Conflictos por los recursos y el territorio en Patagonia Norte. Un caso de estudio en un área entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y la cuenca del río Ñirihuau (Argentina)

CONFLICTOS POR LOS RECURSOS Y EL TERRITORIO EN PATAGONIA NORTE. UN CASO DE ESTUDIO EN UN ÁREA ADYACENTE AL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI Y LA CUENCA DEL RÍO ÑIRIHUAU (ARGENTINA)

Guido Galafassi
CONICET / Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
ggalafassi@unq.edu.ar

Conflictos por los recursos y el territorio en Patagonia Norte. Un caso de estudio en un área entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y la cuenca del río Ñirihuau (Argentina) (Resumen)

El objetivo de este artículo es exponer un caso de estudio sobre la problemática compleja que surge a partir de un conflicto por tierras y por un proyecto de explotación de recursos naturales (hidrocarburos) en la cuenca del río Nirihuau lindante con el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la región cordillerana de la provincia de Río Negro. Estos conflictos, con procesos de movilización y protesta, han tenido como protagonistas tanto a “huincas rebeldes” como a organizaciones de pueblos originarios.

Conflicts Over Territory and Natural Resources in North Patagonia. A case study about the Ñirihuau River Area (Nahuel Huapi National Park, Argentina) (Abstract)

The aim of this paper is to present a case study that analyzes social conflict related to land appropriation and an oil extraction project in the Ñirihuau River area bordering Nahuel Huapi National Park. This social conflict involves a Mapuche organization and some urban ecological and human rights social movements.

La historia de la Patagonia argentina representa en parte una historia en donde la disputa por el territorio tuvo un papel destacado. Los pueblos originarios -y su patrón de ocupación y utilización de los recursos- primariamente asentados en la región terminan siendo paulatinamente reemplazados (vía exterminio, reducción y en parte también integración) para instalarse en forma paulatina un nuevo patrón de ocupación y utilización de los recursos bajo el principio fundamental del mercado. Esta, llamada por muchos, “expropiación” se materializó a través de diversas etapas de luchas y disputas con características diferentes pero que lejos de haberse terminado llegan hasta el presente. La llamada “civilización”, utilizando diferentes estrategias fue acorralando a los pueblos mapuches, tehuelches, onas, yamanas, etc, hasta que hacia fines del siglo XIX la balanza se inclinó decididamente a favor de la primera. A partir de la “campaña al desierto” (1879), el territorio deja de ser el soporte de relaciones comunales y pasa a ser un mosaico de espacios de ocupación y productivos variables en donde la propiedad privada (de la tierra y de los recursos) comienza a ser el principio rector fundamental, si no casi único. El patrón de ocupación y utilización del territorio es ya definitivamente aquel orientado hacia el beneficio y lucro privado a partir de la explotación de los recursos naturales que pasan a ser considerados nada más que insumos del ciclo productivo, que se cierra en la mayor parte de los casos, fuera de la propia región patagónica. Desde los inicios del siglo XX, la ganadería extensiva en grandes extensiones primero y la extracción de hidrocarburos después son dos de los rubros clásicos del modo de ocupación y explotación de las tierras patagónicas.

Pero a pesar de la victoria contundente de la civilización de mercado por sobre los pueblos originarios, estos últimos al no desaparecer nunca físicamente como pueblos, nunca tampoco olvidaron su lucha y por lo tanto, si bien en una expresión mínima, los conflictos por la tierra y sus recursos se renuevan diariamente a lo largo de todo el territorio patagónico, encontrando últimamente junto a la lucha de los pueblos originarios a muchos sectores críticos de la llamada “civilización” que consideran el accionar del capital respecto al territorio como una simple estrategia de saqueo y despojo y que a partir de diversas formas de organización colectiva se movilizan para protestar y denunciar. Muchas veces la coincidencia de objetivos entre estas distintas organizaciones es casi total, otras veces en cambio, las resistencias y protestas de los pueblos originarios y estas organizaciones de “huincas rebeldes” corren por carriles separados. La ecuación se vuelve más compleja cuando entra a formar parte de la trama una contradicción propia del sistema como es la contraposición entre una lógica de explotación y una lógica de conservación, ambas llevadas adelante por el propio Estado más la participación correspondiente de capitales privados.

El objetivo entonces de este trabajo será caracterizar un caso reciente de conflicto (año 2008) en un área lindante al Parque Nacional Nahuel Huapi y sobre la cuenca del río Ñirihuau, en la región cordillerana de la provincia de Río Negro (Argentina). Aquí se ha dado un proceso complejo de disputa por el territorio junto a un conflicto por un proyecto en marcha de explotación de petróleo, en donde además de las autoridades del Parque Nacional han intervenido diversos movimientos y organizaciones sociales de “huincas” más organizaciones de Mapuches, una de ellas protagonista directa de los conflictos bajo estudio.

Patagonia: consideraciones introductorias sobre tierras, petróleo y capital

El apropiarse de las tierras patagónicas fue el objetivo fundamental de las clases dominantes a fines del siglo XIX. El Estado, ya tempranamente a través de la “campaña al desierto”, se puso al frente de este objetivo. Al proceso de arrinconamiento/inclusión de las poblaciones mapuches, tehuelches, onas, etc., por parte de los poderes constituidos de la naciente Argentina, y a la apropiación de lo que eran sus tierras[1], le sigue un proceso de ocupación de tipo disperso y con escasa planificación apuntando fundamentalmente a la construcción compleja de la frontera[2], sin dejar de mencionar que incluso antes de este proceso de fronterización la Patagonia cordillerana comenzó a ser ocupada por colonos que provenían del otro lado de la cordillera, en lo que hoy es la república de Chile[3].

