EL ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA CON BASE EN EL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA (RUPD): LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (2000-2007)

Javier Iván Soledad Suescún
Universidad de Pamplona (Colombia)
jasosu72@yahoo.com

Carmen Egea Jiménez
Universidad de Granada (España)
cegea@ugr.es

El análisis del desplazamiento interno en Colombia con base en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD): localización y características (2000-2007) (Resumen)

Las migraciones forzadas es uno de los movimientos migratorios más olvidados en el ámbito científico y académico; aunque este no es el caso de Colombia, país con un conflicto armado prolongado en el tiempo que ha provocado masivos desplazamientos de personas, donde la atención prestada a los mismos ha sido considerable en diferentes esferas, entre ellas la académica-científica. De forma paralela se ha ido consolidando una base de datos, a través del Registro Único de Población Desplazada, que ofrece la posibilidad de analizar el fenómeno del desplazamiento interno en un período reciente (2000 a 2007) y a escala municipal: los lugares del desplazamiento, y  características socio-demográficas como composición étnica, edad, nivel de instrucción y estado civil de las personas desplazadas.

A la existencia de este Registro en Colombia, se suma el esfuerzo de otros organismos en cuantificar el volumen de personas desplazadas, ampliándose en general el campo de investigación sobre este tipo de migraciones.

Analysis of Internal Displacement in Colombia Based on the Single Register of Displaced Population (RUPD): Location and Features (2000-2007) (Abstract)

Forced migration is one of the most forgotten migratory movements at the scope of science and academy. Even though this is not the Colombian’s case, a country with a prolonged armed conflict which has caused massive displacement of people; the attention to these people has been significant not only in academic area but also in scientific.  At the same time a database has been gone consolidated through the Single Registry of Displaced Population that offer the chance to analyze the fact of internal displacement in both a recent period 2000-2007 and in municipal level, the places of displacement, and the socio-demographic characteristics such as ethnic composition, age, educational level and marital status of those displaced people.

To the existence itself of this registry in Colombia are added the efforts of others agencies in quantify the volume of displaced people; enlarging in a general way the investigation field about this kind of migration.

El desplazamiento interno en Colombia es el resultado de un conflicto de larga data, clasificándose dentro de los “conflictos de baja intensidad” o “conflictos olvidados”. En concreto el conflicto armado colombiano se caracteriza por la continua pugna de poder y control territorial de los diferentes actores implicados en el mismo. Esto permite situarlo en dos de las tres categorías señaladas por el Project Ploughshores del Conrad Grebel Collage (Waterloo) las de “control” y “fracaso” del Estado[1], que se resume en el debilitamiento del Estado por la escasez de recursos económicos, resultado en ocasiones de la corrupción política galopante, que deja al Gobierno en una situación inoperante frente a reivindicaciones populares como el aumento y mejora de servicios públicos básicos tales como la salud y educación; y por la crisis ecológica y ambiental que sufren los espacios rurales y naturales ante la expansión de cultivos lícitos en terrenos de escasa vocación para ellos y que, además, posteriormente se erradican mediante fumigaciones aéreas, perjudiciales para cualquier forma de vida.

Esta situación, unida a la falta de oportunidades de empleo, agrava la pobreza de grupos marginados, llevándolos a la indigencia o a prácticas ilegales de dinero “fácil” (secuestro, extorsión, sicariato, insurgencia y narcotráfico) como salida a su situación económica y deseo de venganza. Al mismo tiempo muchas personas que integran estos grupos marginados, y que ven vulnerados sus derechos, buscan seguridad para sus prácticas reivindicativas en organizaciones que puedan brindarle protección, trasladándole la lealtad del Estado a las agrupaciones delictivas: guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, etc. Todo ello desemboca en un conflicto de poderes y de intereses económicos que se manifiesta en la continua violación de los derechos humanos.

Este escenario explica que el conflicto colombiano dejara de definirse hace muchos años por afinidad ideológica y pasase a justificarse por intereses económicos, donde el Estado intenta controlar la situación con el uso del poder y la fuerza, a lo que se suma la presencia de empresas extranjeras de países industrializados que brindan apoyo de manera disimulada a los grupos ilegales para proteger sus intereses económicos en las zonas.

Todo esto justifica el aumento del gasto militar con recursos propios y extranjeros[2], en detrimento de la inversión social, lo cual ha repercutido en el aumento de la pobreza y la exclusión de los grupos más pobres; al tiempo que se han fortalecido las estructuras de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

Una de las consecuencias más dramáticas y directas de este conflicto es el desplazamiento forzado de miles de personas todos los años, la mayoría buscando seguridad dentro del país, son los “desplazados internos”. Los efectos de estos desplazamientos se hacen visibles en la destrucción del tejido social y estilos de vida en el lugar de origen; dificultades para acomodarse al lugar de llegada con el incremento de situaciones de marginación y pobreza; generación de malestar popular frente a estas personas; etc.

Planteamiento: objetivos e hipótesis

Este trabajo tiene como objetivo fundamental identificar los diferentes organismos que a nivel internacional y nacional, en el caso de Colombia, hacen un recuento de la población desplazada interna, poniendo de manifiesto sus alcances y limitaciones.

Con respecto a Colombia, el análisis del desplazamiento interno con base al Registro Único de Población Desplazada (RUPD) ha permitido plantear dos objetivos específicos; por un lado, analizar la “localización geográfica” de las personas desplazadas (lugar de origen), partiendo de la hipótesis de que el desplazamiento no tiene un comportamiento territorial homogéneo, y aunque es cierto que afecta a todo el país, no todos los Departamentos y Municipios se ven impactados de la misma forma por este fenómeno, entre otras cosas porque su concreción territorial depende de la misma dinámica del conflicto.

Y por otro lado, conocer las “características sociodemográficas” de las personas desplazadas, ya que si bien cualquier persona puede ser desplazada, porque cualquiera puede ser violentada, se puede apuntar un perfil que responde en esencia a las características de la población colombiana.

El análisis del desplazamiento interno: fuentes estadísticas a nivel mundial

En general, la cuantificación de las personas desplazadas no viene sino a ratificar uno de los aspectos que más limitaciones suscita al estudio de las migraciones: el de contar y conocer las características y dirección de las personas que se mueven. Esto se complica más cuando se trata de investigar los desplazamientos forzados que por su propia naturaleza están más invisibilizados y obviamente menos controlados. Estos aspectos se relacionan con un elemento básico como es la misma definición de persona desplazada que varía en función de los organismos preocupados por el fenómeno; el grado de implicación de los países afectados bien como receptores y/o emisores; los motivos que lo provocan y el tipo de desplazamiento que genera[3]. Todo lo cual hace difícil precisar acerca de cuántos son, dónde están, cómo son y cuál o cuáles han sido los motivos de ese desplazamiento; sin olvidar que su evolución depende de la dinámica del conflicto que lo provoca que por lo general suele ser cambiante temporal y geográficamente[4].

