PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL, TERRITORIO Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. CONSTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO-CHILE

Rosa María Guerrero Valdebenito
Universidad de Concepción y Universidad Desarrollo (Chile)
rguerrero@udec.cl

Patrimonio cultural mundial, territorio y construcción de ciudadanía. Construcción y apropiación social del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso-Chile (Resumen)

El barrio histórico de la ciudad de Valparaíso-Chile fue declarado sitio patrimonio cultural de la humanidad el 2 de julio del 2003. Desde esta declaración patrimonial la ciudad ha adquirido gran interés social, económico y político, definiendo un antes y un después en su morfología y en cómo los habitantes perciben y usan ésta. El artículo describe el complejo proceso de construcción y apropiación social del patrimonio cultural urbano y los efectos sociales más relevantes derivados de éste. Destacamos el importante rol que han adquirido las organizaciones ciudadanas para instalar el patrimonio como un marco para la expresión de derechos y demandas sociales, transformando con ello el panorama organizativo de la sociedad porteña.

World cultural heritage, territory and construction of citizenship. The social construction and appropriation of the world cultural heritage of Valparaiso city (Abstract)

The historic neighborhood to Valparaiso city was declared heritage of humanity in July 2nd 2003. Since then the city has achieved unusual social interest, so much so that this title seems to define a before and after in the status of the city and how the residents perceive and live it. This article describes the social construction and appropriation of the world heritage of this city, and the principal social effect about it. The article emphasizes the awakening of heritage organizations, which had put the heritage as a frame to express social rights and requirements, changing the organization outlook of Valparaiso society as a consequence.

Tradicionalmente los bienes patrimoniales han sido un recurso simbólico de gran importancia a nivel político. En el siglo XIX, periodo de consolidación de los Estados nacionales latinoamericanos, la construcción del patrimonio nacional era parte de objetivos político-estratégicos de quienes buscaban legitimar una noción de orden y de nación. A través de la selección de patrimonios convenientemente escogidos como representativos de la nación se buscaba consolidar ciertos actores políticos, sus discursos y modelos de actuación. A través de estas categorías se pretendía además anular y administrar la pluralidad cultural delimitando ciertos contenidos de la nación y de la identidad, validando a través de ello también ciertas prácticas y regulaciones[1].

De la primacía de esta concepción, nos dice Pérez Ruiz[2], surgieron, una serie de consecuencias, entre ellas, en el caso de América Latina, la subordinación de las culturas de origen no-occidental (culturas indígenas) a un modelo de cultura ajeno; la imposibilidad de que las comunidades y grupos culturales subordinados se identificaran y se preocuparan por preservar y proteger el patrimonio, y la dificultad del Estado de adoptar una política de protección que abarcara la totalidad de los bienes culturales que formaban una nación.

Hoy en día, bajo el marco de la globalización, la nominación de ciertos bienes como patrimonio nacional ya no recae sólo sobre los Estados y sus intereses político-estratégicos, sino que se abre a los organismos internacionales. En 1972 la UNESCO, en el marco de la Convención para el patrimonio natural y cultural mundial, define la categoría de patrimonio natural y cultural mundial. De acuerdo a esta convención un bien es considerado patrimonio cultural mundial si cumple criterios, tales como:

(i) Representar una obra maestra del genio creador humano; (ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable (…); (iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida; (iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico (…).[3]

A través de esta convención y otras posteriores la UNESCO se ha convertido en el principal organismo internacional preocupado en financiar e incentivar el interés político y social por la preservación y rescate de las expresiones culturales, las cuales de otro modo (como ya ha sucedido en muchos casos[4]) serían destruidas. La calificación patrimonio mundial alude fundamentalmente a expresiones culturales tangibles, tales como edificios, sitios, monumentos y en algunos casos barrios o ciudades.

En este nuevo marco internacional de valores patrimoniales, la declaración de ciertos bienes como patrimonio de una nación sigue despertando fuerte interés, pero ya no sólo como recurso político estratégico, sino también como posibilidad para la obtención de recursos económicos públicos y privados para las comunidades poseedoras de estos bienes. La declaración de un bien como patrimonio cultural o natural mundial estimula una serie de inversiones públicas y privadas, tales como, renovación y mejoramiento de infraestructura urbana y créditos de apoyo para el mejoramiento de los bienes declarados[5]. La declaratoria significa así para muchos países y ciudades un cambio sustantivo en sus condiciones económicas y de desarrollo social. Para muchas ciudades y regiones, de hecho, los bienes o expresiones patrimoniales han pasado a constituirse en el principal motor de su desarrollo económico[6].

No obstante, el incremento del interés social y político por preservar los bienes patrimoniales que ha generado la convención del patrimonio natural y cultural mundial, los efectos o beneficios sociales derivados de las declaratorias patrimoniales no han sido homogéneos. Los estudios de F. Carrión[7], D. Guzmán[8] y R. González y A Suárez[9], han puesto de manifiesto que en América Latina, si bien la declaración de ciertas zonas urbanas como patrimonio cultural mundial han generado importantes flujos económicos y reactivación productiva, han provocado también una agudización de problemas sociales preexistentes y la apertura de nuevas brechas de pobreza, desigualdad y exclusión social. El caso de la erradicación del comercio callejero, nos explican González R. y Suárez A[10], es un ejemplo al respecto. Bajo el argumento de evitar un mayor deterioro, de una mejor mantención del espacio público, de prevención de la inseguridad urbana y de un mejoramiento de la “estética” de algunas áreas patrimoniales, se han desarrollado políticas de erradicación de los vendedores ambulantes y de los habitantes de menores recursos que activaban y daban forma a distintas expresiones culturales de las áreas histórico-patrimoniales de las ciudades latinoamericanas. Ello ha significado que algunas áreas patrimoniales se hayan constituido en espacios vacíos, estetizados y socialmente homogéneos, generando no sólo la pérdida de estos espacios como lugares de identificación colectiva, sino también nuevas formas de deterioro provenientes del desinterés social y de un turismo desregulado[11].

Johannes Augel, en su estudio sobre la declaratoria de patrimonio cultural mundial del casco histórico de Salvador de Bahía, evidencia que la declaratoria de patrimonio mundial ha puesto de manifiesto los desiguales recursos a partir de los cuales los habitantes del lugar se confrontan con sus patrimonios, y las diferentes posibilidades que éstos tienen para representar de modo conveniente sus demandas e intereses frente a otros actores con mayor poder económico y político[12]. José Mora, en este mismo sentido, plantea que los procesos de gestión pública y privada del patrimonio de algunas ciudades mexicanas, no han contemplado la participación y reinserción social de las poblaciones de menores recursos a los nuevos ciclos de desarrollo turístico, agudizando con ello las precarias condiciones de vida de éstos y la proliferación de diversas problemáticas sociales y ambientales[13].

