, territorio, población) y 1978-9 (Nacimiento de la biopolítica)[86]. En ellos Foucault nos habla de un desplazamiento paulatino de las formas de gobierno durante la época clásica. Al ‘territorio’ —elemento privilegiado de gobierno en las sociedades anteriores al XVIII— se añade ahora la ‘población’ como nuevo foco de atención que hará pivotar a los estados aún en formación hacia los modernos regímenes biopolíticos[87]. Espacio y sociedad se funden así en un nuevo horizonte de gobierno; las producciones estratégicas del espacio social que veremos madurar en la planificación urbana de finales del XIX y principios del XX están ahí in nuce.

La población entra en la perspectiva de las instituciones bajo una nueva forma —como cuerpo social compuesto de distintas clases y estratos— y es interiorizada en las lógicas de gobierno a través de una nueva dinámica: la reproducción social. Ahora no se trata sólo de mantener un pueblo fuerte, saludable y numeroso para proteger el territorio nacional en la guerra; se trata también, cada vez más, de reconfigurar la estructura social para adecuarla a las demandas de las nuevas formas económicas. La creciente regulación de los procesos de reproducción social dará lugar a una nueva gubernamentalidad, una nueva racionalidad de gobierno, con un ejercicio cada vez más sofisticado de ‘conducta de la conducta’[88]. Esta lógica de gobierno emergente construirá nuevas tecnologías, es decir, entramados, acoplamientos jerarquizados de técnicas entre las cuales los mecanismos de regulación del espacio y sus actividades —e, indirectamente, de los grupos sociales que los habitan y despliegan— van a jugar un papel cada vez más importante[89]. Sería razonable, por tanto, encontrar en los siglos-umbral de este período —entre el XVII y la primera mitad del XIX— una paulatina proliferación e innovación de técnicas de mediación espacial en las relaciones sociales. Foucault habla, como de costumbre, de la Francia metropolitana de esa época, pero como hemos visto hay motivos suficientes para rastrear esas lógicas de producción de nuevos territorios en otras geografías y en otras escalas.

La segunda articulación de nuestro giro historiográfico se produce en torno a la escala de los espacios considerados y su sustento teórico se dispersa en una serie más amplia de intervenciones. El propio Foucault presta en sus cursos especial atención a las dinámicas de producción de territorios, es decir, a la creciente necesidad que los gobiernos de la época tenían de conectar las ciudades —universos hasta ese momento relativamente ensimismados— a redes de circulación regional y nacional más amplias[90]. Henri Lefebvre había reclamado también esa visión global, tan propia de la geografía, desde sus primeras investigaciones de sociología rural. Para él los procesos de cambio social, incluso si eran estudiados en el ámbito de una ciudad o una comarca, eran el resultado de conexiones globales más amplias en el espacio y el tiempo, que debían ser rastreadas para comprender las producciones del espacio local[91]. De modo similar y más recientemente Doreen Massey, en su polémica contra la corriente de los place studies y los particularismos militantes, ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de mantener una visión global del lugar, del régimen de flujos y relaciones exteriores que produce y regula esos espacios aparentemente cerrados en sí mismos a los que atribuimos el nombre de ‘comunidades’[92]. De modo que no basta con estudiar la ciudad: la historia de la planificación debería estar inscrita en una más amplia y comprehensiva historia de los territorios. ¿Qué beneficios, qué argumentos alternativos pueden derivarse de ese giro en el discurso? Sin duda un entendimiento más profundo de los motivos y fuerzas que impulsan los desarrollos en las técnicas de ordenación territorial; necesitamos por ello un sentido global de las formas de gobierno del espacio social.

