URBANIZACIÓN GENERALIZADA, DERECHO A LA CIUDAD Y DERECHO PARA LA CIUDAD

Conferencia inaugural del XI Coloquio Internacional de Geocrítica

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El tema de esta conferencia, preparada inicialmente como discurso para el acto de recepción del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, debía tratar de la ciudad, por el hecho de que el XI Coloquio Internacional de Geocrítica está dedicado en buena parte a ella. Cuando inicié su preparación pensé en titularla “Las tribulaciones y las dudas de un ciudadano (y geógrafo urbano) sobre la ciudad”, por las dificultades que plantea hoy el estudio de ésta. Las dudas están justificadas, porque la ciudad y las perspectivas para su estudio han cambiado mucho en los últimos diez años. Un panorama de las obras relevantes existentes hace un decenio puede tener, sin duda, todavía actualidad; pero si lo examinamos hoy, se comprueba también que hay muchas cuestiones para las que la bibliografía entonces disponible no nos proporciona respuestas.

El examen de las publicaciones sobre la ciudad realizadas durante la última década nos muestra temas, problemas y metodologías que no estaban presentes en los años finales del siglo XX. Una mirada a las comunicaciones presentadas a los Coloquios Internacionales de Geocrítica,  que se iniciaron al final de la década de 1990, permite detectar la presencia de nuevos problemas y nuevos abordajes en los trabajos publicados, que son un buen indicador de las perspectivas actuales sobre la ciudad.

Lo primero que uno constata es la sobreabundancia de información acerca de este tema, al igual que sucede en otros muchos campos de la ciencia. La multiplicación de la bibliografía es asombrosa. Buscar información sobre los estudios que se han realizado en los últimos años sobre cualquier problema es una tarea titánica. En seguida se comprueba que existe un exceso de información, y dificultades enormes para seleccionarla. También aquí la desmesura es manifiesta, y tal vez sería necesaria una mayor contención y exigencia.

En esta conferencia trataré, ante todo, de la necesidad de perspectivas integradoras y de nuevas teorías para el estudio de la ciudad, y luego de las dificultades para caracterizar lo urbano en la actual fase de Urbanización Generalizada. Dedicaré la segunda parte al derecho a la ciudad y, finalmente, a la necesidad del derecho, en dos sentidos, como derecho a la transformación de la ciudad, y como requerimiento esencial para ésta: hemos de hacerla con el derecho.

De manera general, frente a las visiones negativas que, con frecuencia, se presentan sobre la ciudad, pretendo adoptar una actitud positiva y optimista que ayude a impulsar la lucha por su transformación, y que permita ver horizontes de mejora real de las injusticias y desigualdades existentes. Y no eludiré las dudas, con la intención de que podamos avanzar hacia interpretaciones convincentes que ayuden a cambiar las realidades sociales que no nos satisfacen.

Problemas científicos, perspectivas integradoras y nuevas teorías

Podemos aceptar que la realidad social (y la ciudad) están cambiando profundamente, que es necesario partir de los problemas planteados, que se necesitan perspectivas amplias e integradoras y que se requieren nuevas teorías y nuevos estudios empíricos para entender esa realidad cambiante.

Es también, probablemente, una exigencia para abordar todos los problemas científicos. "Quien sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe", escribió un médico español del siglo XIX, el Dr. José de Letamendi (1828-1897), profesor de la Universidad de Barcelona. Se refería a la conveniencia de que los médicos ampliaran su bagaje cultural, y dedicaran más atención al estudio de ramas científicas próximas, a la exigencia de una formación integral para poder abordar los problemas de la salud y la enfermedad. De manera similar podemos decir hoy que quien solo sabe geografía, ni geografía sabe; lo mismo podría sostenerse respecto a otras disciplinas, y es especialmente cierto en lo que se refiere a las que se dedican al estudio de la ciudad.

Se hace indispensable una aproximación amplia, que parta de la disciplina que se cultiva y de las propias tradiciones intelectuales, pero que esté abierta a otras, que sea al mismo tiempo, si es preciso, interdisciplinaria y multidisciplinaria. Teniendo en cuenta que la disciplinas científicas son simplemente un resultado de la división social del trabajo intelectual, que están históricamente configuradas, en cambio continuo y en conflicto entre ellas.

En lo que se refiere a la ciudad, es imposible trabajar sin tener en cuenta las investigaciones de otros científicos y profesionales. Por ello al estudiar la morfología de las ciudades desde la perspectiva geográfica es imposible dejar de lado las aportaciones que han hecho también arquitectos, historiadores, sociólogos, economistas, semiólogos o historiadores del arte. Es el problema estudiado el que ha guiar la búsqueda de la bibliografía, acudiendo a donde sea preciso para resolverlo, el que ha de orientar las perspectivas de investigación y las metodologías a utilizar. Lo cual requiere tener, ante todo, sentido del problema y de la forma como se jerarquiza con otros.

La perspectiva amplia es especialmente necesaria en la ciudad, donde el mismo concepto alude a aspectos muy diferentes: la urbs, es decir la dimensión arquitectónica y geográfica; la civitas, dimensión sociológica y antropológica; la polis, dimensión política, administrativa y jurídica[1].

Pero la ciudad es también una idea, un concepto, una percepción y una imagen. Se han de incluir, ante todo, las representaciones cartográficas, cinematográficas, pictóricas, o literarias[2].  Hemos de tener en cuenta, además, las percepciones, las imágenes de la ciudad, los mapas mentales[3]; en definitiva: la ciudad vivida, la percibida y la  soñada. Todo lo cual influye de manera decisiva en las ideas que se tienen sobre ella, positivas o negativas[4].

Las ciencias sociales que se ocupan de la ciudad (y la geografía entre ellas) no pueden, y no deben, estar desconectadas de los problemas actuales de la misma. Vivimos en un mundo con profundas desigualdades sociales, raciales, sexuales (también llamadas ‘de género’), de educación. Un sistema económico dominante, el capitalista, ha podido conseguir cotas inéditas de riqueza, pero no ha sido capaz de distribuirla de forma justa y equitativa.

Necesitamos también una ciencia solidaria, al servicio del diagnóstico y la solución de los problemas sociales que existen. Es urgente, además, tomar medidas para salvar el planeta. Sin duda hace falta un cambio radical, y muchos ya están tomando conciencia de ello. En los últimos años están aumentando las declaraciones en el sentido de que no se puede seguir creciendo, e incluso se difunde, muy oportunamente, una economía y una filosofía del decrecimiento: se publican obras que explican “cómo los ricos destruyen el planeta”, que para salvarlo “hay que salir del capitalismo”, y, de forma más general, que “más es menos”[5], lo que implica asimismo que menos puede ser más.

Se tiene conciencia clara de la gravedad de los problemas y de la urgencia que hay para adoptar medidas. Pero también existen muchas dudas sobre el camino a seguir. Creo que debemos atrevernos a exponer en público esas dudas y discutir como ciudadanos y como científicos sociales las diversas soluciones que se proponen.

La teoría es el corazón de la ciencia han defendido algunos filósofos, y han repetido numerosos científicos, entre los cuales también geógrafos[6]. Sin algún marco teórico (aunque esté implícito) no podemos ni siquiera ordenar las observaciones con vistas a una descripción coherente de lo que vemos.

Necesitamos, efectivamente, teorías para entender la realidad, para iluminar aspectos esenciales de ésta. Pero en el campo de las ciencias sociales deben refinarse constantemente para entender unas situaciones que son muy complejas y cambiantes; completarlas cuando estas teorías dejan en la penumbra otras dimensiones de esa misma realidad y nos impiden entenderla; o incluso abandonarlas cuando se convierten en obstáculos que llevan a repetir estereotipos y frases hechas que pueden hacer difícil entender las nuevas situaciones.

Tenemos necesidad de teorías para avanzar, y debemos considerar y examinar siempre todas las que existen sobre los problemas que estudiamos. Pero, más aun, precisamos mirar una y otra vez a esa misma realidad, volver a ella constantemente, y construir nuevas teorías que nos permitan entenderla. Es especialmente necesario hoy con los cambios que el mundo ha tenido en las últimas décadas.

Existe un consenso bastante amplio entre los autores de izquierdas sobre la responsabilidad del capitalismo en las dificultades que tenemos, y especialmente en las que tienen que ver con la ciudad. La renovación de un marxismo crítico en los años 1960 fue un acontecimiento de gran repercusión en el campo de los estudios urbanos. En este sentido Henri Lefebvre fue uno de los primeros que lo hizo de una forma convincente, y que insistió en que la urbanización sirve para absorber el producto excedente que los capitalistas generan en su búsqueda de beneficio.

Siguiendo a Lefebvre y a otros, o realizando una reflexión propia a partir de la relectura personal de la obra de Marx, diversos autores han argumentado repetida y convincentemente sobre la íntima relación entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización. Entre ellos David Harvey, para el cual “los capitalistas tienen que producir un producto excedente a fin de generar plusvaslor; éste a su vez debe reinvertirse para producir más plusvalor”; y así “la perpetua necesidad de encontrar sectores rentables para la producción y absorción de capital excedente conforma la política del capitalismo y enfrenta al capitalista con diversas barreras a la expansión continua y libre de inconvenientes”. A partir de ahí se ha podido sostener el papel esencial de la urbanización, a la hora de absorber dicho excedente[7].

Las argumentaciones de este autor, y de otros muchos, pueden ser en buena parte compartidas. Pero, al mismo tiempo, cada vez más se siente, asimismo, la necesidad de completar, ampliar y matizar esos análisis, de incorporar a ellos nuevos factores interpretativos.