La ocupación para la colonización “argentina” de la región estuvo fundamentalmente ligada a las campañas militares[4]. Cuando las necesidades exportadoras comenzaron a aumentar, se hizo necesaria una ampliación de los territorios dedicados a la ganadería. Así, en la segunda mitad del siglo XIX al aumentar el mercado internacional la demanda de materias primas y alimentos, Argentina se insertó más decididamente en él, razón por la cual necesitó internamente de una rápida ampliación de sus fronteras. La obligada estrategia de utilizar las tierras más fértiles de la Pampa Húmeda para la producción de carne y cereales determinó llevar la producción de lana a territorios marginales, pero que eran igualmente aptos para la ganadería ovina[5]. Por lo tanto, detrás de la publicitada justificación ideológica de superar la barbarie para instalar definitivamente la civilización y el progreso, se escondía el objetivo concreto y palpable de ocupar y “conquistar” nuevas tierras para dedicarlas a la producción y poner un punto final a la sangría que significaban los malones indios al capital de los estancieros pampeanos[6]. Estado y Capital entonces se avinieron una vez más, para emprender la tarea “civilizatoria”, expresión tan cara a la élite gobernante de aquellos tiempos y que tuvo en la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie a su principal argumento movilizador. El golpe de gracia fue dado por Julio Argentino Roca en 1879, y para esto se contó con la llamada “Ley de Empréstito” nº 947 de 1878, a través de la cual el Estado se endeudó para financiar las campañas militares, otorgando títulos públicos al capital privado, para finalmente devolver lo adelantado por medio de la cesión de las tierras conquistadas. Un claro y contundente ejemplo renovado de las características de despojo y desposesión presentes en la llamada “acumulación originaria” a partir de una perfecta sociedad entre Estado y Capital y que hoy vuelve a ser repensada desde distintos ámbitos académicos[7]. Un contundente proceso de apropiación privada de los recursos y el territorio se concretó de inmediato, echando por tierra la tradicional relacional comunal que los pueblos originarios tenían con la tierra y determinando de esta manera la larga agonía de estos pueblos al aniquilar su base social de sustentación. Fue el sencillo precio a pagar para incorporar total y definitivamente la última región de la República Argentina al modo de producción capitalista. La necesidad entonces de extender la frontera agropecuaria hacia tierras menos favorecidas y al mismo tiempo no controladas por el poder, más la inversión especulativa en tierras definió el modelo de expansión territorial con baja densidad de población, característico de la ocupación de la Patagonia; “el agente de ocupación, si lo hubo, fue el ganado y no el hombre”[8]. El latifundio entonces, surgido a partir de la alianza, indispensable desde el punto de vista del éxito de mercado, entre Estado y Capital fue y es el amo y señor del patrón de asentamiento, apropiación y uso del territorio en la región Patagónica.

De esta manera, territorio y recursos naturales fueron rápidamente puestos en valor. La meseta se construía a partir de estos inmensos latifundios para la producción lanar a lo que se sumó más tarde el descubrimiento de los hidrocarburos que trajo un desarrollo concentrado muy fuerte y punzante, pero reducido a unas pocas áreas de “enclave”[9]. La región andina en cambio, comenzó posteriormente a ser parcialmente visualizada y valorizada como dadora de un recurso paisajístico que para la oligarquía permitía llenar un vació que pudiera completar el modelo de cultura europeo que venía construyendo[10]. La creación de los primeros Parques Nacionales, hacia los inicios del siglo XX; fue pensada justamente en términos de espacios donde en base a un sustrato preexistente era posible elaborar jardines de tipo “alpino” que imitaran el modelo deseado. Este recurso paisaje es hoy revalorizado y disputado nuevamente por el capital internacional.

Como se mencionó, la exploración y extracción de hidrocarburos fue uno de grandes ítem de producción en las tierras patagónicas, que comenzó a desarrollarse unas pocas décadas después de su ocupación definitiva por parte del Estado-Nación moderno. El descubrimiento “oficial” del petróleo en Argentina está registrado para el 13 de diciembre de 1907, cuando dos operarios que buscaban agua en Comodoro Rivadavia se encontraron con napas de petróleo[11]. Sin embargo, fue recién con la creación de YPF en 1922 (bajo la dirección del Gral. Mosconi) cuando el Estado toma un papel activo en todas las fases del mercado petrolero, desde la extracción al refinamiento hasta la comercialización de los derivados. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una empresa estatal que creció y se expandió rápidamente bajo el supuesto de “recurso estratégico” que pronto se le asignó al petróleo[12]. YPF fue la primera empresa petrolera estatal integrada verticalmente del mundo[13]. Así como en otros países latinoamericanos (y más actualmente del resto del Tercer Mundo), el petróleo pasó a ser un recurso conflictivo, y la ecuación Hidrocarburos-Estado-Capital llegó a interferir en más de una oportunidad en la conformación y el mismo devenir de distintos gobiernos, definiendo para el caso argentino una situación de equilibrio en permanente conflicto respecto a la relación entre lo estatal y lo privado. Durante la dictadura instalada en 1976 se avanza en el camino de la privatización total para concretarla totalmente en la década de 1990con importantes impactos incluso a nivel territorial[14]. Lo más importante de todo este proceso, y aquello que justamente lo emparenta con la lógica de la acumulación originaria[15], es el cambio de estatus dado a los hidrocarburos: de su valoración –relativa- como recurso estratégico se lo pasa a considerar plenamente como un simple commodity más, regulado por lo tanto, en base exclusiva a las leyes de la oferta y la demanda. La crisis económica y social en la que se vio envuelta la comunidad de Cutral-Co – Plaza Huincul a mediados de los años ´80 con motivo de la privatización de YPF[16] constituye un claro ejemplo de los objetivos casi excluyentes de las políticas de apertura económica y mercantilización de la sociedad.

