La política de la salud en el pensamiento ilustrado español. Principales aportaciones teórica

LA POLÍTICA DE LA SALUD EN EL PENSAMIENTO ILUSTRADO ESPAÑOL. PRINCIPALES APORTACIONES TEÓRICAS

La política de la salud en el pensamiento ilustrado español. Principales aportaciones teóricas (Resumen)

La actitud abiertamente favorable del pensamiento de la Ilustración hacia las poblaciones numerosas, basada en la creencia de raíz mercantilista según la cual la capacidad de un Estado para obtener riquezas y poder dependía en gran medida de su potencial demográfico, coadyuvó decisivamente a que durante el siglo XVIII la salud y la enfermedad comenzaran a ser conceptualizadas como problemas políticos y económicos que demandaban una gestión pública. En esa centuria, numerosos pensadores ilustrados procedentes de diferentes países de Europa formularon propuestas de intervención en el medio físico y social destinadas a elevar el nivel de salud de las poblaciones, planteando, al mismo tiempo, que la ejecución de tales medidas correspondía al poder político. España no permaneció al margen de esta tendencia general, pues muchos de los pensadores ilustrados de orientación poblacionista que propusieron medidas para reforzar el potencial demográfico del país tuvieron muy en cuenta los problemas sanitarios que afligían a la sociedad de su época, considerando la posibilidad de que el Estado llevase a cabo determinadas actuaciones para mejorar el nivel general de salud y reducir la incidencia de las enfermedades más mortíferas. En este trabajo examinaremos las aportaciones de aquellos autores que, desde nuestro punto de vista, se aproximaron a esta cuestión de una forma más sistemática: Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Cabarrús, Valentón de Foronda, Tomás Valeriola y Vicente Mitjavila.

Health policy in the Spanish Enlightenment thought. Major theoretical contributions (Abstract)

The favorable attitude of Enlightenment thought toward large populations, based on the mercantilist belief according to which as more populous a country is, greater is its ability to obtain wealth and power, contributed decisively to turn health and disease into political and economic problems that required a collective administration. In this century, various European thinkers made several proposals for intervention in the physical and social environment to raise the level of population health, arguing that the implementation of these measures belonged to the political power. Spain did not keep out of this general trend, since many of the Enlightenment thinkers who proposed measures to strengthen the demographic potential of the country had in mind health problems that afflicted the society of his time. These intellectuals considered that State had to carry out certain actions to improve the general standard of health and reduce the incidence of the more lethal diseases. In this paper we analyze the contributions of those Spanish authors whose approaches to this issue were more systematic: Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Cabarrús, Valentín de Foronda, Tomás Valeriola and Vicente Mitjavila.

Durante toda la Edad Moderna, numerosos políticos y economistas europeos reflexionaron sobre cuál debería ser la estrategia gubernamental más adecuada para acrecentar el poder de sus respectivos estados[1]. Lógicamente, cada país ofreció sus propias soluciones al problema, atendiendo a sus particularidades históricas, sociales, económicas, etc. Pero bajo esta diversidad de respuestas es posible encontrar una serie de rasgos homogéneos, entre los que sobresale la atención prestada al factor humano y, más específicamente, al incremento de los efectivos demográficos. Desde el siglo XVI, diferentes voces se alzaron en toda Europa reclamando que se debían adoptar todas las medidas que fueran necesarias para incrementar el número de habitantes, pues según se argumentaba la grandeza de un Estado dependía, en buena medida, de su potencial demográfico. Una población numerosa no sólo significaba más ingresos fiscales para el monarca, sino también mayores niveles de producción y consumo, ideas que Daniel Defoe resumiría sagazmente con su conocida sentencia “the more mouths, the more wealth”[2].

Este tipo de opiniones no sólo fueron expresadas de manera aislada por figuras más o menos influyentes del pensamiento político y económico europeo, sino que terminaron insertándose dentro de un discurso más amplio que, en última instancia, pretendió poner toda la vida social y económica al servicio del poder y la grandeza del Estado. Tal proyecto político es el que acabaría planteando el mercantilismo, que coadyuvó a la construcción del Estado moderno mediante políticas económicas y sociales –no siempre uniformes ni bien definidas– que persiguieron el engrandecimiento del Estado en detrimento de los centros regionales de poder y de los estados vecinos. En definitiva, un sistema que se asimilaría al nacionalismo económico y que hizo de la razón de Estado el fundamento de toda política económica y social. Para el pensamiento mercantilista, la riqueza y el desarrollo de los estados dependían, sobre todo, de la cantidad de metales preciosos que éstos hubieran podido acumular, fundamentalmente a través del comercio internacional. Por consiguiente, cada país debía ser capaz de producir un excedente de manufacturas para ser vendidas en el extranjero, lo que exigía disponer de una gran población para liberar brazos del sector agrícola y desarrollar las industrias exportadoras.

En varias investigaciones publicadas a mediados del siglo XX, el historiador de la medicina George Rosen defendió la tesis de que el origen de la política de la salud que surgió en los países europeos durante el setecientos se encuentra estrechamente relacionado con la actitud favorable del pensamiento mercantilista hacia las poblaciones numerosas[3]. Es decir, para Rosen la salud adquirió su moderna significación política y económica en el marco de la estrecha vinculación de raíz mercantilista que se estableció entre el crecimiento demográfico y el engrandecimiento del Estado. La necesidad de disponer de una población abundante determinó que la salud y la enfermedad comenzaran a ser conceptualizadas como problemas políticos, económicos y sociales que demandaban una gestión pública. De ahí que no se pueda obtener una comprensión cabal del surgimiento de la política de la salud sin atender a los factores económicos y sociales que motivaron su puesta en marcha por parte de los estados absolutistas europeos. Con ello no se quiere sustraer importancia a los elementos médicos, sino poner de relieve la trascendencia que tuvieron algunos factores ajenos a la ciencia en el proceso de configuración de la estructura y de los canales a través de los cuales la medicina –entendida como técnica general de salud, y no ya como arte dedicado a la curación individual de las enfermedades– pudo actuar.

En este trabajo, que se inserta en un estudio más amplio sobre la sanidad en España al final del Antiguo Régimen, examinaremos las aportaciones de algunas figuras del movimiento ilustrado español en relación a las funciones sanitarias que el Estado debía asumir. En primer lugar, analizaremos la contribución de Gaspar Melchor de Jovellanos; para este autor, uno de los deberes de todo buen soberano era velar por el nivel de salud de sus súbditos, lo que explica que integrara la política sanitaria dentro del esquema de funciones que el Estado debía desempeñar en una sociedad ilustrada. A continuación, estudiaremos las principales aportaciones de Francisco Cabarrús, que también se mostró partidario de que la administración central llevara su acción intervencionista a la esfera del resguardo de la salud de las poblaciones, proponiendo diferentes medidas para conseguir dicho fin. En tercer lugar, examinaremos las propuestas formuladas desde la ciencia de policía por dos de sus principales cultivadores en España: Valentín de Foronda y Tomás Valeriola. Por último, dedicaremos atención al concepto de policía médica y su penetración en España a través de un breve escrito de 1803 debido al facultativo catalán Vicente Mitjavila y Fisonell.

El resguardo de la salud como función del Estado. La aportación de Jovellanos

La adscripción de Jovellanos a un pretendido liberalismo de raíz smithiana parece impedir cualquier intento de interpretación del pensamiento económico del asturiano a partir de sus consideraciones acerca de las funciones que el Estado debía desempeñar. Lo cierto, no obstante, es que el autor ilustrado concedió una gran relevancia a la acción política del gobierno, a la que consideró como uno de los factores estratégicos del desarrollo de la riqueza de las naciones. Como ha mostrado el profesor Enrique Fuentes Quintana, el estudio de esta dimensión de la obra económica de Jovellanos se ha visto tradicionalmente enturbiado por la persistencia de dos prejuicios: el primero radica en la falsa suposición de que los economistas clásicos liberales negaron, sobre la base de un dogmático laissez-faire, todo papel al sector público; el segundo, de carácter más particular, consiste en interpretar la obra de Jovellanos como la de un economista típicamente smithiano, sin atender a otras influencias que contribuyen a explicar que el gijonés atribuyera al Estado un espacio de intervención mucho más amplio que el que le había reservado la escuela clásica liberal[4].