Podemos estar de acuerdo en que la urbanización sirve para absorber el excedente que los capitalistas generan en su búsqueda de beneficio, y que la entrada de la construcción y del inmobiliario en el circuito industrial, bancario y financiero ha sido uno de los objetivos del capital desde la década de los años 1960[8], e incluso antes. Los trabajos existentes realizan descripciones lúcidas y certeras de las características del proceso urbanizador, y la evolución reciente las confirman. Se ha llegado al límite en la vía de utilizar la construcción de la ciudad como un negocio de acumulación inmensa de capital. Había ya una tradición de utilizar las plusvalías urbanas para el beneficio, pero se ha intensificado de forma demencial en los últimos años, lo que ha contribuido a provocar la actual crisis económica.

Pero también es verdad que a veces las interpretaciones sobre todo ello nos parecen incompletas, y se siente la necesidad de nuevos estudios empíricos a partir de la situación actual, y de nuevas matizaciones. En algunas ocasiones los argumentos que se leen parecen monocordes y previsibles, dando vueltas sobre las mismas ideas, sin avances significativos; y lo que es peor, la redacción es a veces indigesta. Si se me permite una provocación, diría que cuando el marxismo vulgar se mezcla con la postmodernidad los resultados pueden ser deletéreos.

Es evidente que el capitalismo y la economía de mercado han dominado, primero en Europa y América y luego en todo el mundo, desde el siglo XIX. Ha sido el capitalismo el que en los dos últimos siglos ha estimulado la urbanización intensa y más recientemente la entrada en la fase de Urbanización Generalizada. Lo sorprendente es que ese mismo proceso, y con resultados similares o incluso más acusados, se habría producido también en la URSS hasta 1989, y es el que hoy conocen China[9] o Vietnam; en este último país algunos políticos y técnicos no dudan en afirmar que quieren utilizar la especulación “como una fuerza motriz subterránea”[10], y las descripciones de Shanghai y de otras grandes megalópolis chinas muestran los mismos contrastes que otras ciudades globales entre centralidad y marginalidad, así como similares morfologías[11]. Eso hace dudar de que el intenso crecimiento urbano esté solo vinculado al sistema capitalista; aunque también podría sostenerse que en estos casos se trata ya de Estados plenamente capitalistas (con un capitalismo de Estado), o que tienen un socialismo de mercado, lo que tampoco resultaría muy clarificador ni  alentador.

Por otro lado, la asociación del crecimiento y transformación de las ciudades exclusivamente con las estrategias del capitalismo para absorber el excedente parece, en ocasiones, una visión algo parcial.

El capitalismo en su fase reciente ha generado inmensos excedentes que, en una primera etapa, se invirtieron para aumentar la producción de nuevas mercancías (adquiridas incluso por clases medias y populares), y entre ellas a partir de cierto momento también de las viviendas. Es indudable que el capitalismo genera excedentes, que busca sectores rentables para invertir, con la expansión continua de los mercados, y que si no los encuentra los dirige a la construcción de la ciudad. Pero debe de haber algo más. El crecimiento urbano de los dos últimos siglos es también resultado de numerosos factores, tales como, entre otros: de los ideales y de la actuación de las clases medias y populares, del mismo crecimiento demográfico a escala regional y mundial, de la huida de campesinos de las áreas rurales, buscando los nuevos horizontes y posibilidades que les ofrece la ciudad. Las clases populares se han visto beneficiadas de la construcción de viviendas, para alquiler o venta, de la extensión del consumo, de la mejora de la educación. No podemos valorar solo de una forma negativa, como resultado de la estrategia del capital, cambios y avances que han sido trascendentes y han mejorado sensiblemente la calidad de vida de la población. En todo caso, si fuera así, y si fuera cierto –como yo creo- que ha habido una inmensa mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las áreas urbanas en todo el mundo, a pesar de las injusticias y desigualdades que todavía existen, es posible que algunos se sentirían tentados de repetir un antiguo dicho: hágase el milagro y hágalo el diablo.

Además de las argumentaciones referentes a la acción del capitalismo y su influencia decisiva en el desarrollo urbano, hay que tener en cuenta otros hechos, ya que los cambios que se han producido en el mundo han sido muy profundos. Ante todo, cambios demográficos: 1.600 millones de personas en 1900 y 6.866 hoy, es decir más de 5.000 millones en solo 110 años (y casi 2.500 millones solo en los últimos treinta años). Pero también cambios técnicos y científicos, de información, de aspiraciones al consumo, de transformaciones en la producción agrícola (con la mecanización, la motorización y los nuevos sistemas de cultivo); y cambios relacionados con un anhelo generalizado de mejora social y de la calidad de vida.

No estoy seguro de que, en una perspectiva histórica amplia, sea cierto que el proceso de “destrucción creativa” del capitalismo ha desposeído a los grupos populares de todo el derecho a la ciudad, que se esté privatizando el espacio (lo que a veces puede suceder, pero no siempre), que nunca haya habido tantos pobres como ahora (lo que también es posible, en números absolutos, pero no en cifras relativas), o que las desigualdades sean hoy mayores que nunca (lo que es bastante discutible). Parece claro que desde el siglo XIX se han ido construyendo gran cantidad de equipamientos y creando espacios públicos en las ciudades, y que hoy existen de unos y otros, más cantidad que en cualquier otro momento de la historia de la Humanidad.

Reconocer todo esto no significa negar o desconocer los comportamientos de las grandes empresas, las estrategias de búsqueda de sectores nuevos para invertir sus excedentes, las tácticas de desalojo del centro y de acoso inmobiliario, incluso las prácticas criminales como las que se han descrito en muchos trabajos geográficos y de otras disciplinas. Pero supone, en cambio, la necesidad de examinar si todas las empresas y todos los capitalistas actúan así, si podemos distinguir, como hacía el mismo Engels, entre los capitalistas “tomados en conjunto” y “tomados individualmente”[12], y preguntarnos qué implicaciones tiene eso. Y de reconocer que, considerando el mundo globalmente, a pesar de la crisis y del mantenimiento de fuertes desigualdades sociales, cifras importantes de población del mundo viven hoy mejor que en el pasado, con mayor cultura, mayor libertada, mayor esperanza de vida, mayor bienestar, y mayores expectativas para sus hijos.

Hemos de cambiar, sin duda, aspectos esenciales del sistema económico. El capitalismo es responsable de muchos desastres. Pero no solo él: ha habido complicidades y decisiones compartidas. Es cierto que el capitalismo, es decir las empresas y quienes las dirigen, han sido capaces de influir en las conductas y en las conciencias de la población en general y de los individuos en concreto. Pero podemos preguntarnos si todas las decisiones individuales están determinadas por las opciones que toman las empresas capitalistas, si todas son malas, si todas se conciertan para producir los mismos efectos; o si para la población no hay ninguna posibilidad de decisión personal, de libertad, especialmente en estos momentos de alfabetización generalizada y de información superabundante. Si esa determinación fuera cierta, como parecen pretender los foucaultianos, deberíamos, sin duda, inquietarnos: la alfabetización y la información no conducirían a la liberación sino a la opresión.

A veces parece que la visión que se tiene del sistema capitalista simplifica en exceso. No siempre coincide con la que se obtiene cuando se ve el funcionamiento real de la economía y de las empresas, las dificultades que existen para la toma de decisiones empresariales, los efectos de las mismas, las relaciones con la mano de obra que trabaja en ellas, las preocupaciones que con frecuencia muestran los empresarios por el coste social de las medidas que pueden generar graves tensiones sociales (en la fuerza de trabajo, en la población urbana) y el recuerdo de los conflictos generados en el pasado o las exigencias de localización.

A pesar de las especulaciones sobre la tendencia a la disminución de la tasa de beneficio de las empresas, no se entiende bien que la estrategia del capital se extienda a “provocar el desempleo inducido tecnológicamente”, como a veces se afirma, ya que el desempleo provoca al mismo tiempo conflictos y puede amenazar al capital: ante todo, por la disminución del consumo y, también, por los riesgos de disturbios sociales. No parece que exista hoy una apremiante necesidad de provocar desempleo para disminuir los salarios, debido a la abundancia de mano de obra y las facilidades para la movilidad de la población. Por otro lado, la migración no siempre parece ser un resultado de la estrategia del capital; también tiene que ver con el aumento de la información y el deseo de mejora que posee la gente. Los avances tecnológicos producen desempleo; pero podemos preguntarnos si es como resultado de un propósito consciente del capitalismo o como consecuencia del progreso del saber humano.

Rasgos que normalmente se citan en la ciudad actual son la segregación creciente, e incluso la exclusión, la fragmentación, la pérdida de espacio público, el aumento de las desigualdades, la mala calidad de vida urbana, la anomia, el conflicto, la inseguridad (respecto al empleo, al acceso a la salud, a la educación o a la a la vivienda). Pero no creo que sean mayores que en el pasado; y, en cambio, puede afirmarse que  en muchos de estos aspectos la situación es más favorable hoy que en épocas anteriores.

Creo que necesitamos introducir muchas matizaciones. Hay que incorporar, especialmente, la dimensión histórica en el análisis del desarrollo del capitalismo desde el siglo XIX, examinar cuidadosamente los cambios de todo tipo que se han producido en los dos últimos siglos.