Esta política iniciado en los ´90 parece mantenerse intacta en la actualidad. Vale como ejemplo referirnos a la prórroga hasta el 2047 de una concesión que vence en el 2017, del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que tiene el 25% de las reservas de crudo del país. Se trata del yacimiento del “Cerro Dragón”, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 Km. de Comodoro Rivadavia, que es explotado por Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y Bridas. En el marco del proceso de provincialización de los recursos del subsuelo, que fue legitimada durante el año 2007 con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319), llamada ´ley corta´; se viene ejerciendo lamentablemente una gestión de las explotaciones hidrocarburíferas con una regulación laxa del manejo de las mismas, quedando a criterio de los grupos hegemónicos de cada provincia con que criterios enmarcar los negocios maximizando ganancias rápidas y descuidando la preservación del recurso[17].La prórroga de la concesión del yacimiento del Cerro Dragón, diez años antes de su vencimiento, significa ceder su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del yacimiento según distintas estimaciones[18]. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma de La Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000[19].

Como decía, en los últimos años del siglo XX y en lo que va del actual siglo XXI, los procesos de concentración de tierras, unidos en parte al creciente desarrollo del turismo de alta gama en base a una importante valorización de un paisaje en estado todavía “natural”; más el “cercamiento” para el saqueo de recursos naturales o para la especulación inmobiliaria, aparecen con fuerza de la mano de capitales concentrados con la anuencia de los diversos niveles del Estado en un entramado característico de desarrollo geográfico desigual que compartimentaliza el territorio[20]. En Chubut, por ejemplo, el 30 por ciento de los productores agropecuarios con más de 2.500 hectáreas concentra el 90 por ciento de la superficie. La región cordillerana, rica en agua, paisajes y recursos forestales es uno de los renovados “cotos de caza” inmobiliarios, a la que se suma la ya tradicional estepa con su predominancia histórica de latifundios. En esta última, el caso más emblemático y fuertemente denunciado y resistido por diversas organizaciones sociales y movimientos mapuches, es el caso del grupo empresario italiano Benetton. Este grupo posee alrededor de 900.000 ha. en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, dedicadas en su gran mayoría a la cría de ovejas para la producción de tejidos. El Estado ha sido indirectamente el gestor primero y el legitimador después de este latifundio. En 1891, el estado dona estas 900.000 ha. a diez familias inglesas que formaron la Compañía Tierras del Sud Argentino convertida más tarde en Sociedad Anónima. Un siglo después esta propiedad fue adquirida por Benetton. Otros nuevos propietarios, denunciados también reiteradamente por distintas organizaciones sociales y que vienen manteniendo diversos conflictos con campesinos, indígenas y otros pobladores, son Joe Lewis (ex dueño de Hard Rock Café y propietario de las tierras que rodean al lago Escondido en el suroeste de Río Negro, a partir del cual se generó un conflicto por la “servidumbre de paso”); Ted Turner (accionista de TNT, CNN, HBO y Warner Brothers, conocido también por los conflictos en un área clásica para la pesca deportiva como es el río Traful); y los empresarios George Soros; Perez Companc, Amalita Lacroze de Fortabat; más el empresario televisivo Marcelo Tinelli en conflicto por tierras con comunidades mapuches debido al proyecto de Complejo turístico Trafipan 2000 (de 2500 ha.) en cercanías de la ciudad de Esquel[21].

El papel del Estado es fundamental a la hora de legitimar estas apropiaciones o su reverso, el evitar o dificultar que campesinos e indígenas puedan acceder a la tenencia de la tierra. Los procesos de municipalización, en el contexto actual del auge del llamado “desarrollo local”, han incrementado las posibilidades de ejercer un manejo discrecional y arbitrario de las tierras públicas. Según Gustavo Macayo, abogado defensor de varias causas en la zona, “los municipios se están convirtiendo en grandes inmobiliarias porque hay un movimiento muy importante de transferencia de tierras desde la provincia a los municipios” por lo tanto “una vez que la tierra pasó a depender del intendente no hay control ni legislación provincial, por eso se les venden las tierras a los propios indígenas contrariando lo establecido en la Constitución Nacional”[22].

Un elemento clave entonces es la lucha que las comunidades de pueblos originarios remanentes luego de la Conquista al Desierto vienen llevando adelante por la sobrevivencia y la restitución de lo que ellos consideran como su tierra legítima. La multiplicación de los conflictos a todo lo largo del siglo XX hizo que estos pueblos originarios patagónicos fueran generando una fragmentada infinidad de organizaciones de lucha a través de las cuales pudieran potenciar sus reclamos[23]. Pero claramente no puede ser entendida esta disputa entre culturas y civilizaciones en términos maniqueos. Los así llamados “procesos de etnogénesis suponen procesos de construcción y disputa de hegemonía que involucran “luchas de clasificación” en las cuales los agentes poseen desigual capital cultural, social y político para imponer las denominaciones y sus significados asociados”[24]. Si las diferencias y contradicciones está presentes entre iguales culturales mucho más tendrán vigencia entre integrantes de culturas diversas[25], apareciendo claramente la violencia cuanto esta diferencia toma la forma de un proceso de dominación[26].

