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PLANIFICACIÓN URBANA Y POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN, EL PATRIMONIO COMO RECURSO DE RENOVACIÓN URBANA Y ESPACIO DE CONFRONTACIÓN EN EL CASCO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES
Planificación urbana y políticas de representación, el patrimonio como recurso de renovación urbana y espacio de confrontación en el casco histórico de Buenos Aires (Resumen)
Este artículo consiste en un análisis de las políticas patrimoniales elaboradas para el Casco Histórico de Buenos Aires desde una perspectiva histórica y socio-económica, poniendo de relieve, por un lado, los diferentes proyectos y planes urbanos que se desarrollaron desde la primer normativa de preservación hasta la actualidad, y, por el otro, los cambios sociales y la renovación urbana que impulsaron. Al mismo tiempo, trataremos de identificar como estas políticas se articulan con las múltiples representaciones del espacio urbano que tiene la población local y con la pluralidad de experiencias y memorias colectivas que componen la filigrana del tejido social metropolitano.
Palabras clave: patrimonio, casco histórico, renovación urbana, políticas de representación.Urban planning and politics of representation, heritage as an urban renovation resource and as a space for confrontation in the historic centre of Buenos Aires (Abstract)
The present paper focuses on the analysis of the politics of heritage of the historic centre of Buenos Aires from an historic and socio-economic perspective. Attention will be put, on the one hand, to the different urban plans and projects concerning the heritage preservation of the urban centre and, on the other, to the social and economic changes as well as the urban renovation that they entailed. Finally, politics of heritage will be analyzed in relation to the multiple representations of the urban space and to the plurality and polyphony of social collective memories.
Key words: heritage, historic centre, urban renovation, politics of representation.Patrimonio urbano y centros históricos en America Latina
El patrimonio es una “construcción social”, el producto de un trabajo de selección y puesta en valor a través del cual el pasado es (re)interpretado y (re)escrito en pos de ofrecer una versión compartida y unívoca de la historia, proceso que remite al desarrollo de un sentido común de pertenencia a la “comunidad imaginada” propio de los Estados Naciones modernos (Hobsbawm, 1990; Hobsbawm, Ranger, 1983; Anderson, 1983).
El interés por patrimonio es muy reciente, no obstante la modernidad haya fundado su suceso en la emancipación del tiempo sobre el espacio, en la aceleración de la producción y en los grandes proyectos modernizadores (Bauman, 2002; Harvey, 1990), uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos cuarenta años es, al contrario, el interés por el pasado, tanto como para originar un verdadero “culto por la historia” o una “cultura de la memoria” (Huyssen, 2001).
En las ciudades contemporáneas el patrimonio histórico y cultural se presenta, a la vez, como recurso cultural y económico: por un lado, se relaciona a los procesos de construcción de la identidad y al sentimiento de pertenencia a una “comunidad de pares”. Por el otro, se vincula al mercado del turismo cultural urbano y al plusvalor de la renta inmobiliaria derivado del valor histórico de un territorio.
El pasado como recurso cultural implica el doble proceso de legitimación de la historia y de anclaje del sentido de pertenencia a un lugar a través de la definición de la identidad (local o nacional). En este sentido, los lugares con valor patrimonial (como los centros históricos) territorializan ese sentido común de pertenencia (García Canclini, 2001). Escribe Lowenthal (1985) que el culto por el pasado y el uso social y político del patrimonio se debe a diferentes razones: en primer lugar la antigüedad le confiere al patrimonio el estatus de anterioridad respecto a la idea modernista de continuidad, progreso y evolución. En segundo lugar, los bienes culturales, dibujan un paisaje donde es posible encontrar las “marcas” del pasado y recomponer una secuencia histórica.
Como recurso económico, el patrimonio representa una mercancía principalmente dentro del mercado turístico internacional. Según Graham, Ashworth y Tunbridge: “tourism is an industry with substantial externalities in that its costs are visited upon those who are not involved in tourism consumption” (2000: 20). Por esta razón, el turismo mantiene una relación parasitaria con la cultura, y la implicación más directa es que las mercancías que la “industria patrimonial” produce muchas veces son versiones deformadas del pasado, que eliminan la multiplicidad y la conflictividad propia de la historia (Hewison, 1987).
La dualidad que caracteriza el patrimonio (como recurso cultural y económico) pone en evidencia su disonancia intrínseca y la imposibilidad de un acuerdo definitivo respecto de su definición y sus significados. Así, el patrimonio, como base identitaria o como mercancía, define un terreno de confrontación entre “arbitrariedades culturales”, que pone en campo las políticas de representación y valoración de los diferentes actores sociales, políticos y económicos.
El desarrollo del los centros históricos esta íntimamente ligado a dicha disonancia del patrimonio: por un lado, responde a la necesidad de consolidar las identidades locales frente a una nueva cultura globalizada; por el otro, coincide con el tentativo de redefinir el uso del espacio urbano bajo un nuevo paradigma económico, caracterizado por la descentralización productiva y por la de-industrialización de las metrópolis.
La caracterización del centro urbano como “histórico” implica, para algunos autores, un síntoma de malestar de la centralidad urbana y de las funciones que tradicionalmente se le asignaban. Escribe Carrión que “el nacimiento de la centralidad histórica se produce en el momento en que entra en decadencia. Esto es, que ve la luz con el estigma de la crisis y que, por tanto, una de las características esenciales de los centros históricos es que nacen con su muerte a cuestas” (Carrión, 2001: 64).
El vaciamiento de las funciones tradicionales del centro debido a la transformación de sus usos y de los imaginarios asociados, provoca su separación del resto del tejido urbano y origina dos tendencias: por un lado, la pérdida de la heterogeneidad social en favor de una homogeneidad económica; por el otro, la atenuación de su carácter de locus democrático, vehículo para la construcción de la identidad colectiva, y el auge de los espacios de consumición y de los “enclaves históricos” asociados a la actividad turística.
Antes que ser “históricos”, los centros urbanos latinoamericanos eran el nudo neurálgico de las principales actividades económicas y una densa área residencial. Si en la época de las colonias el centro representaba el lugar asociado al poder y a las jerarquías monárquicas, con las reformas de finales de siglo XIX perdió su valor simbólico y económico y empezó a entra en decadencia. Con la industrialización y la explosión demográfica de las regiones metropolitanas durante el siglo XX, los centros urbanos se configuraron como espacios comerciales y residenciales caracterizados por viviendas precarias, mercado informal, contaminación ambiental y pobreza (García Espinosa, 2005).