De igual manera, el creciente flujo del turismo patrimonial hacia zonas de gran riqueza cultural y pobreza económica en México, que en principio contaron con el entusiasmo de las comunidades porque auguraba beneficios económicos para ellas, en la práctica, nos dice A. Rosas, ha generado un enriquecimiento casi exclusivo de grandes grupos económicos y no de las comunidades, provocando además una serie de nuevos conflictos al interior de las mismas y en algunos casos un grave deterioro del ecosistema y de los mismos bienes que se pretendían proteger y potenciar[14].

Estos antecedentes han puesto de manifiesto el excesivo énfasis que las declaratorias patrimoniales ponen en los bienes físicos y en las posibilidades económicas de los mismos en desmedro de otros aspectos sociales y culturales.

Considerando estos aspectos se desarrolló una investigación que tuvo como objetivo central describir y analizar el proceso de construcción y apropiación social del patrimonio cultural mundial de la ciudad de Valparaíso- Chile, desde su primera postulación, en el año 1997, su declaratoria formal en el año 2003, y hasta el año 2008. La metodología de investigación recogió información secundaria existente respecto al proceso y realizó entrevistas en profundidad a los principales actores sociales implicados[15]. El artículo describe algunos de los principales hallazgos de esta investigación.

El patrimonio cultural como construcción socio-simbólica

La investigación sostuvo como hipótesis central que los conflictos y problemas sociales asociados a la definición y gestión de los bienes considerados como patrimonio mundial derivan de que éstos son “construcciones sociales”, es decir, son categorías de valor resultantes de cómo ciertos actores, social y culturalmente situados, interpretan y definen su identidad en función de sus distintos intereses, recursos y posibilidades[16]. De acuerdo a esta definición cada proceso de definición y apropiación patrimonial es por tanto un contexto particular de construcción de valor, definido por factores contingentes, referidos a la situación política y social del momento; factores heredados, asociados a la historia del grupo y a su memoria social; factores normativos asociados a las reglas y convenciones sociales, y factores sociales vinculado a la posición que los actores ocupan dentro de la estructura social en función de la disposición de determinados capitales o recursos[17]. Distintos actores sociales, entonces, participan, definen y se apropian de sus expresiones patrimoniales, en función de los diferentes recursos/condiciones culturales y sociales, heredadas y contingentes que éstos disponen.

No obstante, expresa J. Prats, la elección y síntesis tanto de los hechos como de los contenidos de “la cultura nacional” sólo ha sido posible de hacer por quienes “podían” hacerlo y no por quienes “querían” hacerlo.[18] Para Monet G, y Ribeiro E., el Estado es y ha sido el principal activador de patrimonios, porque ha tenido a su disposición la mayoría de los medios institucionales de producción y circulación de sentido como la escuela, el libro de texto o los medios de comunicación, que él mismo ha creado y administrado. Esto ha implicado que el Estado y los grupos de poder hayan conseguido de cierta manera imponer sus gustos y patrones (estéticos y morales) y decidir qué es lo mejor para los otros o inversamente, impedir que segmentos de los dominados tengan acceso a bienes culturales altamente privilegiados[19].

Esta asimetría en la definición de las expresiones patrimoniales se explica, siguiendo a P. Bourdieu, porque la distribución social de los capitales culturales y económicos necesarios para construir y apropiarse de las expresiones culturales son estructuralmente desiguales[20]. Esta desigualdad ha implicado la imposición de ciertos patrimonios por parte de los grupos de poder, pero también el surgimiento de diversos conflictos sociales por parte de actores que no se sienten representados por determinados patrimonios. Como veremos en el caso de Valparaíso, los actores sociales progresivamente han puesto de manifiesto el carácter parcial y asimétrico de los contenidos definidos como patrimonio nacional y mundial, proponiendo sus propias definiciones patrimoniales. El campo del patrimonio se ha constituido así en un espacio de enfrentamiento y negociación social[21] donde los actores sociales, se apropian y re significan las definiciones formales para darles nuevos sentidos y usos en función de sus propias necesidades y recursos[22]. El conflicto social se constituye así en un relato que nos permite observar y comprender los diversos significados y efectos sociales que las declaratorias mundiales tienen a nivel local. Paralelamente nos permite destacar el importante rol que tiene la ciudadanía en la orientación de los contenidos y gestión de sus patrimonios.

La construcción del patrimonio cultural mundial de Valparaíso: actores y significados

Al igual que gran parte de las ciudades que son postuladas como patrimonio de la humanidad, Valparaíso es una ciudad en la cual coexiste una gran riqueza arquitectónica y cultural con fuertes condiciones sociales de pobreza y marginalidad.

En el siglo XIX esta ciudad-puerto tuvo un enorme dinamismo económico, siendo considerada su época de esplendor. Este período dio la impronta económica, cultural y social que la caracteriza y que ha nutrido los principales hitos históricos y arquitectónicos que fueron considerados para su postulación como sitio patrimonio cultural mundial[23].

El esplendor económico, social y cultural de la ciudad, no obstante, comenzó a decaer como resultado de una serie de cambios: la apertura del Canal de Panamá en el año 1914; la crisis económica mundial del año 1929 y la privatización en los años ochenta de la industria portuaria, fueron acabando con las raíces económicas de la ciudad y paralelamente con las dinámicas sociales y culturales a las cuales ésta daba forma.[24] De esta manera, desde los años sesenta Valparaíso se constituyó en una ciudad económica y socialmente estancada, tuvo un pequeño resurgimiento social y económico en el período de la dictadura como centro de reunión de grupos opositores, esto le dio la fama de “ciudad bohemia”, pero no volvió a tener una fuente de desarrollo productivo como el portuario que permitiera reactivarla económicamente[25]. Esta situación generó una masiva emigración de población hacia otras ciudades, un aumento sostenido de tasas de cesantía y el surgimiento de una serie de problemas sociales como delincuencia, drogadicción, vagancia, etc[26]

Esta precaria situación social y económica fueron los principales fundamentos para que en el año 1997 el gobierno local y actores de la sociedad civil iniciaran las acciones para postular la ciudad como patrimonio mundial. No obstante, la inexperiencia de los actores locales, la serie de requisitos que deben cumplir los países para postular a estas declaratorias y la falta de apoyo del gobierno central, hicieron que esta postulación fracasara y que se retirara la postulación en el año 1999. En el año 2000 se presentó nuevamente la postulación, pero liderada por el gobierno central y con mayores recursos (políticos, económicos y sociales). Finalmente, después de diversos cambios al expediente original y al cumplimiento de una serie de compromisos por parte del Estado, se logra la declaratoria de patrimonio mundial, el 3 de julio del 2003.