Varios autores vienen debatiendo sobre lo que se consideran las demandas centrales de los pueblos originarios, que estarían constituidas por la autonomía, el territorio, el desarrollo cultural y el reconocimiento como pueblos[27]. Gran parte de estos reclamos quedaron invisibilizados durante décadas, hasta que en los últimos años ganaron fuerza pública debido, por un lado, a la multiplicación de protestas y procesos de movilización de pueblos originarios en toda América Latina y ,por otro, a la emergencia de otras demandas y conflictos, como por ejemplo aquellas asociadas a los grandes proyectos de intervención sobre el territorio que terminan afectando y sensibilizando no solo a las comunidades de los pueblos originarios[28] sino también a importantes sectores de las poblaciones de origen urbano y occidental (“huincas”). En este contexto de conflicto los pueblos mapuches y tehuelches han venido desarrollando, en muchos casos, diversas experiencias de movilización y reivindicación que, como se dijo, se están articulando en diferentes niveles con organizaciones y movimientos sociales –no indígenas- en lucha, articulando así con otros principios reivindicativos que muchas veces van más allá de de la reivindicaciones inmediatas de estos pueblos originarios[29].

Pero estos movimientos y organizaciones integrados por distintas fracciones de los pueblos originarios, parten desde sus acervos culturales particulares reivindicando su identidad étnica “no huinca” y conformando movimientos de protesta y lucha en pos de la defensa de sus derechos, siendo el derecho a la tierra el fundamental y más básico, tanto por su reivindicación histórica como por lo primordial que significa la estabilidad y calidad del asentamiento para el desarrollo de sus vidas y sus comunidades. Pero la tierra consta de un doble componente, por un lado un componente “material” y por el otro aquel que actúa como aglutinante de su propia identidad como pueblo. Es así que más que hablar de tierra para el caso de los pueblos originarios es que se habla de “territorio”[30]. Pero territorio además implica el apelar a un concepto complejo que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo del pensamiento socio-espacial. El territorio condiciona y posibilita procesos geo-históricos, a la vez que resulta condicionado[31]. Es decir que se parte de considerar una relación dialéctica en donde intervienen tanto componentes físicos como socio-históricos. De esta manera, el territorio no puede ser considerado como un simple soporte o escenario sino que representa una construcción social sobre un componente natural que sintetiza la lógica o las lógicas en disputa de los diferentes sujetos sociales, tal como lo define Santos[32] al sostener que el territorio es un campo de fuerzas de aceleración desigual en el cual no todos los agentes sociales participan con igual poder La cultura y la producción inciden directamente sobre la configuración territorial a su vez que las características del territorio posibilitan un tipo u otro de ocupación y transformación del mismo. Y para el caso bajo estudio, la identidad cultural despliega toda su fuerza, por cuanto todo el conjunto de reivindicaciones mapuches descansa fuertemente sobre una noción de territorio que es inseparable de su propia identificación como pueblo. Con esta concepción de territorio se trabajará en este escrito intentando reflejar las distintas aristas del conflicto que surgen al entrar en disputa intereses distintos y desiguales alrededor de una porción del espacio[33].

Conflictos sociales en la cuenca del Ñirihuau y el Parque Nacional Nahuel Huapi

La donación de tierras efectuada por el Perito Francisco Pascasio Moreno el 6 de noviembre de 1903, constituye el núcleo sobre el cual se crea -en el año 1934- el Parque Nacional Nahuel Huapi (ver fig. 1). Este Parque Nacional se encuentra ubicado en tierras del sudoeste de la Provincia de Neuquén y el noroeste de la Provincia de Río Negro y abarca una superficie de 705.000 hectáreas.

Según la propia institución de Parques Nacionales , el Parque Nacional Nahuel Huapi posee un alto valor ecológico y paisajístico, protegiendo una extensa área representativa de la región andina del norte de la Patagonia. Resguarda muestras de tres unidades naturales: altoandino, bosque andino-patagónico -incluyendo sectores de selva valdiviana y de bosque de transición-, y estepa patagónica[34].

El límite sudeste del Parque está formado por el río Ñirihuau que, en conjunto con varios de sus afluentes, conforma una cuenca secundaria que volcará sus aguas finalmente en el propio lago Nahuel Huapi, que da nombre al Parque. Es esta región del río Ñirihuau la que se ha visto envuelta en los últimos años en una serie compleja de conflictos sociales, en donde el territorio y los recursos naturales fueron los principales motivos de la disputa. Tanto organizaciones de pueblos originarios como distintos movimientos sociales y ONGs urbanas se vieron envueltas en los procesos de movilización y resistencia. El reclamo por el derecho a la tierra mapuche, un nuevo proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera y la presencia de un Parque Nacional fueron los ingredientes particulares alrededor y a partir de los cuales se fueron sucediendo y superponiendo los conflictos.

En febrero del año 2008, el gobierno de la provincia de Río Negro finalmente concesionó 7 nuevas áreas de exploración hidrocarburífera pertenecientes a las cuencas Neuquina, Colorado, Somuncurá y Ñirihuau (ver fig. 2). Estas concesiones forman parte del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial iniciado en mayo de 2006, con el cual iniciaron una serie de rondas licitatorias hasta mediados de 2008, con el objetivo expreso “de atraer inversiones”. Se ofrecieron en total 20 áreas: la mayor parte de las cuales pertenecen a la Cuenca Neuquina (única productiva hasta el momento) incorporándose áreas de nuevas cuencas inexploradas hasta ese momento, Colorado, Somuncurá y Ñirihuau.