Este es el caso del Casco Histórico de Buenos Aires, y en particular de uno de los barrios que lo componen, San Telmo, que fue considerado por más de un siglo un lugar inseguro e insalubre. Entre la fiebre amarilla de 1871 y la “fiebre del progreso” de las generaciones “iluminadas” de fines del siglo XIX, la imagen del centro histórico había caído en decadencia, transformándose en la eterotópia de las gestiones urbanas hasta entrados los años Setenta del siglo XX. En este tiempo, San Telmo, y más en general el “sur” de la ciudad, se constituyó como territorio de protestas ligadas a la vivienda y de las reivindicaciones obreras. Testigo de esta decadencia fueron no solo las formas en que el barrio fue “contado” y representado en la prensa y en los discursos políticos, sino también los proyectos y planos urbanos que durante todo el siglo XX propusieron intervenciones arquitectónico- urbanísticas radicales, muchas de las cuales preveían la destrucción de gran parte de sus manzanas (entre estos, se destacan las propuestas de Le Corbusier).
En Buenos Aires, el patrimonio urbano empieza a ser objeto de debate a fines de los años Sesenta, cuando un grupo de arquitectos promueve la reflexión sobre las operaciones de reciclaje que se estaban llevando a cabo en los viejos edificios del centro urbano. La lenta renovación edilicia de los barrios centrales se inició, por un lado, junto con el interés de algunos arquitectos por recuperar y renovar viejas casa de San Telmo y Monserrat y, por el otro, gracias a la inauguración de la “feria de cosas viejas y usadas” por parte del Museo de la Ciudad. Esta combinación de acciones privadas y públicas fueron orientadas hacia una “iluminación funcional” del barrio, y se colocan en contracorriente respecto a la tendencia de la época que descalificaba la herencia arquitectota, tachándola de “vieja”: “básicamente el debate que se plantea para esos años gira sobre el eje de la critica a la modernización o progreso urbano (…). Lo que se conserva son solo los edificios “monumentales” mientras el entorno cambia. Es por ello que se fomenta la recuperación de una área o barrio como espacio de valor arquitectónica y simbólico para la comunidad ciudadana” (Gómez, Zunino, 2008).
Este es el debate histórico- cultural que acompañó la primera Ordenanza de Preservación Histórica de 1979 y la sucesiva creación de las Áreas de Protección Históricas (APH), normativas que marcaron la superación de la idea de “viejo” como vetusto e inauguraron de la idea de “antiguo” como recurso.
Primeras políticas patrimoniales y construcción de una ciudad “selectiva”
La Ordenanza de Preservación U24 (1979) y la gestión urbana de los militares
Sin bien el código de Planeamiento Urbano de 1977 ya preveía una serie de intervenciones sobre la edificación patrimonial para recuperar y restaurar las áreas conservables por razones históricas, estéticas y paisajísticas, fue recién en 1979 que el Gobierno de facto sancionó la Ordenanza de Preservación del Área Histórica U24, que comprendía 140 manzanas del centro urbano. La Ordenanza promovía, entre otras cosas, la catalogación de los edificios con valor patrimonial, la derogación de viejos proyectos de ensanchamiento de las calles, para conservar su trazado originario, y la prohibición de alterar o modificar las fachadas de los edificios (sean comercios o viviendas). También se preveía un incentivo para la recualificación de los edificios y para construir plazas en los terrenos que quedaban baldíos.
Para llevar a cabo las medidas propuestas por la Ordenanza, se creó una Comisión Técnica ad hoc que estudiaba el edificado con valor patrimonial e indicaba las medidas necesarias para su preservación. Si bien los estudios se referían principalmente al edificado, según la óptica monumentalista y conservadora de la época, cobraba importancia la idea “área patrimonial” y la inquietud por la sociedad local como importante “agregado” del contexto físico espacial (Carrion, 2000). Pero esta preocupación no plasmó las intervenciones públicas, y la comisión, formada mayoritariamente por arquitectos y urbanistas, llevó a cabo un estudio de los barrios del centro que no contemplaba la situación social y económica de sus pobladores. La falta de políticas específicas referidas a vivienda y salud (tradicionales problemáticas del centro) y de medidas de protección de los sectores más débiles, se puede constatar en los principales indicadores demográficos y económicos, que no variaron hasta entrados los años Noventa (Lourés Seoane, 1997): “desde ciertos sectores se atribuyó a la Normativa el haber favorecido la conservación- congelación del patrimonio construido y, por lo tanto, la permanencia de importantes sectores de población. Sin embargo, lo cierto es que la capacidad de la Normativa es bastante limitada ya no solo en sus propios planteamientos sino por la inexistencia de una voluntad política dispuesta a hacerla cumplir” (Ibidem: 226).
Otro hecho significativo, es que la nueva Ordenanza no tuvo eco en la población local, al contrario, los vecinos de San Telmo, al recordar el barrio de los ‘70, no la mencionan siquiera, mientras relacionan las gestiones urbanas de los militares con la destrucción de numerosas manzanas para la construcción de la autopista 25 de Mayo y de la 9 de Julio, y con la represión de los opositores políticos, atestiguada por la presencia del centro de detención clandestino “Club Atlético” en el barrio de San Telmo.
Para entender este doble proceso, aparentemente contradictorio, entre destrucción y preservación de las políticas militares, es necesario hacer referencia a la concepción de ciudad que se quiso imponer con el golpe. Buenos Aires, según el mismo intendente Cacciatore, no era para cualquiera, sino para aquella parte de la población “que se la merecía”. Esta idea de “ciudad selectiva” se trasparenta de manera evidente en la tristemente conocida frase del director municipal de vivienda, Del Cioppo, respecto a los “merecedores” de la ciudad: “No puede vivir cualquiera en ella. Hay que hacer un esfuerzo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene, concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente” (Del Cioppo, entrevista de 1980 citada en Ozlak, 1991: 78).