De acuerdo al documento oficial de postulación presentado a la UNESCO, se declaró como patrimonio cultural mundial el centro histórico de la ciudad puerto de Valparaíso, bajo el criterio iii de valor universal, es decir como

…testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida”. Lo anterior, fundado en que “Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de Sudamérica.[27]

 En el caso específico de la ciudad se destacó:

La ciudad colonial de Valparaíso constituye un ejemplo notable del desarrollo urbano y arquitectónico de América Latina a finales del siglo XIX. Enmarcada en un sitio natural en forma de anfiteatro, la ciudad se caracteriza por un tejido urbanístico tradicional especialmente adaptado a las colinas circundantes, que contrasta con el trazado geométrico utilizado en terreno llano. En su paisaje urbano, dotado de unidad formal, se yergue una gran variedad de campanarios de iglesias. La ciudad ha conservado interesantes estructuras de los inicios de la era industrial, por ejemplo los múltiples funiculares que recorren las escarpadas laderas de las colinas.[28]

La valoración del sitio por parte de la UNESCO, si bien es cierto destaca aspectos intangibles (tradiciones, costumbres, valores), alude principalmente a aspectos tangibles, especialmente la singular trama urbanística y arquitectónica de algunos barrios emblemáticos, como el Cerro Concepción y Alegre, y los funiculares que conectan los cerros de la ciudad con el plan. Este énfasis, como veremos, orientó en parte, que los compromisos asumidos por el gobierno en la gestión de lo patrimonial se focalizaran fundamentalmente a invertir en el ámbito de la restauración y gestión de la infraestructura histórico-patrimonial, en desmedro de otros aspectos más intangibles vinculados a la cultura y costumbres de estos territorios.

La gestión gubernamental del patrimonio declarado

Los actores gubernamentales[29] han tenido un rol central y hegemónico en la postulación y gestión de los bienes de Valparaíso declarados con valor patrimonial universal. Para estos actores sociales, el objetivo central de la declaratoria del área histórica de la ciudad como sitio cultural mundial era reactivar económica y socialmente ésta, constituyendo el patrimonio en un nuevo eje de desarrollo productivo y modernización urbana. Desde este marco la definición, preservación y gestión del patrimonio no era un fin en sí mismo, sino que se supeditaba a un objetivo mayor como era el “resurgimiento” de la ciudad. Patrimonio se constituyó entonces en un discurso modernizador, sinónimo de “industria patrimonial” y de construcción de un nuevo modelo de desarrollo urbano.

El actual Gobierno ha asumido un compromiso muy especial con la cultura, y en ese marco, busca perfilar a Valparaíso como capital cultural de Chile. Existe una plena y generalizada convicción de que es ésta una de las actividades que más claramente puede servir de base a su reactivación y prosperidad económica, tanto a través del turismo cultural como mediante el establecimiento de instituciones culturales y educacionales.[30]

La selección de expresiones culturales fundamentalmente tangibles como patrimonios representativos de la ciudad facilitó las tareas de restauración y gestión del patrimonio declarado. El principal acento de las intervenciones estatales fue así orientado al mejoramiento de la infraestructura urbana y a la remodelación y restauración del patrimonio arquitectónico.

Uno de los programas más emblemáticos del gobierno respecto a la gestión del patrimonio de la ciudad fue el “Plan Valparaíso”. Este plan fue creado en el 2001. Con posterioridad a la declaratoria pasó a llamarse programa “Valpomio”. El programa ha contado para su ejecución con 73 millones de dólares, de los cuales 25 millones corresponden a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el resto a un aporte del Gobierno Central de Chile.

El objetivo inicial del programa fue explorar líneas de inversión para incentivar el desarrollo económico de la ciudad, de esta forma se proponía:

Contribuir a la revitalización de la ciudad de Valparaíso, poniendo en valor el patrimonio urbano de la ciudad como fundamento de nuevas actividades económicas, culturales y sociales que beneficien a la población.[31]

Con posterioridad a la declaratoria el programa se orientó hacia cuatro líneas de intervención: recuperación urbana, desarrollo económico y sociocultural, desarrollo institucional del municipio local, y comunicación y participación ciudadana[32].

De acuerdo al BID la estrategia adoptada por el programa ha sido concentrar las inversiones en el territorio y los sectores que mejor apoyen el aprovechamiento de las ventajas naturales de la ciudad para crear nuevas actividades económicas y atraer nuevos residentes. En este marco el programa ha centrado sus inversiones en los entornos del área declarada Patrimonio de la Humanidad y en las áreas de amortiguación de ésta. Las acciones en estas áreas tienen como objetivo específico valorizar y conservar el patrimonio como atractivo turístico, de desarrollo inmobiliario y comercial[33]. Pretenden con ello tener además una mejor coordinación de las inversiones públicas asegurando que éstas tengan la escala suficiente como para desencadenar un proceso de inversión privada que signifique revertir el proceso actual de deterioro económico, urbano y social de la ciudad.

Cuadro 1.
Principales líneas de intervención del programa Valpomio

Paralelamente a las acciones del programa Valpomio el gobierno instaló líneas de desarrollo patrimonial en casi todos los organismos públicos con presencia en la ciudad. Algunas de las líneas de desarrollo patrimonial más relevantes fueron:

Desarrollo de la industria Patrimonial

Esta área de intervención gubernamental en materia patrimonial fue impulsada a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). El impulso a la “industria patrimonial” consistía en la asignación de recursos para proyectos que tuvieran como objetivo la preservación o reconversión productiva de ciertos bienes culturales con valor histórico-patrimonial, especialmente en lo que es el ámbito del turismo, gastronomía y hospedaje.