En dos escritos de 1789 dirigidos a la Junta de Comercio y Moneda, Jovellanos defendió que el sector privado sólo podía esperar del gobierno “libertad, luces y auxilios”[5], lo que se traducía en una trilogía de funciones públicas que el asturiano resumió como “buenas leyes, buenas luces y buenos fondos”[6], de la que a su vez se derivaba un programa de gobierno que sintetizamos en el Cuadro 1. El primer desempeño –las “buenas leyes”– consistía en eliminar por medio de una legislación adecuada las trabas que obstaculizaban el desarrollo económico, garantizando y salvaguardando el principio del interés individual, la propiedad privada y las libertades económicas. Las otras dos funciones que el Estado debía asumir hacían referencia a actividades que sólo podían ser llevadas a cabo por el sector público y no por particulares. Jovellanos clasificó dichas actividades en dos grupos: en primer lugar, las “buenas luces”, que incluían la política educativa y la política sanitaria, así como las medidas encaminadas a favorecer la movilidad de los productos y los intercambios; en segundo lugar, los “buenos fondos”, que abarcaban tanto las inversiones en infraestructuras (carreteras, canales, puertos, regadíos, etc.), como las ayudas para incorporar a los procesos productivos el capital tecnológico necesario que permitiese incrementar la productividad[7].

Este esquema tripartito de funciones públicas estuvo implícito en un gran número de escritos económicos de Jovellanos, incluido el principal de ellos, el Informe de la Ley Agraria (1795). Como es sabido, en dicho trabajo el asturiano identificó tres tipos de obstáculos que frenaban la producción agrícola en España: los de carácter político –“o derivados de la legislación”–, los de carácter moral –“o derivados de la opinión”– y los de carácter físico –“o derivados de la naturaleza”. Vicent Llombart Rosa ha mostrado que, de acuerdo con el planteamiento del economista gijonés, estos tres tipos de estorbos habían de ser superados por medio de los tres principios básicos que debían permanentemente inspirar la actuación de los poderes públicos: libertad como solución a los problemas políticos; luces como solución a los problemas morales; y auxilios como solución a los problemas físicos. De ahí que Llombart Rosa haya podido señalar que “las dos series conceptuales se refieren a las mismas cuestiones pero observadas desde perspectivas diferentes: los estorbos políticos-morales-físicos indican los orígenes de los problemas y la libertad-luces-auxilios apuntan hacia los respectivos remedios”[8].

Aunque las más importantes de las actividades incluidas en el apartado de las “buenas luces” eran las que tenían que ver con la política educativa, dentro de esta parcela del intervencionismo estatal también quedaba integrado todo lo tocante a la salud pública. Jovellanos abordó en diversos textos dispersos un gran número de temas relacionados con este particular. La práctica de enterrar a los muertos en el interior de las iglesias o en el atrio de los templos fue uno de los asuntos que despertó un mayor interés en el asturiano, que en 1781 presentó a la Real Academia de la Historia unas Reflexiones sobre la legislación de España en cuanto al uso de las sepulturas, y al cabo de dos años escribió en colaboración con algunos médicos y abogados un Informe… sobre la disciplina eclesiastica (sic) antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas[9]. En este último texto, publicado en 1786, los autores insistieron en la necesidad de inhumar los cadáveres en cementerios alejados de las poblaciones y recomendaron la adopción de determinadas normas higiénicas. Además, tras repasar las costumbres mortuorias de algunas sociedades del pasado y presentar la posición de la Iglesia al respecto, concluyeron que la observancia de tales prevenciones no era contraria a las creencias de la fe católica. El mismo Jovellanos predicó con el ejemplo ya que en su testamento de 1795 dispuso que prefería ser enterrado en un cementerio y no en el interior de una iglesia[10].

Jovellanos también dedicó una gran atención a las instituciones dedicadas a dar asilo a los pobres, tema que el asturiano abordó en el Discurso acerca de la situación y división interior de los hospicios con respecto a su salubridad (1778). Además de criticar el hacinamiento y las deficientes condiciones higiénicas de estos establecimientos, y de denunciar el enorme costo económico que representaba su mantenimiento, en este breve escrito el economista se manifestó contrario a la existencia de “hospicios generales adonde se recojan indistintamente todas las clases de pobres, desvalidos, robustos o impedidos de un estado”[11]. Consecuentemente, abogó por la separación de los hospicianos y la creación de siete tipos distintos de centros asistenciales dedicados, específicamente, a los párvulos expósitos, las niñas huérfanas, los niños desamparados y díscolos, los ancianos pobres, los vagos y delincuentes, las mujeres de mala vida y las mujeres impedidas y ancianas. Los enfermos no tendrían cabida en estas instituciones, pues “al instante que cualquiera de sus individuos caiga en alguna dolencia, debe ser transportado al hospital respectivo en que pueda curarse”[12]. De este modo, el pensamiento del asturiano refleja el paulatino proceso de diferenciación y separación de las funciones asistenciales que tuvo lugar durante la centuria ilustrada, y que acabaría implicando la irrupción del hospital como equipamiento sanitario en el sentido moderno del término[13].

Por otro lado, Jovellanos realizó algunas recomendaciones relativas al emplazamiento y la morfología de los hospicios. Aconsejó que éstos se edificasen fuera de las ciudades, preferentemente en “sitios altos y ventilados, distantes de lagunas y aguas remansadas, para que el aire que en ellos se respire sea más puro y saludable”[14]. Los edificios habían de ser espaciosos y sus distintas dependencias tenían que disponerse “de manera que puedan recibir el aire exterior y ventilarse por todas partes”[15]. Los dormitorios debían situarse en los pisos superiores, “porque los cuartos bajos son siempre más húmedos y más difíciles de ventilar”, mientras que las letrinas habían de colocarse “en la parte más retirada del edificio”[16]. El autor también formuló una serie de observaciones referentes a la limpieza y la gestión de los establecimientos asistenciales, aconsejando, por ejemplo, que se reservara un terreno para “una espaciosa huerta que, al mismo tiempo que produzca la hortaliza necesaria para el consumo de los pobres, sirva para su desahogo y esparcimiento”[17].

Jovellanos abordó con gran lucidez otros muchos temas relacionados con la higiene pública, gracias, sobre todo, a que su experiencia de gobierno y su cercanía al poder ilustrado le permitieron adquirir un sólido conocimiento de los principales problemas de la sociedad de su tiempo[18]. Así, por ejemplo, fue plenamente consciente de la escasez de alojamientos que había en Madrid, lo que en 1787 le llevó a advertir al conde de Floridablanca que de nada serviría la prohibición de las llamadas posadas secretas para erradicar este tipo de establecimientos irregulares. En coherencia con este planteamiento, recomendó expandir la ciudad hacia norte, adquiriendo, para ello, “todo el cordón de tierras que se extienden desde la puerta de los Pozos a la de Recoletos, hasta el límite que [el rey] quiera señalar a la extensión de la población de Madrid”[19], actuación que, de haberse llevado a la práctica, habría representado la construcción de un auténtico ensanche urbano[20].

El economista gijonés también se interesó por la enseñanza universitaria de la medicina, siendo su principal trabajo en este sentido el Informe que dio como juez subdelegado del Real Protomedicato en Sevilla… sobre el estado de la Sociedad Médica de aquella ciudad, y del estudio de medicina en su Universidad (1777). En la primera parte del dictamen el autor presentó la situación y el funcionamiento de la Regia Sociedad de Sevilla, primera academia de ciencias fundada en España, mientras que en la segunda parte abordó la organización de los estudios de medicina en la Universidad de Sevilla. Jovellanos consideró adecuada la programación de dichos estudios, que había sido modificada en 1769, y alabó los libros de texto que se empleaban para dictar los cursos. Sin embargo, criticó que el nuevo plan de estudios –que incluía cuatro años de enseñanzas teóricas, uno de enseñanzas prácticas y tres de ejercicio de la medicina– no hubiese sido aplicado en su totalidad y que se hubiese consentido a algunos alumnos acelerar el proceso formativo.