El Código de Planeamiento impulsado por los gobiernos militares contenía este elitismo urbano en sus mismos objetivos: la reorganización del espacio urbano según nuevos parámetros de orden y limpieza y la liberalización del mercado inmobiliario. En particular, las medidas adoptadas fueron de tres órdenes:
- La liberalización del mercado de la vivienda a través de la Ley de alquileres y el nuevo Código de edificación.
- La erradicación de las villas miseria
- La expropiación de viviendas para la construcción de autopistas y avenidas
Ante la situación residencial tradicionalmente deplorable del centro, la liberalización del mercado habitacional y la expropiación de la vivienda para la construcción de la autopista fueron dos duros golpes. La ley de locaciones urbanas y el abandono por parte del estado de todo tipo de intervención en el mercado de los alquileres provocaron el paulatino deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y la expulsión de los sectores más vulnerables. Por otro lado, la expropiación de miles de viviendas para la realización de obras de infraestructura, provocó la expulsión de aquellos propietarios expropiados que no tenían posibilidad de acceder a otra vivienda en el mismo barrio. La construcción de las autopistas “favorecía a una minoría de la población, a través de la maximización de apropiación de renta en terrenos céntricos, a los grupos económicos vinculados con la realización de grandes obras de infraestructura y a los poseedores de autos privados” (Rodríguez, 2005: 62).
La binomio destrucción/preservación se presenta entonces como una estrategia de control y organización de la ciudad (y es, además, una práctica histórica consolidada en la gestión urbana), y en el proyecto del brigadier Cacciatore se conjugaban ambas cuestiones como dos caras de la misma moneda: la delimitación y demarcación de de un área de protección se relaciona directamente con la posibilidad de demoler y o reconstruir todo aquello que no esté incluido en esos límites (Lourés Seoane, 1997).
El proyecto de “ciudad selectiva” del gobierno de facto se llevó a cabo a través de la exclusión física de determinados sectores sociales (a través de la expropiación, erradicación o desaparición) y simbólica de las tradiciones y memorias que esos sectores representaban. Para consagrar sus acciones, y al mismo tiempo ejercer control social, los militares tenían que proclamarse herederos de una historia nacional/oficial que ponía de relieve determinados hechos del pasado mientas invisibilizada otros. Esta historia oficial, machista y xenófoba, se plasmó y territorializó en el espacio urbano a través de la puesta en valor de monumentos hitos de la historia patria y del rescate de una imagen de ciudad burguesa. En este sentido, el patrimonio se transformó en un dispositivo del poder militar para imponer un determinado orden económico y social, y para hacer desaparecer, del mapa como de la historia, los marginales, los “indeseables” y los opositores. Es decir, a través de la imposición de una historia y la puesta en valor del patrimonio, los militares se apropiaban materialmente y simbólicamente de la ciudad: “Inventar patrimonio/monumentalismo fue indisociable de la idea de fortalecer la visión de centralidad bajo los parámetros de la comunidad nacional” (Lacarrieu, 2005: 373).
El objetivo primario de restablecer el “viejo orden” con la imposición de un “nuevo orden” político y social justificaba cualquier medida: “los dictadores usaron armas de tipo militar para disciplinar el conflicto urbano y recrear a nivel interno un orden estricto a cerca de cómo utilizar los espacios urbanos, cuáles apropiarse, quiénes merecen hacerlo; en otras palabras, un orden nuevo al mismo tiempo que viejo” (Ibidem: 372).
El Congreso abierto de San Telmo (1989) y la consolidación del sistema neo-liberal
Si durante la dictadura militar el desarrollo económico estaba caracterizado por el progresivo abandono del modelo de producción por sustitución de importaciones, a favor de un sistema económico abierto y sin control del estado, con la vuelta a la democracia, y particularmente en los años Noventa, este proceso de liberalización del mercado se profundizó y se llevó hasta sus últimas consecuencias.
De 1983 a 1989, el gobierno del radical Alfonsín no logró intervenir sobre la progresiva liberalización ni evitar la crisis económica y social. No obstante, en este mismo período, y favorecido por las esperanzas depositadas en la democracia finalmente recuperada, se difundieron las ideas de ‘ciudad democrática’ en boga en Europa, que impulsaban reformas como la descentralización administrativa, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio y del medio ambiente.
En la ciudad de Buenos Aires, se abría un debate en torno a la preservación que en líneas generales veía enfrentados dos grupos: los tradicionalistas y los conservadores. En el caso de los barrios del centro estaban, por un lado, aquellos a favor de la conservación del patrimonio por su valor identitario y mnemónico y por su vinculación con el desarrollo económico y turístico, y por el otro, los modernizadores que, lejos de asociar el centro con la “cuna de la patria”, lo describían como el “Bronx del proletariado urbano” y promovían reformas urgentes.
Este segundo grupo estaba constituido por agentes inmobiliarios y algunos políticos interesados en la explotación edilicia de la zona céntrica de la ciudad, solución que era, según decían, la única posible para evitar que esos barrios se transformaran en enormes tugurios. Para esto, era preciso derogar la Ordenanza de Preservación, desregular el mercado de la renta y expulsar a la población “indeseable” (residentes de los conventillos y ocupantes ilegales de inmuebles). Esto es, en plena sintonía con la idea de “ciudad selectiva” impulsada por el gobierno de facto.
Sin bien no lograron la derogación de la Ordenanza, sí le dieron un duro golpe: en 1982 y gracias al lobby político y a la presión mediática obtuvieron la reducción de un 50% el área de protección patrimonial, y al poco tiempo retomaban su campaña para eliminarla completamente. Ante este segundo avance del sector privado, y frente a las denuncias de los vecinos, la municipalidad convocó a un Congreso Abierto en San Telmo para discutir cuestiones sociales, educacionales, y urbanas vinculadas al área de preservación. Por ello “no tan solo se convoca a profesionales y técnicos sino también a los vecinos comprometidos en el resurgimiento de la calidad de vida del histórico barrio” (documentos del Museo de la Ciudad, cit. en Lourés Seoane, 1997: 140).