Lo que nosotros llamamos “industria patrimonial”, es convertir esta maravilla que es Valparaíso en un negocio y sacarle plata, no vender Valparaíso en pedacitos, sino que la gente haga de esta condición patrimonial un elemento para ganar dinero, hostales, “bed and breakfast”, servicio para los turistas, tomar esta condición de patrimonio de la humanidad para recuperarla, y no tener que botar las casa lindas y poner edificios feos, que seamos capaces de restaurar y aprovechar los dineros de esta gente que viene a ver esta maravilla, para que la gente se quede y haga mejores cosas para la ciudad.[34]

La industria patrimonial ha sido construida a partir de la utilización de criterios de evaluación económica para la evaluación de bienes con valor patrimonial. El objetivo es que los bienes restaurados otorguen, no solo valores identitarios, sino también rentabilidad. El fundamento de este enfoque es que, frente a la carencia de recursos estatales y la creciente demanda que los bienes patrimoniales tienen a nivel global, es necesario elaborar indicadores de rentabilidad que permitan priorizar a los Estados qué bienes preservar, logrando con ello recuperar la inversión que el Estado hace en ellos. A través de indicadores se espera que los bienes patrimoniales tengan una adecuada gestión trascendiendo al bien cultural como objeto de conservación para potenciarlo como un recurso de desarrollo asociado a sus rentas[35]. Evidentemente esta comprensión del patrimonio alude a bienes fundamentalmente de carácter físico[36].

Mejoramiento de la Infraestructura patrimonial

Esta línea de inversión gubernamental fue abordada fundamentalmente por el ministerio de obras públicas (MOP), Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) y la Empresa de Obras Portuarias, empresa pública que es propietaria del todo el borde costero de la ciudad. En un principio, las acciones de estas entidades, especialmente del MOP, se orientaron a realizar un exhaustivo análisis y descripción de los inmuebles considerados con valor patrimonial, lo cual sirvió como insumo para elaborar el documento de postulación de la ciudad como patrimonio y para el monitoreo futuro de los bienes declarados[37].

En una segunda etapa se desarrollaron proyectos que se orientaron a mejorar, habilitar y construir infraestructura urbana. Uno de los proyectos más visibles y emblemáticos fue el mejoramiento y recuperación del “Borde Costero”, que consistió en la habilitación de zonas peatonales en áreas que habían estado destinadas solamente a actividades portuarias y que, por ende, no eran accesibles a la población de la ciudad. El proyecto implicó habilitar algunas zonas como paseos de uso público[38]. En el año 2000 se dio comienzo oficial a la reposición de la infraestructura marítima y terrestre. Uno de las primeras acciones fue la habilitación del Paseo Wheelwright que abarcó 1.722 metros. El diseño contempló un paseo peatonal, vías para ciclistas y, en caso de accidentes, la posibilidad de acceder en vehículos de emergencia[39].

Paralelamente a estas dos grandes líneas de intervención en el área patrimonial se desarrollaron otras acciones estatales, algunas de las cuales tenían fundamentalmente un valor simbólico, como fue la declaración de Valparaíso como “capital cultural de Chile”, la campaña de “mejoramiento de fachadas” de casas y edificios ubicados en la zona histórica de la ciudad, y la posterior instalación de la sede del Ministerio de Cultura en el área patrimonial de la ciudad. No obstante, las acciones y compromisos del gobierno central respecto al patrimonio declarado se han centrado fundamentalmente a la restauración del patrimonio físico y a incentivar y apoyar la gestión productiva del mismo.

La apropiación social del patrimonio mundial: conflictos patrimoniales y participación ciudadana

Inicialmente las acciones estatales para postular las expresiones culturales de la ciudad como patrimonio cultural mundial generaron un importante respaldo y expectativas sociales, especialmente por los beneficios y posibilidades económicas que la declaratoria iba a traer a la ciudad y sus habitantes. No obstante, con posterioridad a la declaratoria este apoyo social ha ido disminuyendo, especialmente por la percepción, por parte de algunos actores sociales, de que la inversión en materia patrimonial ha sido desregulada, con baja participación ciudadana y pocos beneficios para la población de la ciudad. Esto se ha expresado en el surgimiento de una serie de conflictos sociales entre gobierno, privados y ciudadanía. Dos conflictos nos permiten describir graficar éstos: a. Los problemas en torno a la construcción en altura, y b. Los conflictos por la gestión comercial del Borde Costero.

La construcción en altura y el derecho a la vista al mar

Si bien es cierto se han financiado proyectos de rehabilitación de infraestructura patrimonial en el área histórica de la ciudad, paralelamente se han aprobado proyectos inmobiliarios que han modificado la morfología de la ciudad, como es la construcción en altura en los cerros de la ciudad.

Tal como muestra la figura 2, y de acuerdo a datos de la oficina de estadísticas del departamento de obras municipales, en el año 2000 la cantidad de permisos de edificación en altura era de 5 y el promedio de altura era de 7,6 pisos. En el año 2002 el total aumentó a 31 y la altura máxima a 25 subiendo el promedio a 8,6 pisos. El 2004 y 2005, el promedio de altura de las edificaciones fue de 10,6 y 14,7 pisos respectivamente, en el año 2007 se sostuvo ese crecimiento con un promedio de altura de 16,6 pisos[40]. Este tipo de construcción, que prácticamente no existía previo a la declaratoria, ha sido considerado por la ciudadanía como un proceso que ha atentado a la preservación de uno de los patrimonios tradicionales de la ciudad, como es el derecho a ver el mar[41].

El derecho a la vista al mar, de acuerdo a lo expresado por algunas agrupaciones ciudadanas, es una norma social de respeto y convivencia “tácita”, construida y respetada históricamente por los habitantes. En este marco, el surgimiento de torres de altura ha sido percibido como una ruptura de esta cultura urbana, en tanto instala “el derecho a la vista al mar” como un producto comercial supeditado a las demandas y ofertas del mercado.  

Lo de la vistas es importante, porque si tú ves hace 5 años atrás, lo de la vista era casi como una cosa de derechos humanos, hasta la casa más pequeña se hacía considerando la vista del otro, entonces si viene una tremenda mole y se te instala en frente y te tapa todo, por cierto que eso te violenta.[42]

El crecimiento de las construcciones en altura es interpretado además por algunos grupos ciudadanos como la evidencia de los valores contrapuestos y contradictorios del discurso gubernamental respecto al patrimonio de la ciudad y a sus habitantes. Desde el punto de vista de las organizaciones ciudadanas, la construcción de torres simboliza la implantación progresiva de un modelo de desarrollo urbano que es definido por el mercado y por los intereses inmobiliarios, y que no considera la preservación de la cultura de la ciudad como un aspecto relevante de su desarrollo.