El imperialismo ha existido desde hace siglos, y no está vinculado exclusivamente al capitalismo, aunque éste lo haya exacerbado; y la presión para descubrir y utilizar nuevas materias primas y recursos naturales no tenía el mismo significado en la época preindustrial, y todavía en el ochocientos, que hoy. Creo también que es oportuno incorporar nuevos elementos en las valoraciones de determinados hechos: por ejemplo, la búsqueda de nuevos productos para aumentar el beneficio empresarial ha podido tener, al mismo tiempo, consecuencias beneficiosas para la calidad de vida de la  población y para su salud (por ejemplo, en el caso de la producción de medicinas); de manera similar, deben apreciarse positivamente innovaciones a veces cuestionadas, como los nuevos instrumentos financieros que permiten acceder al crédito a las clases medias y populares: es mejor negociar con los bancos que con los usureros.

En siglos pasados los pobres, además de serlo podían ser esclavos, lo que implicaba un estatuto jurídico totalmente diferente al de ciudadanos, incluso con las limitaciones que éstos puedan tener en algunos regímenes políticos. Las afirmaciones sobre la pérdida de calidad en la vida urbana que se hacen hoy parecen mitificar el pasado. Se dijo que en la ciudad industrial del siglo XIX las condiciones habían empeorado gravemente respecto a la ciudad preindustrial, y que “solo las ciudades ‘atrasadas’ se salvaban de estas infamias” (como escribió Lewis Mumford en una obra que, a pesar de todo, sigue siendo imprescindible[13]); se escribió una y otra vez en los años sesenta que en la ciudad capitalista del primer tercio del siglo XX el sistema económico había agravado la explotación de los obreros; y se afirma hoy repetidamente que las condiciones de vida empeoran cada vez más en las ciudades, que nunca ha sido mayor la fragmentación o la exclusión, sin recordar los guetos del pasado, las juderías, morerías y otras realidades urbanas de la que la historia nos da noticias.

Creo que necesitamos desarrollar, profundizar y matizar las ideas sobre el funcionamiento del sistema económico, sobre la sociedad actual y sobre su estructura de clases. Una estructura en la que técnicos, administradores y gestores han adquirido un relieve especial y en que los antiguos proletarios pueden no trabajar en la industria y no tener prole, en que la esperanza de vida, para el conjunto del mundo, ha pasado de 30-45 años a comienzos del siglo XIX a más de 65, y en algunos países incluso hasta más de 80 años; en que hay más población que nunca dispuesta para trabajar y cada vez menos necesidad de brazos para la producción industrial y agrícola. Sigue habiendo ricos y pobres, opulentos y desposeídos, pero entre unos y otros hay también capas intermedias con características sociales y económicas. Hay los que mandan y los que no lo hacen, pero no es seguro que los primeros sean siempre los ricos, ni al servicio de ellos y del capital. También hemos de distinguir entre los que construyen la ciudad (los agentes urbanos) y los que la usan (los actores); sabemos asimismo que éstos pueden convertirse en agentes, y que los movimientos sociales hacen a los desposeídos agentes activos de la construcción de la ciudad. Por último, y es un hecho esencial, tenemos datos que muestran la capacidad de la administración pública para regular y controlar eficazmente el funcionamiento de la economía, si tiene voluntad para ello: la Mano Invisible del Mercado puede ser regulada y controlada por la Mano Visible de la Administración Pública.

La Urbanización Generalizada y lo urbano hoy

Si pasamos ahora a las características de la ciudad, parece que hemos llegado hoy a la posición en que se encontraba el obispo de Hipona, San Agustín, cuando en sus Confesiones se interrogaba sobre qué era el tiempo. ¿Qué es la ciudad? También en este aspecto nos vemos tentados de contestar: si no me lo preguntas lo sé, pero si me lo preguntas no sabría qué contestarte. Mejor dicho: si me lo hubieras preguntado hace tres décadas habría sabido contestarte[14], pero hoy se hace más difícil la respuesta.

Efectivamente la diferencia entre ciudad y campo estaba antes más o menos clara; en las dos acepciones que consideraban los romanos, la urbs y la civitas. Hoy en un aspecto y otro las cosas han cambiado. La urbs, el espacio construido con una densidad de edificación, resulta difícil de delimitar y de definir, por la extensión de la urbanización difusa, que la ha expandido ampliamente por todo el territorio de lo que, primero, se llamaban ciudades, luego se convirtieron a veces en áreas metropolitanas y ahora, cada vez más, se configuran como regiones metropolitanas, e incluso rebasan ampliamente ese marco territorial.

En cuanto a la civitas, los problemas son todavía mayores. Antes estaba muy clara la diferencia entre ciudadano y campesino. Estos últimos eran frecuentemente objeto de menosprecio y de burla por los primeros, debido a sus modos rústicos, a su falta de cultura y de urbanidad.  Hoy la situación ha cambiado. Hay campesinos que viven como ciudadanos, con acceso a los mismos niveles de educación y bienestar; y ciudadanos que valoran o añoran la naturaleza o el campo, y deciden vivir en el espacio rural, o en lo que ellos consideran tal.

Desde la misma antigüedad hay una larga tradición descalificadora de la ciudad: condena los problemas que genera, los vicios que engendra, y querría destruirla en beneficio de un espacio no urbano, es decir rural, o como máximo, aldeano, en el que –en una visión ideal y manifiestamente falsa- se compendiarían todas las virtudes de la tradición, la equidad, la amistad, la solidaridad[15].

Esa línea de pensamiento tiene hoy una vigorosa continuidad en quienes al juzgar la ciudad solo perciben en ella pobreza, insostenibilidad, caos, violencia, enfermedades mentales, confusión, despilfarro. En las descripciones que se hacen a veces dominan imágenes de autodestrucción, de superpoblación y sufrimiento generalizado, de muerte lenta, de descomposición, basura, desorden, metástasis, promiscuidad; ciudades vistas de forma predominante como territorios devastados, tugurios, inhabitables, como volcanes a punto de estallar. A todo lo cual se pueden añadir las evaluaciones objetivas de las diseconomías que produce la aglomeración de la población, la contabilidad de las consecuencias ecológicas negativas, el impacto de la huella ecológica, las medidas del coste de la urbanización.

Incluso en el caso de países que, vistos desde el exterior, pueden parecer privilegiados por su nivel de desarrollo y organización social (como, por ejemplo, Francia), el panorama puede describirse con unos tintes bien sombríos. Se reconoce que los habitantes de las ciudades no viven a millones en taudis y bidonvilles, pero se afirma que la dinámica es la misma que en los países subdesarrollados, como resultado de la globalización o, como prefieren llamar los franceses, mundialización:

“especulación inmobiliaria desenfrenada, incremento instantáneo de los costes del suelo, de los alquileres y del precio de los pisos o de las casas unifamiliares, operaciones de ‘renovación urbana’ (de saneamiento en el lenguaje crudo de los planificadores del Sur) para ‘liberar’ los terrenos codiciados por los promotores. Aquí [en Francia], como en otros lugares, la transnacionalización del capital acentúa la separación entre los que tienen en exceso y los que no posen nada, con esta diferencia, de grado pero no de naturaleza: que el foso que separa a los unos de los otros se ha convertido en abismo allí donde, como muestra el sociólogo Mike Davis (…), las ensoñaciones espirituosas de los altercapitalistas sobre ‘otro mundo posible’ aparecen todavía más irrisorias frente a las realidades furiosas del ‘peor de los mundos posibles’”[16].

No se trata solamente de especulaciones académicas. En el V Foro Urbano Mundial celebrado del 16 al 22 de marzo de 2010 en Rio de Janeiro se han realizado numerosas declaraciones que van en la misma dirección y que, a partir de numerosos estudios, muestran el crecimiento de la ciudad fragmentada, crecientemente dividida entre ricos y pobres, entre áreas con buena calidad de vida y otras con deficiencias graves en los aspectos de la vivienda y de las condiciones de existencia. Tal como se dice explícitamente:

“El problema es que en lugar de decrecer, las evidencias muestran que las desigualdades de renta están creciendo tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. En otras palabras, las ciudades se están convirtiendo en más desiguales, lo que significa que la brecha urbana está creciendo.

La concentración de renta y riqueza conduce inevitablemente a una sociedad crecientemente dividida. Algunas de las consecuencias son la división física y social de la estructura urbana, con los pobres concentrados en algunos sectores de la ciudad y los más ricos viviendo en las partes mejore de la ciudad dividida”[17].

Es seguro que, considerando las cifras relativas, puede afirmarse que hay en este momento menos pobres que en el pasado. Pero son muchos en cifras absolutas, y muy visibles porque se concentran crecientemente en las ciudades, y en determinadas partes de ellas. Dicha concentración y la cercanía a las áreas ricas, convierte la ciudad en un lugar potencialmente conflictivo o explosivo.

¿No hay esperanza?

Sin duda la hay, porque a las visiones negativas es preciso añadir el dinamismo de las ciudades, su capacidad para generar bienestar, para asegurar la innovación, la creatividad y, sobre todo, la  movilidad social: la ciudad ha sido históricamente el único lugar donde el que nace pobre puede dejar de serlo y ascender en la escala social. Y eso sigue sucediendo hoy: por eso los pobres y los que buscan nuevos horizontes siguen llegando a ellas, sin escuchar a los voceros apocalípticos que la descalifican. Es en las ciudades en donde existen personas capacitadas para trabajar con habilidad y donde hay un ambiente de mejora e innovación. Donde se producen también progresos en la construcción de viviendas, en la salud, en los transportes, en la creación de espacios públicos y de equipamientos; y donde se crean los más dinámicos focos de desarrollo económico y de cambio intelectual.