Este plan no estuvo para nada exento de una las máximas del proyecto neoliberal, que es dar la máxima seguridad jurídica y económica a las inversiones de capital. Así, un nuevo sistema de incentivos para recupero de inversiones en áreas petroleras es parte de este programa de exploración-explotación:

Y por otro lado, es necesario considerar que tanto la propia Cuenca de Somuncurá como también la de Ñirihuau se encuentran emplazadas por debajo del Área Protegida Meseta de Somuncurá, un territorio de gran importancia por su biodiversidad y por reservas subterráneas de agua dulce. Además, la cuenca Ñirihuau, que se extiende por territorios de las provincias de Río Negro y Chubut, se ubica a unos pocos kilómetros del Parque Nacional Nahuel Huapí y dentro de la recientemente creada Reserva de Biosfera Norpatagónica (septiembre de 2006). La cuenca hidrocarburíferas del Ñirihuau tiene una superficie de 5.360 km². De norte a sur se extiende desde el lago Nahuel Huapi hasta Esquel, en Chubut; y de este a oeste va desde una línea que uno Río Chico al norte (Río Negro) y Gualjaina al (Chubut), en el límite oriental, hasta los 71º 30' de longitud oeste. El área actualmente concesionada a la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) YPF S.A.-Pluspetrol comprende 842 km² del departamento Pilcaniyeu (Río Negro).

Para el mismo año 2008, pero en el mes de octubre, más precisamente el día 11, un grupo de mapuches residentes hasta ese momento en los barrios periféricos de la ciudad de Bariloche, inician lo que ellos denominarán como un proceso de “recuperación ancestral de territorio”, instalándose en un predio a orillas del río Ñirihuau y la confluencia con el arroyo Tristeza (a los 41º17´57” S y 71º15´10” O) en un área ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi en su frontera sudeste (a unos pocos Km. al sur del puesto abandonado de Guardaparques del área); para conformar la comunidad Lof Inkaial WalMapu Meu.

Por supuesto que la fecha de inicio de esta movilización-recuperación no fue elegida al azar sino con un sentido muy particular y muy caro a los pueblos originarios, pero a su vez y en este caso, tomando también un leve matiz diferenciador, anunciando quizás desde el comienzo otras diferencias en lo que será el proceso de recuperación de territorio;

Este “recuperar” asume en el caso de esta comunidad unas características también particulares basados en principios que más que con la historia inmediata y con los antecedentes cercanos vinculados a la ocupación de esa área en particular, tiene que ver con un principio de derechos históricos de más largo plazo directamente relacionados con el despojo inicial del cual fueron víctimas las poblaciones indígenas de la Patagonia. Asumen entonces, como un proceso inconcluso, la lucha llevada adelante por las comunidades mapuches en el siglo XIX cuando intentaron frenar el avance de las tropas y el proceso colonizador avalado por la legalidad inherente a la Constitución Argentina.

Es entonces que el rasgo de “recuperación ancestral” dado a este proceso asume un elemento de fundamental particularidad por cuanto en este caso no necesitan remitirse a una presencia inmediata en el territorio, ya sea esgrimiendo que ellos mismos vienen siendo ocupantes de hecho de la tierra o bien que por generaciones, aunque sin títulos, esa tierra fue ocupada por población mapuche. El solo hecho de constituir una porción de territorio en donde históricamente (es decir en el largo plazo de siglos) haya habido alguna presencia indígena es suficiente para argumentar el derecho al “regreso” al territorio. Este derecho al regreso, esta vez haciendo si uso del derecho formal “huinca”, es esgrimido como sostén principal de este proceso de recuperación,

La propia Conquista del Desierto es expresamente desconocida por la comunidad mapuche del Ñirihuau en tanto elemento legitimador de la expulsión definitiva de la población indígena del territorio de la actual Patagonia. Hacen uso del derecho que como pueblo preexistente consideran tener para reocupar un territorio considerado históricamente mapuche, aunque con la salvedad de apelar en este caso sí al derecho proveniente de la sociedad occidental, específicamente a lo establecido en la Constitución Nacional;

El Parque Nacional Nahuel Huapí y la recientemente creada Reserva de Biosfera Norpatagónica (bajo el auspicio de la UNESCO y con acuerdo entre la Nación y las provincias de Río Negro y Chubut) enmarcan ambos procesos vinculados al área del Ñirihuau. El área de la recuperación se encuentra ubicada en el extremo sudeste del Parque y el área concesionada de la Cuenca del Ñirihuau posee su límite noroeste a solo unos pocos kms. de la frontera sudeste del Parque (ver fig. 3). Todo este territorio se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Nordpatagónica.

Pero ninguno de estos “paraguas ambientales” pareciera limitar demasiado el avance de la concesión extractiva, ya que por una lado las Reservas de biosfera

A pesar que la categoría jurídica Parque Nacional, a diferencia de una reserva de biosfera, tiene limitaciones mucho más precisas y estrictas para las actividades económicas dentro y en los alrededores de sus fronteras, las declaraciones del intendente del Parque Nacional Nahuel Huapí, Juan Salguero, no parecieran reflejarlas. En efecto, luego de mostrarse “conforme” ante los detalles dados por el gobierno provincial respecto a la licitud del proyecto extractivo, manifestó que,

Agregó además, con un claro de ánimo de “tranquilizar” a las preocupaciones ante el posible impacto, que

Pero no solo Parques Nacionales se vio involucrado sino también el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia.

