La economía política de la adopción: la neoliberalización del bienestar infantil

Laura Briggs
Depto. de la Mujer, Género y Estudios de la Sexualidad – Universidad de Massachusetts/Amherst
ljbriggs@wost.umass.edu

La economía política de la adopción: la neoliberalización del bienestar infantil (Resumen)

Guatemala, a diferencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas, en las décadas de 1990 a 2010, vio aumentar su tasa de adopciones transnacionales. Este artículo sugiere que la explicación habitual de este fenómeno –que miles de niños y niñas estaban desplazados por la guerra, y que el país no tiene una “cultura interna de la adopción”– es incorrecta. Por el contrario, argumenta que la adopción transnacional en Guatemala comenzó su ignominiosa historia con el secuestro de niños y niñas por parte de militares y paramilitares durante el conflicto armado interno. La mayoría de los niños y niñas fueron adoptados en el país (mostrando que los guatemaltecos sí adoptan cuando tienen la oportunidad), pero algunos fueron adoptados en EE.UU. y Europa. La victoria de las fuerzas neoliberales en la guerra se refleja en lo que sucedió con la adopción: a pesar de décadas de esfuerzos de reforma, la adopción se convirtió en un negocio muy lucrativo para los jueces/zas, trabajadores/as sociales, abogados/as y otros. El éxito de los esfuerzos recientes para disminuir o detener la adopción transnacional en Guatemala dependerá de si los que se beneficiaron de ella encuentran satisfactorios los beneficios indirectos de la mejora del “historial de derechos humanos”.

Political economy of adoption: Neoliberalization of child welfare (Abstract)

Guatemala, unlike most Latin American nations in the decades from 1990-2010, saw its rate of transnational adoptions of children rise. This article suggests that the usual explanation for this phenomenon –that thousands of children were displaced by the war, and that the country has no domestic “culture of adoption”– is inaccurate. On the contrary, it argues, transnational adoption from Guatemala began its ignominious history in kidnappings by militaries and paramilities during the 40-year civil war. Most of those children were adopted within the country (showing that Guatemalans do adopt, given the chance), but some were adopted in the U.S. and Europe. The victory by neoliberal forces in the war is mirrored in what happened to adoption: despite decades of efforts at reform, adoption became a very lucrative business for judges, social workers, lawyers, and others. The success of recent efforts to slow or halt transnational adoption from Guatemala will depend on whether those who profited from it find the indirect benefits of an improved “human rights record” to be worthwhile.

En 1983, de acuerdo al joven guatemalteco Jacinto Guzmán Santiago, quien tenía nueve años de edad en aquel momento:

Su madre, Petrona Santiago, contó la historia de lo que sucedió de la siguiente manera:

Jacinto, renombrado Oscar Jacinto Rojas por su familia adoptiva ladina, tuvo que atravesar muchos obstáculos para poder reencontrar a su familia de origen. Su comunidad había sido destruida, los sobrevivientes trasladados, y había perdido su lengua materna, substituyendo el ixil por el español. Lo que finalmente ayudó a Rojas a encontrar a su familia y publicar su historia casi veinte años más tarde fue un proyecto de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Todos por el Reencuentro. Aunque el Informe de la Comisión de la Verdad de 1998-99 había convocado la formación de una agencia gubernamental para buscar a niños/as perdidos y desaparecidos y, a pesar de que el gobierno de Guatemala había accedido a hacerlo dos años antes durante los Acuerdos de Paz, esta agencia nunca se materializó. En lugar de ello, en 1999, una serie de grupos privados se reunieron para fundar lo que finalmente se convirtió en Todos por el Reencuentro. Con financiamiento insuficiente y sin tener acceso a los archivos militares –los de adopción, por ejemplo, y otros registros que hubiesen facilitado el proceso– el grupo se dispuso a hacer lo que muchos pensaban imposible: encontrar, con vida, a los niños/as desaparecido/as.

El siguiente año, el proyecto recibió un impulso considerable de la ODHAG (la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado) que publicó el informe Hasta Encontrarte, que documentaba la desaparición de 444 niños/as durante la guerra y sugirió la posibilidad de que había muchos más. En relación con ello, fue sumamente importante que Hasta Encontrarte insistiera en que muchos de esos niños/as estaban vivos.

Entre 1999 y 2008, Todos por el Reencuentro documentó más de 650 casos de niños/as desaparecidos en Guatemala durante la guerra y localizó a más de 200 de ellos. Su director, Maco Garvito, señaló que con más fondos podrían encontrarse muchísimos más, ya que el grupo aún no había comenzado a trabajar en amplias zonas de El Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz y de las comunidades Mam alrededor de Huehuetenango, todas áreas en las que la guerra se vivió con gran intensidad. Por razones que tienen que ver con la disputada naturaleza de las afirmaciones sobre la “verdad” oficial en el contexto de Guatemala, es completamente plausible que incluso más de una década después de los Acuerdos de Paz, tan solo una fracción de los casos de niños/as desaparecidos haya sido documentada. Para la comunidad internacional, las preguntas acerca de lo que pasó con los niños/as guatemaltecos desaparecidos siguen sin respuesta. El informe de la Comisión de la Verdad documentó la existencia de niños y niñas secuestrados durante la guerra y “desaparecidos” en adopciones al extranjero, a Estados Unidos y Europa. No cabe duda de que sigue habiendo muchísimos otros casos como el de Jacinto, con la diferencia de que sus comunidades nunca han sabido qué les sucedió.