En todo caso, la batalla está ya decidida. Hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En estos momentos no hay alternativa. Solo nos queda defender la ciudad. Lo que únicamente puede hacerse desde el amor hacia ella y desde el optimismo, desde la confianza de que es el mejor sitio para la relación social, para la mejora del bienestar de la población.

Puede defenderse que la ciudad es hoy ubicua, que estamos en una fase de Urbanización Generalizada, en camino de la constitución de lo que algunos ya no dudan en anunciar como la Pantópolis Universal[18]. No solo la mitad de la población mundial es ya estadísticamente urbana, sino que otra parte lo es también de hecho,  por sus comportamientos sociales, por residir en núcleos pequeños cerca de una metrópolis o incluida en regiones urbanas.

Según los estudios de la ONU, las ciudades reúnen a unos 3.500 millones de personas, y una tercera parte de la población mundial vive ya en aglomeraciones de más de 100.000 habitantes; pero las ciudades medias y pequeñas, incluso los pueblos, y los pequeños centros rurales experimentan un ritmo de crecimiento intenso, paralelamente a la disminución de las cifras de población rural[19].

Es indudable que lo urbano ha de repensarse en este mundo de Urbanización Generalizada, en el que los comportamientos rurales han desaparecido prácticamente de Europa, incluso del llamado rural profundo[20], y están quedando cada vez más acantonados en áreas apartadas de los continentes.

Lo rural casi va quedando intercalado en lo urbano, como áreas agrícolas residuales, parques naturales y espacios protegidos; o permanece en áreas alejadas y retrasadas. Las poblaciones que habitan los espacios rurales –si no están totalmente incomunicados- forman parte ya, generalmente, de la cultura urbana, con algunas especificidades que habría que mostrar con estudios empíricos. Es posible que estén también en el interior de las ciudades, donde desde hace tiempo antropólogos, como Oscar Lewis, o sociólogos, como Raymond Ledrut, los identificaron; aunque, en esos casos, en vías de rápida transformación y, si con hábitos todavía de origen rural, con ideales de urbanización tanto para ellos como, sobre todo, para sus hijos.

Ha habido necesidad de inventar nuevas palabras para referirse a esta nueva situación, dar nombres inéditos a nuevas realidades urbanas caracterizadas por la dispersión, la fragmentación, la urbanización extensa, difusa, sin límites, informe: ciudad-archipiélago, magma city, edge city,  regiones urbanas, megápolis, megalópolis, metápolis[21]. Algunos no han dudado en utilizar ya, como hemos visto, la expresión de la ciudad total, la pantópolis.

Son espacios conectados por redes de transporte a gran velocidad, que dejan entre ellos territorios invisibles por el efecto túnel que provoca el viajar en automóvil a través de autopistas, en tren de alta velocidad o en avión[22]. Una ciudad en la que no sabemos si existe una cultura urbana, como sucedía antes cuando la distinción campo-ciudad era clara, o varias; si es necesaria la inserción territorial para adquirir la urbanidad, si ésta puede alcanzarse por la práctica de muchos lugares, dispersos o fragmentados.

Tenemos ya una realidad urbana muy diferente a la que existía en el siglo XIX y durante parte del XX. Prácticamente una ciudad policéntrica, en su conjunto y en cada una de las entidades que la conforman, con un policentrismo tradicional, el de los centros tradicionales de las aglomeraciones existentes, y otros nuevos, los de las nuevas centralidades que se constituyen; policéntrica también desde el punto de vista administrativo; en la que disminuyen las distancias de la población hacia los equipamientos, por la multiplicación de éstos y la mejora de los accesos; y, sobre todo, enriquecida de otras centralidades virtuales, a las que acceden todos los conectados a Internet, vivan aglomerados o dispersos, y en este caso con acceso telefónico y cerca de las conexiones troncales de la red, o backbones.

Si, como afirmaba Henri Lefebvre, “la centralidad es constitutiva de la vida urbana y si no hay centralidad ésta no existe”, si, como también sostuvo, hemos de defender la “exigencia de una policentralidad, de una concepción policéntrica del espacio urbano”[23], puede decirse que ésta se está ya consiguiendo como resultado de la misma evolución del hecho urbano y de los avances técnicos.

La ciudad es, además, una realidad universal, irremediable, sin vuelta atrás, en la que la desaparición de las grandes ciudades resulta impensable. Algo muy distinto a la situación a la que se enfrentaban los reformadores y revolucionarios del siglo XIX, y que nos obliga a repensar los diagnósticos y las soluciones que entonces se dieron.

Cuando en 1873 Friedrich Engels reflexionaba sobre el problema de la vivienda, afirmaba que la oposición ciudad-campo era el núcleo esencial del mismo, y que solo podría ser resuelto si la sociedad experimentaba una transformación profunda que superara dicha oposición, llevada al extremo en la sociedad capitalista.  Defendía que solo la desaparición de las grandes ciudades permitiría resolver el problema de la vivienda, y que eso únicamente sería posible con la abolición del modo de producción capitalista. Consideraba asimismo que querer resolver el problema de la vivienda “conservando las grandes ciudades modernas es un absurdo”, y declaraba que

“estas grandes ciudades modernas solo serán eliminadas con la abolición del modo de producción capitalista y, cuando este proceso esté en marcha, habrá cosas muy diferentes que hacer que procurar a cada trabajador una casita que le pertenezca en propiedad”[24].

Ya se ve que muchas cosas han cambiado desde que escribió Engels y podemos preguntarnos si los diagnósticos que él y otros realizaron en el siglo XIX siguen siendo válidos en el mundo de hoy.

Los derechos humanos y el derecho a la ciudad y a la ciudadanía

En estas nuevas realidades urbanas el derecho a la ciudad, que es también el derecho a la ciudadanía, se convierte en la cuestión fundamental.

Los derechos humanos se proclamaron por primera vez en 1789 al aprobar la Revolución Francesa una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esos derechos fueron ampliados y reconocidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y ratificada luego por la mayor parte de los países que se integran en la ONU. Posteriormente se han aprobado otras declaraciones: de Derechos de los Niños (1959), de los Discapacitados (1971), de las Mujeres (1979), de los Pueblos (1976), de los Pueblos Indígenas (2007), de los Derechos Lingüísticos (1996). Incluso existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga Internacional de dichos derechos (1978) y aprobada por la UNESCO y la ONU; y se han reconocido en algunas constituciones los Derechos de la Naturaleza. Podría decirse que nunca se han proclamado tantos derechos, aunque también que, una vez formulados, nunca se han conculcado tanto.

No es extraño que en esta cascada de reconocimientos se haya incorporado también el derecho a la ciudad. El libro de Henri Lefebvre titulado Le droit à la ville (escrito en 1967, centenario de la edición del primer libro de El Capital, pero publicado al año siguiente) tuvo un impacto considerable. Puso énfasis en un derecho nuevo, el derecho a la ciudad, como “derecho a la vida urbana, transformada, renovada”. Partía de la valoración de la vida urbana, con todo lo que ello implica, y afirmaba el derecho a participar en la construcción de la ciudad y a la apropiación del espacio urbano por los ciudadanos[25].

Tal como él lo percibía este derecho avanzaba lentamente y a través de rodeos “(la nostalgia, el turismo, el rechazo hacia el corazón de la ciudad tradicional)”, o directamente: “la llamada de centralidades existentes o nuevamente elaboradas, la reivindicación  de la naturaleza, el deseo de gozar de ella”; todo lo cual podía desviar el derecho a la ciudad, aunque sin eludirlo.

La expresión, primero sorprendente, se afianzaría poco a poco y tendría mucho éxito. Se fue afirmando y divulgando paralelamente a las visiones apocalípticas sobre la ciudad, a las que hemos hecho referencia; como un derecho de igualdad en el acceso a los equipamientos, que asegura la ciudad, a la riqueza y bienestar que genera su mercado de trabajo, al espacio público como lugar de encuentro y relación social, a la diversidad cultural, a la justicia social, al disfrute equitativo de la ciudad, a la gestión de la ciudad, con énfasis en la gestión democrática de la misma y en la participación de los ciudadanos.

La definición de los derechos a la ciudad

Poco a poco, el derecho a la ciudad se fue convirtiendo en una aspiración que complementaba y daba una dimensión espacial y territorial a otros derechos, como los citados anteriormente.

Los movimientos vecinales de los años 1970 y 80 fueron dando contenido concreto a estas reivindicaciones, y especificándolas con una componente espacial. Se fue entendiendo como: el derecho a una vivienda digna, y en un entorno adecuado; a la educación y a la cultura, con los equipamientos para ello; a la movilidad y, por tanto, al transporte público; al uso de la ciudad por los colectivos vulnerables, como los minusválidos, los niños, las mujeres, los discapacitados o los pobres; a la participación en las políticas urbanísticas y en las decisiones sobre la ciudad; al rechazo de la discriminación social y territorial. Luego iría adquiriendo asimismo una dimensión ambiental, como derecho a un entorno natural. El objetivo final: vivir con dignidad en las ciudades.

Fueron muchas las instituciones colectivas que se pusieron en marcha y que han permitido ir concretando estas aspiraciones. Ha sido un mecanismo eficaz para el debate sobre los problemas urbanos a escala mundial; y, en el marco de algunos de los foros sociales en que se ha ido debatiendo, se ha entendido también que la lucha por el derecho a la ciudad es igualmente una lucha contra el capitalismo[26].