El proyecto Borde Costero Barón

El gobierno ha realizado una inversión importante en mejorar los paseos públicos que están a orillas del mar, sin embargo, el uso de otras áreas de orilla de mar han suscitado una fuerte resistencia social. El proyecto Borde Costero Barón es un plan de infraestructura turística inmobiliaria de 20 hectáreas ubicadas en el sector de Barón – Bellavista que tenía y tiene un uso portuario. El proyecto, de acuerdo a sus auspiciadores, plantea convertir esa parte del litoral en un proyecto turístico con hoteles, centros comerciales, cines e instalaciones para deportes náuticos, creando un polo de actividad económica y de fuentes de trabajo, generando, de acuerdo a sus estimaciones, 2.500 nuevos empleos permanentes (directos e indirectos), la inyección de US$ 10 millones anualmente a la economía local a través de salarios, y un aumento de la plusvalía del barrio y de nuevos visitantes a Valparaíso. Para la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), encargada de gestionar el proceso y promotores de esta obra, “se trata del cumplimiento del sueño de los porteños de volver a caminar por el borde costero con espacios culturales y de uso público”[43].

Desde el inicio de la postulación este proyecto ha sido resistido por distintas organizaciones de defensa ciudadana. De hecho, hasta el año 2010, el proyecto estaba aún detenido debido a una serie de demandas y recursos legales presentados por organizaciones de defensa ciudadana de la ciudad. Aún cuando el conflicto se focaliza en aspectos legales, como el problema de las alturas, el eje del problema es la discrepancia entre la ciudadanía y los actores gubernamentales respecto al uso comercial de ese espacio público y los aportes que éste haría al desarrollo de la ciudad y a la conservación de su patrimonio.

De acuerdo a la EPV el proyecto es considerado uno de los proyectos turístico-comerciales más importantes para el desarrollo de la ciudad. Primero, porque tiene como finalidad abrir un nuevo espacio de integración entre la ciudad y el mar constituyendo un atractivo polo de desarrollo económico y social. Segundo, porque de acuerdo al EPV se destinarían más del 60% de sus veinte hectáreas al desarrollo de espacios de uso público abriendo este espacio a la comunidad. Tercero, por la dinámica económica que movilizaría, dado que según estos actores, se constituiría en una de las más importante fuentes de dinamización económica de la ciudad, especialmente por la apertura de numerosas plazas de trabajo y por los importantes ingresos al fisco vía impuestos y patentes.

Las organizaciones ciudadanas, contrariamente, consideran que el proyecto es una privatización y comercialización solapada del espacio público y del derecho de los ciudadanos a acceder libremente al mar. Paralelamente plantean que el proyecto viene a romper con el patrimonio porteño transformando la forma natural de anfiteatro del puerto. Para ellos, el proyecto lo que hará será reemplazar los contenedores y maquinas actualmente instalados en el lugar por una muralla de edificios para el turismo con acceso restringido. Bajo este marco consideran el proyecto un negocio inmobiliario y comercial que generaría una especie de ghetto urbano para los que pueden pagar y por ende una segregación del espacio y de las actividades.

Para los representantes de organizaciones ciudadanas, el borde costero debe definirse como “área de protección” con condiciones restringidas de edificación y uso del espacio para que no se deteriore de manera irreversible la calidad ambiental del resto de la ciudad. “Devolver el mar a los habitantes” que es la frase utilizada por los impulsores del proyecto, es desde la perspectiva de las organizaciones ciudadanas de defensa patrimonial, un discurso político- estratégico que pretende buscar el apoyo de la ciudadanía y ocultar los aspectos ilegales del proyecto y la privatización del espacio público costero.

La gente va a tener acceso al borde costero, porque no le va a quedar otra porque va a tener un edificio frente a su ventana, antes veía el mar desde su ventana, ahora va a tener que bajar al plan a verlo, porque aquí los edificios cara dura, se paran donde quieren y tapan la vista a gente que ha vivido ahí 100 años, y la gente se tiene que bancar eso, porque el alcalde piensa que Valpo no se puede transformar en un museo.[44]

Estos conflictos sociales ponen en evidencia la demanda por parte de la ciudadanía de una participación más activa y determinante en la definición y gestión de sus patrimonios. Los datos disponibles evidencian que, tanto los contenidos de lo que ha sido considerado como patrimonio mundial de la ciudad como los objetivos de la gestión del mismo, han sido definidos por actores estatales y por algunos grupos de académicos y expertos convocados por éstos. No se realizó una convocatoria a la ciudadanía para conocer sus percepciones y definiciones patrimoniales[45].

Desde el gobierno se reconoce que la construcción de los hitos patrimoniales que fueron considerados como patrimonio de la ciudad se elaboró fundamentalmente con profesionales gubernamentales y actores sociales relevantes convocados por el municipio[46]. No obstante, para los actores gubernamentales, la postulación de la ciudad como patrimonio de la humanidad respondió a una demanda de la ciudadanía.

Hubo un cabildo en que se trataron diferentes problemáticas de la ciudad (…) entonces dentro de esa área estaba el área de la cultura y dentro de la cultura(…) se solicitó el tema de lo urbano, la problemática en cuanto al patrimonio, de la identidad, qué estaba pasando con esos y otros espacios que estaban deteriorándose, entonces se hizo presente el interés de que se incluyera el tema del patrimonio, que se estudiara el tema para incorporarlo al plan regulador.[47]

Para los actores gubernamentales la participación de la ciudadanía en la definición de los contenidos patrimoniales no era un aspecto relevante dado que el objetivo del proceso de postulación era fundamentalmente cumplir los requisitos formales de la UNESCO y no desarrollar un proceso de construcción colectiva de los valores patrimoniales. Se entendía que la definición de cuáles eran los valores patrimoniales de la ciudad no era algo que se debiera discutir socialmente porque era un aspecto de conocimiento común.

Todo el mundo sabía que Valparaíso era único, sus personajes, sus cerros, sus miradores, sus ascensores, etc. Hay varias películas sobre la ciudad, libros, poemas, canciones, etc. Nosotros sabemos que todo el que venía se quedaba encantado con la ciudad, eso no era tema, había que ordenar esa información.[48]

Desde el año 2006 se percibe un cambio en las líneas y programas gubernamentales respecto a la participación ciudadana. La inclusión de la ciudadanía se incorpora como un componente formal de los programas de desarrollo patrimonial ejecutados en la ciudad. No obstante, plantean los representantes de ONG y de organizaciones ciudadanas, esta participación ha sido sólo nominal y consultiva, es decir, se ha convocado a los ciudadanos para informar o dar respaldo formal a iniciativas ya definidas, no teniendo como objetivo incluir efectivamente a la ciudadanía en las decisiones o en los criterios para definir política o programas.