Este artículo se centra en lo que sucedió después de la guerra, pero considerando la historia desconocida de los secuestros, desapariciones y adopciones de niños/as en Guatemala. Se sabe bastante sobre Argentina, un poco acerca de El Salvador, pero casi nada sobre Guatemala –cuanto mayor es el número de casos, menos éxitos tienen los/las activistas en la documentación, difusión y resolución de los mismos–.

El contexto

A lo largo de la década de 1980, América Latina fue la región más activa (junto a Corea) en el envío de niños y niñas para adopciones internacionales. Los países que enviaban a esos niños/as tenían, claramente, regímenes no democráticos. Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Perú y El Salvador estaban entre los diez primeros países que aportaban niños/as para la adopción internacional entre 1980 y 1989. En 2004, solo Guatemala y Colombia permanecían a la cabeza de la lista[3].

En los años ochenta y principios de los noventa, a medida que los derechos humanos se convertían en el lenguaje de la reforma y disminuía la inmensa presión ejercida por la derecha política y sus fuerzas armadas y paramilitares sobre América Latina, la mayoría de las naciones comenzó a disminuir, regular y en última instancia poner fin a las adopciones. En Guatemala, sucedió lo contrario. Las tasas de adopción transnacional se duplicaron en 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, y se multiplicaron casi por cien por ciento en una década.[4] Este artículo también intenta descubrir por qué Guatemala fue un caso tan excepcional.

Guatemala es considerado el pa ís donde el neoliberalismo ha ido más lejos, probablemente porque –al menos en parte– es donde el anticomunismo fue más popular[5]. Durante treinta años, el Estado intentó matar a todos los sindicalistas, miembros de cooperativas agrarias o intelectuales que eran miembros de partidos políticos progresistas, y luego se ocupó del genocidio de los pueblos indígenas, de los que se sospechaba que tenían o podrían haber tenido simpatías progresistas. Una vez realizada la matanza, sus líderes fueron indultados y se mantuvieron en el poder. Quienes secuestraron a los niños/as y los desaparecieron a través de adopciones durante la guerra también se opusieron a la aplicación de los convenios internacionales sobre derechos humanos en la adopción. A pesar de las repetidas reformas, cada una de ellas una admisión tácita de que tal vez no todo estaba bien, muchos siguen considerando que el sistema de adopción en Guatemala es, en palabras de un abogado de derechos humanos, “un nido de corrupción”[6].

Pero eso es adelantarse a la historia. Guatemala volvió a un gobierno civil en 1986, y tanto las alegaciones sobre la comercialización de niños como los esfuerzos basados en reformas fundamentadas en la consideración de los derechos humanos en la adopción, no se quedaron atrás. Ya en 1989, por ejemplo, el congresista Mario Tarcena, presidente de la comisión legislativa para la Protección de Menores, insistía en que la principal amenaza para los niños y la integridad del proceso de adopción no era el ejército sino lo que el diario Prensa Libre caracterizaba como la necesidad de “eliminar, o al menos reducir, el beneficio obtenido con los niños, así como fortalecer el control para eliminar el problema de que los niños disponibles para la adopción sean robados a sus madres, atacando el crecimiento del comercio de niños”[7]. El diario señaló 1986 como la fecha en que comenzó un significativo “tráfico de niños”, con el alivio de la violencia genocida en las tierras altas (“la represión masiva ha dado paso a la represión cuidadosamente selectiva”, fue descrito por un crítico) y la llegada de la crisis económica en el periodo subsecuente a la eliminación de los controles de precios y el ajuste estructural por mandato del FMI. Año tras año, los esfuerzos por reformar legalmente la adopción, instituir una autoridad central y un escrutinio más estricto fallaron debido a que, según dijo Tarcena, había diputados de la legislatura vinculados al negocio de la adopción[8].

La adopción era bastante sencilla ya que, según lo establecido en el código legal de 1977, solo se requería la presencia de un notario –y no de un juez– para registrar la transferencia de un niño/a de una familia a otra. Tal vez se podría justificar la sencillez de este proceso en razón de la escasamente desarrollada estructura burocrática del estado en Guatemala. El aislamiento lingüístico de los pueblos indígenas que constituyen la mayoría de la población, quienes tienen que hacer todos los trámites oficiales en español y la ausencia de Cortes u otros lugares donde obtener certificados de nacimiento a menos de un día de viaje para la mayoría de las personas del Altiplano, resulta en que aproximadamente el 18% de los niños/as nacidos no sean registrados[9]. Sin embargo, si la sencillez legal de la adopción pudo haber sido una adaptación a la debilidad del estado civil en relación con los pueblos pobres o indígenas, sin duda también facilitó el camino a los militares y a quienes participaron en la adopción transnacional.