Los debates sobre el derecho a la ciudad están dando lugar a amplios movimientos de discusión y coordinación de acciones en muchas ciudades del mundo, y especialmente en los países iberoamericanos. Ha habido debates paralelos en países concretos, así como en grandes ciudades. Un amplio movimiento en el que se han ido encontrado organizaciones no gubernamentales, organismos estatales, regionales y locales, grupos de académicos y profesionales, movimientos vecinales de signo político diverso, instituciones civiles, comunidades vecinales de barrio y políticos locales para elaborar documentos con vistas a la mejora de la vivienda, la promoción de los barrios más desfavorecidos, y a programas comunitarios de desarrollo. Algunos de los documentos elaborados aluden explícitamente a convicción de que “es posible hacer un programa público de otra manera”. Se están elaborando leyes de participación ciudadana con la colaboración de asambleas vecinales que vienen reuniendo a centenares y miles de personas. Todo lo cual se ha hecho a partir de la toma de conciencia de que es posible establecer colectivamente proyectos ciudadanos y urbanos, y desarrollar políticas de gestión, de promoción y de control de la urbanización; y de que con todo ello “el gobierno de la ciudad y la comunidad podrían estar encontrando un camino para restablecer la credibilidad en la participación ciudadana”[27].

El trabajo se está abordando al mismo tiempo a diferentes escalas, desde la del barrio, con la atención a la vida cotidiana y a los equipamientos de uso más frecuente, hasta la escala supramunicipal y metropolitana, con los problemas de la coordinación de políticas locales y la puesta en marcha de programas mancomunados sobre transporte, energía y otros.

Las Naciones Unidas han acogido y apoyado la lucha por el derecho a la ciudad. Es significativo el V Foro Urbano Mundial, que se ha celebrado recientemente en Rio de Janeiro, haya dedicado una buena parte de sus sesiones al debate sobre este tema, así como a la cuestión del papel esencial de la participación para impulsar el derecho a la ciudad y profundizar la democracia representativa[28].

El resultado de todo ello han sido una serie de documentos aprobados o en vías de aprobación: como la Carta Brasileña de Derechos Humanos de la Ciudad (1995) o el Estatuto da Cidade (2001). Las formulaciones que se plasman en declaraciones concretas son cada vez más amplias y precisas. Así en México la Carta Municipal del Derecho a la Ciudad ha sido adaptada e incorporada a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, que se extiende a toda una amplia serie de derechos[29].

El objetivo de todo ello ha sido la realización de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, cuyo primer borrador ha sido aprobado en Quito en el Forum Social de las Américas (2004)[30]. En ella se establecen una serie de derechos que son de carácter muy general.

“1-Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta.

2-La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes.

3-Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin afectar su contenido mínimo esencial”.

La misma caracterización que se ha hecho de lo que se denomina ciudad significa que, de hecho, se piensa en casi toda la población. En efecto, según se establece en la Carta Mundial,

“A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o pueblo que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi rural o rural”

La inclusión de la población rural es, me parece muy oportuna. Existe el grave riesgo de olvidarla y dejarla todavía más marginada de lo que ya está. El derecho a la ciudad se convierte así en una aspiración a que toda la población del mundo tenga los niveles de vida y de libertad que tradicionalmente solo se han podido encontrar en las ciudades, como derechos de ciudadanía.

El valor de la iniciativa urbana

De las ciudades han surgido desde el comienzo de la urbanización todos los avances que hacen al hombre más igual y feliz. No es, por eso, inútil que sean hoy ellas las que impulsan el debate mundial sobre el derecho a la ciudad y a la ciudadanía, un código para la defensa de los derechos y las libertades.

En la antigüedad las ciudades, es decir, grupos sociales que residían en ellas, supieron aprovechar sus recursos, crearon estructuras políticas que cristalizaron en lo que luego fue el Estado; estructuras que se vieron obligadas a poner en marcha mecanismos para la coexistencia de gentes diversas, normas de convivencia; es decir, desarrollo del derecho y principios para racionalizar las relaciones sociales. Surgieron también de ahí –por egoísmo y filantropía- instituciones para atender a los pobres y fue en ellas donde por primera vez se crearon organismos democráticos para el gobierno, que sirvieron luego de modelo para otras estructuras políticas más complejas.

Si en el pasado se reconoció que el aire de la ciudad hace libre, hoy otra vez sus habitantes han tomado la iniciativa para la promoción de la igualdad, la equidad, la solidaridad y un marco legal participativo. Que sean los mismos habitantes de las ciudades quienes llaman la atención sobre la necesidad de adaptar los espacios urbanos para que los usen los minusválidos, los niños, las mujeres, y quienes insisten en la necesidad de una ciudad igualitaria y justa, es especialmente útil y eficaz. Emociona leer las declaraciones que en este sentido se hacen en los sucesivos foros internacionales y encuentros de ciudades.

El derecho a la ciudad se ha extendido a una gran cantidad de dimensiones de la vida social. Muchas de los derechos que se incluyen al  hablar del derecho a la ciudad son, en realidad, derechos de sus habitantes a la ciudadanía, tales como la salud, la educación, el empleo o el salario (Cuadro 1).

Los más claramente vinculados a este derecho a la ciudad son los que se relacionan con la vida en ésta: derecho a seguir residiendo, si se desea, en el lugar donde uno vive, sin ser desalojado violentamente por planes urbanísticos; a disponer de ambientes no contaminados, accesibilidad a los equipamientos (educativos, de salud y otros), al espacio público, a la mezcla social, a la movilidad; a la residencia de los pobres en los espacios centrales de la ciudad, a los servicios básicos de salud y educación, a la visibilidad, a la dignidad del lugar en el que se vive. Tal como hoy se presenta, incluye la igualdad de acceso al trabajo, lo que puede implicar la exigencia de la formación y el salario ciudadano; a la cultura, a la identidad cultural, al acceso a los recursos naturales.

Es también derecho a poseer el mismo estatuto jurídico y político, a gobiernos democráticos, a tener instituciones representativas, y además, de forma esencial y con todas sus implicaciones, a la intervención política en la gestión de la ciudad, en la elaboración de los planes urbanísticos, a la participación y al diálogo.

Derechos y obligaciones

Podemos afirmar que hoy tiene una gran importancia de la lucha por el derecho a la ciudad. Pero se ha de definir más qué representan esos derechos que se reivindican.

El derecho a la ciudad tenía unas connotaciones en los años 1960 y 70: la lucha por la vivienda digna, por los equipamientos urbanos, y se extendía a la cultura, la educación, la igualdad, el consumo y la calidad de vida. Hoy, sin embargo, en la imaginación de algunos, puede ser mucho más, incluyendo la lucha por la fiesta, o por el automóvil y sus accesorios asociados (carreteras y autopistas), por la segunda residencia, o por la escuela privada.

Pienso que el derecho a la ciudad se ha de entender de una forma mesurada, y que se deben definir unos derechos mínimos imprescindibles. Y al mismo tiempo planteando todas las implicaciones que supone la atribución de dichos derechos; por ejemplo, trabajo, pero sin eludir la cuestión de cómo se reparte en época de crisis; vivienda digna, pero debatiendo si en alquiler o en propiedad, si en un lugar determinado y con centralidad, o donde haya suelo disponible, con posibilidad de venta o impidiéndolo, para que no puedan obtenerse plusvalías privadas.

Pero sobre todo, se debe insistir en que no solo hay que hablar de derechos; es necesario asimismo hablar de obligaciones. Obligaciones con la ciudad, obligaciones de todos sus habitantes.

Casi cada uno de los derechos que se identifiquen tiene normalmente también una obligación. Algunas se pueden presentar de una forma general: mesura en el consumo, obligación de informarse, imperativo de contribuir. Pero podemos especificarlas más todavía. Por ejemplo, parece claro que pedir inversión pública implica pagar rigurosamente los impuestos; que exigir el derecho al espacio público, supone voluntad de usarlo y practicar la vida social en el mismo; que valorar la participación y el diálogo, da por supuesto la aceptación de la lucha vecinal y la integración en movimientos asociativos.

De manera similar puede establecerse siempre un binomio de derechos y obligaciones: derecho a la mezcla social y a la cohesión social, aceptando vivir en vecindarios mezclados y no encerrándose en los condominios o pueblos cerrados; al transporte público, con la voluntad de uso del mismo; a la ciudad sostenible y al ahorro energético, sin vivir en una urbanización unifamiliar periférica, y reduciendo el consumo de energía, incluso la del uso de los diversos automóviles familiares; a la escuela pública de calidad, pero dando ejemplo con los hijos, y no llevándolos a escuelas privadas; al espacio público, y voluntad de usarlo; a los equipamientos de barrio utilizándolos habitualmente, y no frecuentando los centros comerciales periféricos; a la participación y el diálogo, participando y dialogando; a la no discriminación de género, con los comportamientos adecuados; derecho a estar información y disposición a informar.

Se pueden identificar otras obligaciones más generales: derecho a la paz con el rechazo absoluto y la condena de la violencia; al acuerdo y al consenso, pero desde posturas no dogmáticas, sin pretender imponer los propios puntos de vista, dispuestos a la negociación, a encontrar terrenos de acuerdo; al cambio social, pero conociendo la propia historia, los tejidos sociales, las tradiciones, y las oportunidades; al cambio político, participando en las elecciones, buscando nueva vías pacíficas para hacer visibles nuevas propuestas; a la creatividad, tratando de innovar, de realizar propuestas; a la continuidad, transmitiendo las experiencias personales,

La movilidad exige un apartado especial. Este derecho debería reivindicarse con especial mesura. Implica, por supuesto, a escala urbana, la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro, exigencia de transporte público adecuado. Pero no puede extenderse, como algunos parecen entender, a la movilidad continua, a los desplazamientos de bajo coste para celebrar fiestas en otro lugar, para realizar despedidas de solteros, para pasar los fines de semana en una ciudad diferente, para el turismo generado por la ansiedad de ir a sitios extraños con el fin de impresionar a los amigos. Una exigencia de moderación y mesura parece espacialmente necesaria en este sentido.