A escala mundial, uno de los principales problemas relacionados con el conteo de los desplazados internos en concreto se vincula en parte con la diferente concepción que los Gobiernos, las Naciones Unidas y las ONGs tienen acerca de “quién es desplazado interno”. A esto se añade que los gobiernos no siempre reconocen la presencia de desplazados internos, porque en parte no quieren reconocer los conflictos que los provocan; porque la persona desplazada no siempre opta por registrarse ante las autoridades locales y por el contrario busca mecanismos para invisibilizarse, como vivir “mezclado” con familiares y amigos, y en zonas urbanas donde el anonimato es posible; porque entre los desplazados hay personas que cuentan con medios económicos o redes sociales lo suficientemente importantes como para renunciar al registro; porque en muchas zonas de conflicto la presencia internacional es mínima o inexistente, de manera que la posibilidad de contar a todas las personas que huyen es bastante reducida; porque el recuento se realiza a veces en función de las personas que reciben ayuda alimentaria, que no siempre son todas; porque al principio del proceso de desplazamiento, la movilidad es rápida de un lugar a otro, con lo que el registro es inexistente o innecesario; y porque no siempre el criterio de contabilización está depurado al mantener como desplazadas personas que ya han retornado; de otra parte, cuando se trata de desplazamientos inmersos en conflictos de “baja intensidad”, como puede ser el caso colombiano, estos no suelen ocurrir de forma masiva de manera que su localización se difumina territorialmente, dificultando su identificación por parte de los organismos responsables[5]. 

Los organismos internacionales que tienen una preocupación exclusiva y/o especialmente centrada en este colectivo pueden ser numerosos, pero por su tradición y actividades se pueden señalar el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro de Estudios para los Refugiados (RSC, Universidad de  Oxford), el Observatorio del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre –IDCM- del Instituto Noruego para los Refugiados –NRC-), el Comité de Estados Unidos para los Refugiados y los Inmigrantes (USCRI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE).

De estos se hace referencia a dos por la tradición en publicar estadística de personas desplazadas internamente: el ACNUR y el IDMC. El ACNUR se crea en 1950 y aunque surge con el objetivo principal de ayudar a reasentar a refugiados europeos sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con el paso del tiempo no solo ha ampliado sus responsabilidades con respecto a las personas refugiadas, sino que además ha reconocido las necesidades de otros grupos de personas afectadas por conflictos de diferente naturaleza, entre ellos los desplazados internos[6].

El esfuerzo del ACNUR por proporcionar estadística que permita analizar el fenómeno del desplazamiento forzado se pone de manifiesto en la evolución de dicha información. De esta manera, hasta 1990 era el único organismo que llevaba un cierto control del número de refugiados, aunque la información no era sistemática en cuanto a su procedencia, características demográficas de los retornados, etc. Esta situación cambia en la última década del siglo XX; y desde 2001 publica el Anuario Estadístico  con abundante información[7] para conocer el volumen de personas desplazadas según países de origen y destino, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas retornadas bien como refugiados o desplazados internos, personas apátridas y otras personas de su interés.

Por su parte, el IDMC fue creado en 1998 por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC); es el principal órgano internacional que hace un seguimiento de los conflictos responsables de desplazamientos internos. Su labor contribuye a mejorar la formación de agentes que a nivel nacional y/o internacional son responsables de prestar ayuda a estas personas; tiene como prioridad dar soluciones duraderas que mejoren la situación de las personas desplazadas teniendo en cuenta las normas internacionales; y mediante su base de datos crea conciencia acerca de la situación de los desplazados internos.

Su aportación estadística es muy valiosa ya que amplía el conocimiento del desplazamiento interno a cincuenta y dos países[8], treinta más que el ACNUR[9], los cuales están incluidos en el listado del IDMC con la excepción de Montenegro. Esta información se completa con otra para cada país que intuye sobre la complejidad del estudio y la situación de los desplazados internos. Así, en el cuadro estadístico que acompaña cada publicación anual de Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments se indican los diferentes organismos que hacen el recuento de desplazados internos en cada país (el IDMC, el gobierno, el ACNUR y otros organismos); el “baile de cifras” y “baile de fechas” derivado de diferentes momentos de recogida y por parte de diferentes organismos; y algunas observaciones relacionadas con los problemas del recuento.

Algunos hechos interesantes que apunta el análisis de esta cuadro, en concreto de la 2008[10] información son que el  IDMC proporciona información para todos los países de su interés salvo para Argelia, Chipre, Guatemala, Liberia, Nigeria, Pakistán, Ruanda y Turkmenistán, que es cubierta por otros organismos, salvo en los tres últimos países donde no hay ningún tipo de información disponible; en un total de veintinueve países el Estado no tiene ninguna estadística propia al respecto: Afganistán, Argelia, Angola, Armenia, Burundi, Costa de Marfil, Chad, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Israel, México, Myanmar, Nepal, Pakistán, Palestina, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Togo, Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán; otros organismos que también se preocupan por contabilizar los desplazados internos además del ACNUR, pertenecen con frecuencia a las Naciones Unidas como las Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que actúa en Burundi, Congo, Chad, Kenya, Nepal, Palestina, Somalia, Sudán, Togo; la Unión de Crédito Federal de Naciones Unidas (UNFCU) en Angola; las Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) que actúan en Chipre; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Población (UNFPA) en Guatemala; la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en Líbano; el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) en Zimbabue; otros organismos internacionales son el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en Armenia y Sudán; el Comité de los Estados Unidos para los Refugiados y los Inmigrantes (USCRI) en Líbano; el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) en México y Yemen; el Consejo Danés para los Refugiados (DRC) en Rusia; la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Senegal, Sudán, Uzbekistán; el Comité Permanente de Inter-agencias (IASC) en Uganda.

En algunos países, además de los organismos internacionales con inquietud manifiesta por conocer el volumen de desplazados internos, existen organismos de carácter nacional que se encargan de este cometido: en Colombia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) mediante el Registro Único de Población Desplazada (RUPD); en Costa de Marfil, la Escuela Superior de Estadística y Economía Aplicada (ENSEA); en Filipinas, el Instituto Nacional de Coordinación de Desastres (NDCC); en Guatemala, el Programa Nacional de Reparación; en Kenia, la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia; en México, el Centro para los Derechos Humanos “Fray Bartolomé de la Casas”; en Myanmar, el Consorcio de la Frontera Myanmar-Tailandia; en Nigeria, la Comisión Nacional para los Refugiados (NCR); en la República Centroafricana, la Asociación de Grupos Humanitarios y para el Desarrollo (HDPT); en Palestina e Israel, el Centro de Recursos para los Palestinos y Derechos de los Refugiados (BADIL); en Senegal, el Proyecto ProCas-GTZ; en Turquía, la Universidad de Hacettepe realizó un trabajo a instancias del gobierno; y en Zimbabue, el Comité para los Asentamientos Vulnerables de Zimbabue (ZimVAC).