Al principio de la d écada de 1980, los artículos de prensa empezaron a referirse con regularidad a las grandes cantidades de dinero pagadas por familias adoptivas, particularmente por las de Estados Unidos –una cantidad alta, incluso para los estándares de la adopción internacional, pero astronómica en comparación con los ingresos de la mayoría de los guatemaltecos–. También se referían al hecho de que las fotografías de los niños/as podían encontrarse en Internet, dato que confirmaba, para muchos, la existencia más que evidente de un comercio internacional de niños/as. También se señaló y se debatió acerca de si los tribunales de familia estaban actuando con demasiada prisa al indicar los casos de negligencia en el cuidado de niños/as. ¿Qué significa exactamente negligencia en un contexto en el que las familias pobres, durante generaciones, han tenido que dejar a sus hijos/as al cuidado de otros niños/as mayores para poder trabajar, ya sea en el campo, en el comercio urbano o en la industria? ¿Cómo puede evaluarse la negligencia cuando más de la mitad de los niños/as están desnutridos?

En 1994, se produjo un conjunto de incidentes sobre los que muchos académicos y periodistas han escrito. El debate en Guatemala sobre la desaparición de menores llegó a su punto más álgido. Janice Vogel, June Weinstock y una serie de personas sospechadas de robo de niños/as fueron atacados por multitudes en las Tierras Altas. La prensa de Estados Unidos y de Guatemala acusó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan José Rodil Peralta, de estar involucrado en el negocio de la adopción, supervisando adopciones sospechosas cuando no directamente ilegales. Desde su puesto, según algunos señalaron, aseguraba la impunidad de los y las traficantes de niños/as a través del control de los jueces. Su sucesor en este cargo, Ricardo Umaña, también fue acusado de estar profundamente involucrado en una red de traficantes de niños/as; su esposa, Susana Luarca de Umaña, era una prominente abogada especializada en adopción.

La palabra “ilegal” fue utilizada indiscriminadamente por la prensa, a pesar de que la laxitud de la regulación guatemalteca en temas de adopción no dejaba claro qué parte exactamente de todo ello era ilegal. Sin embargo, no era el “tráfico” de menores lo que alarmaba a la gente, sino la sospecha de que los niños/as estaban siendo secuestrados a sus familias y comunidades, algo que –como hemos visto– ya los militares habían hecho. Los casos eran difíciles de procesar. En 1995, un abogado de la adopción, Rubén Darío Ventura Arellano, fue detenido por “traficar” y robar niños/as. En la ciudad de Guatemala, personas de un vecindario dijeron que en cierto lugar habían visto entrar y salir niños con frecuencia y, cuando los investigadores entrevistaron a las personas del servicio doméstico en esa dirección, descubrieron que estaban cuidando a dos recién nacidos. Los trabajadores informaron que frecuentemente cuidaban a niños/as pequeños, por lo general recién nacidos, en éste y otro lugar, y afirmaron no tener conocimiento sobre la procedencia de los niños/as, ni adónde iban. La policía consiguió localizar al padre y a la madre de uno de los niños, pero no a los del otro[10].

Este es un caso típico de los años noventa; la policía respondió a las alegaciones de las personas del vecindario por lo que pensaban era un depósito de tráfico de menores con un arresto, pero la policía, ante un caso de niños/as no identificados –y quizá no identificables– se negó a continuar investigando el tema. Dado que los hogares de crianza no requieren licencias ni documentos que muestren de dónde vienen sus encargos ni a dónde van, el asunto fue simplemente abandonado. Con requisitos legales tan débiles, Rubén Darío Ventura Arellano pudo decir, con toda verdad, que no había nada ilegal en lo que estaba ocurriendo en los hogares de crianza. No obstante, tanto los vecinos como la prensa sabían cuán improbable era que alguien pobre –especialmente si él o ella eran de una comunidad rural, hablaban una lengua indígena o estaban en una zona de combate– fuera capaz de plantear con éxito una demanda de reclamo de un niño desaparecido. Por tanto los vecinos y la prensa protestaron y la policía realizó arrestos; pero luego los tribunales, en silencio, retiraron los cargos.