Los movimientos sociales hacen a los desposeídos agentes activos de la construcción de la ciudad. Los marcos jurídicos existentes en los países democráticos pueden ser utilizados para ello, sin violencia y contando con la misma legislación y las garantías jurídicas.

Derecho para transformar la ciudad

El estudio científico sobre problemas sociales relevantes, realizado en el marco de las distintas ciencias sociales, no debe limitarse a realizar diagnósticos. Debe dar un paso más y atreverse a proponer soluciones, las cuales en muchos casos deberán articularse con líneas de actuación jurídicas, que tengan en cuenta el marco legal existente, la interpretación progresista de dicho marco, la exigencia del cumplimiento de la ley, y la propuesta de nuevas leyes elaboradas democráticamente.

Es esencial que los científicos sociales tengan esa perspectiva legal, que me parece indispensable para la solución de los problemas, y estén dispuestos a brindar a los juristas interpretaciones y propuestas que permitan ir adaptando el marco legal a las nuevas situaciones sociales que se van presentando. Es preciso tener conciencia clara de la importancia de convertir en normas legales los principios de ordenación territorial y urbana que se consideren deseables, y contar con el derecho para defenderlos. También debemos instar a los juristas para que sean sensibles al contexto social en el que se elaboran las leyes y a los problemas que el marco legal debe atender.

En la situación actual tenemos necesidad de propuestas imaginativas ante los problemas que existen. Propuestas que supongan un paso hacia los cambios que se necesitan. Y que permitan hacerlos con un coste social menor al que tuvieron algunos cambios revolucionarios en el pasado.

Estoy firmemente convencido de que a partir del marco legal existente pueden hacerse muchas transformaciones de consecuencias muy profundas e incluso revolucionarias. Por ejemplo, proponiendo nuevas leyes que se apoyen y encajen plenamente en los marcos constitucionales y en los tratados internacionales suscritos por cada país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los otros aprobados por los organismos internacionales. Y que esos cambios pueden hacerse de forma democrática, contando con el apoyo decidido de amplias capas de la población, y especialmente de los jóvenes.

Es cierto que el capitalismo puede ser la causa de una buena parte de los males que aquejan a la sociedad actual. Pero como no veo claro qué estrategias podemos desarrollar para cambiarlo, y no estoy seguro de que se encuentre para ello el soporte de la mayor parte de las clases medias y de una buena parte de las clases populares, que se benefician sensiblemente de ese sistema económico, debemos empezar a pensar en qué podemos hacer mientras tanto para mejorar el mundo.

De entrada, tal vez deberíamos pensar en los problemas más cercanos, precisamente los de la ciudad, y en acciones concretas para mejorarla. Los marcos jurídicos existentes en los países democráticos pueden ser utilizados para ello, sin violencia y contando con la misma legislación y las garantías jurídicas.

El rechazo de la violencia es un aspecto fundamental. La izquierda ha de realizar una autocrítica de la exaltación que ha podido hacer de la violencia en algún momento, especialmente la que realizó en el contexto de la Guerra Fría y en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la USRS, extendido a todo el mundo y, de manera especial, a América central y meridional.

Excluida la violencia solo queda la vía del derecho. En ese camino nada se puede imponer. Se tiene necesidad, en cambio, de convencer a quienes no piensan como nosotros. Los argumentos han de ser sólidos, y pueden serlo. Debemos tener confianza en nuestro trabajo científico, en la solidez de nuestras conclusiones, en las investigaciones que realizamos. Desde luego, tenemos que difundirlas y debatirlas profundamente a través de las publicaciones científicas especializadas; pero también divulgarlas ampliamente para que lleguen a todas las capas sociales. La posibilidad de poner en marcha iniciativas de difusión general, incluso periodísticas, aprovechando las posibilidades de Internet, es algo que hemos de considerar seriamente[31].

No comparto el cuestionamiento y deslegitimación de lo que algunos califican despectivamente como simple “democracia formal”, o la del Estado; tampoco la visión del éste como una institución que está siempre al servicio del capitalismo, del poder hegemónico del capital. No creo que eso pueda afirmarse de una forma general.

Creo que puede defenderse que la existencia del Estado y la organización del Estado liberal en el siglo XIX han tenido y tienen funciones positivas. No acepto tampoco la exaltación que a veces se hace del poder populista de líderes visionarios que se consideran redentores y sueñan con perpetuarse en el poder. Hace falta Estado y democracia formal, para empezar. Luego toda la que sea necesaria y posible. También profundizar y utilizar los recursos que tenemos.

Propuestas imaginativas

Debemos imaginar propuestas radicales que planteen problemas importantes, que susciten un debate amplio, que movilicen a la población, y que sean razonables y realizables dentro del marco democrático existente en un Estado de derecho. Me permitiré dar un ejemplo.

En estos momentos muchos jóvenes que utilizan Internet tienen tendencia a creer, e incluso a defender, que todo lo que se ofrece en ella ha de ser gratuito. Están preparados para pensar en la gratuidad de los productos que consumen, en los bienes públicos.  

Las discusiones que existen en la red y en los medios de comunicación de masas han suscitado una y otra vez la cuestión de la propiedad intelectual. Numerosos autores y empresas editoras o productoras de bienes culturales defienden vivamente la validez de esos derechos, para retribuir el esfuerzo realizado en la creación, producción y distribución de las obras. Personalmente creo que no les falta razón.

En todo caso, ese debate ha permitido difundir una serie de conocimientos sobre el tema. Por ejemplo, se sabe que la legislación actual establece la caducidad de los derechos de propiedad intelectual setenta años después del fallecimiento de un autor, y a partir de ese momento pasan a ser de dominio público. A todo el mundo le parece razonable dicha caducidad, a pesar de que se trata de derechos sobre lo que un autor ha creado con su propio esfuerzo, con su trabajo personal; y derechos sobre lo que ha sido producido y distribuido con la inversión de la industria cultural.

Es decir, lo que se ha aceptado de forma amplia es que si el resultado de un esfuerzo puede beneficiar a su autor durante un cierto número de años, el derecho exclusivo de propiedad no puede ser indefinido y no puede transmitirse a los herederos más allá de cierta duración.  Estamos, pues, en unas condiciones favorables para extender el debate hacia otros derechos y para ir generalizando estos principios. Si la propiedad de lo que una persona ha creado o desarrollado con su propio esfuerzo se considera que puede caducar al cabo de unos años, tanto más debería aplicarse ese principio a los bienes heredados. Parece razonable defender que una prescripción similar a la de la propiedad intelectual debería extenderse a otros tipos de propiedad que hoy existen, empezando por los de la propiedad de la tierra y del dinero, que deberían asimismo pasar a dominio público al cabo de cierto tiempo (por ejemplo, de dos, tres o cuatro generaciones -esto último solo como hipótesis, para discutir en el trámite parlamentario).

La historia del derecho y los cambios que desde el siglo XIX se han ido incorporando a la legislación sobre la propiedad apoyan una propuesta como esa.

Vale la pena recordar que la implantación y consolidación del Estado liberal en el siglo XIX se hizo con la afirmación del carácter fundamental y primordial de la propiedad privada y del derecho de propiedad individual; lo que constituía un avance respecto a la situación en la época anterior que llega hasta fines del XVIII. La propiedad fue un derecho básico del régimen liberal, principio fundamental que se ha mantenido hasta hoy. Así, por ejemplo, la Constitución Española, al igual que otras, reconoce explícitamente (en su artículo 33) el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

A pesar de ello, el mismo sistema político liberal tuvo necesidad ya en el siglo XIX de poner límites a la propiedad individual, por razones de interés público, y en concreto para el funcionamiento del urbanismo y para los intentos de controlar y racionalizar el desarrollo  urbano. Ante todo, eran necesarias normas para el funcionamiento de la ciudad, tales como normas de edificación o de carácter higiénico. El rápido crecimiento de las ciudades obligó a poner en marcha mecanismos legales para su control; en España las leyes de Ensanche tuvieron dicha función. Por otra parte, los espacios de la vieja ciudad eran inadecuados para las nuevas necesidades productivas (implantación de fábricas, por ejemplo), de movilidad (con la incorporación del ferrocarril, tranvías y luego automóvil), de estándares y representación de la burguesía. Ello exigía su reforma y adecuación, para lo que se necesitó una normativa especial (de Reforma Interior, en España).

En relación con todas estas necesidades fue necesario ir introduciendo limitaciones a la propiedad. La aparición de la figura de la expropiación por interés social es un ejemplo de ello[32]. Una evolución que ha llegado hasta hoy y que permite entender que la Constitución Española en su artículo 33, después de reconocer, como hemos dicho, los derechos de propiedad y de herencia, añada que "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes", y en el párrafo siguiente posibilita que las personas puedan ser privadas de sus bienes "por causa justificada de utilidad pública o interés social"[33].

En este momento en que muchas personas defienden el acceso universal a las ideas, y existe la aspiración a que los conocimientos sean de dominio público abierto, sin derechos de propiedad privados sobre ellos, podemos pensar que eso puede constituir un estímulo para imaginar otras formas posibles de organización social. Una organización social y económica en que los derechos de propiedad se vean limitados en su transmisión más allá de un determinado número de años.