Otro aspecto interesante a destacar es que algunos países no tienen los datos actualizados; o sólo se recogen datos en una parte del país como sucede en Myanmar o Rusia; o los responsables no terminan por reconocer el fenómeno bien porque no aceptan las cifras (Georgia), bien porque siguen sin llegar a un acuerdo acerca de quienes incluir como persona desplazada, como sucede con el Programa Nacional de Reparación de 1997 en Guatemala; o se habla de “retornos masivos” (Eritrea, Georgia, Kenia) dando la imagen de que el problema se ha resuelto.

El conteo de los desplazados internos en Colombia

Organismos que cuentan a los desplazados internos

En Colombia hay cuatro instituciones que con objetivos, intereses y metodología de conteo diferente dan información sobre el número de personas desplazadas. Estas instituciones son el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Sistema de Información sobre población Desplazada de la Conferencia Episcopal de Colombia (RUT), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entrega alimentos básicos a la población desplazada para un tiempo de tres a seis meses, dependiendo de la situación de vulnerabilidad  y útiles de hogar como elementos de aseo, cocina, ropa de cama, etc.[11]

La Conferencia Episcopal lleva a cabo el Sistema de Información de la Pastoral Social de Colombia (RUT)[12], basado en el recuento de personas que en un momento determinado solicitan ayuda en las parroquias[13]. Su registro se construye con base a la recogida de información de cada grupo familiar con cuestionarios individuales para cada integrante. Estos cuestionarios se realizan a las personas que se dirigen a los diferentes centros del Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) distribuidos entre 308 Parroquias aproximadamente; y a personas que sabiéndose desplazadas son atendidas in situ por personal de la Pastoral[14].

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), es una organización no gubernamental que ha realizado durante años una labor pionera en el estudio, análisis, medición y propuestas para la atención a las personas desplazadas. Se creó en 1992 a instancias de un grupo de académicos e investigadores vinculados al tema de los Derechos Humanos y la búsqueda de alternativas de paz para Colombia. El propósito inicial de este equipo fue visibilizar y sensibilizar sobre la problemática de la población desplazada ante el Estado, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional. El recuento de la información se alimenta de diferentes fuentes como organizaciones de desplazados, organizaciones de base, ONGs de Derechos Humanos, autoridades locales y regionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, y diferentes medios de comunicación (periódicos, revistas, radio, televisión, internet)[15]. Es de destacar que esta organización permite hacer un seguimiento de la trayectoria del conflicto y de la población desplazada mediante la publicación periódica de boletines y cartografía temática.

Finalmente, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), realiza el seguimiento de las inscripciones de las personas desplazadas en el Registro Único de la Población Desplazada (RUPD), y ofrece información de gran utilidad, como veremos a continuación, sobre la localización y las características de las personas desplazadas. Asimismo, expone en su Guía de Consulta los criterios por los que una persona es incluida en el Registro, no incluida, cesada o excluida[16].

La decisión de inscribirse en unos u otros organismos puede depender de muchos motivos: información y accesibilidad, acceso más rápido a la ayuda, confiabilidad y seguridad, etc., lo cual hace que los números varíen de unos recuentos a otros; y aunque los datos del RUPD no han gozado siempre de una buena acogida por pertenecer a un órgano estatal, lo cierto es que éste ha evolucionado con claros objetivos de mejorar la fuente, ofreciendo una estadística que permite analizar con detalle la localización del fenómeno en origen y destino y muchas de las características básicas de la población desplazada, aspecto que no es posible con la base de datos de otros organismos o instituciones como la del CODHES.

Aún con los diferentes objetivos que pueden tener Acción Social, a través del RUPD, y el CODHES, a través de una “recogida de información por consenso”, lo cierto es que existe una cierta proximidad en el total de personas desplazadas en ambos casos en el período analizado en este trabajo, 2000 a 2007; y  aunque siempre las cifras son algo más elevadas en el caso del CODHES (Cuadro 1), que para todo el período (2000-2007) registra 199.126 personas desplazadas más que el RUPD, en los años 2001, 2003 y 2006 las cifras son más elevadas en el recuento de este Registro. En el resto de los años las diferencias más importantes a favor del CODHES tienen lugar en 2000, 2004 y 2005, siendo un motivo posible que en el caso de 2000 el RUPD empezó a poner en práctica este año criterios y metodologías para conseguir mayor uniformidad en la recogida de la información.

Figura 1. Evolución del total de personas desplazadas según el RUPD y CODHES: 2000-2007. Fuente: RUPD, Acción Social; CODHES. Elaboración propia.

En cuanto a la trayectoria evolutiva que describen ambos listados, la evolución es muy similar hasta el año 2003, siendo el punto más álgido 2002 (Figura 1). El año siguiente, 2004 supone según el RUPD el final de la caída en el número de personas desplazadas y el inicio de una etapa de aumento continuado hasta el final del período analizado; en el caso del CODHES la evolución es más arrítmica observándose en 2004 y 2005 de nuevo un importante incremento de personas desplazadas, para después disminuir igualmente con fuerza en 2006 y volver a recuperarse en 2007. 

Alcance y limitaciones del Registro Único de Población Desplazada (RUPD)

Alcance del RUPD

Como se ha indicado anteriormente, el RUPD es responsabilidad de Acción Social; a su vez se alimenta del Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) que, desde 2006, sustituye a los sistemas SUR y SURWEB. La estadística disponible ofrece información referente a características sociodemográficas (edad, nivel de instrucción, estado civil), culturales (pertenencia étnica), geográficas (lugar de salida, lugar de llegada y tipo de movilidad), y actores responsables del desplazamiento; aspectos todos que permiten conocer con cierta profundidad las personas que son forzadas a desplazarse, y que desde el punto de vista administrativo “sirven de soporte para su atención integral y diferenciada”[17].

En la evolución de este registro, la información tabulada desde 1995 a 1999 es de cantidad y calidad dudosa, al no existir homogeneidad de criterios a la hora de recopilar la información por parte de las personas responsables, lo cual justifica también que el período de tiempo de este estudio abarque desde 2000 a 2007[18].

El sistema de conteo convierte a este registro en un registro dinámico al contabilizarse el número de personas desplazadas y no el número de desplazamientos, aspecto metodológico que es aclarado en la Guía de Consulta de Acción Social de la siguiente manera: “Si una persona ha sido desplazada en más de una ocasión el sistema de conteo tomará para efectos estadísticos el más reciente de los registros en que le ha sido reconocida la condición de desplazado, por ejemplo si una persona fue afectada por un evento de desplazamiento en el año 2001 y … fue incluida en el RUPD y posteriormente, por ejemplo en el año 2007 fue desplazada e … incluida en el RUPD, la persona dejará de contar como desplazada en el año 2001 y será tomada en cuenta como desplazada en el año 2007, esto explica porqué las cifras que publica el RUPD son dinámicas”[19]. Al mismo tiempo, esto puede ocasionar un subregistro en los años iniciales y conforme avanza la serie estadística, aunque se podría asegurar que las variaciones no son lo suficientemente considerables como para desdeñar lo que los números ponen de manifiesto en cuanto a la evolución del fenómeno.