Hay muchas de este tipo. Mi archivo de recortes de prensa guatemalteca sobre menores secuestrados y encontrados, a veces ya en el proceso de adopción internacional, tiene una pulgada y media de espesor y alrededor de 300 páginas. Y eso solo incluye la década de 1993 a 2003. Desde entonces, cuando la prensa se digitalizó, cualquier número de búsquedas en, por ejemplo, el sitio web de Prensa Libre (www.prensalibre.com), con palabras como “robo y adopciones” ofrece cientos de artículos como resultado. Esta búsqueda en particular muestra 427 artículos. Sumergirse en ese archivo permite hacerse una idea de la magnitud del tema. En 2001, por ejemplo, Kimberly Xiomara Pineda, de tres años de edad, fue secuestrada en su casa y ofrecida en adopción a una pareja de españoles, Rodrigo Espósito y María Luz Rodríguez. La niña fue reportada como desaparecida a un número de agencias, hasta que su madre –Rebeca Arbizurez– convenció a su empleador (trabajaba en el colegio Julio Verne) para llamar al jefe de la Dirección General de Migración –Luis Mendizábal–, quien confirmó que a la niña se le había emitido un pasaporte y estaba lista para salir del país ya que los billetes habían sido comprados. De hecho, un juez de familia había aprobado la adopción seis semanas antes de que la niña hubiese sido secuestrada y un empleado de la guardería había llevado a la niña a todas las citas necesarias. La madre de Kimberly, Rebeca, fue persistente y tuvo éxito porque, a pesar de ser una persona de modestos recursos y no el tipo de persona que podría conseguir que Luis Mendizábal recibiera sus llamadas, consiguió que en el colegio donde trabajaba la escuchara alguien –no identificado en la prensa. Gracias a esa pizca de buena fortuna, consiguió recuperar a su hija (Mendizábal fue identificado algunos años después en La Prensa Gráfica de San Salvador como un enlace entre los escuadrones de la muerte en El Salvador y sus similares de Guatemala, al tiempo que otros informes lo vinculaban con el contrabando de armas al FMLN y le describían como una “oreja”, un espía, alguien que conocía a todos y todo lo que pasaba en Guatemala)[11]. Incluso después de recuperar a la niña, la familia continuaba aterrada y se mudaron de casa para escapar de sus secuestradores. Pocos días después de que la niña Kimberly fuera recuperada, la mujer que se hizo pasar por su madre en la Corte desapareció. Había sido detenida, aunque fue inmediatamente liberada, un hecho que fue interpretado por algunas personas como prueba de que la policía estaba involucrada o era cómplice de lo sucedido. La familia, ante las amenazas de muerte recibidas, entró en el programa de protección de testigos del Ministerio Público. Si bien esto puede haber concedido más seguridad a los padres y sus cuatro hijos, no protegió a toda la familia ya que, siete meses más tarde, sus dos tíos fueron asesinados a tiros en una fiesta local de la comunidad por desconocidos que se ocultaron en un bosque cercano donde fueron perseguidos por los vecinos, aunque nunca fueron encontrados[12].

Este caso muestra una serie de elementos que muchas y muchos guatemaltecos, y por supuesto la prensa, creen acerca de la adopción. En primer lugar, que puede incluir el secuestro (aunque, evidentemente, no siempre es así). En segundo lugar, que si se informa del secuestro de un niño/a, el grupo criminal que lo realizó o patrocinó puede tomar represalias. En tercer lugar, que la policía y las y los jueces están –o pueden estar– implicados, por lo que hay impunidad para quien es hallado participando en tales crímenes. Esto ayuda a explicar algo que a menudo es difícil de entender desde fuera de Guatemala: la violencia callejera y multitudinaria contra las personas acusadas de robo de niños/as (y otros delitos, aunque son los ataques a las parteras y jaladoras -arreglistas– los que llegan a la prensa internacional, quizás porque suele tratarse de mujeres, o tal vez porque han incluido a personas extranjeras). Las comunidades creen que no pueden confiar en la policía para impartir justicia o para la protección contra la violencia criminal y, así, toman el asunto en sus propias manos. Por último, algo que también es interesante señalar es la completa impotencia de la prensa: nadie cree que poner a la luz del conocimiento público este tipo de incidentes resultará en el enjuiciamiento de aquellas personas cuyos nombres ya figuraban en los papeles de la Corte –estos autores son rara vez anónimos– ni se supone que se podrá obtener seguridad para la familia.

En 1994, quince proyectos de reforma de la adopción habían fracasado en la legislatura de Guatemala[13]. A partir de 1996 la posición liderada por la prensa –que la adopción procedía a través de la violencia y la degradación– tenía como nuevos defensores en el ámbito legislativo a líderes de grupos de familias de niños/as desaparecidos. Además, se había renovado la oposición a través de la formación conservadora Derecha Cristiana, que había sido una parte importante de la junta del gobierno anticomunista durante el conflicto armado interno. Las elecciones de 1996 llevaron a los adversarios históricos de la guerra civil al poder legislativo en coalición, y la reforma de la adopción fue uno de los escenarios en los que se enfrentaron. Uno de los principales defensores de la adopción transnacional fue Efraín Ríos Montt. Una de las principales figuras que propuso la reforma de la adopción fue Nineth Montenegro, activista de los derechos humanos y una de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que proporcionó solidaridad y apoyo a los familiares de las y los desaparecidos (“modelado ligeramente tras las Madres de la Plaza de Mayo” como el escritor Francisco Goldman dice). Montenegro se había convertido en una activista después de la desaparición de su marido, el estudiante y activista sindical Edgar García Montenegro, y comenzó a manifestarse ante el gobierno y exigir la rendición de cuentas por parte de la policía y los militares por las desapariciones, de alguna manera sobreviviendo incluso cuando otros miembros del GAM fueron blanco de agresiones y asesinatos por ser considerados subversivos[14].