Esta ampliación del horizonte nos permite comprender la articulación del enclosure —y su tarea de eliminación de la autogestión local y las economías comunales— a una lógica global más amplia. La dinámica, en realidad, no es específica de este fenómeno y puede rastrearse en otros muchos episodios de la historia de la planificación[93]. Esta lógica se caracteriza por la aparición de movimientos de competencia por los que determinadas agencias locales, regionales o nacionales —a través de sus clases dominantes— amplían la escala de sus actividades económicas o su posición de poder, elevándose a una posición más alta en la jerarquía de fuerzas regional, nacional o internacional. En nuestro caso, el parliamentary enclosure, con todo su potencial de reterritorialización, recodificación y doblegamiento de las resistencias locales, supuso la innovación necesaria para asegurar el proyecto gentry de asalto al comercio internacional de grano y manufacturas que Inglaterra comenzó a perfilar desde finales del XVII[94]. Desde ese momento la nación intentó reforzar su presencia en el mercado internacional, en primer lugar haciéndose hegemónica en el Báltico frente a los principales suministradores de grano —Polonia, Prusia y Rusia— y al dominio en la distribución de Holanda; después, arrebatando a ésta su liderazgo en el intercambio internacional[95]. Podemos imaginar con facilidad la presión que estos procesos proyectaron sobre la campiña inglesa y sus habitantes. Las formas de vida y reproducción social del agro debían adaptarse a la nueva situación por “interés nacional”, con independencia de las repercusiones. Si era necesario barrer con las viejas instituciones comunales y sus obstáculos a la ‘gran transformación’ en ciernes, debía hacerse sin contemplaciones: «no pretendo decir que no puedan surgir algunas desventajas locales», comentaba un observador coetáneo, «pero éstas son insignificantes y limitadas como para merecer atención, y aún menos para impedir el progreso de una mejora del mayor interés nacional»[96]. Algunos escritos de la época sobre el enclosure y las mejoras agrarias dan testimonio explícito de su articulación a estas pugnas internacionales: la búsqueda de la hegemonía en el comercio marítimo, el aumento del output cerealero e industrial y la producción ampliada de una fuerza de trabajo dependiente del salario a partir de la desposesión de los lower orders de la población aparecen conectados a la extinción de las tierras y derechos comunales por el cercamiento[97].

De manera que, vista a través de este filtro, la planificación espacial —y en concreto el enclosure parlamentario— se presenta como una de las técnicas que hacen posible la puesta en marcha de un proyecto hegemónico determinado, a menudo incluido en un horizonte político o económico de escala superior al ámbito que será objeto de regulación. ¿De qué forma contribuye la planificación a ese proyecto? Trasladando a los espacios locales toda una serie de solicitaciones trazadas desde arriba, un conjunto de nuevas regulaciones y codificaciones que, con frecuencia, exigen la extinción de buena parte de las formas de vida y organización social precedentes. En ese sentido, pues, hablamos del status desposeedor implícito en la lógica de la planificación espacial, elemento que puede medirse en relación directa al grado en que las técnicas se dejan interpelar por sucesivas hegemonías sociales históricas.

Las recientes formas de eliminación de capitales sociales y de desposesión de bienes comunes han empujado a numerosos autores a tratar los nuevos enclosures como un elemento central en los procesos de neoliberalización. De la mercantilización del código genético[98] a las agresivas reformas agrarias en los países del tercer mundo para la penetración de las multinacionales de la agroindustria[99], de la monopolización de los derechos de propiedad intelectual[100] a la creciente privatización del espacio público en las ciudades[101] y el asalto a los servicios sociales básicos… se está tejiendo toda una red de nuevos ataques a los comunes, mostrando que esta lógica dista de ser un episodio cerrado de los albores de la acumulación primitiva; la desposesión, por el contrario, parece inscrita en el mecanismo evolutivo del capitalismo[102]. En oposición a estas dinámicas se levanta un archipiélago de luchas para recuperar los bienes comunes y devolverlos a un régimen de autogestión colectiva, seguidas de los correspondientes discursos, crónicas y manifiestos[103].