La información contenida en el RUPD está organizada en cuatro grandes grupos: “Tabulados a nivel nacional”, “Tabulados según eventos de expulsión (sitio de salida y año de salida)”, “Tabulados según eventos de recepción (sitio de llegada y año de llegada)”, y “Tabulados generales del proceso de reconocimiento de la condición de desplazado”. Los aspectos tratados en cada uno de ellos son de una gran riqueza por su variedad, posibilidad de análisis y escalas territoriales: nacional, departamental y municipal (Cuadro 2).

Limitaciones del RUPD

Una de las principales críticas que recae en el RUPD es en cuanto a los mecanismos con los que el Estado presta ayuda a la población desplazada, que se concretan en los denominados mecanismos de demanda, a través de los cuáles el gobierno da asistencia a las personas que se registran una vez hayan sido reconocidas como desplazadas. En relación con esto la inscripción cuenta con limitantes como la difusión de los programas de ayuda que no siempre llegan a todos los lugares, sobre todo a los más alejados[20], a lo que se suma que muchas personas desplazadas ni siquiera conocen sus derechos en su condición de desplazadas como la Ley 387[21].

Otra limitante es que no todas las personas confían en un registro de iniciativa gubernamental como es el RUPD, ya que culpan al gobierno de su desplazamiento. En referencia a esta actitud desconfiada, “una percepción que circula entre los desplazados y que vulnera la confiabilidad del sistema, es la que hace alusión a la filtración de información capturada por el Registro Único a organismos del Estado como la fiscalía, lo que genera en el desplazado desconfianza, recelo, prevención y la sensación de sentirse espiados. En consecuencia, muchas personas deciden no acudir a Acción Social para efectuar su registro”[22].

Por otro lado, la necesidad de ayuda es tan necesaria para la población desplazada como para la que no lo es, de manera que también acuden “personas no desplazadas” a registrarse como tales, lo cual genera una nueva desconfianza por parte del personal encargado del Registro que lleva a que muchas solicitudes sean desestimadas, reduciéndose por lo tanto el acceso a la ayuda.

En general, todas estas circunstancias hacen que la fuente pueda contar con un error de cobertura que ha sido analizado en repetidas ocasiones por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la cual señaló que para el período comprendido entre enero y octubre de 2007 sólo fueron admitidas entre el  40 y el 60% de las solicitudes de registro en el RUPD[23].

Aún con estas limitantes, lo cierto es que Acción Social está construyendo y mejorando una forma de registro que empieza a contar con una tradición temporal donde parece dominar la homogeneidad en los criterios de inscripción y por lo tanto de recogida de información, lo cual hace posible el acceso a una estadística donde cabe la fiabilidad, y que esta el momento está siendo escasamente explotada. Algunos de esos criterios son que el registro no acepta la solicitud de familias que no se declaran como desplazadas; ni tampoco a los que lo hacen después de pasado un año del momento del desplazamiento; y da de baja a las que retornan a su lugar de origen[24].

Un aspecto que no se debe olvidar es que en el registro se discriminan a todas aquellas personas que no han sido desplazadas por los actores del conflicto, obviándose otros motivos relacionados con las estrategias de los grupos armados como las fumigaciones a cultivos ilícitos que provocan igualmente un importante número de desplazamientos.

A diferencia del registro de Acción Social, el CODHES sigue un método de “estadística por consenso”, recogiendo información de organizaciones de desplazados, ONG de Derechos Humanos, autoridades locales y regionales, prensa y la información dada por los noticieros; incluye a desplazados por fumigaciones; los que hace más de un año que fueron desplazados; a los hogares que retornaron; y los que por otras causas superaron la condición de desplazado. Lo que indica que no existe ningún procedimiento de depuración.

En cualquier caso, lo que si apuntan los estudios que se han preocupado por  hacer un análisis comparativo de ambos registros, es que el RUPD acusa un error de cobertura por subregistro, siendo la intención de Acción Social subsanarlo y hacer un registro con criterios firmes, idea en la que trabaja desde comienzos de este siglo. Además, actualiza la información en diferentes momentos a lo largo del año en curso, y en definitiva, es el único registro del que se conoce el método de recogida de información, disponible en internet y con cobertura suficiente para analizar el fenómeno del desplazamiento interno en Colombia; situación que no es comparable con ningún otro país donde este fenómeno es igualmente importante.

Información analizada del RUPD y consideraciones metodológicas

Las posibilidades que ofrece el RUPD para analizar el desplazamiento interno en Colombia son numerosas: desde el punto de vista temporal es posible estudiar su evolución desde 1998 año por año; a escala territorial es posible realizar este análisis a nivel municipal; su acceso es gratuito en internet; y es posible realizar un estudio bastante detallado de las características del desplazamiento y de las personas desplazadas, que en el caso concreto de esta investigación son las que se indican a continuación: origen de las personas desplazadas;  modalidades de migración; etnia de las personas desplazadas; y  características de la población desplazada: sexo, edad, nivel de instrucción y estado civil.

El corte temporal de 2000 a 2007 es común para todos los temas contemplados con la excepción de los datos de la variable “modalidades de migración” que muestra los datos agregados para el período 1998 (y antes) a 2007. La escala territorial de análisis ha sido el Departamento, salvo en el análisis del origen de las personas desplazadas que se ha descendido a una escala municipal.

El análisis de donde son expulsadas las personas desplazadas se ha centrado en dos aspectos: la “importancia” e “impacto” de las personas desplazadas, entendiendo por “importancia” el volumen de personas desplazadas con respecto al total del país en el caso del análisis departamental, o en relación con el total del departamento en el caso del análisis municipal; y por “impacto” la importancia que las personas desplazadas tienen con respecto al total de la población de origen. Este segundo indicador marca con más precisión la relevancia del fenómeno. Igualmente, se ha definido el “nivel de afectación municipal”, entendido éste como el porcentaje de Municipios expulsores respecto al total de Municipios del Departamento en cuestión. Esta análisis de la “localización geográfica del fenómeno” se ha completado con las modalidades de movilidad de las personas desplazadas, que a través de diferenciar los movimientos entre Departamentos, al interior de éstos o entre Municipios, permite conocer hasta qué punto los movimientos son de largo o corto recorrido, y advertir estrategias residenciales.

Consecuente con lo anterior, es preciso aclarar en este momento que la definición de desplazado no tiene un símil con la de migrante, ya que para que una persona sea migrante necesariamente tiene que atravesar unos límites administrativos con la intención clara de cambio de residencia. No es el caso de las personas desplazadas, hasta tal punto que desde el ámbito legal, la Corte Constitucional estimó conveniente que se ampliara el concepto de desplazado interno, de manera que en su definición la distancia entre el lugar de origen y el lugar de llegada no fuera determinante, ya que hasta el momento se consideraba como desplazados internos a las personas que se desplazaban entre o al interior de los municipios, y no a las que lo hacían dentro del contexto urbano[25].