Al Congreso Abierto participaron diversos sectores y grupos sociales, que manifestaban intereses y objetivos muy diferentes. De éstos, Oscar Grillo (1994) individua cuatro grupos prioritarios: la “coalición para la defensa de la zona histórica” (constituida por la Asociación Pro-San Telmo, el Instituto de Estudios Históricos y la Asociación de Amigos de la Catedral Sur), los agentes inmobiliarios junto con el partido de la Unión del Centro Democrático, los ocupantes de vivienda (mayoritariamente del PADELAI, ex Patronato de la Infancia) y la Comisión vecinal de San Telmo (vecinalistas y miembros de la revista “Sur”).
Los cuatro grupos intentaron estrategias diferentes para visibilizar sus posiciones, pero contaban con medios muy diferentes: si los primeros dos podían acceder a recursos institucionales, económicos y simbólicos, los ocupantes, además de no contar con recursos materiales, eran discriminados por ser vecinos “no legales” del barrio, mientras que los vecinalistas no contaban con suficiente convocatoria. Es así que, no obstante el entusiasmo inicial y la participación genuina de los diversos sectores sociales, el Congreso terminó siendo una fachada detrás de la cual se escondía la incapacidad crónica del gobierno de pasar a la acción, así como la dudosa voluntad de los representantes políticos de tomar decisiones “participativas”.
Más allá de la frustración por como se concluyó el Congreso (básicamente, sin tomar ninguna resolución), este espacio de debate dio lugar para que se expresaran y pusieran en común las diferentes ideas de ciudad y de democracia, en conflicto con la visión hegemónica del sector privado. Más allá de la disputa entre conservación o demolición, lo que estaba en juego en el congreso Abierto de San Telmo era la redefinición de lo requisitos sociales para “merecer” la ciudad, es decir, el derecho mismo a la ciudad.
Con el tiempo, la preservación patrimonial sería apoyada inclusive por una parte del sector inmobiliario, atraído por las nuevas tendencias del mercado inmobiliario y la creciente demanda de unidades residenciales con valor patrimonial. En este contexto la palabra clave “modernización” mutó a “rehabilitación”.
Programas de protección patrimonial, renovación urbana y turismo cultural
Planes y Programas para la “Rehabilitación de San Telmo”: globalización y marketing urbano
Luego del Congreso Abierto de San Telmo, la administración pública llevó a cabo una serie de iniciativas que apuntaban a mejorar el aspecto del barrio y a compilar un catálogo de los inmuebles con valor patrimonial. En 1990, la municipalidad elabora el Plan para la Rehabilitación de San Telmo que apunta a la reactivación económica y revalorización patrimonial del barrio en el marco de la crisis: “Consideramos la rehabilitación de la ciudad como parte de la política urbana dirigida a revalorizar la ciudad existente aprovechando su inmenso patrimonio, adecuándola a las demandas actuales, transformando las estructuras obsoletas y luchando contra el despilfarro que supone la destrucción del mismo en el marco de la crisis económica actual” (Plan de Rehabilitación para San Telmo, 1990, cit. en Lourés Seoane, 1997: 143).
No obstante, los propósitos no fueron más allá que su mera enunciación, dado que el Plan, avalado por PNUD/UNESCO, no poseía un fondo propio sino que dependía de hipotéticos entes privados dispuestos a financiarlos. Conjuntamente con el Plan de Rehabilitación, se vieron ampliamente frustrados también otros Programas de Actuación que contenían ejes prioritarios como: vivienda, conservación edilicia y patrimonial, mejora ambiental del espacio público, equipamiento y servicio comunitario, programas sociales, reactivación económica, etc.
Como se deduce de los propósitos del Plan, el patrimonio es interpretado como un recurso económico a través del cual es posible la rehabilitación y la transformación del barrio, pero esta mejora no estaba destinada a fortalecer el tejido social local sino a maquillar la “imagen” del barrio para explotarla en el mercado turístico, impulsando la actividad comercial en detrimento de la residencial. Tal es así, que en las indicaciones sobre los usos que el área debería implementar, se hace casi exclusiva alusión a la actividad turística, es decir, el reforzamiento de los usos comercial, recreativo y cultural: “pese a la imprecisión de los criterios, sí es posible vislumbrar que, en conjunto, se trataba de estimular una serie de usos que permitiesen ofertar el barrio como objeto de consumo. Demandas barriales tales como la mejora de las infraestructuras, el problema de la vivienda, los espacios libres, el tráfico, etc, quedaron subsumidas en un proyecto que interpretaba la vitalidad de un área concreta como sinónimo de un gran “shopping” histórico-artístico al aire libre” (Lourés Seoane, 1997: 144).
De por sí, el turismo ofrece oportunidades nuevas a los barrios históricos, no sólo por la recuperación y puesta en valor del patrimonio local, sino también porque potencialmente aporta recursos para mejorar el paisaje urbano, las infraestructuras y la calidad de vida (Cortés Puya, 2005). Pero cuado la relación entre el mercado turístico, la cultura y el patrimonio no es controlada y participada por los diferentes actores sociales involucrados, se termina imponiendo la cultura del consumo y se construyen los lugares patrimoniales como lugares de consumo: “places of consumption are arranged and imagined to encourage consumption; such consumption can create places, but it is also place- altering. Landscapes of consumption (…) tend to consume their own contexts, not least because of the homogenizing effect on places and cultures of tourism” (Sack, 1992: 158-159).
Para mejor comprender la relación entre patrimonio y renovación urbana durante la década del ’90 en el centro histórico, es necesario hacer referencia a los más generales cambios en la estructura económica de la capital y del país.
En líneas generales, Buenos Aires comparte la misma suerte de las demás ciudades latinoamericanas, para las cuales la globalización neo-liberal, el actual sistema de desarrollo económico desigual (Harvey, 2002), significó una serie de grandes cambios cuales: el fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en favor de la liberalización económica y financiera, la privatización de las empresas tradicionalmente públicas, la difusión de “zonas francas” donde empresas transnacionales localizan su producción para re-importar a países centrales, la creciente importancia del turismo de masa en la organización espacial y en la economía política de la producción del consumo, etc. (Días Orueta, González Villar, Lourés Seoane, Sintes, 2000).
En este mutado contexto internacional, las ciudades pasan a actuar como “nudos” de la red económica global, funcionando como centros de control de los flujos financieros, materiales y culturales que, a su vez, sostienen y perpetúan la globalización (Sassen, 2000, Knox 1995).