Uno de los primeros temas que planteó el conflicto en el recién elegido Parlamento fue la lucha por la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989. Los grupos cristianos evangélicos articularon lo que he denominado un posicionamiento basado en los “valores de la familia guatemalteca”, una posición que se parecía mucho a la sustentada por la derecha cristiana de Estados Unidos en la década de 1980: la familia es el fundamento de la iglesia y de la sociedad, por lo que las mujeres y los niños debían ser protegidos de la influencia corruptora del estado y otras influencias seculares. Aunque la derecha cristiana en EE.UU se ha centrado obsesivamente en el aborto legal –algo que no suponía un problema en Guatemala, donde el aborto es ilegal excepto para salvar la vida de la madre–, también elaboró propuestas sobre la adopción entre los años 1980 y 1990 que se preocupaban por hacer de la adopción un proceso fácil, secreto y libre de la influencia del estado (en oposición a Bastard Nation –organización que seguía el estilo de Queer Nation, en nombre y capacidad para conducir la derecha cristiana a la distracción– que urgentemente reclamaba la apertura de los registros y otras restricciones “secretas” de las adopciones)[15]. Como la periodista Michelle Goldberg ha argumentado, la década de 1990 fue un período de intensa tras-nacionalización de “guerras culturales” al estilo estadounidense, a medida que los grupos cristianos de derecha presionaban en su desacuerdo con cuestiones como el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad en otros países. Goldberg cita en particular el ejemplo de la ley extrema contra el aborto de El Salvador, que ilegaliza el aborto incluso cuando existe riesgo de la vida de la madre, lo que obliga a los servicios de emergencia a negar el tratamiento que salva la vida a las mujeres que abortan de forma espontánea mientras el feto muestra signos de vida[16].

Igualmente podríamos decir que la lucha por la adopción en Guatemala ejemplifica el nuevo activismo transnacional por parte de la derecha cristiana sobre las formas adecuadas de la familia, en las que las madres solteras deben renunciar a sus hijos/as para que sean dados en adopción como última expresión de la patria potestad. Los tratados de derechos humanos –especialmente aquellos que regulan la adopción– son considerados como una intromisión internacional en la autoridad de la familia.

A partir de 1996, una serie de iglesias evangélicas y los dos partidos conservadores –el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG, partido de Ríos Montt)–declararon que la Convención sobre los Derechos de la Niñez era un agente destructor de la autoridad familiar[17]. En 1998, tras la firma de los Acuerdos de Paz y con la elección de una delegación legislativa más numerosa procedente de la izquierda –más proclive a los cambios–, hubo un gran esfuerzo por reformar la adopción y combatir el uso fraudulento de documentos. Ese año, cuando la legislación habilitada por la Convención sobre los Derechos del Niñez fue programada para entrar en vigor, surgieron una serie de grupos que se oponían, incluyendo la Asociación Pro-Patria, la Asociación por el Poder Local y las Madres Angustiadas –este último, un grupo conservador de mujeres de clase alta que argumentó que con la Convención se les haría imposible controlar a sus hijos/as, ya que se daba a los niños/as la libertad de religión, viaje, expresión y el derecho a la privacidad en su espacio. “Sería destruir la familia”, insistió el portavoz de Madres Angustiadas, José Luis González[18]. La Alianza Evangélica de Guatemala, una coalición de iglesias evangélicas protestantes, también se opuso a la legislación. “Es responsabilidad de todos los guatemaltecos luchar contra una ley que debilita a la familia como fundamento de la sociedad y la iglesia”, dijo el grupo en un comunicado[19].

Fernando Linares Beltranena, abogado conservador y columnista de Prensa Libre, explicó su posición: “Lo más sorprendente sobre el Código [de la niñez] es que se pretende ayudar a los niños. . . pero la mayor parte del Código, con eufemismos y terminología ambigua, con pretensiones de legislar de manera altruista y con valores extranjeros, desintegra los valores familiares y entrega la autoridad de la familia al Estado, a una gran red burocrática”. Insistió que el Código impide a las familias tomar medidas si sus hijos o hijas usan malas palabras, llevan minifalda, se tatúan o se transvisten. Solo mediante la orden del juez, insistió, los padres podrían entrar en el cuarto de sus hijos/as en busca de drogas, armas, pornografía o juguetes sexuales. Linares también trabajó para construir una lista pan-guatemalteca de estos “valores familiares”, tomando la no tan obvia posición de que esta familia nuclear autónoma, que solo quería ser libre de toda influencia exterior, era tan maya como ladina, “las familias indígenas, que están tratando de preservar sus valores y costumbres, también se ven especialmente afectadas [por el Código] en la pérdida de su autoridad y capacidad de poner fin a este ejercicio de libertad [es decir, a usar minifaldas y el uso de drogas] por parte de sus hijos”[20].