Los marcos constitucionales de los países democráticos permiten dar ese paso, ya que establecen, como hemos visto, de forma precisa las limitaciones a la propiedad. A partir de ahí, es posible imaginar una legislación que establezca que los bienes adquiridos con el esfuerzo personal (y desde luego, con más razón los heredados) podrán transmitirse a los hijos y a los nietos, pero pasarían a ser de dominio público a la siguiente generación. La implantación de un sistema fiscal progresivo sobre la herencia y la transmisión del patrimonio es, evidentemente, un instrumento para ello.

Podemos imaginar igualmente estrategias jurídicas para la transformación de la ciudad en relación con el tejido urbano, disperso o compacto, con la continuidad o no de las tramas urbanas, y medidas legislativas para favorecer la mezcla social, sobre el transporte, sobre las tipologías constructivas, sobre la sostenibilidad ecológica, sobre el patrimonio y, en definitiva, sobre todos los problemas que se presentan en la ciudad y sobre los problemas de la ciudad. Podemos asimismo afirmar el derecho a transformar nuestras ciudades, el derecho a cambiar de forma de vida, el derecho al diálogo, incluso de los que no tienen voz. Podemos, finalmente, establecer normas de civismo y de uso del espacio público, con la voluntad de cumplirlas por todos, sin excepciones por peculiaridades religiosas o culturales. No debería aceptarse en este sentido ningún privilegio; a título de ejemplo: ni los cristianos pueden pretender ningún tratamiento singular por la Cuaresma o la Semana Santa, ni los musulmanes por el Ramadán. Sin duda, en la misma línea, las normas urbanísticas deberían imponer en el futuro que los equipamientos religiosos (los templos) fueran necesariamente compartidos por todas las religiones: si Dios existe es evidente que será uno solo y sería conveniente que, obligados por la norma urbanística, todas las religiones se pusieran de acuerdo para rendirle culto conjuntamente.

El derecho a una vivienda digna y adecuada

Medidas como las que he señalado afectarían de forma importante a la cuestión de la vivienda.

Es claro que de manera general, el capitalismo es un sistema que, en su preocupación por el beneficio económico, no tiene por qué producir vivienda para los grupos sociales no solventes. Podría por ello afirmarse que la falta de vivienda es una de las consecuencias de la explotación capitalista[34].

Vamos a aceptar provisionalmente esa afirmación, que en buena parte podría considerarse cierta. Pero habría que añadir que en aquellos casos en que el problema se ha resuelto, eso ha sido también una consecuencia del sistema económico, que ha permitido construir centenares de millones de viviendas y alojar en ellas a algunos miles de millones de personas, residentes en las ciudades.

Nunca se ha construido tanto y alojado a tantas personas como en los últimos 110 años, cuando la población mundial ha aumentado en más de 5.000 millones de personas (y, recordemos, casi 2.500 millones solo en los últimos treinta años). Además, ha habido necesidad de reconstruir todas las viviendas destruidas en las dos Guerras Mundiales y en los centenares de conflictos bélicos regionales que se han conocido en este periodo, más atender a la sustitución de las viviendas en mal estado y a la construcción en  las ciudades de todas las que han sido abandonadas en las áreas rurales a consecuencia de la migración campo-ciudad.

Es cierto que hay todavía muchos centenares de millones mal alojados (mil millones ha calculado Mike Davis en una obra bien intencionada pero falta de matices[35]). Pero también que muchos más han encontrado una vivienda digna; esto es lo que permite imaginar que el problema se puede resolver.

El derecho y las normas legales no son algo fijo e inmutable sino que se deben adaptar a las nuevas realidades sociales y económicas que van surgiendo. De esa manera sucede en lo que se refiere a la vivienda, algo que solo desde el siglo XIX se empezó a considerar como un problema social y político.

El derecho a una vivienda digna es reconocido hoy en numerosas constituciones estatales, por ejemplo en la Constitución Española (artículo 50), en los Estatutos de las Comunidades Autónomas o regionales, e incluso en normas legales concretas que desarrollan esos principios generales.

El debate científico y jurídico sobre la cuestión de las personas sin hogar instaladas en la vía pública y la misma calificación de lo que debe entenderse por hogar (espacio físico más salvaguardia de la intimidad y la seguridad), pueden  alcanzar una dimensión más general y extenderse al derecho a la vivienda, que se convierte en un servicio público o en un “servicio de interés general”[36].

Por este último carácter, la administración pública debe asumir la garantía de una vivienda asequible en condiciones espaciales adecuadas; por ejemplo no segregada  socialmente. Se trata de normas constitucionales problemáticas y difíciles de asegurar, ya que no es fácil proporcionar una vivienda digna y adecuada a todas las personas que lo necesitan. Pero en todo caso los poderes públicos deben promover este derecho, protegerlo, regularlo y, a ser posible, garantizarlo. Lo que obliga al Estado a intervenir en el sector de la producción de la vivienda, ante todo diseñando políticas para ello[37]; por ejemplo, pueden ceder suelo para la construcción, o dar apoyos económicos o fiscales.

Desde el punto de vista económico, en el actual sistema, eso puede significar, y significa normalmente, fomentar la actividad privada para asegurar ese derecho, mediante la construcción de viviendas por el sector inmobiliario; y realizar subsidiariamente una actividad ese sentido, para atender a una prestación o servicio de interés general.

El mandato constitucional no exige la realización de un gasto público, a no ser que se alcance un pacto para ello. Lo cual implica, naturalmente, aumento de los recursos del Estado, es decir aumento de los impuestos; lo que implica la aceptación por la población de que una parte de sus rentas, tanto más cuanto más elevadas sean, pasen al Estado y sean dedicadas por la administración pública para resolver los problemas existentes.

En alguna legislación estatal europea se establece que no solo el Estado en su nivel central o regional, sino que también los municipios deben adoptar medidas para alojar a los sin hogar. Por su parte, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece en su artículo XIV que:

“1-Las ciudades, en el marco de sus competencias, se comprometen a adoptar medidas para garantizar a todos los(as) ciudadanos(as) que los el derecho a que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a los ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan.

2-Las ciudades se obligan a facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos los(as) ciudadanos(as) y a garantizar, a los grupos vulnerables, planes de financiamiento y de estructuras y servicios para la asistencia a la infancia y a la vejez”.

También se establece, en el punto 6 que

“Todos los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen un derecho exigible a la provisión inmediata por las autoridades públicas de la Ciudad de espacio de vivienda suficiente, independiente y adecuado. Los albergues, los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podrán ser adoptados como medidas provisorias de emergencia, sin perjuicio de la obligación de proveer una solución de vivienda definitiva”.

Sin duda declaraciones como esas son muy estimables, e incluso admirables. Pero a nadie se le escapa que son de difícil cumplimiento, por la escasez de recursos en el escalón municipal. Lo que obliga a replantear la cuestión de la financiación de los municipios, la posibilidad de disponer de tributos propios y otras cuestiones de indudable calado político. Y tal vez, a pensar en la creación de bancos municipales o en instituciones para el crédito local, como las que se han debatido y, a veces, se pusieron en marcha en algunos países a lo largo del siglo XX.

Quiénes gozan de tal derecho a la vivienda en las ciudades (por ejemplo, si solo los nacionales o también todos los extranjeros, cualquiera que sea su estatuto jurídico), qué alcance debe tener, si implica obligaciones económicas para la administración pública o solo de ordenamiento jurídico, son temas sin duda debatibles; especialmente en estos momentos de crisis, cuando han aumentado considerablemente las obligaciones económicas del Estado (para atender el desarrollo económico y para dar pensiones de desempleo que, por lo menos, aseguren la paz social), y cuando los movimientos migratorios internacionales han adquirido unas dimensiones, una intensidad y unas características sin igual en el pasado

Puede sostenerse, además, que “una vivienda digna y adecuada” se refiere no solo al alojamiento propiamente sino también a los entornos dignos y adecuados, a un medio urbano apropiado, lo que efectivamente está reconocido hoy en declaraciones sobre el derecho a la ciudad, como hemos visto. Pero, además, puede defenderse que es un derecho claramente vinculado con otros derechos y principios fundamentales reconocidos también en las constituciones, como los derechos a la igualdad, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la libertad de residencia y a la educación, y a otros principios constitucionales como la solidaridad y la cohesión territorial[38].

Finalmente, asegurar ese derecho a la vivienda implica que los que se creen vulnerados por su carencia puedan solicitar la tutela judicial, reclamando ante un juez la aplicación del mismo. Y que la administración pública puede participar, por razones de interés social, en la asignación de las viviendas vacías a las personas sin alojamiento.

Podemos concluir que la vivienda se puede exigir en el marco jurídico de los Estados democráticos. Pero dicha conclusión no acaba el problema. Necesitamos realizar investigaciones concretas y amplios debates sobre la cuestión. Ya que aparte de un entorno digno y adecuado no se dice nada sobre la localización concreta. No es seguro que pueda ser siempre asegurada en el centro de la ciudad, sino que puede estar localizada en la periferia; pero no necesariamente como una vivienda unifamiliar en un barrio de ciudad-jardín. Se ha de debatir si el derecho a la vivienda va unido a una ciudad compacta o dispersa, al transporte público o privado. Cuáles son los criterios para la adjudicación a las distintas familias se convierte en una cuestión fundamental, sobre la que es preciso realizar estudios y establecer criterios.