En este contexto, la ciudad misma se transforma en objeto de consumo: la infraestructura y la cultura urbana constituyen la “oferta” orientada a la localización de los flujos financieros, las empresas de servicios transnacionales y la elite de businessmen internacionales. Son “ciudades empresariales” que compiten vis à vis con otras ciudades del mundo (Doel, Hubbard, 2002), e inauguran un nuevo imaginario sobre la ciudad como “ciudad global”. Según Bob Jessop, “the entrepreneurial governance has become the dominant response to urban problems because of the very popularity and plausibility of this discourse, which appears particularly attractive to those cities caught in a seeming downward spiral of deindustrialization and decline” (cit. en Hall, Hubbard, 1998: 2).
Según la lógica de “marketing territorial” es necesario que cada ciudad ubique su oferta en relación a los demás territorios involucrados en la competencia, poniendo en valor las estructuras y especificidades locales. No sólo cuentan la estabilidad económica y las infraestructuras, sino también la historia y la cultura local, que pueden crear un entorno atractivo para los negocios y el trabajo (Benko, 2000). En este sentido, el patrimonio resulta ser un potente recurso para la renovación urbana en pos del posicionamiento en este mercado de los lugares. En su ensayo sobre el monopolio de la renta y la comercialización de la cultura, David Harvey sostiene que una estrategia de control monopólico es la explotación directa de un bien o localización a través de la creación de escasez y la especulación sobre su valor futuro: “If claims to uniqueness, authenticity, particularity and specialty underlie the ability to capture monopoly rents, then on what better terrain is it possible to make such claims than in the field of historically constituted cultural artefacts and practices and special environmental characteristics (including, of course, the built, social and cultural environments)?” (Harvey, 2002).
En este sentido, no es casualidad que junto con el Plan para la Rehabilitación de San Telmo en el mismo período se llevaron a cabo otros tantos proyectos que apuntaban a la revitalización de la ciudad y su centro, como la mejora de Avenida de Mayo, la recuperación de Puerto Madero y la expansión de Catalinas Norte. El antiguo centro urbano (que abarca a grandes rasgos la zona de Retiro a Parque Lezama y de Paseo Colón a la 9 de Julio), parecería de esta manera cubrir todos los requisitos para competir en el marketing territorial: dividido entre la City financiera y comercial, Puerto Madero y el “Casco Histórico”.
“Áreas de Protección Históricas”: patrimonio y fragmentación urbana
Un paso ulterior en la conservación de las áreas patrimoniales porteñas fue dado por el nuevo Código de Planeamiento Urbano de 1992 y la nueva Normativa para la Preservación de las Áreas Históricas. Dicha normativa preveía la catalogación minuciosa del edificado patrimonial en un Inventario de Patrimonio Urbano (IPU) y la delimitación de Áreas de Protección Histórica (APHs).
En el Inventario de Patrimonio Urbano los bienes patrimoniales de cada APH son catalogados en base a 3 criterios: a) valor “histórico- cultural”, b) valor “arquitectónico” y c) valor “urbano- ambiental” (Aslan, 1992). Una vez catalogados, se le asigna a cada bien un nivel de protección entre el “integral”, el “estructural” y el “ambiental”. El objetivo del Inventario es desarrollar un estudio minucioso que “identifique estructuras y elementos que permitan redefinir el sentido y el carácter de área central, conservando sus contenidos simbólicos, pero a la vez otorgando nuevos usos y contenidos a muchos de sus edificios para lograr así una rehabilitación de esta parte de la ciudad” (Ibidem: 8).
Esta forma de intervenir sobre la ciudad, recortándola en áreas y gestionándolas separadamente, provoca no pocos desequilibrios sociales y económicos. Por un lado, provoca desigualdades dentro de cada barrio, dado que el capital cultural es utilizado como mercancía en mano de pequeñas elites y no como fuente de desarrollo local. Por el otro, esta forma de recortar la ciudad en compartimientos estancos provoca también el aumento de la desigualdad entre barrios o áreas urbanas. En el caso específico del patrimonio, las APHs poseen fondos destinados a la protección y catalogación de los inmuebles, y cualquier nueva obra arquitectónica o urbanística debe ser evaluada por una comisión municipal específica, mientras que en las demás áreas de la ciudad este estudio de impacto no es realizado. Así, puede suceder que en un mismo barrio, como es el caso de San Telmo, que tiene solamente una parte de sus manzanas pertenecientes al APH1, es remarcable la diferencia entre el espacio preservado y el resto del barrio, no solo por la diferente conservación de las fachadas, sino también por la cantidad de comercios y el perfil socio-económico de sus habitantes. Esta “iluminación funcional” de una parte del barrio y, en consecuencia, la invisibilización de todo el resto, va dibujando sobre el territorio metropolitano una nueva geografía de las desigualdades, que ve enfrentados en el mismo espacio viejos vecinos y nuevos intereses.
Algo parecido sucede con el Programa de Revitalización de conjunto Balcarce- Chile, parte del más amplio Programa de Revitalización del Sur de la Ciudad de Buenos Aires (PROSUR), también de la Secretaría de Planeamiento Urbano de la municipalidad, que si bien logró el embellecimiento de esas cuadras y la paulatina instalación de nuevos comercios, creó un nuevo divario y no aportó soluciones a los endémicos problemas residenciales del barrio.
Todo este tipo de intervención sobre la ciudad, parecería ayudar a profundizar la tendencia hacia la fragmentación social y territorial. Prévôt Shapira (2000) individua algunos de los aspectos más importantes de la “ciudad fragmentada”: la desaparición del interés político hacia la sociedad en su conjunto, en beneficio de las pequeñas unidades, la disolución de los vínculos orgánicos entre los diferentes fragmentos urbanos, el empobrecimiento del continuum espacial y el aumento de las desigualdades a escalas diferentes, cuyo resultado es que colindan bolsas de pobreza junto a islas de riqueza. Más específicamente, para la geógrafa francesa es posible describir la fragmentación haciendo referencia a aspectos económicos, sociales y políticos. Entre los primeros, además de los ya nombrados efectos de la globalización neo-liberal, se encuentran la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad social. En Argentina, estos procesos son particularmente visibles en la crisis y polarización de la clase media, que acrecienta la distancia entre ricos y pobres. En lo que concierne los aspectos sociales, mientras los que pudieron mantener un cierto estándar de vida prefieren dejar la ciudad para refugiarse en countries militarizados o barrios cerrados, los que vieron empeorar sus condiciones pasan a engrosar el número de la población a riesgo de pobreza que se aloja en barrios degradados o en villas miseria. Finalmente, la creciente debilidad del poder de intervención del estado y el retroceso de la acción colectiva constituyen algunos de los aspectos políticos más relevantes.