En cuanto al “origen étnico de las personas desplazadas”, su análisis se ha visto favorecido por la mayor visibilización de los grupos étnicos en los últimos Censos de Población. Así, una de las novedades del Censo de 2005, es la identificación de las poblaciones rom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Pelenquera de San Basilio en Bolívar, que no habían sido identificadas en censos previos[26]. No obstante, son todavía muchas las personas desplazadas que en el momento de registrarse en el RUPD no manifiestan el grupo étnico al cual pertenecen.

En el análisis de las “características sociodemográficas”, para el sexo se ha utilizado la “sex-ratio” que permite conocer si hay un protagonismo equilibrado de hombres y mujeres en el desplazamiento. La sex-ratio se obtiene de igualar el número de hombres a 100 y dividirlo entre el total de mujeres. El valor 100 indica que la presencia de hombres y mujeres es igual; si se supera este resultado el equilibrio se rompe a favor de los hombres, y si es inferior lo hace a favor de las mujeres.

Con respecto a la edad, la “edad media” es un indicador sintético que permite resumir en un solo dato la edad de una población, y se calcula multiplicando el total de personas por la edad media de su intervalo, sumando los resultados y dividiéndolo entre el total de la población. Este indicador ha permitido conocer hasta qué punto la población desplazada es joven.

En lo referente al resto de variables, señalar la importancia que en ocasiones tiene la proporción de personas que no dan ninguna respuesta, procediendo a analizar las variables sin tener en cuenta estas circunstancias: en la pertenencia étnica es el 80,7% de la población desplazada la que “no responde”; en el nivel de instrucción, el 63,4%; y en el estado civil, el 29,5%. Estos porcentajes son con respecto al total de población desplazada en todo el período de 2000 a 2007.

El lugar del qué son desplazadas las personas en Colombia

Trayectoria evolutiva de las personas desplazadas

La evolución del desplazamiento interno en Colombia está ligada a la historia de la lucha por el poder y el control territorial y político. Un estudio de su trayectoria tendría que empezar a finales de la primera mitad del siglo XX cuando tiene lugar un importante desplazamiento en la Cordillera Occidental y más específicamente en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Valle del Cauca y Tolima. Los motivos son políticos, pero con un objetivo claro: la apropiación ilegal de la tierra por parte de latifundistas conservadores.

En un momento más reciente, 1985 se señala como el año en que se incrementa visiblemente el número de desplazados como consecuencia de la agudización del conflicto armado. Otro nuevo y significativo incremento tiene lugar desde 1993[27] hasta 1998. En 1999 los desplazados disminuyen en un total de veinte mil.

Entre 2000 y 2007 el registro de personas desplazadas es de 2.208.164. La evolución de este volumen en lo que va de siglo se caracteriza por cambios rápidos en un período de tiempo relativamente corto, que refleja la misma dinámica del conflicto que lo genera y mantiene; tanto es así, que el desplazamiento interno bien podría ser un indicador de la situación del conflicto armado en Colombia.

En el período analizado, el volumen de desplazados evoluciona en sentido ascendente hasta 2002, momento en que se registra su máximo; en los dos años siguientes, 2003 y 2004, el número de desplazados desciende (Figura 2), descenso relacionado con los acuerdos de paz firmados con los grupos paramilitares. Los efectos positivos de estos acuerdos fueron poco duraderos, y el volumen de desplazados vuelve a experimentar desde 2005 a 2007 un crecimiento ininterrumpido.

Algunos hechos explican la dinámica del conflicto en estos tres años; en 2005 el cambio de tendencia se advierte desde el primer trimestre con “el comienzo del fin del repliegue de las FARC, en medio de una ofensiva sostenida del gobierno contra esta guerrilla, con apoyo del Plan Colombia y un importante respaldo de la opinión pública. Es también un período crítico para el proceso de diálogo entre las Autodefensas y el gobierno, enfrascados en un debate sobre el marco jurídico sin salidas claras en cuanto a las exigencias del derecho internacional de verdad, justicia y reparación”[28]. El desplazamiento siguió afectando a comunidades afro-descendientes, indígenas, campesinos y colonos en zonas donde los efectos de la “política de seguridad democrática”[29] del gobierno de Álvaro Uribe más se ha hecho sentir[30], ya que son donde se llevan a cabo los mayores enfrentamientos entre la fuerza pública, las guerrillas y el paramilitarismo, correspondiendo en su mayoría con zonas fronterizas.

En 2006, algunos elementos se van consolidando como propios del conflicto y de hostigamiento contra la población: siembra de minas antipersona, reclutamiento forzoso, ataques a personas que forman parte de programas del gobierno como las familias en acción y familias guardabosques. A esto se suman otros aspectos que también alientan el desplazamiento forzoso, aunque no están ligados directamente con el conflicto como son los intereses de poderosas empresas de explotación de recursos naturales y de la biodiversidad de amplías zonas selváticas del país; y la puesta en marcha de grandes proyectos agroindustriales de cultivos de palma de aceite y de caucho.

Y en 2007, uno de los hechos que se consolidan y explican el aumento del desplazamiento interno es que los actores armados involucran cada vez a más población civil en el conflicto o actúan intimidándola y generándole zozobra e inseguridad[31]. Esto se manifiesta en la intensificación del reclutamiento de jóvenes; la siembra de cultivos ilícitos como la coca y amapola por campesinos (“raspachines”) que posteriormente son acusados de colaboradores del bando contrario; fumigaciones de estos cultivos con importantes secuelas en el medio ambiente y en la población; colocación de minas antipersona; uso frecuente de ejecuciones extraoficiales (falsos positivos)[32]; confinamiento de la población civil mediante bloqueos que impide la llegada de alimentos, ayuda sanitaria y humanitaria en general; asesinato de líderes comunales; etc.

Los lugares del desplazamiento

La evolución in crescendo de las personas desplazadas a nivel nacional se observa también a nivel departamental, de hecho de los treinta y dos Departamentos en que se divide el territorio colombiano, sólo el departamento Archipiélago San Andrés y Providencia no tiene desplazados internos[33]; y casi todos registran más personas desplazadas en 2007 que en 2000. De estos, destacan seis por incrementar el número de personas desplazadas en 2007 en un 20% con respecto a las existentes a inicios de la década: tres son fronterizos con Venezuela: Arauca, Vichada y Guainía; uno comparte frontera con Ecuador: Nariño; y los dos restantes se localizan en el interior: Huila y Bogotá, D.C.[34]. En una situación diferente se encuentran cinco Departamentos al ver disminuir el número de personas desplazadas en el período analizado: Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

En el conjunto del período analizado (2000-2007), el volumen acumulado de personas desplazadas osciló entre el máximo de Antioquia (311.130 personas) y el mínimo del Amazonas (627 personas), norte y sur del país, respectivamente. Esta amplitud en el conteo de personas desplazadas permite establecer cuatro grupos de Departamentos en función de la “importancia” de la población desplazada (Figura 3), que pone de manifiesto como en veintisiete de treinta y tres Departamentos el número de desplazados es inferior al 5,0% del total nacional, respectivamente. Esta dispersión contrasta con la concentración del fenómeno en los seis Departamentos restantes, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Tolima y Caquetá, al ser expulsados de ellos el 46% del total de desplazados de toda Colombia.