No podemos olvidar que las normas ISO son establecidas por entidades cuyo objetivo es el lucro y la actual política de normas ISO ambientales se inscriben claramente en las campañas empresarias de la Responsabilidad Social Ambiental, socias directas de aquellas enroladas en la Responsabilidad Social Corporativa, cuyo único objetivo es hacer más “amigable” al capital frente a la sociedad, dadas las innumerables denuncias de violación a toda norma laboral y ambiental llevadas adelante por grandes corporaciones multinacionales especialmente en los países periféricos. Pero además, las normas ISO de calidad ambiental no aseguran en ningún momento la no afectación del sistema ecológico, tal como lo confirman los múltiples casos denunciados[37].

Las instituciones encargadas de la protección ambiental aparecen también con fuerza en el caso de la recuperación mapuche. Tanto es así que la Administración de Parques Nacionales es identificada por la comunidad mapuche gestora del proceso de recuperación como el “enemigo”. Efectivamente se acusa a Parques Nacionales por la usurpación del territorio originalmente Mapuche, por cuanto es una porción concreta del Parque Nacional Nahuel Huapi aquella que esta comunidad elige para asentarse. Este proceso va claramente en contra de una política iniciada hace unos años por parte de la política oficial de Parques Nacionales en el sentido de establecer mecanismos de cooperación con las comunidades históricamente asentadas dentro de los límites de los Parques que recibe el nombre de “Co-Manejo”. En una clara muestra de rechazo a esta política oficial y en un proceso de denuncia por cuanto se considera a este mecanismo de Co-Manejo como una “treta” para inutilizar la posible fuerza de resistencia y movilización del pueblo Mapuche, es que la comunidad Lof Inkaial WalMapu Meu ha decidido precisamente reinstalarse en una porción de tierra ubicada dentro de los límites de un Parque Nacional;

Un elemento fundamental que aparece claramente es la diferencia que se plantea entre los conceptos de tierra y territorio, más allá de su posible uso en forma indistinta en el discurso o la sintaxis mapuche. La diferencia estriba entre el concepto de tierra de la sociedad de mercado entendida como un simple factor de producción (sostén para el establecimiento y la producción para el mercado) y el concepto de territorio desde el significado mapuche en cuanto un componente esencial en su estructura de vida en tanto pueblo, y como resultado de la unidad entre cultura, producción y vida cotidiana. En la siguiente cita se puede apreciar muy explícitamente esta idea, resumida incluso en un dicho más que elocuente, “con el territorio todo, sin el territorio nada”;

Es tan importante la integración a un territorio en los argumentos de este proceso de recuperación que la ausencia de él es sinónimo de un proceso de alienación y de destrucción no solo de la identidad como pueblo sino incluso de los valores básicos por ellos considerados como pilares de la “gente de la tierra”;

Es la ciudad, en este caso Bariloche, más precisamente sus más que precarios barrios periféricos, el castigo al cual son sometidos y del cual quieren liberarse “volviendo al territorio”;

Esta concepción integral del territorio, concebido como un espacio de vida y no solo como soporte de las actividades del capital, está también presente de alguna manera, aunque con claros matices y diferencias, en las diversas formas de denuncia, protesta y movilización que se generaron como reacción el proceso de exploración y explotación hidrocarburíferas. Varias organizaciones sociales (Asamblea Patagónica por la Vida, Comunidad del Limay, Vecinos autoconvocados Lago Gutierrez, etc), culturales y políticas han comenzado a advertir sobre los peligros que traería para la región la puesta en funcionamiento de estas áreas de extración petroleras. Como ya se ha sostenido, el propio río Ñirihuau, en conjunto con sus afluentes, recorre el área de concesión y termina desembocando en el lago Nahuel Huapi,. Las posibilidades de contaminación de estas aguas constituye un argumento más que sustancial para defender las preocupaciones y propuestas que han comenzado a levantarse. Estas tienen caracteres diversos según la organización o discurso que la sustente, desde advertencias éticas y sociales más globales amparadas en una visión alternativa de sociedad hasta las otras más “inmediatas y sectoriales” surgidas de los grupos que verían afectados sus intereses económicos. Sin embargo y dado el tipo de actividad económica predominante en la zona, los diversos sectores movilizados terminan, aunque mas no sea parcialmente, confluyendo, por cuanto el turismo como actividad económica fundamental se nutre del ambiente como insumo, y necesita por lo tanto cierta “calidad ambiental” para realizar sus ganancias; de ahí cierta confluencia con aquellas posturas que rescatan el ambiente pero como un valor en sí mismo:

Como resultado de antiguas perforaciones se observan derrames de petróleo en la cuenca del río Nirihau. Entre 1916 y 1922 la Compañía Chileno-Argentina realizó las primeras exploraciones en la zona perforando cuatro pozos en el manadero ubicado en las nacientes del arroyo Las Minas que desemboca en el Ñirihuau. Posteriormente la empresa otrora estatal YPF perforó dos pozos a mediados de la década del ´30 – a los que se les adjudica el drenaje de crudo al arroyo por un pozo mal cerrado . Luego fue el turno de empresa La Celina (vinculada a la desaparecida Isaura) quien se hizo cargo de las exploraciones hasta mediados de la década del ‘40. Entre 1982 y 1984 también realizaron estudios Pluspetrol y Esso Argentina (esta última perforó tres pozos más) Finalmente en 1997 la empresa británica Emerald Energy se interesó en la cuenca, sin finalmente hacerse cargo de su explotación.