El objetivo del proceso, no ha sido abrir cauces para escuchar ideas e incluirlas, sino más bien la de imponer ideas. Cuando tú hablas de participación ciudadana, lo que estás diciendo es que el aparato estatal, compuesto por los profesionales y técnicos de las organizaciones gubernamentales, debe incorporar las sensibilidades de la población.[49]

Lo anterior ha generado el surgimiento de nuevas formas de organización social, como son “las organizaciones patrimonialistas” y la rearticulación de organizaciones sociales tradicionales.

Patrimonio y re-construcción de ciudadanía: las organizaciones patrimonialistas y los nuevos significados del patrimonio

Si previo a la postulación patrimonial, existían algunas organizaciones de defensa patrimonial, con posterioridad a la declaratoria no sólo surgieron nuevas agrupaciones, sino que éstas se constituyeron en motores para la reemergencia y activación de otras organizaciones ciudadanas, y de nuevas y antiguas demandas sociales, generando un cambio sustantivo en las dinámicas sociales de la ciudad. El marco central que ha fundamentado el accionar de estas organizaciones no ha sido sólo poner de manfiesto la baja inclusión ciudadada en el proceso, sino rechazar el excesivo énfasis que los actores gubernamentales han puesto en la gestión económica de los bienes patrimoniales. El énfasis anterior, a su juicio, no sólo ha generado un deterioro del patrimonio sino también fuertes expectativas sociales, especialmente en los grupos más pobres, esperanzas que no se han visto satisfechas, generando un importante desencanto respecto al proceso y a la preservación del patrimonio declarado.

Las organizaciones de defensa patrimonial las podemos definir como organizaciones de la sociedad civil, compuestas, en su mayoría, por habitantes de zonas patrimoniales de los cerros Concepción y Alegre. Su integrantes son mayoritariamente profesionales, de clase media a media alta, con conocimientos sobre el tema patrimonial, con recursos sociales (redes sociales e institucionales), culturales (nivel educacional y conocimiento respecto al tema) y económicos importantes. Estas características les han permitido posicionarse socialmente respecto al tema, especialmente frente a los actores gubernamentales e internacionales. Dentro de las principales organizaciones de este tipo encontramos: “Valparaíso nuestro”, “Ciudadanos por Valparaíso” o el “Comité de defensa de Valparaíso”, organización que se desprende de ciudadanos por Valparaíso y que, como expresa uno de sus dirigentes, es “una organización de organizaciones”, que articula, coordina y asesora otras organizaciones más localizadas que tengan demandas vinculadas al patrimonio.

A nivel organizativo, las organizaciones patrimonialistas de la ciudad han funcionado con objetivos y estrategias independientes, pero paralelamente han apoyado, suscrito movilizaciones junto a otras organizaciones y movimientos locales y nacionales, como organizaciones sociales de defensa de barrios y sectores, que se aglutinan en torno a demandas territoriales más específicas[50]. Paralelamente y dependiendo de la campaña o acción a desarrollar estas organizaciones se han coordinado también con redes virtuales y mediales de difusión y discusión social, que se han constituido en espacios de debate social donde las distintas organizaciones de defensa y los ciudadanos expresan y difunden sus ideas respecto al tema patrimonial[51].

Estas organizaciones han liderado las principales campañas y acciones de defensa y rechazo de algunos proyectos emblemáticos de la ciudad, como el proyecto puerto Barón o la construcción de torres en altura, entre otras. El discurso central de estas organizaciones es que el patrimonio de la ciudad deje de entenderse como un problema gubernamental, para ser entendido como un problema y un “derecho ciudadano”. Desde esta interpretación los poseedores legítimos del patrimonio no son los actores gubernamentales, ni la UNESCO, sino los “habitantes”, de esta forma la definición y gestión del patrimonio no es un tema “técnico” vinculado a actores “expertos”, sino un “problema y un derecho social” vinculado a las necesidades y calidad de vida de los ciudadanos y a la mantención de sus hábitos y tradiciones.

En el trasfondo de las acciones de estas organizaciones, de acuerdo a sus representantes, esta como objetivo incentivar que los habitantes tengan un rol más activo en la definición, defensa, preservación y gestión del patrimonio de la ciudad, y que no sean los actores gubernamentales y los empresarios los que definan los proyectos y el modelo de ciudad que se ha de implementar.

Las organizaciones patrimonialistas han implementado diversas campañas y acciones para incentivar el interés ciudadano respecto a la problemática del patrimonio. Dos de las campañas más relevantes desarrolladas por estas organizaciones han sido las campañas “lugar valioso” y “que no nos tapen la vista”. Ambas tuvieron como objetivo central posicionar nuevos referentes desde donde mirar y comprender lo patrimonial más allá del discurso mercantil respecto del patrimonio elaborado por los actores gubernamentales y los medios.

La campaña “lugar valioso” era parte de una campaña más amplia en defensa del comercio tradicional de la ciudad como expresión de una tradición económica cultural propia del puerto. Los criterios a partir de los cuales se definía un lugar como “valioso” eran diversos. Uno de ellos era antigüedad; segundo, que el lugar ofreciera productos con un valor económico adaptado a la realidad social y económica de la ciudad; y tercero, que el lugar a través del comercio expresara una vinculación única, representativa de la cultura y dinámica social del entorno. Cada lugar valioso era considerado representativo de un espacio y de una comunidad a la cual éste convoca y que le da continuidad al mismo.

El acto de designar lugar valioso representa una demarcación de territorio en la ciudad. Espacios que, con su calidad de atención, sostienen una dimensión comercial, potenciada por una relación social, cultural y urbana particular, ofreciendo servicios y productos tanto para habitantes como para visitantes, manifestando la realidad particular de barrios y sectores, con una fuerte dimensión histórica.[52]

La campaña “que nos tapen la vista”, al igual que la campaña anterior, se planteó como uno de sus objetivos construir e incentivar cambios a nivel de “valores” sociales en torno al patrimonio de la ciudad. Los objetivos de la campaña se orientaron a:

• Generar instancias de pronunciamiento y discusión ciudadana respecto al valor social y urbano del derecho a vista generado por la situación de anfiteatro.
• Comprometer a instancias privadas en una temática ciudadana a través de su participación activa en esta campaña, ya sea como locales de recolección de firmas, generando redes de trabajo y participación y movilizando grupos de acción local.
• Informar a la ciudadanía sobre las regulaciones establecidas respecto al tema, incluyendo el Seccional de Vistas y los alcances prácticos y teóricos de esta normativa.
• Dialogar sobre conceptos y visiones de desarrollo e indagar sobre percepciones y perspectivas socio-económicas de la planificación urbana y sus normas de protección[53].