Los defensores de la Convención tomaron una posición diferente, señalando que el discurso en defensa de la familia era una distracción y la verdadera cuestión trataba del abuso de poder que dio lugar a oportunidades fantásticas para ganar dinero con las adopciones y no tuvo mucho que ver con la autoridad de los padres y las madres. En el Congreso, Nineth Montenegro sostuvo que su Comisión sobre la Mujer, el Menor y la Familia podía documentar irregularidades en 440 adopciones, y que los abogados estaban ganando una fortuna: 30.000 dólares estadounidenses por cada adopción. “Los grupos con poder económico están involucrados [en la adopción] y, cuando sus intereses se ven amenazados, cada vez que hay un esfuerzo por legislar en relación a esta institución [la adopción], las propuestas se atascan y no obtienen buenos resultados” dijo Débora Cóbar de Alvarado, la abogada del Estado para los niños/as y jóvenes. “El proceso, tal y como es ahora, es muy sencillo. Cualquier notario puede hacerlo y, de esta manera, se convierte en una simple cuestión de trámites, en la que se convierte al niño en un bien [en el sentido de algo que se puede vender] en lugar de tratarse como un ser humano”[21]. Montenegro y otros relacionados con las familias de desaparecidos, en colaboración con UNICEF y otros grupos de defensa de los niños, organizaron conferencias de prensa, se acercaron a activistas internacionales de derechos humanos y exigieron una reforma, vinculando la adopción con el robo de órganos y el asesinato de niños de la calle por parte de la policía y el ejército[22]. En una conferencia de prensa en 1997, el activista de derechos humanos Bruce Harris del hogar de niños católicos, Casa Alianza, el procurador general Acisclo Valladares y Carmela Curup –abogada de los menores de edad– denunciaron a los abogados/as involucrados en la adopción transnacional, con referencia a una serie de casos específicos. En uno de estos casos, un abogado había presentado el mismo certificado de nacimiento para varios bebés. En otros cinco casos se demostró, a través de pruebas de ADN, que varios bebés enviados a Canadá para adopciones por un abogado en particular, no estaban relacionados con las “madres” que supuestamente les renunciaron. La tercera abogada destacada en la rueda de prensa fue Susana Luarca de Umaña, esposa del presidente de la Corte Suprema, quien fue acusada de utilizar su influencia para impulsar los procesos de renuncia. Harris señaló el extenso volumen de trabajo que tenía Luarca de Umaña: enviaba cerca de una decena de bebés en adopción cada mes, y Harris calculó que recibía entre 10.000 y 15.000 dólares por cada adopción.

La BBC emitió un reportaje canadiense, “The Body Parts Business”, que seguía a niños/as de la calle desaparecidos y argumentaba que había un considerable tráfico –en adopciones y, posiblemente, también en el robo de órganos o partes del cuerpo– a través de redes criminales organizadas que operaban con la colaboración de la policía[23]. Un periodista español también denunció el tráfico de órganos de niños en Guatemala compilando sus artículos en el libro Niños de Repuesto[24]. La evidencia de que los niños/as realmente estaban siendo secuestrados y llevados a los Estados Unidos como hijos/as adoptivos era tan significativa que el Departamento de Estado de los EE.UU. estableció como requisito una prueba de ADN que confirmase que la mujer que renunciaba al niño era realmente su madre antes de que se pudiera emitir un visado para un niño/a adoptado (lo que establece, irónicamente, que funcionarios de EE.UU. certificaran la maternidad antes de poder declarar a un niño huérfano, sugiriendo así la naturaleza extraña del concepto de un visado para “huérfanos”)[25].