Que se asegure la vivienda no significa que haya de serlo en propiedad o en alquiler. La cuestión de las ventajas relativas de una y otra forma de acceso a la vivienda es otro de los temas relevantes para el debate político y científico.

El aumento de la propiedad de la vivienda puede ser estimulado por el poder con el objetivo final de asegurar la paz social y, por tanto, como una forma de control; lo cual ha hecho que se considere críticamente por parte de muchos autores de izquierdas. Sigue provocando las mismas descalificaciones que ya recibió de Engels en 1873, cuando se sublevaba intelectualmente contra las soluciones que proponía la burguesía, “tanto la grande como la pequeña”, al problema de la vivienda: que el trabajador debe ser propietario de su vivienda[39].

La propiedad crea reaccionarios, se sigue escribiendo hoy, como se hizo en los orígenes del marxismo en las discusiones sobre las ideas de Proudhon o en las críticas a las realizaciones filántrópicas de la burguesía. Se considera que el poder estimula la defensa de los valores de la propiedad por razones políticas, y se cita que en numerosas regiones de Estados Unidos y Europa las asociaciones de propietarios se convierten en bastiones de la reacción política e incluso de fascismos fragmentados a escala de barrio[40].

Se llega a desconfiar, incluso, de propuestas “aparentemente progresistas”, como las que se están discutiendo en Brasil para conceder derechos de propiedad privada a las poblaciones que ocupan ilegalmente ciertas áreas de favelas, facilitándoles suelo como “activos que les permitirían salir de la pobreza”. El problema, es, se dice, que “los pobres, asediados por la inseguridad de su renta y frecuentes dificultades financieras, pueden ser persuadidos fácilmente de vender ese activo por un pago en metálico relativamente bajo”. Lo cual genera el riesgo de que en pocos años todas las áreas cubiertas de favelas podrían convertirse en áreas para ricos, con vistas impresionantes sobre la ciudad.

Es indudable que ese riesgo existe. Pero también es posible limitarlo, introduciendo en las normas de cesión cautelas que impidan la venta durante mucho tiempo, y obligando a revertir la propiedad a lo público, si dejan su vivienda las familias beneficiadas. Se tiene la impresión de que la crítica a la propiedad de los pobres es exagerada cuando sabemos que ésta es muy buena para los ricos, ya que para ellos constituye un patrimonio de valor[41].

Eso nos lleva a preguntarnos si la obsesión de las clases populares por la propiedad de su vivienda es solo el resultado de la manipulación de los capitalistas (lo que, desde luego, existe) o si, además, tiene algún fundamento, y si tiene aspectos positivos.

Creo que lo esencial es que, ante la inseguridad de otras formas de ahorro, la inversión dirigida a adquirir la propiedad de la vivienda da una cierta tranquilidad para el futuro de una familia. En ese sentido, extender a las clases populares la posibilidad de obtener créditos hipotecarios para adquirir una vivienda ha sido positivo: las deudas se pagan, generalmente, y la vivienda se convierte en un capital para las familias modestas (como hemos visto que es la propiedad para los ricos).

Incluso me atrevería a decir algo más, a contracorriente, en relación con la actual crisis financiera e inmobiliaria, provocada por las hipotecas sub prime. La iniciativa de aquellas hipotecas tuvo sin duda un aspecto positivo: demuestra que se puede imaginar la posibilidad de ayudar a adquirir una vivienda a familias sin recursos, sin solvencia económica, es decir a los más pobres. Sin duda, el solo hecho de que se pusiera en marcha la concesión de estas hipotecas, muestra que el sistema podía funcionar, en situación de estabilidad financiera y de empleo. El problema no ha estado ahí, sino en la pandilla de pillos y de delincuentes que han gestionado el sistema financiero. Dicho en palabras de Paul Krugman, en relación con las manipulaciones de Goldman Sachs, el problema radica en el hecho de “que gran parte del sector financiero se ha convertido en un chanchullo, un juego en el que un puñado de personas recibe sueldos espléndidos por engañar y explotar a consumidores e inversores”. A lo que añade: “si no aplicamos mano dura contra estas prácticas, los chanchullos seguirán”[42]. Pero mi convicción es que esa mano dura puede aplicarse por parte del poder público, con leyes adecuadas.

Desde el siglo XIX hasta hoy se han realizado innumerables propuestas para resolver el problema de la vivienda, y sería importante realizar un estudio sistemático de todas ellas, así como amplios debates ciudadanos. En un marco legal democrático es posible pensar en propuestas legislativas como las siguientes: la realización de un catastro fiable; el establecimiento de impuestos sobre los bienes inmuebles, tanto más elevados cuanto más valor tengan las viviendas; impuestos progresivos sobre la propiedad de viviendas que no sean las de uso propio; creación de un parque de viviendas de alquiler por entidades sin ánimo de lucro; fórmulas cooperativas; modalidades de usufructo; concesión de terrenos para la autoconstrucción; asignación de viviendas vacías con sistemas de tutela municipal; y otras medidas que permitan asegurar el alojamiento como un bien de uso y no convertirlo en una mercancía para el enriquecimiento[43]. A todo lo cual se deben unir mecanismos de seguridad para el ahorro de las familias, aspecto que inquieta siempre a las clases populares y las conduce a veces a la inversión en vivienda.

Objetivos a largo plazo y tareas inmediatas

Estudiar la ciudad debe llevar a entenderla y a hacer propuestas para mejorarla. Los dos aspectos tienen que ver con las ideas previas del investigador.

Las concepciones optimistas o pesimistas influyen en la manera como se aborda la ciudad. Y es muy posible que los problemas de ésta solo puedan ser afrontados por aquellos que la aman, que la miran de forma optimista.

En todo caso, el cambio profundo es lento; a corto plazo no estoy seguro de que deban formularse objetivos que exijan cambios revolucionarios, que podrían tener un coste social elevado -a partir de  lo que sabemos de numerosas experiencias del pasado.

Hay que proponer metas razonables y alcanzables. Tareas para realizar con convicción y optimismo mientras no se alcanza un cambio más profundo, y contribuyendo con ellas precisamente a conseguirlo poco a poco, con el trabajo de cada día, con el compromiso con los problemas cotidianos. E imaginar a medio y largo plazo objetivos más ambiciosos que impliquen cambios de mayor alcance.

Es cierto que muchos ideales y muchos conceptos que en los años 1960  eran ilusionantes se han abandonado luego. Pero habría que preguntarse porqué, qué es lo que ha hecho retroceder las ilusiones del cambio radical. Sin duda deben de existir estrategias del capital para conseguirlo (neoliberalismo, neomonetarismo, neconservadurismo[44]). Pero debemos discutir también si la izquierda ha cometido errores, y cuáles; debemos plantearnos la razón por la que las alternativas de izquierdas se presentan divididas y son a veces tan poco consistentes, por qué son tan escasamente atractivas para una parte de las clases medias y populares que, sorprendentemente, siguen votando, o expresando intenciones de voto, a las opciones conservadoras y reaccionarias. También ha habido cambios en los modelos sociales, especialmente tras el hundimiento de la URSS y el descrédito de determinadas formas de organización política, así como cambios generacionales; las nuevas generaciones que ya no viven en la guerra fría, han crecido con el conocimiento del gulag, y con el descrédito de las ilusiones comunistas, tal como estaban formuladas y llevadas a la práctica, y tienen sin duda otros ideales.

En lo que se refiere a las políticas sobre la ciudad, necesitamos un urbanismo de la austeridad, por utilizar una expresión que ya usó Giuseppe Campos Venutti en un conocido libro. Es obscena la pretensión de muchos arquitectos de hacer una arquitectura arrogante, exhibicionista e irresponsable. En un mundo con graves desigualdades, donde se mantienen extensas áreas de pobreza, no podemos despilfarrar. La arquitectura y el urbanismo han de ser austeros. Y debemos exigir esa misma austeridad, frugalidad y contención al conjunto de la sociedad.

Podemos partir de los problemas que conocemos y pensar en el futuro. El tema del compromiso es uno de los que resultan relevantes en este momento, en especial en las ciencias sociales. Es difícil separar la vida y el trabajo científico que realizamos. Debemos pensar como científicos, para actuar como ciudadanos; y, al mismo tiempo, presentar objetivos, como ciudadanos, al trabajo de los científicos. Tenemos que hacer una ciencia comprometida con los problemas sociales. Profesores y estudiantes de geografía y otras disciplinas debemos partir de esos problemas para reflexionar de la forma más rigurosa posible, para poner en marcha proyectos científicos solidarios y, a ser posible, en colaboración[45]. Con más razón debemos pensar en una ciudad construida en colaboración y en solidaridad, desde el diálogo y la participación.

Hay que hacer también propuestas a largo plazo, como objetivos y como metas para el debate, que permitan avanzar en una dirección que se considera deseable. Necesitamos debatir ampliamente las ideas sobre el orden social que imaginamos, y sobre la ciudad en la que estamos pensando;  y, si es posible, ponerse ampliamente de acuerdo sobre ello, o convencer a una significativa mayoría. Y hemos de ayudar a debatir políticas para alcanzar ese ideal, para lo que es preciso el diálogo, la participación, la negociación, el acuerdo. Estoy firmemente convencido de que podemos ayudar a todo ello, como ciudadanos y además, de una forma eficaz con nuestro trabajo científico y con nuestra actividad docente. Y que debemos hacerlo. Las comunicaciones presentadas y los debates que tendremos en el XI Coloquio Internacional de Geocrítica pueden ser una oportunidad para avanzar en esa dirección.

 

 

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