Figura 3. Importancia de la población desplazada por departamentos de expulsión (%): 2000-2007. Fuente: RUPD. Elaboración propia.		Figura 4. Impacto que tienen las personas desplazadas en los departamentos de expulsión: 2000-2007. Nota: Para establecer los intervalos del Mapa 2 se ha tomado como referencia la media nacional, 5,3%. Fuente: RUPD. Elaboración propia.

Pero el fenómeno del desplazamiento adquiera otro matiz si se considera el “impacto” que las personas desplazadas tienen en el total de la población del Departamento del cual fueron expulsadas (Figura 4). Este es “alto” o “muy alto” en trece Departamentos, lo que quiere decir que en estas unidades administrativas más del 10,0% de la población, respectivamente, ha sido desplazada en un período de ocho años, siendo los casos más extremos Arauca y Vichada (departamentos frontera con Venezuela), Putumayo (frontera con Ecuador y Perú), Chocó (frontera con Panamá) y más en el interior Caquetá y Guaviare, que geográficamente conectan a Vichada (en el este) con Putumayo (en el sur), configurando una “franja de impacto del desplazamiento interno muy alto” al significar la población desplazada más de la cuarta parte de la población total del departamento respectivo.

En el extremo opuesto se encuentran once Departamentos donde el impacto es “bajo” o “muy bajo”, resultando ser los menos afectados Atlántico, Quindío, San Andrés y Providencia, Boyacá y Bogotá D.C., en los que la fuerza del desplazamiento es “muy bajo” cuando no nulo. Los dos últimos departamentos junto con Santander, Cundinamarca y Huila con “impacto bajo” describen una franja de este a oeste que parece poner límite a dos situaciones: la mitad oeste donde la mayor parte de los departamentos tienen un “impacto medio” o inferior, es decir, las personas desplazadas suponen menos del 8,6% del total de la población del Departamento, con la excepción del Chocó (límite con Panamá) y los departamentos más orientales en el norte (Magdalena, Cesar y Bolivar); y la mitad este y sur donde el impacto supera el 8,9% y en ocasiones el 25%, en este caso la situación de Amazonas es la excepción.

En el Cuadro 3 se han agrupado los Departamentos según la “importancia” de los desplazados con respecto al total y su “impacto” en la población del lugar de expulsión.

A escala municipal, la evolución de los Municipios afectados por el desplazamiento forzado es similar a la comentada anteriormente para los Departamentos, y se caracteriza por involucrar cada vez a más Municipios, y con una clara tendencia a estabilizarse una vez superado el 85% en 2002, para posteriormente en 2007 alcanzar al 91,2% de los Municipios; es decir, el “grado de afección” del desplazamiento interno a escala municipal está próximo a la totalidad desde hace seis años aproximadamente.

En todos los Departamentos ha aumentado el número de Municipios con desplazados internos, lo cual pone de manifiesto la dispersión y generalización del fenómeno. En el año más reciente, 2007, se constata como en todos ellos más del 50% de los municipios han visto como se desplazaba parte de su población, aunque el fenómeno está fuertemente generalizado en diecisiete Departamentos al ser la totalidad de sus respectivos Municipios expulsores.

En definitiva, es un número reducido de Municipios los que en 2007 “escapan” de los actos de fuerza para emigrar, en total noventa y nueve (el 8,8% del total: 1.025), número similar en sentido contrario a los únicos ochenta y ocho Municipios que en 1996 experimentaban el fenómeno del desplazamiento interno[35]; es decir, en once años aproximadamente ha cambiado totalmente la situación, quedando afectados prácticamente todos los Municipios por el conflicto armado y con él su población.

Sin embargo, un análisis más detallado de la “importancia” e “impacto” del desplazamiento interno a esta escala municipal refleja hasta qué punto el fenómeno del desplazamiento está espacialmente localizado en cincuenta y cuatro municipios, los cuales se caracterizan porque la población desplazada tiene una “importancia” y un “impacto”, respectivamente, superior al 10%, estando distribuidos en veintiséis Departamentos.

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Finalmente, los lugares hacia donde se dirigen las personas desplazadas está muy relacionado con la urgencia de la salida; de esta manera, se puede pensar a priori que los movimientos sean cortos buscando lugares de confianza y próximos a familiares, amigos y/o miembros de la misma etnia, buscando que los costes económicos y sociales sean reducidos y que el retorno en su momento pueda ser más rápido. Además, el lugar definitivo de asentamiento forma parte de un proceso migratorio en el que las personas individualmente o en familia suelen desarrollar un movimiento en cadena[36], pasando por diferentes lugares y etapas hasta llegar al lugar que ofrece las mayores oportunidades.

La estadística del RUPD permite aventurar algunos aspectos relacionados con estas trayectorias. Así, en una primera instancia más de la mitad de la población desplazada (el 60%) se mueve en el “interior de su Departamento”, y el 40% restante a “otros Departamentos”. A escala intradepartamental se presentan dos situaciones más que avalan la idea de movimientos cortos: los “movimientos entre municipios” (30,6%); e “intramunicipal desde el medio rural al medio urbano” (24,4%).

Las tres categorías restantes que señala el RUPD son menos significativas, aunque si algo más importante la que señala que el 4,0% de las personas desplazadas se mueve entre “ámbitos rurales”; prácticamente inexistente es la que supone un movimiento “desde el medio urbano al rural”; y sobre todo los que tienen lugar “dentro de los núcleos urbanos”, aunque estos últimos están empezando a despertar interés desde el punto de vista de la investigación y de cara a actuaciones concretas.

Este predominio de los movimientos de corto recorrido, intradepartamentales e intermunicipales permite pensar que muchos Departamentos y Municipios sean al mismo tiempo lugares de expulsión y de recepción de población desplazada.

Aquí la definición de desplazado no tiene un símil con la de migrante, ya que para que una persona sea migrante necesariamente tiene que atravesar unos límites administrativos con la intención clara de cambio de residencia.

Características sociodemográficas de las personas desplazadas en Colombia

El origen étnico

La complejidad étnica de las personas desplazadas ratifica por un lado la riqueza cultural de la población colombiana, y por otro, que ningún grupo humano está al margen de sufrir los efectos del conflicto. Se trata de multitud de etnias de reducido tamaño en relación con el total de la población colombiana[37], ocupando con frecuencia territorios “apetecidos” por los actores del conflicto[38], lo cual hace que estas etnias sufran de manera especial el desplazamiento de sus territorios, entrando en procesos de desterritorialización donde no sólo pierden sus pertenencias en un sentido físico, sino también sus referentes culturales, redes sociales y el sentido de comunidad. Por otro lado, al existir una gran variedad de etnias, pero de reducido tamaño, los ataques frecuentes a estas poblaciones y a sus pertenencias, puede suponer una amenaza para su supervivencia y la diversidad cultural que caracteriza al país y en un sentido más amplio, a la humanidad.