La imagen de la ciudad que surge sumando este mix de fuerzas centrífugas y centrípetas es aquella de una ciudad-mosaico, fragmentada en islas cerradas e interiormente homogéneas. La configuración del espacio urbano reproduce esta “polarización fragmentada” (Mingione, 1991), es decir está compuesta por microtipologías de espacios económicos y sociales que tienden a concentrarse en dos grandes polos: por un lado, los espacios de consumo y las áreas residenciales bajo continua vigilancia de las clases altas y, por el otro, los espacios de la exclusión, de la población marginal empleada en los trabajos menos calificados y en el mercado informal.
Pero los aspectos políticos de la fragmentación urbana no solamente se relacionan con la retirada de la intervención del estado en la economía, sino también con la modalidad de elaboración de las políticas públicas urbanas, que ven declinar el énfasis en los planes reguladores a favor de proyectos puntuales por áreas de interés. Es decir, en vez de una planificación integral para la ciudad, la acción del gobierno local adopta la “lógica de los fragmentos” y se distribuye en diferentes planes y proyectos puntuales que, como con el patrimonio, recortan áreas específicas de intervención abandonando el interés por el conjunto.
El “Casco Histórico” de Buenos Aires y el auge del patrimonio intangible
El Plan de Manejo del Casco Histórico de Buenos Aires (2000): las trampas de la cultura
La falta de políticas públicas de bienestar para el centro urbano, sumada a la creciente fragmentación de la ciudad en general, provocaron la disminución de la densidad habitacional del Casco histórico (se trata, más que anda, de un cambio de la población residente: mientras algunos sectores de clase media abandonaron la zona, debido al aumento de las actividades comerciales y el terciario, el casco histórico continuaba siendo el lugar privilegiado para los sectores más pobres, vinculados al mercado precario o informal del centro). Este cambio poblacional preocupaba a las gestiones políticas urbanas, como también les preocupaba la pérdida de identidad debida a la globalización y a los cambios estructurales de los Noventa.
Al mismo tiempo, se verificaba un cambio en la concepción institucional de lo patrimonial: por un lado, la nueva constitución metropolitana incluía el “derecho al patrimonio cultural”, y entre sus artículos asomaba la necesidad de una legislación del patrimonio “en todas sus formas” (Guariglio, 2000). Por el otro, se formaba la nueva Dirección General del Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la ciudad, que impulsaban una idea de patrimonio muy diferente a la visión técnica de Secretaría de Planeamiento Urbano (que mantendría el control sobre la Normativa de las Áreas Patrimoniales y la gestión de las APHs).
En este contexto, la nueva Dirección elabora el Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyos objetivos son preeminentemente sociales y culturales:
“Es de fundamental importancia formular una política integral que preserve los valores histórico - culturales, urbanos y arquitectónicos para mantener vivo este singular sector, por lo que la Dirección General Casco Histórico (…), propone un plan que contemple su multiplicidad, complejidad y dinamismo, que oriente la totalidad del proceso operativo, tanto el de la actividad privada como el de la política pública” (de la página web de la Dirección General de Casco Histórico, 2008).
La propuesta de combinar intereses privados y públicos, así como la conservación y la identidad, se hace evidente también los objetivos del Plan: a) Mantener la identidad histórica y sociocultural del área, b) Proteger el patrimonio arquitectónico y urbanístico, c) Posibilitar una mejor calidad de vida para los habitantes, d) Mejorar y ampliar la disponibilidad de espacio público, e) Recuperar la atracción residencial del área, f) Potenciar actividades turísticas y culturales.
Para hacer frente a la doble pérdida de población y de identidad asociadas con la globalización (Yúdice, 2000), el gobierno de la ciudad de Buenos Aires busca en su centro histórico una estrategia para hacer frente a los desafíos del nuevo milenio y, de paso, mejorar la oferta turística. La novedad es que por primera vez, una política de este tipo apunta a la salvaguardia de un patrimonio intangible.
En las palabras de Silvia Fajre, ex secretaria de Cultura, el patrimonio, la identidad y el turismo pueden conjugarse para potenciar el desarrollo local:
“No pensamos que tenga que ser necesariamente un barrio turístico, queremos que el turista conviva con las actividades culturales (…). Se trata de que esto tenga un efecto multiplicador fuerte. Cuando se mejora este tipo de espacios la gente invierte y apuesta a mejorar su propio edificio. Este sector es muy importante en cuanto a valor patrimonial y vida barrial. Buscamos que este barrio oferte todo lo que puede dar que es calidad, identidad, memoria y también solución a su vida cotidiana. No alcanza con resolver la protección del patrimonio sino resolvemos el uso de esa zona y los problemas de la gente" (entrevista realizada por Scirica, 1999).
El interés, al menos aparente, hacia la comunidad local (“la gente”) esta presente no solo en lo discursivo, sino también en los siete programas de intervención asociados al Plan, que apuntan a consolidar el ámbito residencial y la infraestructura, a concientizar sobre el valor el patrimonio y su conservación, a promover actividades económicas y oficios, al mejoramiento ambiental y a la promoción de actividades turístico-patrimoniales.
Si bien las intenciones pueden haber sido buenas, el Plan no ha tenido el alcance esperado en lo que concierne mejoras en la vivienda y en la calidad de vida de los sectores tradicionalmente marginados. El barrio cambió su imagen junto con la recualificación de sus fachadas y la apertura de hostels y negocios para un público bohemio e internacional, y se ha consolidado como uno de los más turísticos de la ciudad (gracias a la devaluación del peso, post diciembre 2001), pero aún hoy miles de familias, muchas de las cuales provenientes del interior del país o de países limítrofes, se siguen alojando en hoteles pensión y casas tomadas en condiciones precarias. Se trata de un tipo de población “invisible” que no esta contemplada dentro de los programas del Plan ni dentro de las políticas públicas de bienestar de la ciudad, y que cuando no es expulsada por la fuerza (como los casos recientes de violencia física hacia personas en situación de calle por parte de la nueva policía metropolitana), los son indirectamente por las distintas gestiones políticas que defienden el derecho a la propiedad privada, antes que el de la vivienda digna.