Muy a menudo se suscitaron enfrentamientos entre la Regia Sociedad y la Universidad de Sevilla, lo que no hacía otra cosa que reflejar el choque entre un movimiento de renovación médica liderado por instituciones de nuevo cuño y una tradición galenista que se resistía a desaparecer de las aulas[21]. En su informe, Jovellanos abogó por conciliar la actividad de las dos instituciones, atribuyendo a la Regia Sociedad un cometido investigador y a la Universidad una función educadora:

Jovellanos se interesó asimismo por diversos aspectos relacionados con la higiene privada. Por ejemplo, en un texto de 1790 dedicado a los espectáculos y diversiones públicas, el autor apuntó la necesidad de que el gobierno permitiese a la población divertirse y entretenerse “en las breves horas que puede destinar a su solaz”, argumentando que “un pueblo libre y alegre será precisamente activo y laborioso, y siéndolo, será bien morigerado y obediente a la justicia”[23]. También puede destacarse la carta A un amigo proponiéndole un régimen de vida, en la que el asturiano aconsejó al destinatario de la misiva que redujera las horas de trabajo, realizara ejercicios físicos moderados y abandonara el consumo de destilados y tabaco[24]. En las Bases para la formación de un plan general de instrucción pública (1809), redactadas para la Junta Especial de Instrucción Pública encargada de mejorar y extender la educación nacional, Jovellanos propuso elevar el nivel general de salud haciendo obligatoria la enseñanza de la educación física. En este importante escrito el autor defendió que el objetivo de la instrucción pública radicaba en “la perfección de las facultades físicas, intelectuales y morales de los ciudadanos”[25]. A la educación física le correspondía “la perfección de los movimientos y acciones naturales del hombre”, lo que se concretaba en tres objetos básicos: “mejorar la fuerza, la agilidad y la destreza”[26]. Para ello, los niños habrían de ejercitarse en “acciones naturales y comunes del hombre, como nadar, correr y trepar”[27], mientras que los mozos serían iniciados en las prácticas marciales, “para que puedan perfeccionarse con facilidad en la instrucción y ejercicios propios de la profesión militar”[28].

El conde de Cabarrús, financiero de origen francés naturalizado español, es normalmente recordado por su idea de emitir valores reales para hacer frente a los gastos de la guerra contra Inglaterra y, sobre todo, por haber planteado el proyecto de creación del Banco de San Carlos, primer banco nacional que existió en España. Hacia 1793 y 1794, durante el periodo de prisión de cinco años al que estuvo sometido, Cabarrús redactó el grueso de unas Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opiníon (sic) y las leyes oponen a la felicidad pública, que no serían publicadas hasta 1808. Aunque esta obra de estilo epistolar constituya un extenso comentario a uno de los primeros borradores del Informe de la Ley Agraria de Jovellanos[29], en ella aparece perfectamente reflejado el pensamiento político, económico y social del financiero ilustrado, quien además anticipó, de forma casi visionaria, algunas situaciones que el futuro había de confirmar, tales como la existencia de un sistema monetario universal[30]. En este apartado aludiremos brevemente a las consideraciones introducidas por el autor en relación a la asistencia social y el resguardo de la salud colectiva.

En la Carta I del libro, Cabarrús manifestó una honda preocupación por el gran número de pobres que había en España, sugiriendo como solución al problema un plan de centralización y racionalización de la acción asistencial[31]. En esencia, el autor propuso que se empleara a los pobres hábiles en la construcción de las infraestructuras que el país necesitaba, tales como caminos, canales y puertos[32]. La base de dicho plan consistía en la creación de un “fondo de socorros” que canalizase a través del Estado todos los recursos dedicados a la beneficencia, y mediante el cual se sufragasen los gastos de construcción de las obras públicas[33]. Además, el financiero ilustrado sugirió que se creara en cada localidad una junta de caridad compuesta por el alcalde, el cura y un mínimo de tres vecinos para atender a las necesidades asistenciales de la población incapacitada para el trabajo[34].

Seguidamente, Cabarrús formuló una serie de propuestas para mejorar la situación de los expósitos, enfermos y desempleados forzosos. En cuanto a los primeros, el autor censuró la secular costumbre de estigmatizar a las madres que alumbraban hijos ilegítimos, pues, según él, ello alentaba el abandono de los mismos, y propuso que los niños desamparados fueran dados en adopción en vez de ser recogidos en instituciones asistenciales[35]. Por lo que respecta a los enfermos, Cabarrús criticó abiertamente la situación de los hospitales españoles, donde, en su opinión, “lejos de distraer al enfermo, concurren como a porfía todos los objetos capaces de atormentar su imaginación”[36]. Consecuentemente, se mostró partidario de que la asistencia médica fuera proporcionada en los domicilios particulares de los enfermos por facultativos municipales. “Arreglado así –añadió el financiero–, quedarían sólo para los hospitales, o aquellos hombres destituidos de toda conexión y parentesco, o aquellas enfermedades contagiosas, o aquéllas que piden operaciones extraordinarias”[37]. Del mismo modo, el ilustrado desaprobó el recogimiento de las mujeres y niñas impedidas, sugiriendo como alternativa que este colectivo se dedicara a hilar tejidos de lana, cáñamo, lino y algodón en sus respectivas casas, para lo cual habría que proporcionarles las materias primeras necesarias[38].

En la quinta de las Cartas redactadas por Cabarrús, titulada “Sobre la sanidad pública”, el ilustrado formuló diferentes medidas para reducir la incidencia de algunas de las afecciones más mortíferas de la época. El autor dedicó una gran atención a la viruela, que recomendó combatir mediante el internamiento en lazaretos de los infectados por la temida enfermedad, de forma idéntica a como se hacía con la peste[39]. Cabarrús detalló algunas de las características que habrían de tener los establecimientos cuarentenarios, cuya edificación se sufragaría con el fondo de socorros que había ideado. Además, señaló que, de llevarse a cabo su propuesta, se resolvería rápidamente la polémica en torno a la inoculación de la viruela, pues “se quitaría a sus adversarios el solo argumento razonable con que la contradicen, mirándola como un nuevo medio de propagar tan terrible enfermedad de nuestras poblaciones”[40].

Otro de los temas sanitarios abordados por Cabarrús es el de la prevención de la sífilis. Como era habitual en la época, el ilustrado relacionó la difusión de esta enfermedad con “el asqueroso libertinaje y la infame prostitución”[41]. No obstante, al profundizar en las causas que explicaban la perversión de las buenas costumbres, el autor convirtió su escrito en un auténtico alegato en favor del divorcio, pues desde su punto de vista la secularización del matrimonio y la posibilidad de disolver esta unión contribuirían a reducir el número de adulterios, la demanda de prostitutas y, por ende, la propagación de las enfermedades venéreas[42]. Cabarrús también sugirió un sistema de control del trabajo sexual con el fin de frenar el avance del mal gálico[43]. Su propuesta radicaba en la apertura de mancebías en las principales poblaciones de España, donde las prostitutas podrían ejercer su actividad bajo determinadas condiciones: el burdel debería quedar bajo la autoridad de un regidor municipal y ser custodiado por un piquete de tropa; las mujeres adscritas a cada mancebía tendrían que ser visitadas diariamente por un médico y portar un distintivo durante sus salidas fuera del establecimiento; cualquier denuncia de contagio debería ser admitida a trámite sin comprobar su veracidad; las prostitutas enfermas serían obligadas a guardar cuarentena en un lazareto, y al tercer contagio serían deportadas a las colonias; etc.[44]

Cabarrús también se ocupó de la prevención de las tercianas. Desde su punto de vista, era evidente que la aparición de esta enfermedad estaba relacionada con la presencia de aguas estancadas[45]. Sin embargo, la constatación de que la dolencia también afectaba a los lugares secos le llevó a vincular su incidencia con la persistencia de determinadas situaciones de pobreza y marginalidad: “estas observaciones me harían discurrir que los malos alimentos, el rocío de las noches para el pobre que prefiere la inclemencia al ambiente abrasador de su reducida y mal abrigada choza, en fin, la falta de ropa para mudar la que se halla demasiado humedecida, todo esto contribuye a las tercianas; y si así fuese, el origen de éstas sería la miseria, y las providencias que disminuyesen ésta, disminuirían también aquella epidemia”[46]. De ahí que el autor sugiriera un sistema de lucha contra las tercianas basado en la ayuda económica a los más necesitados a través de cajas de socorros públicos[47].