En el período de tiempo analizado, 2000 a 2007, el 10,5% de las personas desplazadas pertenece a algunos de los tres grandes grupos étnicos diferenciados en el RUPD: indígenas, negros-afrocolombianos y gitanos-rom. Este porcentaje ha variado considerablemente entre el comienzo y el final de este período relativamente corto, ya que sí el desplazamiento de personas de estos grupos étnicos significaba el 4,3% en el desplazamiento total de 2000, en 2007 se ha elevado a 18,3%. Esto apunta un hecho de indudable importancia, el que cada vez son más las personas pertenecientes a grupos étnicos que se ven implicadas en el conflicto armado y son desplazadas. Su ubicación en zonas fronterizas y la expansión de la dinámica del conflicto hacia estos “confines” de Colombia explica esta situación.

La “población indígena” es desplazada en mayor proporción en aquellos Departamentos donde su presencia es más significativa, como en los fronterizos de Amazonas (frontera con Perú y Brasil), Vaupés (frontera con Brasil),  Guainía (frontera con Brasil y Venezuela) y Vichada (frontera con Venezuela) donde su desplazamiento supera el 40,0% del total de la población desplazada (Figura 5); a estos se suman otros Departamentos fronterizos, Putumayo (frontera con Ecuador y Perú), Cauca (bañada por el Pacífico), La Guajira (frontera con Venezuela) y más en el interior Risaralda donde se constata un significativo desplazamiento de indígenas entre el 20,0 y el 40,0%.  El tercer grupo de Departamentos por la importancia de población indígena desplazada, entre el 10 y 20,0%, son aquellos donde su presencia es inferior al 5,0%: Nariño (límite con Ecuador), Arauca y Cesar (límite con Venezuela); los demás se localizan en el interior como Tolima y Caldas; y más en el este, Casanare.

Para la “población afrocolombiana” sucede algo similar a lo comentado con respecto a los grupos indígenas, ya que los afros no son desplazados solamente de los Departamentos en los que su presencia es más significativa sino también en aquellos donde es más minoritaria. Así, además de la importante expulsión del Chocó (frontera con Panamá) donde la población afro representa el 76,3% del total poblacional, también es muy significativo en el Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander, siendo en todos ellos el total de población afro desplazada superior al 40%. El desplazamiento de este grupo étnico se ha extendido hacia el sur y el centro del país en Departamentos donde la población afro no es muy significativa respecto al total de población; así sucede en los Departamentos del Putumayo (frontera con Ecuador y Perú), y en otros más al interior del país como Caquetá, Guaviare, Bogotá D.C., Risaralda, Tolima y en Santander. Finalmente y bordeando el sureste se encuentran los Departamentos limítrofes con Perú, Brasil y Venezuela (Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada) donde el desplazamiento de afros es bastante más reducido al igual que su presencia.

Figura 5. Distribución de grupos étnicos y población desplazada según etnias (%): 2000-2007. Fuente: DANE, 2007. RUPD. Elaboración propia.

En el caso del “grupo rom”, aunque su distribución afecta a todos los Departamentos del país, cuentan con más personas desplazadas en el interior, describiendo desde Nariño (límite con Ecuador) y hacia el este, una franja que atraviesa el país con desplazamientos que oscilan entre el 5 y el 10,0% con respecto al total de la población desplazada de los departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Bogotá D.C., Cundinamarca y Boyacá.

Las características de la población desplazada

En primer lugar señalar la mayor visibilización de las mujeres en la población desplazada. Así, la evolución de la “sex-ratio” en el período analizado indica como esta ha estado a favor de los hombres desde 2000 a 2003, alcanzando el máximo equilibrio en 2004, para luego desde 2005 a 2007 estar a favor de las mujeres. La mayor presencia  de las mujeres como desplazadas por el conflicto queda igualmente patente en el hecho de que en 2007 con respecto a 2000, la mayoría de los Departamentos han visto como se incrementaba la presencia de ellas por encima de la de los hombres, salvo en Amazonas, Guainía, Huila, Nariño, Risaralda y Bogotá D.C.

Con respecto a la edad, y como en otros movimientos migratorios, las migraciones forzadas en Colombia seleccionan a la población más joven, reflejo a su vez de la estructura joven que caracteriza a la población de este país, donde el 30,7% tiene una edad inferior a los 15 años, frente a la todavía escasa presencia de un 6,3% de población que supera los 65 años. En este contexto y en el caso de la población desplazada se podría incluso hablar de “extrema juventud”, ya que las personas desplazadas entre 5 y 19 años representan el 42,6% del total de desplazados entre 2000 y 2007; otro 46,2% abarca un amplio recorrido de edad, de los 20 a los 59 años; la población desplazada restante se distribuye entre personas con más de 60 años, un 5,7%; y en igual proporción los que se encuentran en la base de la pirámide, es decir con una edad inferior a los 5 años. Este carácter joven, o “extremadamente joven” de las personas desplazadas está relacionado con el predominio de familias numerosas donde algunos de sus miembros, particularmente los hijos, se encuentran en edades tempranas y/o en la adolescencia, de manera que la salida forzada de personas adultas responsables del hogar conlleva la de los integrantes de su familia[39].

Por otro lado, la “edad media” no sólo ratifica la juventud de los desplazados, sino su “rejuvenecimiento” en el lapso de tiempo comprendido entre 2001 a 2007, al disminuir en 5,1 años en ese periodo. Esto se deja ver igualmente en todos los Departamentos, oscilando el “rejuvenecimiento” entre 9,1 años en Vaupés y 1,8 en Cundinamarca.  

La edad sirve para explicar en buena medida el “nivel de instrucción” de la población desplazada, ya que su juventud hace comprensible que sólo el 8,2% de la población declara “no tener estudios”, porcentaje que incluiría a personas que por su juventud no tienen aún acceso a la educación o que por su elevada edad y en su momento no tuvieron acceso a la misma. Es decir, casi toda la población tiene alguna formación académica como sucede con el conjunto de la población colombiana, donde el analfabetismo sólo alcanza al 10,5% de la población de más de 15 años de edad. Evidentemente, la formación académica será un acicate y una ventaja a la hora de encontrar empleo en una población que, aunque mayoritariamente tiene la edad para continuar formándose, también la tiene para incorporarse al mercado laboral.