La preocupación pública por la pérdida de la identidad y los valores históricos y culturales, mientras impone un nuevo discurso en torno a lo patrimonial, como intangible, al mismo tiempo cristaliza y delimita ciertas identidades y excluye otras del mapa. Este doble proceso de iluminación funcional/invisibilización constituye una de las trampas de la cultura (Carman, 2006), es decir, la relación entre saber y política marcada por el uso instrumental de la cultura por parte de determinadas elites hegemónicas. Gorelik denuncia este “efecto de reverbero” que ciertos estudios culturales o antropológicos pueden llegar a provocar, a veces ingenuamente, en las políticas públicas:
“la funcionalidad de estos estudios para un tipo de política urbana muy actual puede ser entendida como un síntoma de los nuevos mitos que hoy circulan en las políticas municipales, con su énfasis en el valor identitario de las intervenciones puntuales de vaga apelación cultural comunitaria, como si pudiera haber reparación simbólica anta la ausencia pasmosa de voluntad de transformación de la metrópoli en un territorio más democrático y más justo (…). El argumento de la identidad territorial se despliega hoy en multiplicidad de efectos apareciendo como respaldo tanto de la fragmentación cultural como de las políticas de descentralización que realizan el sentido común democratista por el cual small is beautiful, aunque su correlato suele ser el desmantelamiento de los restos de las políticas públicas de bienestar” (Gorelik, 2004: 576).
El patrimonio extra-oficial: marcas territoriales y memorias colectivas
En la página web de la Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires se define el patrimonio “intangible” como aquellos bienes “que dan cuenta de una identidad enraizada en el pasado, con memoria en el presente, reinterpretadas por las sucesivas generaciones, que tienen que ver con saberes cotidianos, prácticas familiares, entramados sociales y convivencias diarias”. Entre estos bienes, se encuentran “ciertos oficios, músicas, bailes, creencias, lugares, comidas, expresiones artísticas, rituales o recorridos de escaso valor físico pero con una fuerte carga simbólica" (2008).
El auge de la dimensión “intangible” o “blanda” del patrimonio coincide con la ampliación democrática y el interés por la inclusión de las minorías en el juego político, y se manifiesta en la superación de la visión monumental/nacional en favor de la multiplicación de las historias e identidades locales y de los lugares de memoria (Norá, 1984). Respecto al patrimonio “tradicional”, que era extraído de su contexto y vaciado de los contenidos y los usos sociales, el patrimonio “intangible” se configura como un valor agregado, como el contexto humano y cultural en el cual los bienes patrimoniales se encuentran.
Ahora bien, no se trata tanto de un “descubrimiento de la cultura”, sino de una definición de lo cultural según nuevo parámetros: “si en la conformación del ‘patrimonio nacional’, lo intangible era la producción cultural vinculada a lo nacional, es decir a la ‘alta cultura’, es esta concepción la que se modifica recientemente introduciendo una nueva forma de concebir ese ‘intangible’: el ‘redescubrimiento’ de la diversidad cultural que la nación había opacado” (Lacarrieu, Pallini, 2000: 84).
En el Casco Histórico de Buenos Aires, lo intangible se relaciona al tango, los bares notables, los viejos oficios y las antigüedades. En el caso de San Telmo, también con la historia de la inmigración europea y los conventillos (uno de los conventillos del barrio está señalado como punto de interés turístico, y en general se propone una imagen tanguera de “arrabal”). Todo esto contribuye a hacer del Casco Histórico un lugar “mágico”: “El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires constituye un lugar único e irrepetible, ningún otro atesora como él su historia y su memoria (…). Sus calles empedradas, sus farolas, sus patios con aljibes y rejas en las ventanas, sus iglesias y museos, sus ferias características, sus bailarines de tango y sus cafés le otorgan una magia especial que se percibe al recorrerlo” (de la página web de la Dirección General de Casco Histórico, 2008).
La recuperación de lo intangible en el Casco Histórico de Buenos Aires parecería estar más vinculada al turismo que a un estudio profundizado de las memorias y las representaciones sociales. Se rescata una parte de la historia local, vinculada con la historia nacional y la inmigración europea, pero se opacan otras historias y otras inmigraciones (como la de países limítrofes) que también definieron y modelaron el barrio. En su vinculación con el turismo, la construcción común del “nosotros” esta orientada al embellecimiento y el reciclaje, y esta operación de rescate de una verdadera “esencia” del barrio ocupa nada más que los ejes de Avenida de Mayo y de la calle Defensa y laterales, abandonando el resto de los barrios a su destino.
En estos casos, la cultura como recurso económico vinculado al turismo se presenta como una estrategia de ilusión (Lacarrieu, 2005), dado que aquellos procesos que supuestamente deberían provocar la apertura democrática e inclusiva de las políticas públicas, terminan por generar exclusión urbana y desintegración de lazos sociales.
No obstante, existen prácticas de construcción común de la historia que, si bien alejadas o en paralelo al patrimonio oficial, (d)escriben el territorio y lo van “marcando” con nuevos significados y memorias. Las representaciones sociales del pasado se inscriben así en el juego político de luchas y acuerdos cuyo resultado define y va modificando el discurso oficial/gubernamental sobre el patrimonio.
En el caso de San Telmo, dentro del Casco Histórico de Buenos Aires, existen asociaciones civiles y políticas que reivindican “otro patrimonio” y con eso, otra historia (extra oficial) y otras memorias. Estas organizaciones se relacionan a las políticas gubernamentales en dos maneras: por un lado, complementan y corrigen la visión patrimonial oficial a través de la puesta en valor y visibilización de otra historia barrial; por el otro, mantienen una posición crítica respecto a las políticas públicas ciudadanas y en muchos casos terminan brindando asistencia en aquellos ámbitos sociales en donde el gobierno es deficitario.