El ilustrado de origen francés abordó someramente otros temas relacionados con el quehacer sanitario. Por ejemplo, criticó la excesiva burocratización del máximo órgano político-administrativo de la sanidad española, la Junta Suprema de Sanidad, a la que además reprochó que “sólo se aviva cuando oye hablar de peste”[48]. Por el contrario, abogó por organizar una política sanitaria centralizada y de conjunto dedicada a combatir de forma permanente las enfermedades de mayor incidencia social, proponiendo para ello que un cuerpo de facultativos fuera revestido de la autoridad necesaria para ocuparse adecuadamente del resguardo de la salud pública[49].

Aportaciones desde la ciencia de policía: Valentín de Foronda y Tomás Valeriola

En su acepción dieciochesca, el término policía aludía al “buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliendo las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno”[50]. Por consiguiente, la policía era algo similar a lo que actualmente entendemos por administración del Estado. Para Nicolas Delamare, autor de uno de los tratados de policía que alcanzaron una mayor difusión, el propósito de esta disciplina residía “en conducir al hombre a la felicidad más perfecta que pueda disfrutar en esta vida”, lo que dependía del disfrute de tres tipos de bienes: los del alma, los del cuerpo y los de la fortuna[51]. A la ciencia de policía le correspondía, por tanto, mantener y promover los valores asociados a esa trilogía, lo que se traducía en el tratamiento de una gran diversidad de materias que Delamare agrupó en once rúbricas, las cuales habían de constituir las distintas temáticas sobre las que debía versar cada uno de los libros de su tratado: religión, costumbres, salud, víveres, vialidad, seguridad, artes y ciencias liberales, comercio, manufacturas, trabajadores y pobreza[52].

En España, la ciencia de policía no fue objeto de ninguna aproximación sistemática que abordase, de manera metódica, las distintas materias que conformaban esta disciplina. Ello, sin embargo, no quiere decir que los autores españoles no reflexionaran sobre dichos asuntos, pues como han mostrado las investigaciones de Pedro Fraile la producción española en el terreno de la policía fue amplia, variada y, en ocasiones, excepcional[53]. Al margen de algunas obras pioneras escritas durante el Siglo de Oro[54], se editaron varias versiones de tratados extranjeros, que solían publicarse con generosas ampliaciones del traductor[55]. Asimismo, diferentes intelectuales españoles realizaron aportaciones originales a este saber, siendo de destacar las contribuciones de Valentín de Foronda y Tomás Valeriola, autores, respectivamente, de unas Cartas sobre la policía (1801) y de una Idea general de policía, ó Tratado de policía (1798-1805). En este apartado nos interesaremos por las consideraciones de interés sanitario efectuadas por ambos autores.

Seguramente, las Cartas sobre la policía (1801) del alavés Valentín de Foronda, una de los figuras más relevantes y atípicas del movimiento ilustrado español, constituyen la aportación original española más destacada a este campo del saber[56]. El estilo epistolar de la obra es, al mismo tiempo, su mayor fuerza y debilidad, pues aunque permite al autor pasar sin dificultad de un tema a otro, impide que el libro tenga un planteamiento metodológico general que dé coherencia a los contenidos específicos. El libro se divide en siete cartas, la primera de carácter introductorio y las otras seis dedicadas a las siguientes materias: “Sobre la salud pública” (Carta II), “Sobre los víveres” (Carta III), “Sobre calles, paseos, cafés” (Carta IV), “Sobre la seguridad de las personas y bienes…” (Carta V), “Sobre algunas providencias que debe tomar la policía en orden a la agricultura, industria y comercio” (Carta VI), y “Sobre que todos los entendimientos son iguales, y por consiguiente los de las mujeres son iguales a los de los hombres” (Carta VII).

Foronda fue un autor polifacético cuyas ideas se resisten a ser ordenadas en un sistema de pensamiento claro y coherente. Llombart Rosa ha dividido sintéticamente la evolución de su obra en tres fases sucesivas[57]. En la primera, correspondiente a la época de los primeros escritos presentados en la Sociedad Bascongada[58], el autor consideró el intervencionismo estatal directo como uno de los pilares del crecimiento económico, concediendo al gobierno importantes atribuciones en el fomento de la agricultura y el empleo, la ordenación del comercio, la instrucción pública y la asistencia social. La segunda fase, correspondiente a las dos primeras ediciones de las Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía politica (sic) y sobre las leyes criminales (1788-1790 y 1789-94), es la del Foronda adscrito a un liberalismo económico radical, en la que el autor defendió que el sistema legal no podía ultrapasar los límites que le imponían los principios de propiedad, libertad y seguridad, de modo que el papel del Estado debía quedar básicamente reducido a la administración de justicia y la defensa de la propiedad privada. Finalmente, en la tercera fase, cuya obra más característica son las Cartas sobre la policía, el alavés reconsideró su liberalismo doctrinario anterior, manifestando un mayor escepticismo ante la capacidad del libre mercado para autorregularse. En esta última etapa de la evolución intelectual de Foronda, que es la que nos interesa aquí, la esfera de intervención del sector público se amplía considerablemente, abarcando funciones como el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, la protección de los recursos naturales, la regulación de las actividades peligrosas, la lucha contra los fraudes y las actividades monopolísticas o el resguardo de la salud de las poblaciones.

El economista abordó esta última cuestión en la segunda de sus Cartas sobre la policía, fechada en Vergara el 20 de julio de 1793 y dirigida, como todas las demás, a Pedro Cevallos Guerra, a la sazón primer secretario de Estado. En dicha carta, que reproduce prácticamente los mismos contenidos que un artículo publicado por el autor en 1794[59], Foronda sentó el principio de que la agenda de actividades gubernamentales tenía que considerar el resguardo de la salud colectiva, pues, en su opinión, “los soberanos no deben tener otra diversión que el dulce y delicioso estudio de hacer felices a sus vasallos, y como éstos no pueden serlo sino disfrutando de una salud robusta, será una obligación de Vmd. cuidar de este importante objeto”[60]. A continuación, el autor detalló una serie de recomendaciones sanitarias que él mismo resumió en el índice general de la obra:

Muchas de las propuestas efectuadas por Foronda se refieren a la pureza del aire atmosférico, siendo de destacar que, a las providencias ya clásicas sobre la limpieza de las calles, la instalación de letrinas o la ubicación de los cementerios[62], el autor agregó un conjunto de medidas destinadas a alterar la composición química del aire en el interior de los hospitales y otros lugares cerrados[63], demostrando estar al corriente de los recientes descubrimientos en el campo de la identificación de los gases atmosféricos[64]. El segundo gran tema abordado por Foronda es el del control alimentario. El ilustrado propuso diversas medidas para garantizar la potabilidad del agua, así como para evitar la adulteración de alimentos básicos como el pan, la carne o el vino, y precavió sobre el empleo de vasijas fabricadas con determinados materiales nocivos[65].