La adjudicación otorgada en 2008 a YPF-Pluspetrol reconoce un “permiso de exploración y eventual explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos en la provincia de Río Negro”. La subsecretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda en una visita a la cuenca del Ñirihuau, en el año 2008, reconoció que el interés de las empresas en la zona se debería a la presencia de gas debido a que se estima que hay un importante reservorio en la zona[40].

Los vecinos del paraje, todos pobladores que viven mayoritariamente en forma precaria de la escasa producción agropecuaria y, en parte, de actividades colaterales al turismo regional se han opuesto a la adjudicación por cuanto ven que la contaminación por la explotación hidrocarburíferas, puede afectar a sus principales fuentes de ingresos. por el peligro de contaminación terrestre largamente demostrado que trae toda explotación hidrocarburífera. La Defensora del Pueblo Provincial, Ana Piccinini solicitó además una audiencia pública para conocer precisamente la opinión de la población, mientras los concejales de Bariloche emitieron una comunicación al gobernador provincial solicitando que se niegue a adjudicar el área hidrocarburífera ante el rechazo popular por los temores generados respecto al posible impacto ambiental en la región.

El proceso licitatorio fue también demorado ante la demanda penal que realizaron concejales del Frente Grande de Bariloche, demanda que fue finalmente rechazada por la Justicia ordinaria, reactivándose el proceso de licitación.

El conflicto entre la apertura de la cuenca petrolera y la recuperación de los territorios por parte de la población mapushe se ha hecho explícitamente evidente, por cuanto las diversas organizaciones mapuches y el propio lof Inkaial Wal Mapu Meu han condenado abierta y públicamente este proceso licitatorio. Es que según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Argentina, los pueblos originarios deben ser consultados previamente en cualquier tema que una decisión de Estado los afecte. Es así que el Consejo Asesor Indígena (CAI), a través de su coordinación manifestó

El CAI desde su mismo origen viene denunciando lo que, según ellos, sigue siendo un avasallamiento a sus derechos sobre el territorio, a partir de los diferentes emprendimientos forestales, mineros, petroleros. “En su momento puso en discusión al mercado internacional la minería, las tierras – las 5 millones de hectáreas que ellos dicen que son fiscales –, también el caso de la forestación para que se produzca pino en gran escala. Hace poco tiempo la soja y ahora el petróleo” (Chacho Liempe, integrante de la coordinación del CAI)[42].

Por su parte la comunidad mapuche Lof Inkaial Wal Mapu Meu, criticó duramente el proyecto hidrocarburífero en la zona, diferenciándose incluso de las consideraciones que venían realizando los sectores sociales y políticos críticos al proyecto que pedían una audiencia pública,

Es que desde su particular cosmovisión el proyecto petrolero implica una ruptura a su noción integral de territorio; en tanto pueblo mapuche “si somos parte de la tierra" Desde esta persepectiva ellos afirman rotundamente que este emprendimiento

Las relativas coincidencias entre los vecinos del paraje y los integrantes de la comunidad mapuche Lof Inkaial WalMapu Meu se limitaron a la oposición al proceso licitatorio de la cuenca hidrocarburífera. Estos vecinos, pobladores históricos reconocidos por APN jugaron, sin embargo un papel clave en la culminación del proceso de recuperación, por cuanto desde el primer momento, en una serie diversa de acontecimientos confusos y nunca hechos públicos, se opusieron firmemente al proceso de recuperación, a pesar de la intención de la comunidad mapuche de respetar el área de pastoreo tradicional. Según lo poco que se ha podido saber a través del trabajo de campo y las entrevistas, la escalada del conflicto fue subiendo en intensidad llegando a momentos de importante rispidez. Ante el sostenimiento del proceso de recuperación, los pobladores históricos del lugar decidieron conformar ellos también, y de repente, una comunidad mapuche para ser reconocidos por el Estado como tal y gestionar así el reclamo por otra posible vía. El CoDeCi (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) los reconoció en tiempo récord poniéndose rápidamente a su disposición para viabilizar el reclamo de los pobladores históricos en su negativa a admitir el proceso de recuperación.

Finalmente y sin haberse podido recoger ningún detalle más por el hermetismo de los diferentes actores, y ante rumores diversos respecto a diferentes intereses relacionados con el uso de estas tierras del sur del Parque, la comunidad que generó el proceso de recuperación ancestral (Lof Inkaial Wall Mapu Meu) y los pobladores históricos del área convertidos espontáneamente en comunidad mapuche (Lof Weny Ñirihuau) decidieron poner fin al conflicto acordando entre ellos, a mediados de noviembre del año 2008, los pasos a seguir. Esto implicó el retiro del grupo mapuche que realizó originalmente el proceso de recuperación ancestral, quedando supuestamente la defensa del territorio en manos de los pobladores históricos. Vale reproducir integro el comunicado conjunto

Toda América Latina, desde su conquista y colonización por las naciones europeas, fue subdividida en áreas extractivo-productivas según el recurso estratégico presente. Estos territorios complejos fueron mutando y transformándose de acuerdo precisamente a la dinámica del capitalismo en desarrollo global y a los vectores geopolíticos presentes en cada coyuntura particular. Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los recursos; a partir de la constitución de naciones latinoamericanas independientes, fue, y sigue siendo, el comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación de los recursos. En este proceso, los pueblos originarios en tanto ocupantes primeros del territorio resultaron ser un estorbo por cuanto obstaculizaban el uso de las mismas para todos estos proyectos extractivos. Infinitas son las fuentes que destacan el genocidio, la reducción y la marginación como la política seguida tanto desde la colonia como de las luego naciones-estado independientes.