Por último, la edad y en concreto la juventud de la población desplazada justifica la importancia que tiene la “población soltera”, que significa el 43,1% aun considerando la población que “no responde”; y que se eleva a casi dos tercios (el 61,3%) si no se contemplase a ésta; otro tercio de la población está en pareja (“casados/as o en unión libre”); aspecto que, unido a la importancia de la población soltera y la juventud de la población desplazada, invita a pensar que el desplazamiento afecta a familias completas. Menor importancia tienen las personas que han dejado de estar en pareja por “separación, divorcio o viudedad”, el 5,4%.

Es precisamente la “extremada juventud” de la población desplazada, la que hace que estos resultados se distancien un poco de los que representan al conjunto de la población colombiana, en la cual el 44,9% es soltera; el 46,0% está casada o en unión libre; y separada, divorciada o viuda el 9,2%.

Conclusiones

A veces las estadísticas despiertan polémica y un cierto rechazo, actitud que está relacionada en  ocasiones con prejuicios bien por la desconfianza ante el organismo que las realiza, o porque los resultados no se ajustan a lo que se pensaba es la realidad, pero sin lugar a dudas, y en el caso concreto de los desplazados, conocer con la mayor exactitud posible “¿cuántos son y donde están?” es muy importante ya que de este número depende, en gran medida, la asignación de recursos destinados a su ayuda y protección.

En este sentido es indudable la importante labor y esfuerzo de organismos internacionales y nacionales responsabilizados en mejorar la recogida de información de forma ordenada y sistemática de manera que sea posible investigar y conocer los múltiples aspectos que describen las trayectorias de las personas desplazadas. Como ejemplo de este esfuerzo es encomiable la labor de ACNUR y del IDMC; y Acción Social con el RUPD que comporta un sistema propio y sistematizado de registro de población desplazada, siendo un desafío para el Gobierno potenciar la confianza hacia él mismo, de las personas desplazadas y de los mismos investigadores interesados en este tema.

En referencia al papel del Estado en Colombia, la expansión geográfica del desplazamiento interno da una idea en el período analizado de hasta qué punto la política de seguridad democrática del gobierno de Alvaro Uribe, iniciada en 2002, ha generado verdadera seguridad, existiendo una coincidencia entre las zonas de mayor expulsión de población y mayor presencia de la fuerza pública, es decir, donde dicha política ha sido más persistente y la misma presencia del ejército ha generado más enfrentamientos y más personas desplazadas.

Las zonas más afectadas por el conflicto y donde este ha ido adquiriendo mayor virulencia coincide con ser zonas altamente productivas, fronterizas y tradicionalmente olvidadas por los sucesivos gobiernos, los cuales han ejercido y ejercen escaso control. En estos territorios paramilitares y guerrillas se disputan el control de los corredores viales, el narcotráfico, el cultivo de coca y los recursos naturales.

Esta pugna por el control del territorio, de sus recursos y potencialidades, involucra en el medio rural a poblaciones campesinas y a grupos étnicos que son forzadas a desplazarse, realizando en muchos casos movimientos cortos con dirección a las cabeceras municipales, a otro ámbito rural o a otro lugar dentro de su mismo Departamento. La estrategia puede ser la de moverse a lugares próximos para que el regreso pueda ser más inmediato una vez restablecida la normalidad.

No todos los Departamentos y Municipios están afectados con la misma intensidad por el fenómeno del desplazamiento; así, el Departamento con el mayor volumen de personas desplazadas desde 2000 a 2007 es Antioquia (más del 10% del total de desplazados en el país) seguido de Caquetá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Tolima y Sucre, aglutinando cada uno de ellos entre el 5 y el 10%; pero si se tiene en cuenta el “impacto” la población desplazada tiene en el total de la población se observa que es mayor el número de Departamentos afectados por este hecho; así, en Caquetá, Arauca, Chocó, Guaviare y Putumayo, la población desplazada significa la cuarta parte o más del total de población del Departamento respectivo; a estos le siguen Bolívar, Cesar, Magdalena, Meta, Guainía, Vaupés y Vichada, en los que el “impacto” se sitúa entre el 10 y 16,6%. De ellos, Caquetá, Bolívar, Cesar y Magdalena coinciden con tener el mayor volumen de personas desplazadas.

En este fenómeno, los “grupos étnicos” están cada vez más amenazados en los procesos de desplazamiento, siendo expulsados de cualquier parte donde se encuentren. Con respecto a las “características” de la población desplazada, hacer dos consideraciones; por un lado, la visibilización de las mujeres en la estadística, siendo tan afectadas o más que los hombres por el conflicto y el desplazamiento, y con necesidades diferenciadas con respecto a otros grupos; por otro lado, la extremada juventud de la población desplazada.

La expulsión frecuente de personas jóvenes puede tener importantes consecuencias en el configuración de la estructura de la población tanto en los lugares de expulsión porque se desplazan a personas productivas y reproductivas, y porque con la huida se pierden actividades económicas, actividad social, cultura… y en definitiva vida; como en los lugares de llegada presionando en el mercado laboral y en los servicios sociales de cualquier tipo.

Así, cualquier política de atención a la población desplazada debe tener en cuenta las características de la población y sus diferentes necesidades, pero no sólo eso: el Gobierno se debe implicar más en hacer efectiva y posible el retorno de las personas desplazadas. Este proceso está empezando a ser investigado y en la práctica cuenta con escasas pero interesantes iniciativas como los denominados “territorios de paz”; por otro lado es, más que un fenómeno, un derecho reconocido en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno y los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas.  

Sin duda, el desplazamiento interno en Colombia cuenta una amplia y específica legislación reconocida como la más sofisticada del mundo en esta materia, con organizaciones y personas dedicadas a la atención de la población desplazada. Lo sorprendente es que en este contexto son muchos los individuos que han dado un giro total a sus vidas gracias a un conflicto que ha sido ajeno a sus intereses, y donde antes tenían seguridad porque tenían vivienda, recursos y se reconocían dentro de una comunidad, ahora no tienen nada, viven de las ayudas y a veces se les discrimina por ser personas desplazadas; todo esto convierte a muchas de esta personas en vulnerables con escasa capacidad de enfrentar riesgos y la inseguridad que estos generan.  

Notas

[39] Según el Censo de Población de 2005, en Colombia el 20,6% de los hogares está compuesto por tres miembros; el 15,2% tiene cuatro; y otro 18,0% supera los cuatro. Dado que estos son promedios, es posible que existan diferencias entre ámbitos urbanos y ámbitos rurales donde se mantengan prácticas reproductivas más prolíficas y  de donde son una buena parte de las personas desplazadas.

 

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© Copyright Javier Iván Soledad Suescún y Carmen Egea Jiménez, 2011.
© Copyright Scripta Nova, 2011.

 

Edición electrónica del texto realizada por Carlos Valdebenito. 

 

Ficha bibliográfica:

SOLEDAD SUESCÚN, Javier Iván y Carmen EGEA JIMÉNEZ. El análisis del desplazamiento interno en Colombia con base en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD): localización y características (2000-2007). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de abril de 2011, vol. XV, nº 359. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-359.htm>. [ISSN: 1138-9788].

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