En tercer lugar, el economista alavés habló de los medios para prevenir determinadas enfermedades. Por ejemplo, propuso que se castigase severamente a las prostitutas infectadas por la sífilis, a las que acusó de ser “unas asesinas, no sólo de una persona, sino de generaciones enteras”[66]. Pero al mismo tiempo, considerando que el “objeto de las leyes es prevenir los delitos antes que castigarlos”, aconsejó la creación de hospitales específicos para que las prostitutas enfermas pudieran recobrar la salud[67]. El autor también se ocupó de la prevención de la viruela, planteando una especie de programa público de inoculación consistente en “asegurar la vida a los que se quieran inocular pagando 20 pesos bajo la obligación de recompensar a sus padres con mil en caso de que se desgracien sus hijos”[68]. La regulación de la enseñanza y del ejercicio profesional de la medicina, así como de otras profesiones relacionadas con el quehacer curador y sanitario, ocupó un lugar destacado en las reflexiones de aquellos autores que se interesaron por la política de la salud. Foronda dedicó algunas páginas a esta cuestión, proponiendo, básicamente, medidas para asegurar la competencia de los profesionales sanitarios. Las parteras fueron el principal blanco de sus críticas pues consideró que por causa de su ignorancia se producían numerosas muertes al año, lo que le llevó a proponer que la obstetricia fuera exclusivamente practicada por cirujanos titulados[69]. El autor también recomendó reprimir la charlatanería médica[70] y el curanderismo[71], así como extremar la vigilancia de la actividad de los boticarios[72].

Seguidamente, Foronda sugirió difundir en todas las provincias del reino la instrucción sobre la rabia publicada por orden del intendente de la generalidad de París, reproduciendo el contenido íntegro de dicho reglamento en una larga nota a pie de página[73]. Por último, el alavés examinó algunas medidas destinadas a combatir las enfermedades epidémicas, tales como el aislamiento de los enfermos y de los lugares infectados, la quema de los cadáveres y de las vestimentas de los difuntos, la limpieza de las vías públicas con vinagre o la purificación del aire con ácido muriático (ácido clorhídrico)[74].

Foronda abordó otros asuntos relacionados con la higiene y la sanidad en varias de sus Cartas. En la tercera, por ejemplo, se interesó por la policía de los víveres, y en la cuarta formuló diversas recomendaciones para mejorar las condiciones higiénicas de las ciudades. En este texto el autor estableció que las calles debían ser rectas con el fin de asegurar una buena circulación del aire, y que tenían que pavimentarse con un empedrado fuerte y poseer suficiente inclinación para evitar los encharcamientos de agua[75]. Cada acera debía tener una anchura de al menos seis pies para que los peatones no se vieran expuestos al riesgo de ser atropellados[76]. Asimismo, Foronda propuso que cada vecino tuviese la obligación de limpiar semanalmente la parte de la calle que quedaba frente a su domicilio[77]. También aconsejó que los oficios molestos y contaminantes fueran desplazados a los arrabales de las ciudades[78], y recomendó que se velara por la limpieza de establecimientos públicos como fondas, botillerías y casas de juego[79]. Finalmente, sugirió que se extinguieran varias especies de animales molestos, peligrosos o transmisores de enfermedades, tales como moscas, ratones, culebras, víboras, zorros, jabalíes, chinches y pulgas[80].

Foronda también se ocupó de distintos temas sanitarios y asistenciales en otros escritos de su extensa bibliografía personal. En particular, dedicó una gran atención a la asistencia y la arquitectura hospitalaria, figurando sus traducciones y memorias entre las que gozaron de una mayor influencia en la época[81]. Entre los escritos consagrados a esta cuestión, conviene destacar la traducción que hizo de las Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de París sobre la edificación de hospitales (1793), en la que dio a conocer en España el debate francés sobre la reforma del sistema hospitalario y los trabajos de la comisión instituida en Francia para abordar este asunto.

También revisten un gran interés las consideraciones de Foronda acerca del recogimiento de los pobres en instituciones asistenciales en las que se les obligara a trabajar. Siendo juez de policía del Ayuntamiento de Vitoria, cargo para el que fue nombrado en 1777, Foronda participó activamente en la creación de un hospicio municipal en el que la población ociosa y desocupada era empleada en la fabricación de manufacturas de paño, presentando con tal motivo en la Sociedad Bascongada de Amigos del País un trabajo titulado Paralelo de la Sociedad de S. Sulpicio de París con la casa de Misericordia de la ciudad de Vitoria (1779)[82]. Sin embargo, en las Cartas sobre los asuntos más exquisitos… (1788-1790), que corresponden a la etapa del pensamiento de Foronda en que éste se mostró más partidario de un liberalismo económico radical, las casas de misericordia son consideradas como instituciones en las que, simplemente, debían hallar “alivio en sus enfermedades los infelices” y en las que encontrarían “un recursos todos los que no pueden mantenerse por sus achaques, por vejez o por falta de ocupaciones”[83]. En este caso, la confianza en un sistema económico basado en que los individuos actúan tras la búsqueda de la propia ganancia justifica el escepticismo del autor ante el recogimiento de los pobres y vagabundos en casas de trabajo. Dicho de otro modo, su adscripción a un liberalismo doctrinario le llevó a pensar, utópicamente, que el deseo individual de mejora económica y social alejaría a los hombres de la ociosidad[84].

Son pocos los datos biográficos que se disponen del valenciano Tomás Valeriola, aunque al decir de Luis Jordana de Pozas “debió de ser una persona distinguida y principal en la Valencia de su tiempo”[85]. Al menos, así lo hacen creer sus títulos y posesiones –él mismo se presentó como “caballero profeso del Hábito de Santiago, dueño de los lugares de Masalfasar y Ayacort”–, su conocimiento de las actividades desarrolladas por las autoridades valencianas y su pertenencia a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad y Reino de Valencia. Entre 1798 y 1805, Valeriola dio a conocer en diez cuadernos sucesivos una Idea general de la policía, ó Tratado de policía. Aparentemente, esta obra debería constituir la aportación española más original y madura a la ciencia de policía, tanto por su extensión, como por lo sistemático de su enfoque. Sin embargo, como han mostrado varios autores, se trata, en realidad, de una traducción más o menos selectiva del Traité de la police (1705-1719) de Nicolas Delamare[86], a quien Valeriola ni tan siquiera se dignó citar, por lo que el principal mérito del autor valenciano sería el haber contribuido a difundir en nuestro país, con aproximadamente un siglo de retraso, uno de los tratados de policía europeos que marcaron la pauta a seguir en este ámbito del conocimiento. A pesar de ello, Ernest Lluch destacó en un estudio dedicado al libro de Valeriola la relativa modernidad del autor a la hora de abordar determinados aspectos sanitarios[87], especialmente el relativo a la inoculación de la viruela.

Valeriola presentó sus ideas acerca de esta discutida técnica profiláctica en el segundo cuadernos del tratado. Conviene tener en cuenta que la inoculación sólo comenzó a difundirse en Europa a partir de los años 1720, por lo que el valenciano no pudo basarse en los escritos de Delamare para estudiarla. Sus principales fuentes de información fueron los franceses Jean-Jacques Menuret de Chambaud y Jacques de Horne, el británico John Haygarth y el estadounidense Benjamin Waterhouse. Valeriola incorporó a su tratado algunos textos escritos por estos autores, con un desfase de alrededor de quince años[88]. El conjunto de los escritos traducidos es abiertamente favorable a la inoculación, y el mismo Valeriola constató que tanto en la ciudad como en el reino de Valencia este procedimiento “se practica muy generalmente”[89]. Lluch también destaca algunas aportaciones a la salud pública realizadas en el tercer cuaderno, dedicado a la religión. En él, Valeriola se ocupó del problema de los cementerios y las sepulturas, incorporando una historia de las prácticas mortuorias –que en gran parte se corresponde con un texto escrito en 1778 por el italiano Scipione Piattoli[90]–, la normativa española sobre el tema –la real cédula de 3 de abril de 1787, para el Restablecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según el ritual romano– y un expediente acerca de las diligencias practicadas entre 1790 y 1797 por la Real Junta de Policía de Valencia para la reforma de los cementerios.