Estas campañas y otras acciones de protesta implementadas por estas agrupaciones, sumado al creciente desencanto social, especialmente de los grupos populares, respecto a los beneficios y oportunidades que se suponía derivarían de la declaratoria patrimonial, se constituyeron en un contexto especialmente propicio para que el discurso de las organizaciones patrimonialistas tuvieran cada vez mayor apoyo social.

Inicialmente se consideró a estas organizaciones como “élites”, poco representativas de las demandas de la mayoría, pero su relación con los actores gubernamentales y la modificación que han tenido algunos proyectos a raíz de sus intervenciones, les fue progresivamente otorgando mayor respaldo social. Este respaldo les ha permitido integrarse y coordinarse con otros actores sociales, constituyéndose en un factor movilizador para la reactivación de organizaciones sociales tradicionales de la ciudad , tales como: la “Coordinadora de Trabajadores Portuarios”, la “Federación de Trabajadores Portuarios (FTP)”, la “asociación comunal de junta de vecinos”, las cuales históricamente tuvieron un rol central en los procesos de movilización colectiva de la ciudad, pero se encontraban detenidas como actores sociales desde hace varias décadas.

Estas organizaciones tradicionales se reactivaron apropiándose del discurso de la defensa del patrimonio y constituyéndolo como uno de sus ejes centrales. Sin embargo, el patrimonio de la ciudad era un marco simbólico a partir del cual los actores buscaban evidenciar demandas y problemáticas sociales rezagadas durante largo tiempo, tales como: los problemas sociales derivados de la privatización portuaria, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores portuarios, la cesantía, etc. De esta forma, las organizaciones tradicionales se fueron progresivamente desprendiendo de las organizaciones patrimonialistas para desarrollar sus propios procesos de movilización, generando un movimiento ciudadano que agrupó a organizaciones locales con diversos intereses y demandas, tales como la “coordinadora de trabajadores portuarios”, “federación de trabajadores portuarios (FTP)”, “asociación comunal de junta de vecinos”, u organizaciones y redes sociales nacionales con representatividad local como “Asociación contra la Globalización ATTAC”, “organizaciones estudiantiles y universitarias”, etc. Este movimiento dio origen posteriormente a una red llamada “coordinadora ciudadana” [54].

Una de las primeras acciones importantes de esta red ciudadana fue la protesta social llamada “el puertazo”[56]. Como muestra la figura 3 ésta acción planteó un pliego amplio de peticiones que expresaban, desde demandas específicas de algunos grupos, como las de agrupaciones portuarias que demandaban “el término de la pesca de arrastre”, hasta demandas sociales más amplias y diversas, tales como “mayor participación social en las decisiones de la ciudad”, “termino del lucro en la educación”, “cambios constitucionales”, término a los “procesos de modernización y modelos de desarrollo excluyentes”, etc.

Valparaíso, Ciudad-Puerto con tradiciones, costumbres y estilos de vida, construidos a través del tiempo por una comunidad que desarrolla sus diversas actividades directa o indirectamente alrededor del Puerto, se ve enfrentada hoy en día a decisiones arbitrarias de algunas autoridades y núcleos empresariales, que pasando a llevar nuestro sentir, marginándonos de la toma de decisiones, imponen criterios que destruyen nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras formas de relación comunitarias[57].

Para las organizaciones portuarias participantes y líderes de la protesta, las acciones y proyectos ejecutados en la ciudad, a raíz de la declaratoria patrimonial, han generado que las condiciones laborales y las posibilidades de trabajo portuario se vean progresivamente más deterioradas, agudizando aún más la precariedad ya existente desde mediados de los años ochenta. Para este grupo el énfasis en la gestión del patrimonio porteño significa “el cierre definitivo a la vocación portuaria de la ciudad” y la reorientación de ésta hacia el área del desarrollo turístico y universitario.

Para estos grupos, la modernización y resurgimiento de la ciudad, a través de la gestión económica del patrimonio, es un discurso que ha sido elaborado para encubrir intereses económicos y políticos y no para mejorar las condiciones de los sectores más empobrecidos de la ciudad, como es el caso de los trabajadores vinculados al puerto. Desde su interpretación la vocación portuaria es lo que otorga identidad a la ciudad y es la base del sustento de los grupos más tradicionales y empobrecidos de la ciudad, por lo cual es ese el patrimonio de la ciudad que debe ser reactivado y preservado.

Bajo el pretexto de la modernidad, el borde costero ha sido sometido transformaciones que afectan directamente a quienes trabajan en él, disminuyendo la mano de obra marítimo-portuaria, acabando con la pesca artesanal, expulsando a los lancheros de la bahía, retirando a los artesanos del muelle y levantando moles arquitectónicas que nada tiene que ver con la imagen amable que nuestro puerto ha construido durante siglos.[58]

Esta rearticulación de nuevas y antiguas agrupaciones ciudadanas ha generado un cambio importante en la rearticulación del tejido asociativo de la ciudad, pero además una transformación en los contenidos tradicionales de las demandas de estos grupos sociales. Ya no se demanda inclusión social y beneficios sociales, sino también una trasformación de los valores que orientan el modelo de ciudad y los actores que construyen y gestionan el mismo. Es decir, proponen un cambio de modelo, desde uno pensado y definido por la clase política y los empresarios, por uno pensado y construido desde las bases y necesidades sociales de los habitantes.

Comentarios finales: declaratorias patrimoniales, participación social y construcción de ciudadanía

El análisis del proceso de construcción y apropiación social del patrimonio mundial de la ciudad de Valparaíso- Chile entrega, a nuestro entender, elementos especialmente relevantes para comprender los nudos y posibilidades derivados de la gestión social del patrimonio mundial.

Los importantes efectos económicos y sociales derivados del proceso de gestión patrimonial permiten destacar, una vez más, la relevancia que tienen estas categorías internacionales para incentivar procesos de reactivación económica, especialmente en los campos del turismo cultural y el desarrollo inmobiliario.

No obstante, a nuestro entender, uno de los aspectos más importantes, que nos muestra el análisis del caso de Valparaíso, es la relevancia que adquiere la participación de la ciudadanía para orientar los contenidos y usos sociales de estas calificaciones patrimoniales. La baja incorporación de la ciudadanía en la construcción de los contenidos y gestión del patrimonio mundial de Valparaíso declarado por la UNESCO, ha sido un gatillante para generar procesos de movilización social, incentivando con ello el interés de los habitantes por participar e interesarse en la gestión del patrimonio de su ciudad.