De la mano del proyecto neoliberal y siguiendo la tónica dominante en toda América Latina, la Argentina –luego de su intento de industrialización con sustitución de importaciones vigente aproximadamente hasta los años ´60-´70- se ha transformado en estos últimos 30 años nuevamente en un gran exportador de materia prima proveniente de la explotación de sus recursos naturales, actividad además, cada vez más económicamente concentrada. La Patagonia no ha escapado a este destino, sino que por el contrario ha potenciado este papel histórico, sumando a la producción intensiva de energía, la mercantilización extrema de las tierras públicas o comunitarias que aún quedaban, tanto para especulación inmobiliaria como para emprendimientos diversos ligado a la producción de commodities o el “cercamiento y usufructo privado de paisaje”. Si el petróleo en algún momento constituyó un elemento relativamente promotor de asentamientos poblacionales, hoy en día se ha vuelto un producto exclusivamente ligado a la producción de plusvalía concentrada en muy pocos capitales. Estos renovados procesos de “cercamiento” y de acumulación por la vía del despojo de los recursos conllevan un muy alto nivel de destrucción de las condiciones ambientales, comunitarias y regionales; pero el fuerte carácter de capital transnacional y estacionario de los emprendimientos, hace recaer todas las consecuencias de la contradicción capital-naturaleza sobre las clases con escasos accesos al poder (pueblos originarios, trabajadores, empleados, pequeña burguesía, profesionales, etc.), mientras los capitales concentrados se retiran una vez agotado el recurso (minerales, petróleo, fertilidad del suelo, etc.).

Fue en la década de los noventa, cuando leyes y decretos varios tuvieron como objetivo facilitar el control privado sobre el mercado del gas y el petróleo, creándose por tanto, un mercado libre de petróleo crudo que permitía su libre disponibilidad y libre exportación. YPF se transforma primero en una sociedad anónima con capital abierto, para luego ser definitivamente privatizada en 1992. Como se dijo más arriba, este proceso implicó que el petróleo, de su carácter de recurso estratégico, pasara a asumir un rol de simple commodity regulado por lo tanto, en base exclusiva a las leyes de la oferta y la demanda y olvidándose entonces de cualquier implicancia en un desarrollo planificado a nivel regional y hasta nacional.

El proyecto de apertura del área de explotación hidrocarburífera del Ñirihuau es un claro ejemplo de lo anterior. Situado Como resultado de antiguas perforaciones se observan derrames de petróleo en la cuenca del río Nirihau en un área lindante tanto con el ejido urbano de la ciudad de Bariloche, como con el Parque Nacional Nahuel Huapi, e implicando hasta la zona de El Bolson y sus áreas protegidas, posee un claro perfil de lo que las diversas organizaciones y movimientos sociales de la Patagonia Andina vienen denunciando como saqueo que lo emparenta precisamente con la lógica de la acumulación originaria.

Todo el entramado jurídico normativo fue usado para avalar este proceso extractivo denunciado como saqueo, y es el mismo entramado que condena todo acto de los pueblos originarios que tenga como fundamento el reclamo por su tierra. Paradójicamente la comunidad mapuche estudiada (al igual que muchas otras que están vivenciando conflictos similares) se han valido de este entramado, amalgamado con el uso de derechos ancestrales y humanos en pos de justificar lo que ellos llaman recuperación ancestral. Las comunidades se han valido de los vericuetos y ambigüedades de una legislación contradictoria que ampara los intereses del capital pero que, al mismo tiempo habla de derechos universales (derechos igualitarios en términos de oportunidades). La Comunidad Lof Inkaial Wal Mapu Meu, al desconocer explícitamente la Conquista del Desierto (al igual que algunas otras comunidades mapuches), desconoce en consecuencia el hecho consumado de la violencia armada que fue el origen de la legitimación jurídica que avala, para la “civilización”, la expulsión del territorio y el arrinconamiento en reducciones y espacios marginales. Esta estrategia política se asienta en el hecho de sentirse los legítimos propietarios de las tierras patagónicas, no estando dispuestos casi a ninguna clase de negociación, y así el proceso de recuperación se constituye en una vuelta al territorio del cual ellos consideran haber sido expulsados ilegítimamente. A esto se suma la vecindad del proceso extractivo Ñirihuau que los enfrenta nuevamente al despojo originario por cuanto la negación para recuperar su territorio se vuelve permiso absoluto para su uso por el capital petrolero. Es el proceso de despojo característico de la llamada acumulación originaria -citada al comienzo- el que vuelve recurrentemente a estar presente aún en el mismo siglo XXI, por cuanto los cercamientos, en tanto fragmentaciones y apropiaciones privadas del territorio para uso productivo por parte del capital, se diversifican y recrean en estas latitudes todavía del todo no explotadas por el capital que pretende entonces abrirlas a las innovaciones tecnológicas y los nuevos mercados de materias primas.

[43] Recuperacion Mapuche: "Hay que parar como sea" la explotación petrolífera de Ñirihuau, 15 octubre de 2008, http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=405&Itemid=15.

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Edición electrónica del texto realizada por Jenniffer Thiers.

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