La periodista mexicana Karen Avilés escribió en La Jornada que las mujeres, especialmente las trabajadoras sexuales, recibían pagos para quedar embarazadas, “alquilando su vientre”[26]. También sugirió, en sus escritos sobre el transporte de niños/as mexicanos, que estos eran llevados para adopciones a “orfanatos” en Guatemala, sin ningún registro referente a cómo se les había obtenido. Avilés escribió una serie de artículos detallando el tráfico de menores en Guatemala, donde describe una amplia red de ochenta profesionales y funcionarios guatemaltecos –abogados/as, trabajadores/as sociales, jueces/zas– que se beneficiaron de estas operaciones. También se refirió a quienes secuestraban niños/as, a madres biológicas que vendían niños/as por sumas tan mínimas como 250 dólares y a los hogares donde las madres biológicas se quedaban durante sus embarazos, entendiendo que sus bebés serían dados en adopción. Citó a Carmela Curup de la Oficina de la Procuraduría General de Guatemala quien, al describir la dificultad de probar la existencia de un tráfico internacional de niños, admitía también la naturaleza sospechosa de la situación: “todo [sobre los procedimientos de adopción] es legal, todo, entre comillas, es 'legal'“. Agregó, “nosotros vemos con preocupación el número de personas que llegan aquí, a Guatemala, que por unos pocos quetzales logran obtener un niño”. Avilés también escribió sobre el otro lado de la ecuación: hoteles llenos de turistas extranjeros, cada uno de los cuales llevaba un niño/a de piel morena a punto de ser adoptado, una imagen digna de Borges que se repetía a diario en Guatemala[27].

Dentro de Guatemala, otros como Carmen Rosa de León, directora de la agencia del gobierno para el apoyo a los refugiados, ofreció una narración menos sensacionalista pero, en última instancia, basada en una explicación que tiene mucho que ver con la violencia, pero una violencia estructural en lugar de la violencia del secuestro. Ella hizo hincapié en las formas en que la adopción transnacional surge de la desesperación de las personas muy pobres. “¿Por qué hay un tráfico de niños?”, preguntó. La respuesta, pensó, era porque hay muchas familias que tienen más hijos/as de los que pueden alimentar. También hizo referencia a una pareja con diez hijos, el/la mayor de los cuales se marchó a los 18 años para dedicarse al trabajo sexual. Otra joven se casó con un hombre mayor a la edad de catorce años para asegurarse de que iba a comer con regularidad y la mayoría de los otros niños/as empezaron a trabajar después de un par de años de educación escolar para contribuir al ingreso familiar. De León sostuvo que la adopción podría ser un regalo, tanto para una familia que no pudiera tener descendencia como para la familia que había tenido demasiada. Aún así ella insistió en una reforma de la adopción que eliminara el beneficio económico e hiciera posible que las familias guatemaltecas pudieran adoptar[28].

He recuperado aquí historias específicas que ponen de relieve la naturaleza de las investigaciones policiales y los intentos de reformas legislativas, aunque éste está lejos de ser un relato completo. Realmente, relatar la historia completa sería un poco como contar la historia de los esfuerzos para poner fin a las drogas o a las pandillas: los informes policiales y calendarios políticos han sido dominados por estos esfuerzos semanal y hasta diariamente. Hago esta observación porque la adopción en Guatemala es un asunto sumamente controvertido, y los abogados/as de la adopción en Guatemala así como los sitios web de las familias adoptivas, listas de correo y blogs han insistido en que las pruebas son débiles, los cargos vagos y las pruebas insuficientes e inconcretas en relación con el tráfico de menores. Se trata, probablemente, de temas que tienen que ver con la debilidad de la ley, el poder de quienes defienden la adopción y, tal vez, el uso de la violencia por quienes no quieren que se cuenten estas historias.

Una de las explicaciones que se ofrecen a menudo sobre el por qué Guatemala ha tenido altas tasas de adopción en las últimas dos décadas es que la nación no tiene “cultura de adopción”. Se trata de un argumento que reformula la adopción transnacional, quitando el enfoque del deseo de los y las aspirantes a ser madres y padres adoptivos de América del Norte y Europa y del aparato burocrático creado por notarios/as y agencias de Guatemala, poniendo el enfoque en la necesidad de tener niños/as. En segundo lugar, naturaliza las fallas del sistema del bienestar infantil en Guatemala y los desplazamientos de la guerra: los niños/as están viviendo en las calles porque nadie los quiere mantener. Por último esta explicación desvía la atención de las formas en que los costos astronómicos de la adopción en Guatemala, junto con molestias mayores para quienes carecen de certificados de nacimiento u otra documentación para los niños/as que están criando –incluyendo, en el año 2000, las amenazas de los militares: los que no tenían certificados de nacimiento de sus hijos/as podían ser detenidos (en nombre de la oposición al tráfico de niños)[29]– están haciendo que la adopción informal sea ilegal y que la adopción formal esté fuera del alcance de todos, salvo los más ricos[30]. Los servicios legales de caridad para las familias guatemaltecas sirven tan solo a una pequeña fracción de las familias guatemaltecas, y su existencia simplemente clarifica el punto mayor: la adopción legal y formal simplemente no es algo que muchos guatemaltecos/as puedan permitirse[31].