Entre las organizaciones, es interesante la labor de la Asamblea popular de San Telmo- Plaza Dorrego para la recuperación y activación de la memoria relativa al terrorismo de Estado. A través de un trabajo de recopilación histórica y de presencia constante en el barrio, la Asamblea fue poniendo de relieve o creando ex novo algunas “marcas territoriales” que actúan como vehículo de memoria referida a la última dictadura militar: la recuperación del centro de detención clandestino “El Atlético”, la producción de baldosas con el nombre de los desaparecidos, la elaboración de murales relativos a la historia reciente, el apoyo activo a las políticas de derechos humanos, las iniciativas de conmemoración de aniversarios del 24 de Marzo, etc.
La Asamblea comparte muchas de las actividades con otras asambleas de la ciudad, como es el caso del proyecto “Barrios por la memoria”, que busca investigar sobre la cantidad, la identidad y la historia de vida y de militancia de los detenidos desaparecidos. Dentro del proyecto, se encuentra la producción de baldosas con el nombre de cada uno de los desaparecidos, que luego son colocadas en la vereda en frente o en proximidad de la casa donde la victima residía. Vinculado a este proyecto, que a nivel local se rebautizó con el nombre de “San Telmo tiene memoria”, la Asamblea propuso e integró en 2003 la Comisión de trabajo y consenso del Proyecto de recuperación de la memoria del centro clandestino de detención y tortura ‘Club Atlético’, que apunta a la sensibilización de la sociedad y la investigación arqueológica sobre el funcionamiento y la identificación de las victimas del centro clandestino.
Las marcas territoriales (Jelin, Langland, 2003) que estas organizaciones producen son al mismo tiempo vehículo de memoria y testimonio de la conflictividad intrínseca en la construcción social de la historia. Se trata de una forma de (re)presentar el pasado que rompe con el silencio cómplice de las instancias gubernamentales, y al mismo tiempo es una forma de “hacer memoria” que no cae en la repetición maníaco-obsesiva del recuerdo en la forma de historia oficial y consolidada. Como vehículos de memoria, estas marcas territoriales no son otra cosa que un soporte para la acción colectiva, política y simbólica, resignifican el espacio y expresan otras políticas de representación social del pasado.
Conclusiones
El patrimonio como recurso cultural es una forma de conocimiento que implica el doble proceso de legitimación de una historia (la historia oficial) y construcción de una identidad (nacional o local). Al mismo tiempo, el patrimonio como recurso económico se configura como plusvalía dentro del marketing territorial que ve a las distintas ciudades del mundo competir por la localización de flujos sociales, económicos y financieros.
Como recurso de legitimación e identificación, o como mercancía, el patrimonio define siempre un terreno de confrontación entre diferentes actores sociales, dado que presupone la existencia de representaciones diferentes y muchas veces opuestas. El patrimonio es, pues, el resultado de una negociación, no siempre pacífica, entre diferentes actores en un determinado contexto histórico y social.
El Casco Histórico de Buenos Aires nace del binomio paradigmático de destrucción/conservación propio del modus operandi militar, a través del cual se intenta limitar el derecho de acceso y uso de la ciudad a determinados sectores sociales y políticos. No obstante el retorno a la democracia en 1983, esta idea de “ciudad selectiva” resulta difícil de revertir, dado que las políticas urbanas, lejos de implementar nuevas medidas de bienestar social, continúan amparando los derechos del sector privado vinculado principalmente a la renta inmobiliaria.
Los planes y proyectos propuestos por la Secretaría de Planeamiento Urbano a finales de la década del ’80, elaborados a partir de la Normativa para la Preservación de las Áreas Históricas, si bien impulsan un gran avance en la catalogación y conservación de la edificación patrimonial, no contienen soluciones fehacientes para mejorar la calidad de vida ni el problema de la vivienda de la población del centro urbano. Al contrario, las actividades de renovación arquitectónica terminan por aumentar las desigualdades dentro de los barrios del centro y entre éstos y el resto de los barrios porteños, sosteniendo de esta manera la fragmentación urbana y la distribución inequitativa de la riqueza.
Durante los años Noventa, en plena época de privatizaciones y desmantelamiento de las políticas públicas de bienestar, las nuevas políticas de preservación patrimonial promueven estudios culturales y sociales con la finalidad de rescatar y poner en valor el patrimonio “intangible” de la ciudad. Si por un lado se verifica cierta apertura hacia nuevas miradas sobre la ciudad, también es cierto que científicos sociales, políticos y empresarios terminan utilizando un mismo vocabulario y produciendo un nuevo discurso hegemónico caracterizado por un marcado “culturalismo de mercado”, que “estetiza”, para comerciarla, la diferencia.
Como testimonio de la creciente importancia atribuida a la cultura y al patrimonio, se constituyen la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Casco Histórico dependientes de la Subsecretaría de Cultura y se destinan nuevos fondos para este sector, pero con la falta rotunda de políticas de salud, vivienda y educación, la cultura se vuelve una trampa: “¿Quien puede alzarse, entonces, en contra de la cultura, si esta redimiría a los que “carecen” de ella, operándose un espontáneo milagro? El argumento resulta, cuanto menos, endeble, ya que la resolución de los problemas de la exclusión desde el ámbito de lo cultual resulta poco menos que una utopía” (Carman, 2006: 202).
Hasta ahora la interdependencia entre las políticas publicas de puesta en valor y conservación del patrimonio y el sistema económico neo-liberal terminó favoreciendo el sector privado en detrimento de los sectores tradicionalmente marginados del centro urbano.
Mientras los modos y las condiciones de acceso a la ciudad estén determinadas por la lógica del capital, es imposible pensar en una efectiva apertura democrática de sus políticas y en la construcción de un espacio verdaderamente polifónico e igualitario. Para esto, parecería necesario que las políticas de conservación de las áreas históricas estén acompañadas y complementadas en primera instancia por políticas efectivas de vivienda y desarrollo turístico sustentable.
Al mismo tiempo, es necesario un cambio cualitativo en la relación entre patrimonio tangible e intangible, a través de trabajos interdisciplinares e intersectoriales. La multitud de experiencias y de modos de pensar, representar y vivir los lugares tendría que tener lugar de expresión y encuentro, para esto es importante que las administraciones locales le devuelvan su importancia al espacio público como espacio de construcción de la democracia.
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