En estrecha relación con el tema de los enterramientos, Valeriola se interesó en el sexto cuaderno del tratado por el problema de la muerte aparente y de la inhumación de personas vivas, basándose –nuevamente sin mencionar su fuente de información– en el principal texto dedicado a esta cuestión, la Dissertation sur l’incertitude des signes de la mort… (1742) del danés Jacques-Bénigne Winslow. En el mismo cuaderno, el autor abordó determinadas cuestiones relativas a las epidemias y epizootias, inspirándose, fundamentalmente, en algunos escritos del francés Felix Vicq d’Azir[91]. El quinto cuaderno de la obra, dedicado en su mayor parte a la salud pública, es un plagio del Libro IV del tratado de Delamare[92], lo que explica el anacronismo de la mayoría de las consideraciones incluidas en el texto. Por ejemplo, el autor no se ocupó del funcionamiento de los organismos administrativos a través de los cuales se tenía que vehicular la política sanitaria, y obvió abordar aquellos aspectos de la salud pública que habían sido desarrollados con posterioridad al tratado de Delamare, tales como la higiene materno-infantil[93]. Valeriola se limitó a esbozar un sencillo programa de política sanitaria centrado en tres puntos: “precaver las enfermedades antes de nacer; procurar la curación de las que se han encendido; y si son contagiosas tomar todas las medidas posibles para detener el progreso”[94]. Para alcanzar dichos objetivos, los oficiales de policía deberían velar por la calidad del aire, el agua y los alimentos, controlar las actividades de los médicos, cirujanos y boticario, e impedir el comercio con los lugares afectados por alguna enfermedad contagiosa[95].

El concepto de policía médica en España. La aportación de Vicente Mitjavila

En los estados alemanes, el pensamiento acerca de las relaciones sociales de la salud se originó y desarrolló en el seno del cameralismo, equivalente alemán del mercantilismo que hizo un mayor hincapié en los aspectos políticos y administrativos. En esencia, este movimiento constituyó un intento de sistematización, racionalización y organización del trabajo administrativo con el propósito de reforzar el poder del Estado absolutista[96]. Para los cameralistas el bienestar del Estado constituía la fuente de los demás tipos de bienestar, por lo que la tarea básica de estos intelectuales consistió en dar un contenido positivo a las tendencias centralizadoras y a la actividad administrativa encaminada a fortalecer la grandeza de los estados. Las medidas más eficaces para lograr dicho objetivo eran de índole fiscal, y consistieron, básicamente, en la mejora del aparato recaudatorio y del gasto real. Pero también se consideraron otros muchos medios, tales como el establecimiento de colonias militares, el fomento de las actividades industriales o el incremento de la población[97]. Por esta última vía la salud de los ciudadanos se convirtió en un importante motivo de preocupación de los autores cameralistas, especialmente de aquéllos que se dedicaron a cultivar la ciencia de policía (Polizeiwissenschaft), que junto a la economía (Ökonomik) y las finanzas (Finanzwissenschaft) constituía una de las tres ciencias camerales que se impartían en las universidades para la formación de buenos administradores públicos.

Posiblemente, la aportación más significativa a la ciencia de policía desde una perspectiva cameralista fue debida a Johann Heinrich Gottlob von Justi, uno de los principales representantes del cameralismo. El libro de Justi que más nos interesa es Grundsätze der Polizeywissenschaft (1758), traducido al castellano como Elementos generales de policía (1784) por el jurista catalán Antonio Francisco Puig y Gelabert. En esta obra el interés por los problemas sanitarios se encuentra estrechamente relacionado con el objetivo del crecimiento de la población, que el autor consideró esencial para acrecentar el poder y las riquezas estatales. En el capítulo titulado “Del cuidado que debe tener el soberano en impedir las enfermedades y la mortandad entre sus súbditos”, Justi formuló diferentes propuestas para elevar el nivel general de salud. Por ejemplo, sugirió que se creara en la capital de cada reino un Consejo de Sanidad formado por médicos y personas versadas en la policía para combatir las enfermedades epidémicas y fomentar el cultivo de la medicina, evitando, en todo lo posible, el intrusismo de curanderos y demás charlatanes[98].

La profesión médica no quedó al margen de la preocupación por la intervención del poder político en los asuntos de interés sanitario. Como ha mostrado George Rosen, los orígenes de esta tendencia se remontan a los inicios del siglo XVII, cuando apareció la Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts (1610) de Hippolyt Guarinonius, libro en el que este médico abordó distintos temas relacionados con la higiene, la asistencia hospitalaria y la práctica profesional de la medicina, y en el que insistió en la necesidad de que el gobierno velara por las condiciones sanitarias de las ciudades[99]. Otra aportación relevante es la de Ludwig von Hörnigk, que en 1638 dio a conocer un trabajo en latín expresivamente titulado Politia medica, en el que el autor conceptualizó la salud como un problema de la comunidad[100]. A finales del seiscientos Conrad Berthold Behrens, autor de Medicus legalis oder Gesetzmässige Bestell –und Ausübung der Artzney-Kunst (1696), postuló que la actividad sanitaria del Estado debía consistir en dos formas básicas de intervención: la prevención y el tratamiento de las enfermedades[101]. Durante la primera mitad del siglo XVIII otros muchos médicos alemanes, entre los que se pueden destacar los nombres de Elias Friedrich Heister, Johann Gottfried Sonnenkalb y Adam Christoph Hemmer, continuarían ahondando en los mismos temas siguiendo enfoques muy similares[102]. Sus esfuerzos culminarían a mediados de la centuria con la creación del concepto de policía médica, que expresa la apropiación por parte de los facultativos de la noción de policía y la aplicación de este saber a los problemas sanitarios.

La policía médica puede ser definida como el conjunto de teorías y políticas surgidas de los fundamentos ideológicos del absolutismo y el cameralismo alemanes para ser aplicadas en la esfera de la salud colectiva, con el fin último de incrementar las riquezas y el poder del Estado. Posiblemente, el primer autor en utilizar el término fue Wolfgang Thomas Rau, que en 1764 publicó Gedanken von dem nutzen und der nothwendigkeit einer medicinischen policey-ordnung in einem Staat, que podemos traducir como “Consideraciones sobre la utilidad y la necesidad de un reglamento de policía médica en un Estado”. En este opúsculo Rau formuló diferentes propuestas para elevar el nivel de salud de los pueblos –entre las figuran la mejora de las enseñanzas médicas, la lucha contra el intrusismo profesional, la atención a la infancia, el cuidado de las mujeres durante el embarazo y la lactancia o la defensa frente a las enfermedades endémicas y epidémicas–, y postuló que correspondía al Estado la aplicación de tales medidas por medio de reglamentos administrativos[103].