El surgimiento de organizaciones ciudadanas en torno al patrimonio, y las movilizaciones sociales incentivadas por éstas, han sido fundamentales para reorientar el proceso de gestión patrimonial incorporando otros valores y criterios patrimoniales en los planes gubernamentales. La regulación de las construcciones en altura en los cerros y la privatización del borde costero, son aspectos que no hubiesen sido analizados ni regulados por parte del gobierno o de la UNESCO si no fuese por la intervención de las organizaciones ciudadanas. Esto destaca la relevancia que tiene la ciudadanía organizada en la orientación de estos procesos a nivel local.

La UNESCO ha dado progresivamente mayor importancia a la participación de la ciudadanía en los procesos de patrimonialización y gestión del patrimonio mundial. No obstante, los convenios internacionales no establecen indicadores medibles para regular la inclusión de los ciudadanos en estos procesos, la inclusión queda a criterio de cada Estado. De esta manera, y pese a los avances, para los organismos internacionales los Estados siguen siendo los principales interlocutores en los convenios internacionales, y son los únicos que cuentan con la legitimidad para establecer convenios internacionales[59]. Lo anterior genera, como hemos visto en el caso de Valparaíso, que la participación de la ciudadanía en éstos procesos quede más en manos de los ciudadanos y en la capacidad organizativa de éstos para hacer oír sus demandas y necesidades, que en las capacidades de los organismos gubernamentales o internacionales. Esto como efecto positivo generó en el caso de Valparaíso una fuerte reactivación del tejido asociativo y social de la ciudad, pero como efecto negativo, el surgimiento de diversos conflictos sociales y la incertidumbre respecto a la institucionalización de determinadas demandas más allá de la contingencia política.

En el caso de Chile los deficientes mecanismos de participación ciudadana en la construcción y gestión de las políticas públicas no es un problema nuevo, la base de éstos pareciera ser tanto estructural como político. Si bien es cierto, los servicios públicos consideran dentro de su gestión una serie de indicadores para incentivar y medir la participación ciudadana, gran parte de las actividades para incorporar la participación social en las instancias de acción gubernamental son orientadas hacia el área de formación, información y difusión de actividades y un porcentaje mucho más bajo incorpora la participación como ámbito evaluativo, de cogestión o de construcción de políticas[60]. Ello evidencia que en el ámbito de la participación ciudadana -entendida como espacio de construcción, gestión y evaluación conjunta entre sociedad civil y gobierno de los tema de interés público- en las instancias públicas, prevalece una noción de participación a nivel de consulta e información más que a nivel de cogestión o evaluativa. Es decir, habría una concepción de la participación social medida y evaluada desde una mirada cuantitativa y desde la visión de los actores estatales y no desde los actores participantes. El carácter nominativo y no vinculante de la participación ciudadana redunda en una baja credibilidad por parte de la ciudadanía en estos mecanismos, incentivando la desafección respecto a los mismos. Estos nudos de la participación ciudadana se han expresado con fuerza en la gestión del patrimonio porteño, y en las disputas y demandas entre las organizaciones sociales porteñas y el gobierno.

El surgimiento de las organizaciones patrimoniales generó un quiebre en las dinámicas de pasividad y retracción ciudadana respecto a la gestión de la ciudad y su relación con el gobierno. La apelación por parte de estas organizaciones a entender el patrimonio como un derecho de los habitantes, trasladó el eje de gestión del mismo desde el gobierno y la UNESCO a los ciudadanos. Bajo este nuevo marco los habitantes son los principales responsables de la preservación y gestión de su patrimonio porque éste es un elemento central de su identidad como grupo. Este nuevo discurso sobre el patrimonio, es a nuestro juicio, el que incentivó en gran medida los procesos de movilización colectiva y de construcción y reconstrucción de las organizaciones sociales porteñas. Se suma a lo anterior un contexto de fuerte precariedad y expectativas sociales respecto a las posibilidades que la declaratoria traería para sus habitantes.

La mantención de las movilizaciones ciudadanas y de las organizaciones patrimonialistas como actores activos en el proceso de gestión del patrimonio pareciera ser fundamental para poder asegurar un equilibrio en los beneficios y potencialidades sociales de la gestión del patrimonio porteño. A nuestro entender, esto será posible en la medida que se consideren dos aspectos. Por un lado, que los actores gubernamentales muestren la voluntad política de incorporación de la ciudadanía en la construcción de los programas y acciones públicos. Ello a través de la generación de mecanismos y canales institucionales efectivos y vinculantes para recoger las opiniones e intereses de la ciudadanía porteña respecto a su patrimonio. La mejora de este aspecto permitirá restaurar las confianzas y mejorar el nivel de legitimidad del gobierno en el tema.

Un segundo aspecto, tiene que ver con que los habitantes asuman sus deberes y responsabilidades ciudadanas respecto a su patrimonio como una tarea constante, más allá de la contingencia política o de la menor o mayor apertura del gobierno para recoger sus demandas. Es decir, pasar del sujeto como ente individual que actúa en función de intereses específicos, al ciudadano como actor social preocupado por los problemas de interés colectivo. El excesivo énfasis que el gobierno ha puesto en la rentabilidad económica del patrimonio, ha incentivado la visión del sujeto, es decir la vinculación de los habitantes con su patrimonio, como consumidores centrados fundamentalmente en los beneficios económicos más que en la visión de ciudadano, preocupado por la preservación de sus patrimonios y por los valores sociales y culturales que éstos tienen para la comunidad.  

Las organizaciones patrimonialistas han puesto especial relevancia en cambiar el imaginario mercantil del patrimonio por uno dónde se ponga énfasis en la fuerza de las expresiones patrimoniales como representación de una memoria colectiva común de los habitantes. Estas representaciones han estimulado una mayor cohesión e identificación de los habitantes con la ciudad y su historia, reconstruyendo con ello el tejido social que había sido resquebrajado en la dictadura y en el quiebre de la actividad portuaria.  La posibilidad de mantener esta memoria pareciera ser crucial para que la ciudadanía porteña siga estando presente en la gestión de sus patrimonios.

Notas

[60] Dávila y Oyarzún et al., 2005, p. 34.

 

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© Copyright Rosa María Guerrero Valdebenito, 2012.
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Edición electrónica del texto realizada por Jenniffer Thiers.

 

Ficha bibliográfica:

GUERRERO VALDEBENITO, Rosa María. Patrimonio cultural mundial, territorio y construcción de ciudadanía. Construcción y apropiación social del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso-Chile. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de enero de 2012, vol. XVI, nº 388. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-388.htm>. [ISSN: 1138-9788].

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