La aproximación que he desarrollado pretende ser un elemento más en la construcción de una narrativa regresiva-progresiva para legitimar la reapropiación de los comunes a través de uno de sus fósiles sociológicos. Tomando el método regresivo de Marc Bloch —contar la historia desde el presente al pasado, lire l’histoire à rebours[104]— y proyectándolo hacia el futuro en un sentido productivo, Henri Lefebvre sugirió el método regresivo-progresivo como momento necesario en toda teoría social crítica[105]. Su adopción permitiría no sólo explicar la historia desde la perspectiva de nuestro presente, de nuestras inquietudes, contradicciones y necesidades (proceso regresivo) sino volver desde el pasado hasta nuestros días explicando su desarrollo en el contexto de estructuras más amplias (proceso progresivo). En definitiva, explicar cómo el presente ha llegado a ser posible (un momento histórico) y sugerir, al mismo tiempo, otros futuros posibles (un momento político)[106]; o, en palabras de Michel de Certeau, rescatar «aquello que en un momento dado se ha convertido en impensable para que una nueva identidad pueda ser pensable»[107].

En Inglaterra la planificación autogestionada de los usos del suelo a nivel parroquial, las regionalizaciones cotidianas a las que daba lugar y los derechos comunales y formas de vida independientes que soportaban fueron parte de esas realidades condenadas al olvido, desterradas del campo de lo posible por sucesivas oleadas de enclosure y, especialmente, por el cercamiento parlamentario. La atención de los historiadores progresistas a esas formas de vida y a los procesos de extinción del derecho comunal ha evitado la amnesia absoluta acerca de estas reliquias del pasado, pero el estudio de las instituciones que las sustentaban y hacían posibles ha sido mucho más limitado. Parece, sin embargo, que en ellas pueden residir indicios de la problemática de los cauces y modos de autogestión local del espacio y los recursos comunes que podrían servir de referente para los esfuerzos actuales por desarrollar formas de gobierno alternativas. Con todo, es preciso evitar idealizaciones simplistas — un defecto frecuente en las recuperaciones históricas del activismo más voluntarista. Hay evidencias suficientes de que las comunidades rurales de la Inglaterra en transición del feudalismo al capitalismo estuvieron sujetas a ese munus, esa deuda original que Roberto Esposito ha identificado como sustancia irreducible de los verdaderos lazos comunitarios[108]. Sin embargo también hay indicios de que el andamiaje de esa deuda hacia el próximo se apoyaba más en el pragmatismo —evitar el desorden social, reducir las cargas del régimen de ayudas locales a los pobres— y el conservadurismo que en una ética colectiva; en todo caso era la costumbre y sus instituciones —y no una vocación política proyectada hacia el futuro— las que preservaban derechos que contribuían al sostenimiento de los más humildes.

Esta configuración hace, si cabe, más compleja la apropiación de la memoria de los comunes y supone un reto para los proyectos de autogestión contemporáneos, específicamente en su dimensión espacial. Los comunes no eran un bien abierto a la abundancia y el consumo desregulado. Eran, por el contrario, un proceso de administración constante de los recursos, de negociación cotidiana asentada en la costumbre. También eran, a menudo, un espacio excluyente que impedía el acceso a los ajenos a la comunidad. Esta administración permitía a los más humildes una libertad relativa respecto a las nuevas formas de trabajo asalariado, pero estaba sustentada en un sistema de límites, de cierres relativos y dinámicos, materializado en ordenanzas, en una ordenación específica del espacio social. Los comunes y su gestión colectiva en la transición del feudalismo al capitalismo en Inglaterra no son, por tanto, un espejo en el que puedan reflejarse, sin más, las luchas contemporáneas. Más bien son un retrato del pasado que debemos rememorar para identificar aspiraciones comunes, pero también para medir nuestros retos y evitar nuevas contradicciones.

[108] Esposito, 2003.

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Edición electrónica del texto realizada por Jenniffer Thiers.

Ficha bibliográfica:

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