La reflexión acerca de la policía médica sería objeto de otras muchas aproximaciones[104], entre las que resulta de cita obligada el monumental System einer vollständigen medizinischen polizey (“Sistema integral de policía médica”) de Johann Peter Frank, aparecido en nueve volúmenes –tres de ellos de carácter suplementario y los dos últimos publicados póstumamente– entre 1779 y 1827. La idea según la cual el bienestar físico de las poblaciones resultaba indispensable para la prosperidad del Estado llevó a Frank a dar a conocer este minucioso código sanitario destinado, no ya a la formación de los médicos o a la educación popular, sino a los dirigentes de mentalidad reformista que querían velar por la salud y la longevidad de las sociedades que gobernaban[105]. El lema que encabeza el primer volumen de la obra, Servandis et augendis civibus, es bien indicativo del objetivo perseguido por el autor, mientras que el título general del tratado evidencia la vinculación de Frank con el discurso teórico que el cameralismo había desarrollado en torno al concepto de policía. En la introducción del primer volumen, el autor se basó en el cameralista Joseph von Sonnenfels, autor de una influyente Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz (1765), para definir la ciencia de policía como aquélla que persigue garantizar la seguridad interna del Estado, añadiendo que una de sus tareas básicas consiste en “aplicar ciertos principios que promuevan la salud de los seres humanos que viven en sociedad y de aquellos animales necesarios para su sustento”, con el propósito de “fomentar el bienestar de la población haciendo posible que las personas puedan gozar […] de las ventajas que la vida social les ofrece; así como de evitar los riesgos a que esta misma vida social les expone”[106]. En consecuencia, la policía médica, como parte de la ciencia de policía,

Para alcanzar dicho objetivo el Estado tenía que regular hasta los más mínimos detalles de la existencia humana. Como nos es imposible resumir el System en unas pocas palabras, bastará con enunciar la estructura general de la obra para dar una idea de la diversidad de aspectos considerados. El primer volumen (1779) está consagrado al matrimonio, la procreación, el embarazo y el parto; el segundo volumen (1780) se ocupa de las relaciones sexuales, la prostitución, las enfermedades venéreas y el aborto, y en él también se abordan distintas cuestiones relacionadas con el cuidado y la educación del los niños; en el tercer volumen (1783) se exponen los temas relacionados con la nutrición, el control alimentario, la vestimenta, la vivienda y las diversiones populares; el cuarto volumen (1788) está dedicado a la seguridad pública, los accidentes, los delitos y las muertes por causas violentas, aspectos que en la actualidad pertenecen al campo de la medicina forense; el quinto volumen (1814) prosigue con el mismo tema y trata algunos aspectos relativos a la muerte; el sexto volumen, aparecido en tres partes entre 1817 y 1819, presenta un panorama general del arte de curar y su influencia en el bienestar de la sociedad, y plantea los principales problemas de la educación médica; los tres últimos volúmenes, de carácter suplementario, abordan temas muy heterogéneos, tales como las estadísticas vitales, la asistencia hospitalaria, la higiene militar o la profilaxis de las enfermedades venéreas.

Como puede comprobarse, Frank tenía una perspectiva social amplia y su concepto de policía médica abarcaba todas aquellas esferas de la cotidianeidad del ser humano que podían influir en su estado de salud. El enfoque del autor es el de un médico que dirige la existencia del hombre desde la cuna hasta la tumba, con el fin de protegerle de las amenazas sanitarias procedentes de su entorno físico y social. Desde este punto de vista, el System puede ser considerado como el primer tratado que abordó de forma sistemática las cuestiones relativas a la salud y la higiene públicas, y que propuso un sistema coherente de reglas, regulaciones y programas para el mantenimiento de la salud colectiva. Los individuos, por su parte, habían de someterse a tales reglamentaciones, pues sólo así obtendrían la vitalidad y el vigor físico que se les demanda. En consecuencia, las elaboraciones teóricas de Frank aparecen revestidas de una pátina autoritaria y paternalista que encajaba muy bien dentro de los planteamientos del despotismo ilustrado. Pero al mismo tiempo las formulaciones del médico alemán también significaban una clara ruptura con los supuestos de la política sanitaria que había sido característica durante buena parte del Antiguo Régimen, concentrada, casi con exclusividad, en dos únicos aspectos: la defensa antiepidémica y la asistencia benéfica de los enfermos pobres. De ahí que Frank haya podido ser considerado como un pionero de la medicina social[108] o, más aún, como el padre de esta disciplina[109].

La penetración de las ideas cameralistas en España constituye un capítulo poco conocido de la historia del pensamiento económico de nuestro país. Ernest Lluch dedicó varios trabajos a esta cuestión, mostrando que el cameralismo fue recibido por tres caminos distintos: la traducción de los escritos de algunos de sus principales representantes alemanes, las aportaciones originales de autores españoles adscritos a esta corriente y las enseñanzas de ciencia de policía impartidas a los abogados y corregidores[110].

Es mucho más difícil establecer las vías de penetración de las ideas de Frank y de los restantes autores alemanes que cultivaron la policía médica, pues sus escritos nunca llegaron a ser traducidos al castellano. Su influencia debió empero ser considerable ya que durante el siglo XIX numerosos autores españoles utilizaron el concepto de policía médica y citaron las aportaciones de Frank. Entre los ejemplos disponibles se puede destacar el caso de Pedro Felipe Monlau, que además de acreditar un buen conocimiento del System[111] y de otros trabajos parecidos[112], dedicó una gran atención a la policía médica, integrando dentro de su estudio todo lo tocante a la enseñanza de la medicina, el ejercicio profesional de la misma, las enfermedades esporádicas, las endemias, las epidemias, los contagios y las epizootias[113]. Por otro lado, se ha destacado que las formulaciones teóricas de Frank ejercieron cierta influencia en los diputados de las Cortes de Cádiz, que aunque no llegaron a aprobar un código sanitario como el propuesto por el alemán, introdujeron diversas disposiciones relativas a la salud pública en la Constitución de 1812, reafirmando, de este modo, la lógica intervencionista según la cual el Estado debía velar por el bienestar físico de los ciudadanos en aras de su propia grandeza[114].

Hasta donde sabemos, el primer escrito monográfico sobre policía médica publicado en España se debió al catalán Vicente Mitjavila y Fisonell, facultativo del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona y titular de una de las dos cátedras de medicina clínica creadas por la Academia Médico-Práctica de esta ciudad[115]. Mitjavila fue un gran defensor del brownismo, que contribuyó a difundir a través de sus traducciones y comentarios de las obras de Melchior Adam Weikard, Valeriano Luigi Brera o el mismo Frank. Asimismo, se interesó por las enfermedades infecciosas y por diversas cuestiones toxicológicas, siendo de destacar una breve monografía suya aparecida en 1791 con el título de Noticia de los daños que causan al cuerpo humano las preparaciones del plomo. Mitjavila también está considerado como uno de los iniciadores del periodismo médico español, ya que además de colaborar en la edición del primer volumen de Memorias de la Academia Médico-Práctica de Barcelona (1798), creó tres publicaciones con vocación de ser periódicas: el Semestre Médico Clínico o Primeras Lecciones de Medicina Clínica (1802-1803), el Suplemento al Semestre Médico Clínico (1803) y la Correspondencia Literario-Médica o Periódico Trimestral de Medicina, Cirugía, Química y Pharmacia (1804).

En la segunda de estas publicaciones Mitjavila dio a conocer en 1803 un Compendio de policía (sic) medica (sic) que constituye su texto más original y digno de ser recordado. El trabajo se inicia con sendas referencias a los dos autores que más habían influido en su modo de ver las cosas: Johann Peter Frank y John Gregory, galeno y moralista escocés que está considerado como uno de los iniciadores de la ética médica[116]. El Compendio se divide en dos partes. La primera está dedicada a los derechos y las obligaciones del médico, y en ella se recogen una serie de consejos deontológicos, como el de jamás ocultar la verdad a los pacientes[117]. La segunda parte, mucho más extensa, se ocupa de la policía médica y de las funciones que el Estado ha de asumir para estimular el crecimiento demográfico. Mitjavila participaba plenamente de las tendencias generales en este tipo de reflexión, pues afirmó que “la ciencia de policía determina las leyes propias para mantener la salud de los hombres que viven en sociedad, y procura el aumento o propagación del género humano, proporcionalmente a la capacidad y comodidades del país respectivo”[118]. Su admiración por las poblaciones sanas y numerosas, tan característica del pensamiento cameralista, aflora en varias partes de la obra, como por ejemplo cuando se establece que “las ventajas y prosperidad de una población están en razón directa de la robustez y sanidad de sus moradores”[119]. Además de Frank y Gregory, el médico catalán citó como fuentes de inspiración a Scherf, Gruner, Hoffman, Baumer, Hoszty o Metzger, acreditando, por tanto, un buen conocimiento de la literatura internacional sobre el tema.