Todo lo antedicho estaría fuera de lugar, exceptuando una cosa: sencillamente no es cierto que los guatemaltecos/as no adoptan. Si los que buscan a los niños/as que desaparecieron durante la guerra han demostrado una cosa es que hubo una práctica masiva de adopción en Guatemala. De hecho, la documentación de niños “encontrados” por Todos por el Reencuentro es, involuntariamente, un conjunto más que exhaustivo de estudios de casos sobre lo que pasó con los niños/as desaparecidos o separados de sus familias durante la guerra. Una y otra vez, especialmente en las comunidades indígenas pero también entre los ladinos, los militares controlaban un servicio de adopción muy eficaz. Cada uno de los cientos de menores que desaparecieron fue “colocado/a” en una familia, con el recurso ocasional a las instituciones auxiliares –orfanatos o, para los niños/as mayores, los cuarteles militares–. Cientos, quizás miles de familias guatemaltecas, especialmente pero no exclusivamente mayas, adoptaron niños/as en la década de 1980 y los años noventa y los criaron como si fueran suyos. Para bien o para mal, se les enseñó un nuevo idioma, se les alimentó, vistió, educó y se vistió a las niñas con el traje (o vestido ladino) correspondiente a sus comunidades. La desaparición y la colocación de los niños por los militares revelan el grado en que éstos controlaban la única burocracia eficaz en Guatemala: bien financiada, multilingüe y con alcance nacional –lo que, irónicamente, pone al sistema estatal del bienestar infantil civil en vergonzosa evidencia–. Los niños/as que los militares hicieron desaparecer para aterrorizar a sus familias y comunidades no se tiraron en las calles de Guatemala. Guatemala tiene una cultura y una historia de patrocinio de la adopción por parte del Estado. Simplemente no tiene una historia de adopción civil patrocinada por el Estado. O más bien, el Estado ha confiado en las iglesias, las ONGs y la enorme red privada de notarios/as y facilitadores/as con fines de lucro que ofrecen sus servicios cuando les interesa a las agencias de adopción de EE.UU. No se trata de que los guatemaltecos no quieran adoptar. Simplemente los militares dejaron de hacer funcionar su programa, el gobierno civil hasta el momento no ha logrado crear otro, y las entidades privadas encuentran que no es tan rentable organizar adopciones dentro de Guatemala como lo es fuera de ella.

En 2007, la prensa de EE.UU. y Gran Bretaña comenzó a informar sobre “el primer” caso confirmado de un niño secuestrado en Guatemala en una adopción ilegal. Aunque este relato fue muy influyente dentro y fuera de América Latina, no tiene mucho sentido dentro del contexto de la historia de menores secuestrados por los militares durante la guerra y luego adoptados en Guatemala, Europa o Estados Unidos. De hecho, esta historia de un “primer” caso de secuestro y adopción ocultó mucho –empezando con la guerra y continuando a través de los esfuerzos de la reforma legal que, en el contexto de la post-guerra en Guatemala, trató de utilizar el discurso de los derechos humanos para poner fin a la impunidad por los abusos de los militares y la responsabilidad de varios sectores del gobierno civil–. En los años inmediatamente posteriores a la guerra se vio el surgimiento de la adopción como un problema público significativo, expresado mediante manifestaciones, acusaciones de mercantilismo y comercialización de la adopción, la formación de grupos de activistas, e incluso la violencia de multitudes contra supuestos ladrones/as de niños/as.

Guatemala fue anómala en América Latina en su trato de la adopción en la posguerra. Mientras que muchos países de América Latina tuvieron programas significativos de adopción durante la Guerra Fría –impulsados en gran parte por las irrupciones de ‘guerras sucias’ anti-comunistas y campañas, incluso organizadas, que trataron de separar a los niños/as de sus familias para evitar el desarrollo de otra generación “roja”– los años posteriores a la Guerra Fría vieron el éxito de las campañas para reducir o incluso eliminar las adopciones transnacionales. Estas fueron expresadas como discursos de derechos humanos (más significativamente en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional) o como esfuerzos para confrontar la delincuencia o el tráfico.

En 2009, Guatemala finalmente siguió a otras naciones de América Latina en la implementación de una moratoria sobre las adopciones transnacionales, por segunda vez desde 2002. Como en el primer caso, se prometió acabar con la corrupción y llevar la Nación al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de adopción. Tal vez lo haga, pero muchos/as dentro y fuera de Guatemala siguen sin creer en ello. El fin de la guerra, el gobierno civil y los Acuerdos de Paz abrieron la puerta a la transformación de un programa de adopción de los militares cuyas raíces se cimentan en el terror y el anti-comunismo hacia un programa de neoliberalización del bienestar de los niños/as, incluso haciendo rentables los niños/as no deseados, desplazados, perdidos o secuestrados. La pregunta es si las personas que en algunos casos son las mismas que se beneficiaron del programa militar, serán lo suficientemente compensadas de alguna otra manera –quizás a través de la legitimidad internacional por el cumplimiento de los tratados y las oportunidades de negocios transnacionales que se derivan de ello–. Este no ha sido el hilo conductor dominante en la historia reciente de Guatemala, pero ya veremos.

[31] “Adopciones Gratuitas”, 1999.

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Edición electrónica del texto realizada por Beatriz San Román Sobrino.

Ficha bibliográfica:

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