En los sucesivos capítulos del Compendio Mitjavila reflexionó sobre los principales problemas sanitarios que afligían a la sociedad de su tiempo y formuló numerosas recomendaciones para elevar el nivel general de salud. La obra incluye capítulos dedicados a temas tan variados como el matrimonio (cap. III), la cesárea (cap. VI), los cuidados del recién nacido (cap. VII), los hospitales, cárceles y hospicios (cap. X), los cementerios (cap. XI), las escuelas públicas (cap. XIII) o la prevención de las enfermedades epidémicas (cap. XV). El autor dedicó una gran atención a los casamientos que debían impedirse por no convenir a los intereses del Estado. Desaconsejó que se celebraran nupcias entre enfermos “porque los hijos se resienten de estos vicios de sus padres”, y entre jóvenes y ancianos “porque la facultad prolífica del uno se hace inactiva o ineficaz sobre la del otro, no resultando de estas uniones la propagación del género humano”[120]. Esta preocupación natalista le llevó a calificar a las mujeres embarazadas como “la esperanza del Estado”[121], y a recomendar al gobierno que adoptase “todas las medidas propias para precaver los partos precipitados y prematuros”[122]. Seguidamente, Mitjavila se interesó por el parto, reclamando la creación de centros de formación para las comadronas y de hospitales obstétricos para las mujeres pobres. En su opinión, “una partera ignorante es una peste que asola el Estado”[123], por lo que cualquier gobierno amante de las poblaciones numerosas debía garantizar la competencia de estas especialistas. El autor también dedicó varias páginas a las enfermedades neonatales, deteniéndose en el estudio de la asfixia y el trismus (contracción espasmódica del músculo masetero)[124].

Por otro lado, Mitjavila apuntó la necesidad de procurar una buena educación a los niños desamparados. Criticó que en Barcelona esta función fuera asumida por el Hospital de la Santa Cruz, y recomendó que los expósitos fueran acogidos en edificios “espaciosos y ventilados”, localizados fuera del recinto urbano[125]. Los hijos “de padres bárbaros, idiotas, necios o indolentes” también deberían ser puestos bajo la tutela del Estado[126]. Los progenitores habían de procurar a sus hijos una buena educación física y moral “para preservarlos de varias enfermedades, hacerlos útiles a sí mismos y al Estado”[127]. El autor también consagró un largo capítulo a reflexionar sobre “Las precauciones necesarias para que los hombres no sean enterrados vivos”[128], tema que fue abordado por otros muchos médicos de la época, lo que demuestra que esta clase de accidentes no debía ser muy excepcional[129]. En el capítulo sobre la higiene de los hospitales, cárceles y hospicios, Mitjavila recomendó trasladar estos establecimientos fuera de las ciudades y formuló algunos criterios para su construcción: “convendría que fuesen construidos de buenos materiales, sus salas altas de techo, muy capaces y espaciosas, para contener las camas con poca inmediación entre unas y otras; convendría que tuviesen varias ventanas con dirección opuesta, y asimismo ventiladores en diferentes partes”[130].

A continuación, el autor abordó el problema de los cementerios, realizando un amplio recorrido histórico por las costumbres mortuorias de diferentes pueblos, y exponiendo las razones médicas que desaconsejaban practicar los enterramientos en el interior de las iglesias[131]. Mitjavila también abordó los problemas higiénicos de estos establecimientos de culto y ofreció algunas recomendaciones para mejorar su ventilación: “conviene que [las iglesias] sean elevadas, con varios ventiladores, […] espaciosas, formadas de buenos materiales, y si puede ser, en los parajes más eminentes de la población”[132]. Asimismo, aconsejó que las escuelas públicas fueran “espaciosas, altas de techo, claras, secas, bien ventiladas, limpias y apartadas de cualquier lugar de infección”[133]. El autor recomendó a las autoridades políticas que prohibieran a los maestros aceptar a un gran número de alumnos, lo que se justificaba por motivos pedagógicos y sanitarios[134]. Las horas lectivas debían ser pocas porque “la infancia necesita mucho el sueño”, y tenían que combinarse con una “buena gimnástica de juegos infantiles”[135]. Los dos siguientes capítulos del Compendio están específicamente consagrados a la prevención de las enfermedades, siendo de destacar la actitud favorable del autor hacia la vacunación antivariólica[136]. El texto concluye con algunos apartados dedicados a la higiene privada y las cuestiones dietéticas. Entre otras cosas, Mitjavila apuntó que una buena policía debía asegurar a la población “alimentos suficientes y de buena calidad”[137].

Al margen de la atención prestada a la higiene escolar, nada es especialmente original en la obra de Mitjavila. Sin embargo, este facultativo catalán tiene el mérito de haber contribuido a difundir en España el concepto de policía médica elaborado en el marco del pensamiento cameralista alemán, y mediante el cual se sistematizaron los conocimientos relativos a los problemas sanitarios y las medidas que debían adoptarse para mejorar la salud de la colectividad.

La actitud abiertamente favorable del pensamiento de la Ilustración hacia las poblaciones numerosas, basada en la creencia de raíz mercantilista según la cual la capacidad de un Estado para obtener riquezas y poder estaba en razón directa a su potencial demográfico, contribuyó decisivamente a que durante el siglo XVIII la salud y la enfermedad fueran conceptualizadas como problemas políticos y económicos que demandaban una gestión pública. En diferentes países de Europa, numerosos autores plantearon desde perspectivas muy distintas una serie de propuestas de intervención en el medio físico y social destinadas a elevar el nivel de salud de sus respectivas poblaciones, defendiendo, al mismo tiempo, que la ejecución de tales medidas correspondía al poder político. Éste, a su vez, fue irrogándose como parte de su política demográfica una misión de policía sanitaria que acabaría abarcando una gran pluralidad de facetas, tales como la vigilancia de la sanidad marítima, la regulación de la enseñanza y práctica profesional de la medicina o el control de las condiciones higiénico-sanitarias de las ciudades.

España no permaneció al margen de esta tendencia general. Como en el resto de países europeos, los intelectuales españoles tendieron a considerar la población como uno de los factores más importantes del crecimiento económico, lo que les llevó a mantener una actitud abiertamente poblacionista y a plantear diferentes medidas que tenían como finalidad reforzar el potencial demográfico del país. Inicialmente, tal objetivo trató de ser alcanzado mediante la represión de la haraganería y la puesta en práctica de medidas de estímulo al matrimonio, la fecundidad y la inmigración. Con todo, a medida que fue aumentando el prestigio social de la profesión médica y la confianza en el saber que ésta atesoraba, comenzó a pensarse que la conservación de la salud de los ciudadanos era un medio igual de eficaz en orden a conseguir los objetivos poblacionistas. De ahí que varias figuras del pensamiento ilustrado español reflexionaran sobre las funciones sanitarias que el Estado debía asumir. En este trabajo hemos presentado algunas de las aportaciones que nos parecen más significativas. Muchos de los asuntos abordados por los autores que hemos estudiado fueron objeto de una minuciosa regulación por parte de los gobiernos ilustrados. Asimismo, los debates planteados durante el setecientos tendrían importantes consecuencias en la configuración de la política sanitaria del Estado liberal.

[137] Mitjavila y Fisonell 1803, p. 152.

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Ficha bibliográfica:

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Índice del nº 418

Índice de Scripta Nova	Menú principal

I. “Buenas leyes”	1. Afirmación del principio del interés propio. 2. Delimitación y defensa de la propiedad privada. 3. Implantación de las libertades económicas en el mercado interior.
II. “Buenas luces”	1. Política de desarrollo de la enseñanza: educación formal;educación en el puesto de trabajo;enseñanza de adultos y extensión popular del conocimiento. 2. Políticas de sanidad. 3. Asentamiento de la población en el territorio.
III. “Buenos fondos”	1. Aumento de los gastos en infraestructuras. 2. Ampliación del capital tecnológico.